Se hace saber a Los Reyes Recreativos (D. Rubén Reyes Yanes), titular de la empresa operadora nº 9.584, que se halla en ignorado paradero, que ha sido resuelto el expediente sancionador que se ha incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, Consejería de la Presidencia, con el nº 317/91, por infracción a la normativa vigente sobre el juego, recayendo una sanción de un millón de pesetas por haberse comprobado que en el establecimiento Bar Sany´s, sito en Puerto de la Cruz, se encontraba instalada la máquina recreativa tipo B, TF-B-1702, la cual había sido precintada en fecha 26 de noviembre de 1991. La mencionada máquina fue depositada en un almacén cercano al bar, observándose, al momento de levantar el Acta de Infracción, que estaba desprecintada, manipulada y rota, comprobándose también que la recaudación había sido extraída de su interior y que en la puerta de la recaudación de la máquina y en la de las de depósito había signos de haber sido forzada.
Lo que supone infracción a los artículos 39.9 y 10 y concordantes del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo.
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra cuya Resolución podrá interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el Consejero de la Presidencia, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, y contra su desestimación cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la desestimación del recurso de reposición si ésta fuera expresa o un año desde su interposición si no lo fuera expresamente, en virtud del artº. 52 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de 1992.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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