BOC - 1992/167. Viernes 4 de Diciembre de 1992 - 1982

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1982 - ANUNCIO de 18 de noviembre de 1992, de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, relativo a notificación de expediente sancionador incoado a D. Santiago Monzón Morán, en ignorado paradero, por infracción a la normativa sobre el juego.- Expte. nº 102/92.

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Se hace saber a D. Santiago Monzón Morán, en ignorado paradero, que en el expediente sancionador nº 102/92 incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, por infracción a la vigente normativa sobre el juego, se ha formulado Propuesta de Resolución proponiendo se sancione a D. Santiago Monzón Morán con multa de tres millones (3.000.000) de pesetas, por haberse comprobado según Acta de los Inspectores del Juego de la Consejería de la Presidencia de fecha 8 de agosto de 1991, que en el Bar Ángelo, sito en la calle Secretario Artiles, 88-bajo, se encuentra instalada una máquina recreativa del tipo “B”, careciendo de la siguiente documentación: Guía de Circulación, Boletín de Instalación, Placa de Identidad, marcas de fábrica y distintivo indicativo del pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego, presentando únicamente grabado en el cristal frontal el nº de serie A-058, modelo Mga Queen y nº de registro B-01783, por lo que se procedió al precinto cautelar de dicha máquina. Posteriormente se comprobó en los archivos del Negociado de Juego, que la máquina en cuestión es propiedad de la empresa operadora Santiago Monzón Morán, cuya inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias fue cancelada por Resolución del Director General de Justicia e Interior de fecha 26 de enero de 1990, notificada al interesado el día 8 de febrero del mismo año, todo lo que constituye infracción a los artículos 7, 8, 9, 11, 12, 30.1.a), 30.1.c), 30.1.d) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con los artículos 39.1.2 y 10, 40.4 y 41.3 del mismo.

De acuerdo con el artº. 43 del Decreto 93/1988 citado, se le concede el plazo de ocho días, a partir del siguiente a la presente publicación, para que pueda formular las alegaciones que tuviere por conveniente a la defensa de su derecho.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviembre de 1992.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.



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