BOC - 1992/165. Lunes 30 de Noviembre de 1992 - 1956

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Turismo y Transportes

1956 - RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 1992, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería resolviendo recurso de alzada interpuesto por D. José Bouzón Míguez, en representación de Gallego Balear, S.L.

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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a la entidad Gallego Balear, S.L. la Orden de 19 de febrero de 1992 (Libro nº 1, folio 169, número 167), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 794/91 (expediente nº 347/90), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de fecha 28 de octubre de 1991.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de noviembre de 1992.- El Secretario General Técnico, Luis Fernando Jara González.

A N E X O

Orden por la que se resuelve el recurso de alzada promovido por D. José Bouzón Míguez, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil “Gallego Balear, S.L.”, como titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante “Rías Bajas”, contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de fecha 28 de octubre de 1991.

Visto el presente recurso de alzada promovido por D. José Bouzón Míguez, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil “Gallego Balear, S.L.”, como titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante “Rías Bajas”, contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de fecha 28 de octubre de 1991, recaída en el expediente de referencia, y

RESULTANDO

Primero: que el día 21 de septiembre de 1990, tuvo entrada en esta Consejería denuncia (Registro nº 1012) formulada por D. José Martín Ramos, contra el establecimiento denominado Restaurante “Rías Bajas”, por cobrar precios superiores a los estipulados, así como por no recoger las listas de precios varios conceptos que habían sido facturados.

Segundo: que como consecuencia de la denuncia formulada, el día 26 de septiembre de 1990 por la Inspección de Turismo se levantó el Acta nº 1993/90 al establecimiento denominado Restaurante “Rías Bajas”, mediante la cual se hacía constar que a excepción de dos productos cuyos precios no se contenían en la carta, el resto sí estaba en la misma y, que los precios fueron aplicados a la baja.

Tercero: que el día 5 de noviembre de 1989, se notificó al citado establecimiento providencia de incoación de expediente y de nombramiento de Instructor y Secretario.

Cuarto: que a la vista del informe emitido por la unidad administrativa correspondiente, se formuló Pliego de Cargos contra el establecimiento denominado Restaurante “Rías Bajas”, por no haber comunicado los precios que rigen en la prestación de los servicios de pan y mantequilla y jamón pata negra y no especificar en las facturas los distintos conceptos de sus precios, notificándose mediante la Resolución de 3 de abril de 1991, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 52, de fecha 24 de abril de 1991, al haber resultado infructuosa la efectuada por correo con acuse de recibo, tal y como se acredita en el expediente.

Quinto: que por la entidad expedientada no se presentó escrito de descargo alegando lo que hubiere estimado pertinente para la defensa de su derecho.

Sexto: que el Instructor del expediente formuló Propuesta de Resolución que fue notificada al establecimiento expedientado, mediante la publicación de la Resolución de fecha 5 de agosto de 1991, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 109, de fecha 19 de agosto de 1991 al haber resultado infructuosa la efectuada por correo con acuse de recibo, según se acredita en el expediente.

Séptimo: que la entidad expedientada no alegó cuanto consideraba conveniente a su defensa proponiendo o presentando las pruebas que hubiera estimado pertinente para la defensa de su derecho.

Octavo: que la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, en ejercicio de sus competencias propias, dictó Resolución en fecha 28 de octubre de 1991, que vino a sancionar a la entidad mercantil “Gallego Balear, S.L.”, como titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante “Rías Bajas”, con multa de setenta mil (70.000) pesetas, por infracción al artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en base al artº. 8.d), en relación con el artículo 7º.a) y d), de la Ley Territorial de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística, notificándose en fecha 6 de noviembre de 1991.

Noveno: que contra la citada Resolución por D. José Bouzón Míguez, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil “Gallego Balear, S.L.”, como titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante “Rías Bajas”, se presento recurso de alzada en súplica de que se tuviera por interpuestos en tiempo y forma y que tras los trámites oportunos se dictase nueva Resolución revocando la ahora impugnada, alegando, en síntesis, que el procedimiento sancionador había caducado y que con respecto a la prestación de los servicios de pan y mantequilla en el restaurante no se encuentran en la carta de platos, es un servicio que habitualmente se presta al comensal, si el mismo lo solicita pero, al no tratarse de un alimento propio del restaurante, el mismo no figura en la carta de precios, y que, con relación al jamón pata negra ocurría una situación similar al ser un producto “de temporada” y que, la factura entregada a los comensales determina claramente los conceptos consumidos, con sus respectivos precios de forma inteligible para cualquier persona, más aun, unida la nota de pedido realizado.

