El artículo 43 del Real Decreto 1.473/1992, de 4 de diciembre, establece que en las entregas de bienes y prestaciones de servicios al Estado y sus Organismos Autónomos, a las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social se entenderá siempre que los sujetos pasivos del Impuesto General Indirecto Canario (en adelante I.G.I.C.), al formular sus propuestas económicas, han incluido dentro de las mismas el citado impuesto.
Ello no plantea problema alguno con los contratos a celebrar a partir del 1 de enero de 1993, pero sí lo va a plantear en los contratos celebrados con anterioridad a la fecha indicada que se encuentren, en todo o en parte, pendientes de ejecución, habiéndose tenido en cuenta en estos últimos la correspondiente repercusión del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas (en adelante I.G.T.E.).
Por otro lado, y a la hora de encuadrar cada operación en el ámbito temporal de uno u otro Impuesto, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, establece la no sujeción al I.G.I.C. de las operaciones sujetas al I.G.T.E. cuyo devengo se hubiera producido con anterioridad a la entrada en vigor del primero de los impuestos citados. Con objeto de regular las cuestiones anteriormente expuestas, esta Dirección General de Tributos, que tiene atribuida la interpretación de las normas a efectos de su aplicación en vía de gestión,
R E S U E L V E:
Primero.- La presente Resolución será de aplicación a los contratos celebrados por las Administraciones Públicas con anterioridad a la entrada en vigor del Impuesto General Indirecto Canario que se encuentren, en todo o en parte, pendientes de ejecución.
Segundo.- Los contratos a que hace referencia el apartado anterior se cumplirán abonando al contratista el precio cierto de aquéllos incrementado con el Impuesto General Indirecto Canario calculado al tipo correspondiente a la operación gravada.
A estos efectos, se entenderá por precio cierto el de adjudicación menos el I.G.T.E., salvo cuando se trate de operaciones exentas del mencionado tributo, en cuyo caso se entenderá por precio cierto el importe global contratado.
Asimismo, el precio de adjudicación ha de entenderse con las modificaciones contractuales que pudieran afectarle, tales como proyectos reformados, revisiones de precios o cualquier otro concepto, como consecuencia de la aplicación de normas legales existentes al efecto.
Tercero.- Las certificaciones de obra expedidas con anterioridad al 1 de enero de 1993 que se encuentren pendientes de pago en esa misma fecha, devengarán I.G.I.C. (salvo los supuestos de exención recogidos en la Ley 20/1991, de 7 de junio), en el momento en que su pago se haga efectivo.
Cuarto.- En los contratos de suministro, la sujeción o no al I.G.I.C. viene fijada por el momento en que los bienes se pongan en poder y posesión del adquirente. Ello se traduce en que las entregas efectuadas antes del 1 de enero de 1993 no estarán sujetas al I.G.I.C. y sí lo estarán las que se realicen a partir de dicha fecha.
Quinto.- En las prestaciones de servicios, el devengo del I.G.I.C. se produce cuando el servicio se preste o se ejecute o, en su caso, cuando tenga lugar la puesta a disposición de los bienes sobre los que recaiga. Por tanto, los servicios prestados cuya facturación se haya presentado al cobro antes del 1 de enero de 1993 quedan fuera del ámbito temporal del impuesto. Si las facturas se presentan con posterioridad, el hecho de que el servicio haya sido prestado o no antes de esa fecha determinará su sujeción al I.G.T.E. o al I.G.I.C., respectivamente.
Sexto.- En las operaciones de tracto sucesivo a que hace referencia el artículo 18.1.e) de la Ley 20/1991, la sujeción al I.G.I.C. viene determinada por el momento en que sea exigible la parte del precio correspondiente. En consecuencia, las facturas presentadas al cobro a partir del 1 de enero de 1993, que se refieran a los servicios anteriormente indicados, exigibles antes de dicha fecha, no están sujetas a dicho impuesto.
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de enero de 1993.- El Director General de Tributos, Pedro Pacheco González.
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