Examinado el expediente tramitado a instancia del Ayuntamiento de La Laguna para declarar urgente la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa iniciada con motivo de la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto Reformado Avenida de Los Menceyes, y teniendo en cuenta la acreditación de los requisitos exigidos para aprobar tal declaración, como son:
1. La utilidad pública, que queda implícita al estar recogidas las obras en el planeamiento municipal, concretamente en las Normas Subsidiarias para la revisión del Plan General, 1ª fase, y en el Plan Especial para el desarrollo de los sistemas generales en suelo apto para urbanizar de las citadas Normas Subsidiarias.
2. La necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados, por su destino al uso público y su urgencia motivada por la Corporación tanto en razones sociales como técnicas, y concretamente en:
1º) El tramo objeto del proyecto y obras es el que une los dos Campus universitarios, tanto el de Guajara como el de la Cruz de Piedra o de La Laguna. Es la única vía de conexión entre las dos zonas, a fin de dotar de mayor seguridad tanto a peatones como a los propios vehículos.
2º) A su vez, existen previsiones de aumento del tráfico como consecuencia de las nuevas vías que confluyen en la zona (ramblas desde Las Chumberas-Astrofísico, la vía de ronda de La Laguna, etc.). 3º) Existen graves problemas de evacuación de aguas pluviales que quedarían definitivamente solucionados con la ejecución del proyecto de referencia.
4º) El pésimo estado actual de la vía, estrecha, sin capacidad de tráfico, sin aceras, peligrosa para peatones y para los vehículos, tanto los que acceden al centro de la ciudad como los que salen de ella.
5º) El aumento considerable del índice demográfico como consecuencia de las promociones inmobiliarias de nuevas viviendas en la zona.
3. La definición y situación de los bienes y derechos afectados por las obras resultan idóneas para el objeto pretendido según se desprende del expediente aportado por la Corporación.
4. Se ha oído a los titulares de los bienes y derechos afectados en el periodo de información pública, por plazo de quince días, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife de fecha 3 de junio de 1992.
Asimismo se practicó la notificación individual a cada uno de los afectados por el procedimiento expropiatorio, presentándose una serie de alegaciones que fueron resueltas por Decreto de la Alcaldía de fecha 9 de octubre de 1992, ratificado por acuerdo plenario de fecha 20 de noviembre del mismo año.
En el ejercicio de la competencia prevista en el artículo 40.b) del Estatuto de Autonomía de Canarias y los artículos 94 y 110 del Decreto Territorial 462/1985, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Consejería de la Presidencia, en relación con los artículos 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 de su Reglamento, a propuesta del Consejero de la Presidencia y previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 28 de enero de 1993,
D I S P O N G O:
Uno.- Declarar urgente, a solicitud del Ayuntamiento de La Laguna, la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa con motivo de la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto Reformado Avenida Los Menceyes.
Los bienes y derechos cuya ocupación se declara urgente quedan descritos, de forma individualizada y con indicación de sus titulares, en el anexo del presente Decreto.
Dos.- Los interesados podrán formular ante el organismo expropiante y hasta el momento del levantamiento de las correspondientes actas previas, alegaciones a los únicos efectos de subsanar posibles errores materiales en la enumeración o descripción de los bienes o derechos afectados.
Tres.- Contra el presente acto de trámite en el procedimiento de expropiación podrá interponerse recurso de reposición ante el Gobierno en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o en su caso, publicación. Y contra su desestimación cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de la notificación si ésta fuera expresa, o de un año desde su interposición, si no lo fuese.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de enero de 1993.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Jerónimo Saavedra Acevedo.
EL CONSEJERO DE
LA PRESIDENCIA,
Manuel Hermoso Rojas.
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