En los recursos acumulados núms. 250/87, 150/88 y 82/88, interpuestos por D. Pedro Pujol Pujol y la entidad Gran Casino de Las Palmas, S.A., contra la Comunidad Autónoma de Canarias, sobre impugnación de Orden Departamental resolviendo el concurso para la adjudicación de un casino en Las Palmas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado Sentencia con fecha 21 de febrero de 1990, constituida firme por Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 de julio de 1992, cuya parte dispositiva dice:
Fallo: la Sala acuerda:
Primero: desestimamos los motivos de inadmisibilidad opuestos por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Segundo: desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad Gran Casino de Las Palmas, S.A. contra el particular de la Orden de la Consejería de la Presidencia de 27 de diciembre de 1989, que anuló y dejó sin efecto la autorización para la instalación de un casino de juego y servicios complementarios en los terrenos y edificios conocidos por Elder y Miller, satisfaciendo así el recurso de reposición y el posterior recurso contencioso-administrativo interpuesto por la otra parte contra dicha autorización, declarando ajustado a Derecho el particular citado.
Tercero: estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Pedro Pujol Pujol contra los particulares de las Órdenes de 15 de enero de 1987 y 21 de diciembre de 1987, que concedieron a Gran Casino de Las Palmas, S.A. autorización provisional para la instalación de un casino de juego y servicios complementarios en el Hotel Santa Catalina, declarando la nulidad absoluta de dicha autorización.
Cuarto: desestimamos las demás pretensiones de uno y otro recurrente.
Quinto: sin condena en costas.
En su virtud, esta Consejería de la Presidencia del Gobierno de Canarias, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el Boletín Oficial de Canarias para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada Sentencia. Santa Cruz de Tenerife, a 2 de febrero de 1993.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, Manuel Hermoso Rojas.
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