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BOC Nº 049. Viernes 16 de Abril de 1993 - 588

III. OTRAS RESOLUCIONES - C.Política Territorial

588 - RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1993, de la Dirección General de Urbanismo, por la que se hace público Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 29 de enero de 1993, que suspende la aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma Interior Lilolandia, promovido por Bahía Feliz, S.A. y D. Alfred Krulich, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

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En ejecución de la legislación aplicable, por la presente,

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Canarias el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de fecha 29 de enero de 1993, por el que se suspende la aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma Interior Lilolandia, promovido por la entidad Bahía Feliz, S.A. y D. Alfred Krulich, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, cuyo texto figura como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de marzo de 1993.- El Director General de Urbanismo, Javier Ruiloba Santana.

A N E X O

La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el pasado día 29 de enero de 1993, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero: suspender, al amparo de lo preceptuado en el artículo 132.3.b del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, la aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma Interior Lilolandia, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, promovido a instancia de la entidad Bahía Feliz, S.A. y D. Alfred Krulich, en tanto se subsanan las deficiencias y se asuman los condicionantes que a continuación se indican:

a) Los criterios de ajardinamiento previstos en los planos 10.1 a 10.5 no deben ser tenidos en cuenta por lo que el tratamiento de las zonas verdes deberá desarrollarse adecuadamente en el Proyecto de Urbanización.

b) El Detalle de la Avenida Marítima a escala 1:100 queda excluido de la documentación aprobada debiéndose remitir al Proyecto de Urbanización la realización de un trazado cuidadoso adaptado al terreno, que permita el uso peatonal real. c) Deberá preveerse la red de riego con aguas depuradas.

d) Se establece una única etapa de dos años, debiéndose presentar el Proyecto de Urbanización en un plazo no superior a 6 meses desde la notificación del acuerdo de aprobación definitiva del Plan Especial.

e) Debe corregirse el documento presentado en el sentido de que la ejecución del Paseo Marítimo al igual que la del resto de la urbanización es una obligación que compete a la Junta de Compensación, independientemente de los compromisos que puedan existir entre los miembros de la misma.

f) Debe suprimirse el apartado 5 “Aprovechamiento tipo” ya que el RDL 1/1992 establece claramente la parte del aprovechamiento a que tienen derecho los propietarios una vez cumplan con los deberes establecidos.

g) El artículo 12 de las Ordenanzas debe modificarse en el sentido de sustituir la mención al “Decreto de Requisitos Mínimos de Infraestructura” por la de “Normativa Territorial vigente en la materia”.

h) El artículo 23 de la Ordenanza establece una definición de usos ambiguos y carentes de homogeneidad por lo que se estima necesario redactar el articulado estableciendo usos permitidos o compatibles junto a los específicos, siguiendo la pauta establecida en las propias Ordenanzas, pero contando claramente las tipologías de alojamientos turísticos de acuerdo con la normativa territorial vigente.

i) Falta establecer la normativa para la parcela destinada a guardería.

j) Deberán tenerse en cuenta los condicionantes establecidos por el Servicio de Carreteras consistentes en:

1.- El acceso de la parcela A (Zona B) desde la C-812 deberá ser motivo de un proyecto específico, firmado por técnico competente en el que se desarrollen vías de deceleración y aceleración respectivamente para entradas y salidas a la misma.

2.- El cerramiento de la citada parcela A y el de la ZV6 quedará como mínimo a once (11) metros de la arista exterior de la explanación de la C-812.

3.- El cerramiento de dicha parcela con relación a la Autopista GC-1, quedará como mínimo a treinta (30) metros de la arista exterior de la explanación de la autopista. 4.- El cerramiento de la parcela P quedará como mínimo a catorce con setenta y cinco (14,75) metros del eje de la calzada Sur-Las Palmas.

5.- El acceso actualmente existente en el tramo medio de la Urbanización (frente a la parcela J), se anulará una vez realizado el enlace que se proyecta.

6.- La red de abastecimiento de agua que cruza el desdoblamiento de calzada de la C-812, se hará a través del Ponton existente sobre el barranco de Berriel.

7.- En la franja de protección de carretera prevista junto a la carretera C-812 y GC-1, deberá establecerse una zona ajardinada que proteja a los usuarios de la zona de los ruidos y contaminación producidos en la carretera, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47.2 de la Ley 9/1991, de Carreteras de Canarias.

Esta franja ajardinada deberá dejar libre la zona expropiada por dicha carretera.

8.- Asimismo, deberá darse cumplimiento al artículo 36.5 de la misma Ley, estableciendo paradas de vehículos de transportes públicos y demás equipamientos requeridos por la zona edificable colindante con la carretera.

9.- Igualmente deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la misma Ley, sobre carriles de bicicletas.

Segundo: las deficiencias se subsanarán y condicionantes que se indican en el presente Acuerdo mediante la formulación del correspondiente Texto Refundido que se elevará al Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial para su Toma de Conocimiento y posterior publicación.

Tercero: el presente Acuerdo será publicado en el Boletín Oficial de Canarias y debidamente notificado al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, al promotor y a cuantas otras personas físicas o jurídicas se hayan personado en el expediente administrativo.

Contra este Acuerdo cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes, a partir de su notificación, que deberá venir acompañado de dos copias, ante la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, y contra su desestimación expresa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución del recurso; y si ésta fuera presunta, en el plazo de un año a partir de la interposición del recurso de reposición en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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