I
El desarrollo y la prosperidad que ha conocido el Archipiélago Canario en las últimas décadas e, incluso, en los últimos años, no ha significado la desaparición total de situaciones de indigencia, a veces visibles a los ojos de todos y a veces, en cambio, ocultas tras la apariencia de suficiencia económica que produce el crecimiento de la riqueza y el desarrollo.
En efecto, es indiscutible, no ya por la existencia de cifras y datos, sino por la mera percepción de la realidad, que Canarias ha prosperado, que la renta media de sus habitantes se aproxima a la del conjunto del país, que los equipamientos y los servicios básicos se han extendido a la gran mayoría de sus habitantes, y que la pobreza, la necesidad y la emigración ya no son parte de nuestra realidad cotidiana, como sí lo fueron en largas épocas de nuestra historia.
A ello ha contribuido, sin duda, la extensión de los beneficios de las prestaciones sociales, tanto las de asistencia sanitaria como las de tipo directamente económico. No es posible negar que hoy casi la entera totalidad de nuestra población recibe o puede recibir asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud, por más que sea aun necesario mejorar la cantidad, calidad y distribución de los recursos, ni tampoco es discutible que miles de canarios perciben, con todo derecho, pensiones, ayudas y subsidios, tanto contributivas como no contributivas, por más que el importe medio de tales rentas sostenga todavía una diferencia apreciable con el del conjunto del país.
Sin embargo, el aumento del desarrollo, el crecimiento de la riqueza y la extensión de las prestaciones sociales no han sido absolutos. Persisten, en todo el Archipiélago, aunque en algunos lugares de forma más acusada que en otros, situaciones de necesidad y de verdadera pobreza, tanto considerada de manera absoluta, es decir, como carencia de lo más perentorio, como de forma relativa, es decir, en relación con la situación media del conjunto de los canarios. Para remediar la pobreza y la necesidad debe actuar no solo el conjunto de las administraciones públicas, sino la sociedad entera. No obstante, incumbe a los Gobiernos promover y ejecutar políticas que inicien esa actuación conjunta. En Canarias, el Gobierno de la Comunidad tendrá que organizar una política integral de prevención y de atención a la marginación y la pobreza, de manera que no quede fuera de la prosperidad, la modernidad y el progreso ninguna parte de nuestro territorio ni de nuestra población.
II
El presente Decreto se concibe como primer paso de ese conjunto articulado y sistemático de medidas que produzcan el fin de la pobreza. Se trata de una decisión adoptada en ejercicio de las competencias que en materia de asistencia social corresponden a Canarias, de manera que tienda a contemplar la reciente extensión a pensionistas no contributivos de invalidez y jubilación, hecha por el sistema de Seguridad Social, de la que, naturalmente, han resultado ya beneficiarios varios miles de canarios.
Como tal medida de asistencia social, pudiera resultar más acomodado a su naturaleza la producción de una norma jurídica de mayor consistencia y rango que el simplemente reglamentario, de modo que entre el simple reglamento y el Estatuto de Autonomía de Canarias se interponga una ley que dé categoría y estabilidad a las medidas concretas de asistencia social y no queden éstas fundadas en la sola capacidad de ejecución de los presupuestos; se continuaría así, de seguir tales criterios, la senda instaurada con la promulgación de la vigente Ley Territorial de Servicios Sociales.
No obstante, la perentoriedad de las necesidades que se trata de resolver o aliviar, el propósito y el compromiso del Gobierno de Canarias de iniciar de una vez y con decisiones concretas y eficaces la lucha social contra la pobreza aconsejan, por no decir que obligan, a instaurar un sistema de ayudas económicas básicas que puedan ser percibidas con prontitud por los que estén necesitados de ello. No es ocioso añadir a las anteriores razones de necesidad y urgencia social el hecho de que, acordado en abril de 1990 el establecimiento de una medida como la que ahora se adopta, entre el Gobierno de Canarias y las organizaciones sindicales, finalizó la legislatura anterior sin que tal compromiso tuviera verdadera repercusión práctica en la realidad de Canarias.
