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Se hace saber a Recreativos Reyes (D. Rubén Reyes Yanes), titular de la empresa operadora nº 265, que se halla en ignorado paradero, que ha sido resuelto el expediente sancionador que se ha incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, Consejería de la Presidencia, con el nº 38/92, por infracción a la normativa sobre el juego, recayendo una sanción de dos millones trescientas mil pesetas, por la instalación y funcionamiento en el Bar Honolulú, sito en Rambla General Franco, 18, Santa Cruz de Tenerife, al haberse comprobado por la Inspección del Juego, según Acta de fecha 21 de febrero de 1992, que la máquina tipo B, modelo B-1603, serie a-2132, carece de placa de identificación, Guía de Circulación, perteneciente a otra máquina tipo A, TF-A-2422 y Boletín de Instalación ilegible. El número de serie que tiene grabado en su frontal tiene varias marcas al haberse intentado borrar con un objeto punzante. Asimismo, el local carece de Libro de Reclamaciones y Reglamento de Juego.
Lo que supone infracción a los artículos 11, 12, 30.1.a), c), 31.1.b), c), d) y 44 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88), tipificada como falta muy grave la carencia de placa de identificación y Guía de Circulación, procediendo una sanción de un millón por cada una de ellas; como falta grave la ausencia de Boletín de Instalación, procediendo una sanción de doscientas mil pesetas; como falta grave la carencia de la documentación a conservar en el local, procediendo una sanción de cien mil pesetas, a tenor de lo dispuesto en los artículos 39.6, 39.10 y 40.4 del ya citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo.
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra cuya Resolución podrá interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el Consejero de la Presidencia, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, y contra su desestimación cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la desestimación del recurso de reposición si ésta fuera expresa o un año desde su interposición si no lo fuera expresamente, en virtud del artículo 52 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.
Santa Cruz de Tenerife, a 13 de enero de 1993.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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