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BOC Nº 114. Viernes 14 de Agosto de 1992 - 1237

I. DISPOSICIONES GENERALES - C.Economía y Hacienda

1237 - ORDEN de 1 de agosto de 1992, por la que se desarrolla, en determinados aspectos, el Decreto 121/1992, de 14 de julio, en materia de Avales y subvenciones a otorgar al sector tomatero canario.

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El Decreto 121/1992, de 14 de julio, ha desarrollado la Ley 4/1992, de 6 de julio, regulando la concesión de Avales de Tesorería y subvenciones a las empresas agrícolas de Canarias del sector productivo de tomates, para la campaña 1992/93.

De otro lado, el Decreto 123/1992, de 30 de julio, delega en el Consejero de Economía y Hacienda el otorgamiento de los anteriores Avales, y el Decreto 124/1992, del mismo día, delega a su vez, en aquel Órgano, la concesión de las subvenciones y declara las mismas de interés público, a efectos de lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 11/1991, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1992.

En uso de la habilitación que atribuye la Disposición Final Primera del Decreto 121/1992, se dictan ahora una serie de normas con el fin de completar y desarrollar la regulación de las garantías y subvenciones anteriores, para hacer eficaz su gestión y permitir el logro de los objetivos propuestos en beneficio, en último término, de la actividad económica regional.

En su virtud,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Ámbito subjetivo.

1. Podrán solicitar el otorgamiento de Avales de Tesorería y de las subvenciones previstas en el Decreto 121/1992, de 14 de julio, las empresas dedicadas a la producción de tomates en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Cuando se trate de personas físicas, deberán tener nacionalidad española.

b) Cuando se trate de personas jurídicas, deberán tener su domicilio social y poseer la mayoría de sus activos o desarrollar la mayor parte de las operaciones de su tráfico en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 2.- Documentación.

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 10.1.c), del Decreto 121/1992, de 14 de julio, se entiende por “autoridad administrativa” el Director General de Comercialización e Industrialización Agroalimentarias de la Consejería de Agricultura y Pesca o las personas en quien éste delegue.

2. Los interesados que soliciten la subvención prevista en el Decreto 121/1992, de 14 de julio, deberán acompañar a la documentación requerida por el artículo 10 del Decreto, carta-compromiso de la entidad financiera en la que ésta se comprometa a aplicar el importe de la subvención, caso de ser otorgada, al principal del crédito o préstamo, y de conocer y aceptar el contenido del artículo 8 de la presente Orden y las obligaciones que del mismo se derivan.

Artículo 3.- Informe previo Técnico-económico.

1. Presentada por el interesado la correspondiente instancia-solicitud junto con la documentación requerida, la Consejería de Agricultura y Pesca redactará informe en el que se expresará: a) La declaración de que el interesado reúne las condiciones y requisitos necesarios para obtener, en su caso, la garantía y/o subvención solicitada.

b) En su caso, propuesta de cuantía máxima del Aval que pueda otorgarse, para lo que se tendrá en cuenta el importe de las deudas que, en concepto de capital e intereses por operaciones de crédito pendientes de pago, deba satisfacer la empresa solicitante a lo largo del presente ejercicio económico de 1992, como consecuencia de la campaña 1991/92.

En concreto, se atenderá a:

- Los préstamos o créditos pendientes de pago obtenidos para el desarrollo de la campaña anterior de 1991/92.

- Los préstamos o créditos pendientes de pago destinados a inversión en el sector tomatero.

- Los préstamos o créditos percibidos por los socios, de sus Cooperativas, para los fines anteriores.

- Los préstamos o créditos obtenidos para la próxima campaña 1992/93.

c) En su caso, propuesta de cuantía máxima de subvención que pueda otorgarse, para cuya determinación se aplicarán los criterios orientadores expuestos en la letra anterior.

d) La descripción completa del préstamo o crédito: entidad financiera, importe, tipo de interés, plazo y forma de amortización.

e) La descripción del proyecto u operación a que se destinará el importe del préstamo o crédito, a efectos de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 121/1992, de 14 de julio.

f) La conveniencia, en su caso, de renunciar a los beneficios de orden, excusión y división en los supuestos previstos en el artículo 2.a), del Decreto 121/1992, de 14 de julio.

2. La Consejería de Agricultura y Pesca, a efectos de lo dispuesto en el presente artículo, podrá verificar los datos aportados y solicitar del interesado cuanta información complementaria considere precisa.

3. En el supuesto de que la cuantía de los Avales solicitados exceda del importe máximo global de cuatro mil millones (4.000.000.000) de pesetas, establecido en la letra e) del apartado 2 del artículo 25 de la Ley 11/1991, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1992, modificada por la Ley 4/1992, de 6 de julio, la Consejería de Agricultura y Pesca aplicará los criterios de recalificación y modulación necesarios.