Por todo ello, y sin interrumpir las actuaciones encaminadas a determinar con el acierto exigible a los poderes públicos cuáles son las más adecuadas medidas políticas y administrativas de lucha contra la desigualdad, la marginación y la pobreza, ni tampoco renunciar a la preparación de una norma que dé la forma jurídica más adecuada, permanente y estable al sistema de ayudas económicas que se implanta mediante el presente reglamento, se aprueba ahora este Decreto, que tiene, en el sentido que expresan los párrafos anteriores, un carácter urgente, provisorio y temporal.
III
Con la aprobación, en los términos de este Decreto, de un programa de ayudas económicas para la integración social de los más necesitados, en los términos de este Decreto, la Comunidad Autónoma de Canarias se incorpora al grupo de Comunidades (doce hasta ahora), que tienen establecidas ayudas, rentas o ingresos similares. En los últimos años, la mayoría de las Comunidades Autónomas españolas han ido fijando este tipo de ayudas, impropiamente llamadas a veces Salario social. La que ahora se aprueba es, en esencia, similar a las ya fijadas, y se caracteriza por ser una ayuda económica cuya percepción se otorgará por el Gobierno de Canarias, previa solicitud de los interesados e informe de los servicios sociales municipales.
La ayuda se concibe como una medida de asistencia social cuya utilización, por tanto, es subsidiaria de las prestaciones de la Seguridad Social. Es una medida de integración social y no exclusivamente una transferencia de renta. Por ello, se excluye de su ámbito a quien perciba o pueda percibir prestaciones de la Seguridad Social y, con mayor motivo, a quienes perciban rentas del trabajo. El reglamento supone que el trabajo, o la percepción de pensiones, contributivas o no, incluidas las prestaciones por desempleo, son signo de integración social a los efectos de las ayudas que regula y, por lo tanto, no considera a los trabajadores y a los pensionistas como beneficiarios de las nuevas ayudas.
Las ayudas no se otorgarán sin la aceptación del compromiso del beneficiario de hacer lo que esté en su mano y se le requiera, en orden a su definitiva integración social. Entre tales requerimientos se ha consignado y debe resaltarse el de su propio trabajo.
El Decreto ha procurado establecer un sistema simple que sea también rápido y eficaz para determinar la necesidad o innecesariedad de la ayuda, y que descansa en el informe de los servicios municipales, sin perjuicio de la definitiva decisión por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Debe tenerse siempre en cuenta que son los Ayuntamientos quienes, a la postre, pueden y deben disponer de un mayor conocimiento de la realidad de su territorio y de su población y que a ellos les es exigible, por tanto, una mayor responsabilidad, compromiso y también acierto, en sus propuestas de resolución y en sus proyectos de integración social.
IV
La ayuda económica básica, que en este Decreto se establece, tiene una notable diferencia con las prestaciones de la Seguridad Social y también con las percepciones salariales y los rendimientos del trabajo personal. Éstas y aquéllas nacen con vocación de permanencia y durabilidad, porque lo natural es que quien trabaje continúe haciéndolo, y que quien se ha jubilado o ha resultado inválido perciba para siempre una pensión.
La ayuda económica básica, en cambio, no es una pensión ni un salario, ni tiene vocación de permanencia. Se trata, más bien, de que desaparezcan las causas por las que se concedió, y de que ella misma sea palanca para que el perceptor, en algún momento posterior, pueda liberarse, con la ayuda del Gobierno, pero también con su propio esfuerzo, de la marginación y la necesidad. Así pues, se establece con carácter temporal, y se sujeta la continuidad de su percepción a la persistencia de las circunstancias que motivaron su otorgamiento.
En su virtud, a propuesta de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y previa deliberación del Gobierno en su sesión celebrada el día 30 de julio de 1992,
D I S P O N G O:
Artículo 1.- Objeto.
La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, en el marco de la política de asistencia social del Gobierno, es la competente para conceder ayudas económicas que permitan a quienes carecen de medios de subsistencia atender las necesidades prioritarias de la vida. Tales ayudas se regirán por lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo 2.- Carácter de la ayuda. Naturaleza jurídica.
Las ayudas económicas que se concedan de acuerdo con este Decreto tendrán carácter personal y no transmisible, y se entenderán otorgadas a título de alimentos, por lo que se ajustarán al régimen civil y penal aplicable.
Artículo 3.- Consignación presupuestaria.
