Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente interesado es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a D. Ramón Regas en nombre de Bristol Services, S.A. la Orden de 29 de mayo de 1992, que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, recaída en el expediente nº 450/90.
2.- Remitir al Ayuntamiento de Corralejo, isla de Fuerteventura, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre de 1992.- La Secretaria General Técnica, Francisca Luengo Orol.
A N E X O
Visto el recurso de alzada formalizado por D. Ramón Regas, en nombre de Bristol Services, S.A., contra Acuerdo de la Dirección General de Comercio y Consumo recaído el 25 de marzo de 1912, en el expediente nº 450/90, y teniendo en cuenta los siguientes Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 7 de agosto 1992, se interpone por D. Ramón Regas, en nombre de Bristol Services, S.A., domiciliado en el Hotel Bristol Playa, en Corralejo, isla de Fuerteventura, reclamación ante el titular de la Consejería contra Acuerdo del Director General de Comercio y Consumo, recaído en el expediente nº 450/90, con fecha 25 de marzo de 1991.
Segundo.- Contra dicha Resolución se interpone por la parte recurrente recurso de alzada alegando en resumen que en su opinión la obligación del cartel indicador de las tarifas telefónicas, objeto del expediente sancionador de referencia, no estaba taxativamente impuesta en el momento de la inspección.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Los argumentos esgrimidos por la parte recurrente en nada alteran los fundamentos de la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, adoptada con base a lo dispuesto en el artículo 3, apartados 3.2.1 y 3.3.4 del Real Decreto nº 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artículo 8º del Decreto nº 2.807/1972, de 15 de septiembre, que regula la publicidad y el marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, y las Órdenes de 16 de mayo de 1990 y de 22 de junio de 1982.
II
Se han cumplido en la tramitación del expediente los principios generales de la Ley 26/1984, de 19 de julio, Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios, y en especial su artículo 11 (B.O.E. nº 176, de 24 de julio).
III
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artº. 27 apartado 2º del Decreto nº 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo.
Por todo ello, esta Consejería resuelve desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Ramón Regas, en nombre de Bristol Services, S.A., contra Acuerdo de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 25 de marzo de 1991, recaído en el expediente sancionador nº 450/90, manteniendo el mismo en todos sus términos.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer, en el plazo de dos meses desde su notificación, recurso contencioso-administrativo ante dicha Jurisdicción, conforme establece el artº. 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 (B.O.E. nº 363, de 28 de diciembre), sin perjuicio de cualquier otro que considere conveniente a la mejor defensa de sus derechos.
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