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BOC Nº 145. Viernes 16 de Octubre de 1992 - 1588

III. OTRAS RESOLUCIONES - C.Política Territorial

1588 - RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 1992, de la Dirección General de Urbanismo, relativa a expediente administrativo sobre anuncios publicitarios en los márgenes de las carreteras de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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Visto el expediente administrativo sobre anuncios publicitarios en los márgenes de las carreteras de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Resultando que en distintos puntos estratégicos de las márgenes de las carreteras de la Comunidad Autónoma de Canarias, se han ido instalando con el paso de los años una gran cantidad de anuncios publicitarios pretendiendo el aprovechamiento y explotación privativos de un recurso natural de pertenencia y uso colectivos, como el paisaje de las islas, que tiene, además, una condición estratégica indudable para la actividad económica de las islas.

Resultando que en el expediente administrativo elaborado por iniciativa de esta Dirección General, constan la situación y características de los numerosos soportes utilizados con tal finalidad, con el grado de detalle suficiente para una valoración ponderada del considerable deterioro ambiental y paisajístico que su persistencia genera, en una isla cuya economía se basa fundamentalmente en la actividad turística, de donde se deriva la obligación de los poderes públicos de atender a la conservación y mejora del paisaje, ya que la calidad del medio rural es condición imprescindible para el mantenimiento y potenciación de los atractivos turísticos de las islas.

Resultando que desde esta perspectiva, la retirada de los anuncios publicitarios constituye un objetivo público prioritario, insistentemente demandado por los ciudadanos como uno de los pilares en que se asientan las concepciones modernas sobre la calidad de vida, proclamada por el artículo 45 de la Constitución como la finalidad esencial del deber de conservación y restauración del medio ambiente. De este modo, el Parlamento de Canarias se ha pronunciado en el sentido de considerar esta iniciativa como una de las medidas esenciales para mejorar la imagen turística de las islas, en un momento especialmente delicado para nuestra más importante actividad económica, que reclama acciones enérgicas de los poderes públicos, encaminadas a la cualificación de los escenarios en que aquélla se desarrolla.

Considerando que el artículo 24 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, estableció taxativamente la prohibición de realizar cualquier tipo de publicidad en los márgenes de las carreteras, señalando en su Disposición Transitoria Segunda, un plazo improrrogable de un año para la retirada de todos los soportes existentes. Dicho plazo concluyó, inexorablemente, el pasado día 19 de agosto de 1989, por lo que resulta procedente iniciar las acciones administrativas conducentes a hacer efectivo el mandato legal señalado.

Considerando que el artículo 31 de la Ley Territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, redunda en la señalada prohibición, estableciendo, asimismo, en su Disposición Transitoria Cuarta, el plazo de un año para la retirada de todos los carteles y anuncios existentes, cuyo vencimiento habrá de producirse, improrrogablemente, el 4 de junio de 1992. La perentoriedad de dicho plazo, y la inminencia de su cumplimiento, son factores de oportunidad que abundan en la pertinencia de articular las medidas propuestas, sin perjuicio de que continúen las negociaciones y gestiones tendentes a la retirada voluntaria de dichos soportes.

Considerando que el artículo 73 del Texto Refundido de la Ley del Suelo en relación con el artículo 98.2.b) del Reglamento de Planeamiento establece con carácter genérico la prohibición de que en los paisajes abiertos y naturales, rural o marítimo las construcciones u otros elementos limiten el campo visual para contemplar las bellezas naturales o rompan la armonía del paisaje o desfiguren la perspectiva propia del mismo.

Considerando que, es lo cierto, la colocación de anuncios publicitarios, al margen de la defensa del dominio público contenido en la legislación de carreteras, supone un uso del suelo sujeto al control de la licencia municipal, conforme disponen el artículo 178 de la Ley del Suelo y artículo 4.c) de la Ley 7/1990, así como la autorización administrativa previa de esta Dirección General por la clasificación que ostente el terreno en el que se asientan, conforme a lo dispuesto en la Ley 5/1987 y en la Disposición Final Primera del indicado texto legal.

Considerando que del mismo modo ha de invocarse lo preceptuado en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre que, en su artículo 38, prohibe la instalación de carteles de publicidad en el ámbito de los Espacios Naturales Protegidos y en su entorno cuando rompa la armonía del paisaje y se altere la perspectiva del mismo.

Considerando que, con carácter general la propia legislación específica que regula la actividad publicitaria contenida esencialmente en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, Decreto 917/1967, desarrollado por la Orden Ministerial de 27 de febrero de 1969, modificada por Orden de 5 de abril de 1974 ya preveía la prohibición expresa de instalación de soportes y fijación de carteles, ni manifestación de actividad publicitaria en los lugares contemplados en el artículo 2 de la Orden de 27 de febrero de 1969.

Considerando que es competente este órgano para la incoación y tramitación del expediente, conforme a lo dispuesto en los artículos 3.5, 181 y 209 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y artículo 13.14 del Decreto 306/1991, de 29 de noviembre, que aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial.

En su virtud,

R E S U E L V O:

1º) Incoar expediente relativo a la retirada de anuncios publicitarios existentes en los márgenes de las carreteras de la Comunidad Autónoma de Canarias y que figuran señalados en el inventario redactado al efecto y que obra en las dependencias de esta Dirección General.

2º) Requerir a los Cabildos Insulares, Ayuntamientos afectados y Consejerías de Turismo y Transportes y de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, para que emitan informe preceptivo dando traslado de la documentación que consta en esta Dirección General.

3º) Abrir un periodo de información pública, por plazo de un mes, a fin de que asociaciones empresariales o profesionales, colectivos sociales, y ciudadanos a título individual puedan formular sugerencias o alternativas, alegando, en su caso, lo que estimen conveniente para la defensa de los derechos e intereses que puedan resultar afectados por la iniciativa que se pretende.

4º) Requerir de los anunciantes, de los propietarios de los soportes y de los titulares de la actividad que a su través se realiza, toda la información que obre en su poder, relativa a la situación y características de los mismos, así como a las autorizaciones, licencias o permisos que amparen la realización de la actividad, emplazándoles para llevar a cabo la retirada en el término legalmente señalado, con apercibimiento de que, de no hacerlo, podrá llegarse a la ejecución forzosa, con imposición de los costes económicos y seguimiento, en su caso de la vía de apremio, con arreglo a lo previsto en el Reglamento General de Recaudación.

5º) Ordenar la inserción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias y diarios de mayor circulación de la Comunidad Autónoma de Canarias, a los efectos procedentes.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 1992.- El Director General de Urbanismo, Javier Ruiloba Santana.

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