La concesión de las ayudas a que se refiere la presente norma está supeditada, en todo caso, a las consignaciones presupuestarias disponibles en el momento de la resolución administrativa de la solicitud. Artículo 4.- Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas quienes carezcan de medios suficientes para atender sus necesidades de subsistencia y reúnan los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad y residencia:
Ser español, estar empadronado y tener residencia efectiva en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Canarias, con tres años de antelación, al menos, a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda. En defecto del empadronamiento, bastará acreditar la residencia por igual tiempo, con la condición del empadronamiento inmediato.
Para cumplir el requisito del plazo del párrafo anterior, podrán computarse los periodos sucesivos de empadronamiento y residencia en distintos municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Por Orden de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales podrán quedar exentos del cumplimiento del requisito de residencia de tres años los emigrantes canarios retornados, cuando fijan su residencia en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) Edad:
Tener el solicitante una edad comprendida entre los 25 y 64 años, ambos inclusive. No obstante, también podrán ser beneficiarios los menores de 25 años, que reuniendo los restantes requisitos del presente artículo, tengan hijos menores a su cargo, entendiéndose que están a su cargo cuando convivan con el solicitante.
c) Situación económica:
- No contar con recursos económicos en cuantía igual o superior a la que de ayuda económica básica pudiera corresponderle.
- No ser el solicitante ni los demás miembros de la unidad familiar, en su caso, perceptores de rentas de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.
- No percibir el solicitante, ni ninguno de los miembros de la unidad familiar pensiones públicas, prestaciones por desempleo o cualquier tipo de ayuda cuyo fin sea atender a las necesidades de subsistencia, ni tener derecho a percibirlas.
- No tener el solicitante ni los demás miembros de la unidad familiar parientes con obligación legal y posibilidad real de darles alimentos. Si la obligación de prestar alimentos hubiera cesado en el supuesto del artículo 152.2 del Código Civil, se hará expresa mención de ello en el informe social que se emita y la Dirección General de Servicios Sociales resolverá en razón de las circunstancias concurrentes.
- No ser, tanto el solicitante como cualquiera de los miembros de la unidad familiar, propietarios, usufructuarios o poseedores de bienes muebles o inmuebles cuyas características, valoración, posibilidades de explotación o venta, u otras circunstancias análogas indiquen la existencia de medios suficientes para atender a la subsistencia. La mera titularidad de la vivienda habitual no implica necesariamente la denegación de la ayuda.
2. Todos los miembros de la unidad familiar que se encuentren en circunstancias y edad legal de trabajar, deberán estar inscritos como demandantes de empleo en la Oficina de Empleo correspondiente a su domicilio.
Artículo 5.- Determinación de recursos.
1. La determinación de los recursos propios del solicitante y, en su caso, de los demás miembros de la unidad familiar, se realizará en cómputo anual. Los ingresos no regulares podrán calcularse promediando los efectivamente percibidos en el año anterior.
2. A efectos de determinar los ingresos percibidos por el solicitante y los demás miembros de la unidad familiar no se computarán las cantidades recibidas en concepto de ayudas sociales de carácter finalista, no periódicas, o concedidas para paliar situaciones de emergencia social, ni las becas de formación, estudios y similares.
Artículo 6.- Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de la ayuda económica básica vendrán obligados a:
1) Aplicar el importe de la ayuda a la finalidad de la misma.
2) Comunicar a la Dirección General de Servicios Sociales, en el plazo de quince días, cualquier cambio que se produzca en las circunstancias personales o económicas.
3) No rechazar oferta de empleo.
4) Garantizar la escolarización de los menores a su cargo con asistencia normalizada y regular, cuando estén en edad de escolarización obligatoria, así como la suya propia.
5) No ejercer la mendicidad. 6) Aceptar cuantas medidas de integración social les sean propuestas por la Dirección General de Servicios Sociales y, entre ellas, la realización de trabajos de colaboración social para los que puedan ser requeridos por el Ayuntamiento de su localidad.
Artículo 7.- Importe de la ayuda.
1. El importe máximo de la ayuda económica básica será el siguiente:
- Unidad familiar compuesta de un solo miembro: 30.000 ptas.
- Unidad familiar compuesta de dos miembros: 35.000 ptas.
- Unidad familiar compuesta de tres o más miembros: 40.000 ptas.
2. Del importe de la ayuda económica básica que pudiera corresponderle al beneficiario se deducirán los ingresos y demás rentas con que cuente el mismo o la unidad familiar.
