Resultando que, por D. José Vicente León Fernández, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se interpuso recurso de reposición contra la Orden Departamental de 6 de septiembre de 1992, por la que se tomó conocimiento parcial del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria, argumentando un error material en la transcripción de los datos establecidos para el Sector 7 de Suelo Urbanizable Programado, San Lorenzo-I.
Resultando que, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 117 de la Ley de Procedimiento Administrativo se le dió traslado del mismo al propio Ayuntamiento.
Resultando que, la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el pasado 12 y 13 de marzo, informó favorablemente la estimación del recurso interpuesto por el Alcalde.
Considerando que, de lo actuado se detecta el error producido en el documento correspondiente, durante la fase de aprobación provisional, incluyéndose como determinaciones en la ficha correspondiente al Sector 7, las establecidas para el Sector 15 El Zardo, criterios ordenancistas totalmente distintos entre sí, habiéndose querido establecer para este Sector 7, por razones de homogeneidad, los criterios establecidos en la ficha del Sector 16, San Lorenzo II; colindante con aquél.
Visto el recurso presentado, los informes técnicos, autonómicos y municipales. Texto Refundido de la Ley del Suelo, artº. 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, Decreto 306/1991, de 29 de noviembre,
D I S P O N G O:
Estimar el recurso de reposición interpuesto por D. José Vicente León Fernández, Alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, dando por subsanado y corregido el error material detectado en el Plan General para el Sector 7, asignándole a éste, las mismas determinaciones normativas, contenidas en la ficha del Sector 16, San Lorenzo II.
Contra este acto que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de su notificación, según lo dispuesto en el artº. 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de junio de 1992.
EL CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL, José Francisco Henríquez Sánchez.
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