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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a D. Gregorio Socorro Trujillo, la Orden de 7 de febrero de 1992 (libro nº 1, folio 174), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo recaída en el expediente nº 1.064/89.
2.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de junio de 1992.- La Secretaria General Técnica, Francisca Luengo Orol.
A N E X O
Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Gregorio Socorro Trujillo, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, recaída en el expediente nº 1.064/89 y que determinó la imposición de una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas, y,
RESULTANDO
Primero: que según inspección practicada por inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 18 de octubre de 1989, en Rimiamar Venta de Pescados y Mariscos, sito en la calle Juan Domínguez Pérez, 37, Las Palmas de Gran Canaria, se comprobó, y así consta en acta, que en cámaras congeladoras tienen para su venta dos (2) cajas de langostinos mixtos, cada caja lleva impreso lo siguiente: mariscos congelados en alta mar, nº B-MIX, Quick Frozen Shrimps M/V. Karama-6. Cada caja contiene otras ocho (8) de color blanco las cuales llevan impreso lo siguiente: B-MIX 6. Estos envases no contienen ningún otro tipo de datos de información. Habiendo sido suministrado por la firma recurrente, según factura que presenta de fecha 27.9.89.
Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo se formuló Pliego de Cargos en el que se imputaba la infracción de lo dispuesto en el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor, en concordancia con el artº. 30 del Real Decreto 1.521/1984, de 1 de agosto (B.O.E. nº 201), por el que se aprueba la R.T.S. de los establecimientos y productos de la pesca y acuicultura con destino al consumo humano.
Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de propuesta de resolución a que se refiere el artº. 135.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas.
Cuarto: que contra la precitada Resolución, se interpone recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias que tiene entrada en este Departamento con fecha 14 de febrero de 1991, con base en las siguientes alegaciones:
a) Para alegar la prescripción de la falta pues ... el hecho imputado tuvo lugar el 20 de marzo de 1990 y la primera notificación del expediente sancionador y su incoación nos fue hecha en julio de 1990 ....
b) Dar por reproducidas sus alegaciones en el Pliego de Descargos: Que de las facturas presentadas por Rimiamar, S.L. a la Inspección no se puede presumir que las dos cajas de langostinos, objeto del expediente hubieran sido servidas por el recurrente. Que toda la mercancía se vende etiquetada, salvo alguna que por dificultades en descarga, compra, entrada y salida de frigoríficos impide dicho proceso.
Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado a las mismas.
Y siendo de aplicación los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma y siendo competente para resolver la Consejería de Industria, Comercio y Consumo.
Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artículo 3º apdo. 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor, en concordancia con el artº. 30 del Real Decreto 1.521/1984, de 1 de agosto (B.O.E. nº 201), por el que se aprueba la R.T.S. de los establecimientos y productos de la pesca y acuicultura con destino al consumo humano.
Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 33.1 del Decreto Territorial 1/1986, en relación con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 20/1984, de 19 de junio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita anular la calificación jurídica de los hechos, y con ello la sanción impuesta.
En efecto:
- El Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula el régimen de Infracciones y Sanciones en materia de defensa del Consumidor y de la producción agroalimentaria que viene a llenar el -alegado por el recurrente- vacío legal en materia de prescripción y caducidad de procedimientos en materia de disciplina de mercado ordenado en su artº. 181 que las infracciones en dicha materia prescriben a los cinco (5) años y, disponiendo en su apartado 2, que caducará la acción para perseguir las infracciones cuando conocida por la Administración la existencia de una infracción y finalizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos hubieran transcurrido seis (6) meses sin que la autoridad competente hubiera ordenado incoar el oportuno procedimiento ... o, aun estableciendo el mismo precepto en el apartado 3 que ... Iniciado el procedimiento sancionador previsto en los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo y transcurridos seis (6) meses desde la notificación al interesado de cada uno de los trámites previstos en dicha Ley, sin que se impulse el trámite siguiente se producirá la caducidad del mismo ....
Normativa la señalada que denota una convicción jurídica en la labor del Estado, en cuanto a regular la prescripción de infracciones y caducidad de procedimientos en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. Ordenación que por otro lado, trae su razón de lo dispuesto en la Disposición Final Segunda de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Ley 20/1984, de 19 de julio, B.O.E. de 24).
Resultando de los antecedentes fácticos, que trae consigo el expediente administrativo de referencia que: el día 18 de octubre de 1989 se levanta Acta por la Inspección de consumo de los hechos objeto de infracción; siendo notificada con fecha 9 de marzo de 1990 la providencia de incoación con traslado del Pliego de Cargos, sin que se superen los seis (6) meses a que se refiere la normativa señalada. Consecuentemente no puede ser apreciada la prescripción alegada, ni la caducidad del procedimiento sancionador.
De haberse comercializado por parte del recurrente el producto incumpliendo las disposiciones administrativas que rigen para el etiquetado, se constituye como conducta sancionable, sin que en lo alegado por el recurrente, ahora en el trámite de recurso de alzada, se aporten datos que contribuyan a modificar la calificación de los hechos y con ello la sanción impuesta.
Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al Titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
Sexto: el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.
VISTOS
Además, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 147/1991, de 17 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, así como la Ley de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Industria, Comercio y Consumo, en ejercicio de sus competencias, ACUERDA
Desestimar, en todos sus términos el recurso de alzada interpuesto por D. Gregorio Socorro Trujillo, en la condición que ostenta, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo recaída en el expediente nº 1.064/89, y que determinó la imposición de una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas. Manteniéndose, en consecuencia, todos los pronunciamientos de la Resolución recurrida.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente al que reciba la notificación de la presente Resolución. El Consejero de Industria, Comercio y Consumo, Andrés Calvo González.
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