3. En ningún caso se hará efectiva más de una prestación de ayuda económica básica por unidad familiar. Se entiende por unidad familiar la constituida por el solicitante y una o más personas que convivan unidas por relación conyugal o análoga, adoptiva y de parentesco, por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo.
Artículo 8.- Solicitud.
La solicitud para el reconocimiento del derecho a percibir la ayuda económica básica se presentará por el interesado, en el Ayuntamiento en que resida.
Artículo 9.- Documentación.
El solicitante deberá acompañar a la solicitud los siguientes documentos:
1) Fotocopia de su Documento Nacional de Identidad y del de los demás miembros de la unidad familiar con obligación de obtenerlo, o, en su caso, del resguardo acreditativo de haberlo solicitado, y fotocopia del Libro de Familia.
2) Certificado del Ayuntamiento o los Ayuntamientos que acrediten el empadronamiento y la residencia efectiva del solicitante en un municipio de la Comunidad Autónoma de Canarias, con tres años de antelación, al menos, a la presentación de la solicitud o, en su caso, certificado que acredite la residencia durante el mismo tiempo, junto con fotocopia de la solicitud de empadronamiento. En el supuesto de tratarse de emigrantes retornados, certificado del Ayuntamiento acreditativo de la residencia, además de los documentos que justifiquen su condición.
El Ayuntamiento acreditará la convivencia de los miembros de la unidad familiar.
3) Fotocopia de la tarjeta de inscripción como demandante de empleo en la Oficina de Empleo correspondiente, del solicitante y de los demás miembros de la unidad familiar en su caso.
4) Cuando alguno de los miembros de la unidad familiar tenga obligación de presentar declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre el Patrimonio, se adjuntarán fotocopias de las mencionadas declaraciones.
5) Fotocopia de la Tarjeta del Número de Identificación Fiscal de los miembros de la unidad familiar que la posean.
6) Fotocopia del documento de afiliación a la Seguridad Social de los miembros de la unidad familiar que estén en tal situación, o lo hayan estado.
El solicitante podrá, además, acompañar cuantos otros documentos considere convenientes, tanto para justificar que concurren las circunstancias y requisitos previstos en el artículo 4, como para permitir a la Administración un mejor conocimiento de su situación.
Artículo 10.- Tramitación.
1. Los Ayuntamientos en que residan los solicitantes procederán a la recepción de la solicitud y de la documentación requerida y la enviarán, a la mayor brevedad posible, a la Dirección General de Servicios Sociales, acompañada de certificación expedida por el Ayuntamiento y suscrita por el funcionario competente a quien corresponda la fe pública, acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 4.1.a) de la presente norma. Igualmente se acompañará informe social elaborado por los técnicos de la unidad de trabajo social o por el personal técnico del Ayuntamiento, sobre la situación de la unidad familiar del solicitante, en el que se señalen los aspectos familiares y económicos, que se considere preciso tener en cuenta para una correcta valoración de su estado de necesidad, así como mención expresa a las circunstancias previstas en el artículo 4.1.c), apartado tercero, de la presente norma. En todo caso, el informe incluirá una opinión razonada sobre la procedencia o no de la concesión de la ayuda.
2. El Ayuntamiento requerirá del solicitante una declaración expresa, formulada ante los funcionarios o empleados municipales que instruyan el expediente previsto en el párrafo anterior, en la que manifieste con claridad quedar advertido de las responsabilidades, incluidas las de orden penal, en que puede incurrir si son falsos los datos que haya manifestado en su solicitud. Copia de la declaración citada se conservará en el Ayuntamiento. El original se remitirá a la Dirección General de Servicios Sociales, juntamente con los documentos previstos en el punto 1 del presente artículo.
3. La Dirección General de Servicios Sociales examinará la documentación presentada y podrá recabar cuantas informaciones adicionales y documentación sea necesaria.
4. El Ayuntamiento incluirá en el expediente las propuestas que considere convenientes a los fines previstos en el artículo 6, apartado 6), sobre la integración social de los solicitantes.
Artículo 11.- Resolución.
La Dirección General de Servicios Sociales, a la vista de lo actuado y de los datos obrantes en el expediente, dictará resolución concediendo o denegando la ayuda económica básica.
Artículo 12.- Devengo y pago.
