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La Orden de 25 de abril de 1988, por la que se regula la operativa y tramitación a seguir en la ejecución del Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma de Canarias, contempla en su apartado 6, Operaciones Varias, la operatoria a seguir en los supuestos de embargos y retenciones judiciales, siendo preciso introducir en la misma determinadas modificaciones al objeto de dar mayor agilidad a la tramitación de los pagos a favor de terceros acreedores sobre los que existan embargos o retenciones judiciales.
En su virtud, a propuesta de la Intervención General, en base a lo establecido en la Disposición Final Primera del Decreto 40/1987, de 7 de abril,
D I S P O N G O:
Artículo único.- Se modifica el apartado 6.4, Embargos y retenciones judiciales de la Orden de 25 de abril de 1988, por la que se regula la operativa y tramitación a seguir en la ejecución del Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma de Canarias, el cual queda redactado en los siguientes términos:
6.4. Embargos y retenciones judiciales.
En los supuestos de embargos o retenciones judiciales, salvo los que se expidan contra sueldos, salarios, jornales o retribuciones, la operatoria será la siguiente: 6.4.1. Las notificaciones de embargos o retenciones judiciales que se realicen a los órganos gestores, Intervención General o Intervenciones Delegadas deberán remitirse a la Dirección General del Tesoro en el plazo de cinco días naturales a su recepción, a fin de que por la misma se practiquen las actuaciones que se señalan en los apartados siguientes.
6.4.2. Corresponde a la Dirección General del Tesoro la introducción en las propuestas de pago de los descuentos que correspondan por embargos o retenciones judiciales, procediendo posteriormente, previa comprobación por la Intervención Delegada del Tesoro, a ordenar el pago a la Caja Pagadora correspondiente.
6.4.3. Notificado un embargo o retención judicial, si existiesen órdenes de pago en las Cajas Pagadoras a favor del acreedor sujeto de aquél, por dichas Cajas se procederá a la devolución de las mismas a la Dirección General del Tesoro, a fin de practicar los descuentos correspondientes.
6.4.4. La Dirección General del Tesoro establecerá los sistemas apropiados para el control y seguimiento de los terceros acreedores afectados por embargos y retenciones judiciales, así como para su notificación a la Intervención Delegada y al órgano gestor correspondiente.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Los descuentos que deban practicarse por embargos o retenciones judiciales que se expidan sobre sueldos, salarios, jornales o retribuciones se introducirán por los centros gestores en las propuestas de pago de las nóminas correspondientes.
Segunda.- A partir de la entrada en vigor de la presente Orden, las Intervenciones Delegadas en los distintos departamentos del Gobierno de Canarias y organismos de la Comunidad Autónoma de Canarias se abstendrán de introducir descuentos en las propuestas de pago en concepto de embargos o retenciones judiciales.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de abril de 1993.
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, José Miguel González Hernández.
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