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BOC Nº 102. Viernes 24 de Julio de 1992 - 1096

I. DISPOSICIONES GENERALES - C.Política Territorial

1096 - ORDEN de 9 de julio de 1992, por la que se regulan las acampadas en los Parajes y Parques Naturales.

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El artículo 38.3º de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, considera infracción administrativa las acampadas en lugares prohibidos.

Procede en consecuencia desarrollar la norma citada, estableciéndose por esta Consejería que ostenta las competencias en materia de Medio Ambiente, los lugares que se consideran prohibidos para acampadas dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En esta línea de actuación, la Ley Territorial 12/1987, de Declaración de Espacios Naturales de Canarias, tiene definido ya, aquellos espacios naturales protegidos, incluyendo en los mismos todos aquellos valores naturales y culturales que dan identidad a nuestro territorio, que deben ser preservados de determinadas actividades que provoquen su degradación o produzcan daños irreversibles en su flora y fauna.

En su virtud, y en el ejercicio de las funciones que tengo conferidas por el artículo 32.c) de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,

D I S P O N G O:

1º. Dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, quedan prohibidas con carácter general las acampadas en los Parajes y Parques naturales, relacionados en los artículos 1 y 2 de la Ley Territorial de Declaración de Espacios Naturales de Canarias de 19 de junio de 1987.

2º. No obstante en las zonas que se expresan en el anexo I a la presente Orden, se permitirán las acampadas, con la previa autorización de la Viceconsejería de Medio Ambiente, que deberá solicitarse con una antelación mínima de 72 horas y de acuerdo con el modelo que se indica en el anexo II.

3º. Los propietarios de terrenos situados dentro de un espacio natural protegido podrán realizar o permitir acampadas dentro de su propiedad pero para ello deberá por una sola vez, ponerlo en conocimiento de la Viceconsejería de Medio Ambiente que les fijará las normas y condiciones generales a que deberán ajustarse en la expresada actividad, en orden a la prevención de incendios y conservación y defensa del Medio Ambiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 1992.

EL CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL, José Francisco Henríquez Sánchez.

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