1. La ayuda económica básica concedida se devengará a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que quedaran acreditados ante la Dirección General de Servicios Sociales, los requisitos precisos para ello.
2. El pago de dicha ayuda, que realiza el Gobierno de Canarias, se efectuará por mensualidades.
Artículo 13.- Plazo de concesión.
Las ayudas económicas básicas se concederán por un periodo de seis meses, sin perjuicio de su extinción en los supuestos y condiciones regulados en este Decreto.
Artículo 14.- Extinción.
1. Son causas de extinción de la ayuda económica básica las siguientes:
a) El fallecimiento del beneficiario, cuando se haya solicitado la ayuda económica básica a título individual.
b) La pérdida de cualquiera de los requisitos necesarios para su concesión.
c) El transcurso del plazo para el que se concedió la ayuda. d) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 6 del presente Decreto.
e) La renuncia de la persona perceptora.
f) El falseamiento de datos o cualquier otra maquinación fraudulenta para obtener, conservar o aumentar las cuantías de las ayudas económicas básicas, sin perjuicio del ejercicio de la acción del reintegro por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias.
g) El traslado del domicilio fuera de la Comunidad Autónoma de Canarias.
2. La extinción de la ayuda se producirá con efectos desde la fecha en que haya ocurrido el hecho que la motive. La administración podrá, en todo caso, ejercitar la acción de reintegro de las cantidades que hubiesen sido abonadas por los periodos de tiempo posteriores a los efectos de la extinción.
3. La Dirección General de Servicios Sociales podrá acordar y llevar a cabo la suspensión cautelar de la ayuda económica básica, cuando existan indicios de concurrencia de alguna de las causas de extinción.
4. La no aplicación de la ayuda por el beneficiario a la finalidad de la misma será también causa determinante de la extinción de la ayuda y del reintegro de su importe, previo requerimiento que se practique con audiencia del interesado.
Artículo 15.- Seguimiento.
El seguimiento de los objetivos perseguidos con la ayuda económica básica se realizará por las Comisiones Ejecutivas Territoriales de Servicios Sociales, creadas por Decreto 191/1987, de 11 de septiembre.
La Comisión Ejecutiva Regional de Servicios Sociales, creada por el Decreto antes mencionado, asesorará y coordinará este seguimiento.
Artículo 16.- Fiscalización previa.
La fiscalización previa del reconocimiento de obligaciones o gastos originados por la concesión de las ayudas económicas básicas otorgadas por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales se limitará a comprobar:
A) Que se aporta solicitud de ayuda, acompañada de fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante, así como del Libro de Familia, en su caso. B) Que se acompaña certificación expedida por el Ayuntamiento correspondiente, acreditativa del cumplimiento por el solicitante de los requisitos establecidos en el artículo 4.1.a) del presente Decreto.
C) Que se acompaña informe sobre las circunstancias familiares y económicas del solicitante.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- El fallecimiento del beneficiario de la ayuda económica básica, cuando lo sea en nombre de una unidad familiar, no dará lugar a la incoación de un nuevo expediente, designándose un nuevo titular entre los componentes de la unidad familiar que reúnan los requisitos previstos en el artículo 4 del presente Decreto y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.
Segunda.- Cuando las solicitudes presentadas superasen las consignaciones presupuestarias disponibles, se atenderá, no solo al orden de presentación de la solicitud, sino además a aquellas que obedezcan a situaciones de mayor necesidad e insuficiencia económica más perentoria.
Tercera.- No será de aplicación a las ayudas reguladas por esta norma el Decreto 18/1991, de 21 de febrero, por el que se establece el régimen general de las ayudas y subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Cuarta.- Cuando en grupos determinados de personas concurran algunos de los requisitos establecidos en el artículo 4, pero no todos, podrá, excepcionalmente, el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales acordar la concesión a tales personas de las ayudas previstas en este Decreto mediante resolución motivada.
Quinta.- Para el presente ejercicio presupuestario, las ayudas económicas básicas reguladas por este Decreto serán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 92.14.05.313G.480.00 LA 14401902 Ayudas a la integración social.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se autoriza a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto. Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Dado en Las Palmas de Gran a Canaria, a 30 de julio de 1992.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Jerónimo Saavedra Acevedo.
EL CONSEJERO DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES, Julio Manuel Pérez Hernández.
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