Artículo 4.- Tramitación de los Avales.

1. Redactado el informe a que se refiere el artículo anterior, la Consejería de Agricultura y Pesca dará traslado del mismo, junto con el expediente, a la Consejería de Economía y Hacienda para que ésta inicie la tramitación del Aval de Tesorería.

2. La Dirección General de Política Financiera y Promoción Económica, de la Consejería de Economía y Hacienda, emitirá informe a la vista del elaborado por la Consejería de Agricultura y Pesca, y elevará la correspondiente Propuesta de Resolución al Consejero de Economía y Hacienda.

3. La Propuesta de Resolución incluirá la comisión del Aval y la declaración de que las actividades desarrolladas por el peticionario, revisten interés para la Comunidad Autónoma.

4. La Resolución por la que se otorgue el Aval podrá referirse específicamente a cada operación, o comprender varias de ellas con determinación, en todo caso, de la identidad de los peticionarios y de su importe individual.

Artículo 5.- Formulación de los Avales.

1. Otorgado el Aval, la Consejería de Economía y Hacienda lo pondrá en conocimiento de la Consejería de Agricultura y Pesca para que ésta notifique su concesión a la persona o entidad solicitante.

2. Notificado el beneficiario, gestionará éste el préstamo o crédito correspondiente, comunicando su obtención, de forma inmediata a la Consejería de Economía y Hacienda, a efectos de proceder a la formalización del Aval.

3. El plazo máximo de formalización del Aval será de dos meses, contados desde la fecha de notificación de la concesión del mismo al interesado.

Previa solicitud por el interesado, el plazo señalado anteriormente podrá ampliarse por la Dirección General de Política Financiera y Promoción Económica cuando exista imposibilidad de cumplir, en el periodo establecido, las condiciones del acuerdo de concesión.

4. De conformidad con lo previsto en el artículo 77.5 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el artículo 31.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, se delega en el Director General de Política Financiera y Promoción Económica la firma de los Avales a los que se refiere la presente Orden, una vez hayan sido otorgados.

Artículo 6.- Control del destino de la operación de crédito. La Consejería de Economía y Hacienda, directamente o en colaboración con la Consejería de Agricultura y Pesca, podrá fiscalizar y controlar la efectiva aplicación del importe del crédito o préstamo a las inversiones financiadas, así como comprobar su rentabilidad y la solvencia de la empresa, pudiendo verificar para ello los Balances, Cuentas de Resultados y cuantos documentos se estimen oportunos.

Artículo 7.- Tramitación de las subvenciones. 1. Corresponde a la Consejería de Agricultura y Pesca proponer la cuantía máxima de la subvención, de hasta nueve puntos porcentuales sobre el tipo de interés de la operación crediticia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Orden.

2. La Dirección General de Política Financiera y Promoción Económica emitirá informe sobre la concesión de la subvención al interesado, a la vista del elaborado por la Consejería de Agricultura y Pesca al que se refiere el artículo 3 de la presente Orden, y elevará la correspondiente Propuesta de Resolución al Consejero de Economía y Hacienda.

3. La Resolución por la que se conceda la subvención, condicionará su abono o entrega a la efectiva obtención del crédito o préstamo subvencionado.

Artículo 8.- Abono de las subvenciones.

1. El importe total de la subvención se entregará a la entidad financiera concedente del préstamo o crédito, que lo aplicará al principal del mismo.

2. La entidad financiera tendrá la consideración de Entidad Colaboradora a efectos de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 81 y 82 del vigente Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, en la redacción dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, y Ley 31/1991, de 30 de diciembre, así como en los artículos 5 y concordantes del Decreto 18/1991, de 21 de febrero, por el que se establece el régimen general de las ayudas y subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3. La entidad financiera quedará obligada a justificar la aplicación de la subvención al principal del préstamo o crédito en el plazo de los quince días siguientes al abono de aquélla.

4. La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos dará lugar a la responsabilidad prevista en el artículo 82 de la Ley General Presupuestaria.

5. La cancelación anticipada del préstamo o crédito dará lugar al reintegro de la subvención por el beneficiario de la misma, en cuanto a las cantidades correspondientes a los interesados no devengados.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- En todo lo no previsto por esta Orden y en tanto no se oponga a la misma, será de aplicación lo dispuesto en la Orden de 10 de marzo de 1987, por la que se dictan determinadas normas de desarrollo del Decreto 26/1986, de 7 de febrero, de regulación de Avales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Segunda.- La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

En Santa Cruz de Tenerife, a 1 de agosto de 1992.

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, José Miguel González Hernández.

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