CONSIDERANDO

Primero: que el Consejero de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso, según lo establece el artº. 122 y concordantes, de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, de acuerdo con lo previsto en la Ley 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias, en el artº. 29.1.d) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90) y en el artº. 21.1 del Decreto 26/1984, de 27 de enero, por el que se distribuyen competencias en materia de turismo y transportes (B.O.C.A.C. nº 6, de 10.2.84), modificado por los Decretos 123/1987, de 19 de abril, y 23/1987, de 13 de marzo (B.O.C.A.C. nº 51, de 29 de abril, y B.O.C. nº 34, de 20 de marzo, respectivamente).

Segundo: que el presente recurso observa los requisitos de índole adjetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como capacidad, representación, legitimación suficiente e interposición en plazo.

Tercero: que las alegaciones del recurrente en modo alguno desvirtúan el fundamento jurídico de la Resolución ahora impugnada en tanto que de ellas se derivan profundas contradicciones, las cuales tienen fiel reflejo en el hecho de que a pesar de decir que “la prestación de los servicios de pan y mantequilla en el Restaurante ... si el mismo lo solicita pero al no tratarse de un alimento propio del Restaurante, el mismo no figura en la carta de precios”, o que “el jamón pata negra es un producto de temporada lo que conlleva no incluir el mismo en la carta de sugerencias”, llega a incluir el día 5 de octubre de 1990 el precio del jamón pata negra (de 2.150 ptas.) en la lista oficial de precios, lo mismo que comunica el día 27 de junio de 1991 a la Administración Turística, el precio del pan y mantequilla (a 300 ptas.). Cuarto: que el artº. 11 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965 establece que: “en el caso de que por tratarse de facturación mecánica ..., se acompañará a la factura copia de la nota del precio, debiendo conservar otra el establecimiento durante el mismo plazo de tres meses”, conducta que no ha seguido el establecimiento expedientado, lo cual implica la comisión de una infracción administrativa que conlleva la correspondiente responsabilidad, tal y como se ha recogido en la Resolución que ahora se impugna.

Quinto: que de conformidad con la documentación obrante en el expediente, así como por las circunstancias expuestas en el recurso, hay que entender que no existe posibilidad de aplicar el artículo 7º.a) de la Ley Territorial 3/1986, de 8 de abril, si bien el apartado d) del citado artículo, así como las razones expuestas, han sido los factores que han servido de base para justificar la ponderación efectuada entre el ilícito cometido con la cuantía de la sanción impuesta.

Sexto: que acorde con la vigente ordenación jurídico-turística de Restaurantes, las actividades propias de este tipo de establecimientos son libres si bien su ejercicio se ve constreñido al cumplimiento de los requisitos que en aquella ordenación se fijan, de forma que, según establece el artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965 “en todo caso las empresas deberán presentar en la Delegación Provincial de Turismo correspondiente (hoy Consejería de Turismo y Transportes) un ejemplar triplicado de las cartas de platos y bebidas que ofrezcan con expresión de los precios de cada servicio; cualquier modificación del contenido de las cartas, tanto si se refiere a los platos como a los precios, deberá de ser objeto de nueva y previa declaración”, obligación incumplida por la entidad recurrente incurriendo por ello en responsabilidad administrativa por la comisión de infracción calificada como leve al amparo de lo previsto en el artº. 8.d) de la Ley Territorial 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística en relación con el párrafo d) del artº. 7 de la citada norma, tal y como se recoge en la Resolución que ahora se impugna y que no procede revocar ni modificar por ser ajustada a Derecho.

Séptimo: que la presente Orden no ha sido dictaminada por la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 12.1.d) del Decreto 145/1990, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias. Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

D I S P O N G O:

Desestimar en todos sus términos el recurso de alzada promovido por D. José Bouzón Míguez, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil “Gallego Balear, S.L.”, como titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante “Rías Bajas” y confirmar la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de fecha 28 de octubre de 1991, recaída en el expediente nº 347/90 y que determinó la imposición de una sanción de setenta mil (70.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente. El Consejero de Turismo y Transportes, Miguel Zerolo Aguilar.



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