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Examinado el expediente incoado para la expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados para la ejecución del Proyecto de Ampliación a seis carriles y acondicionamiento de enlaces en la carretera de Las Palmas de Gran Canaria-Aeropuerto de Gran Canaria. Clave: 03-GC-109, y teniendo en cuenta que se acreditan en el mismo los requisitos legales exigidos para producir tal declaración de urgencia que se contraen a:
1. La utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes afectados resulta implícita en la aprobación del Proyecto de obra de referencia a tenor de lo establecido en el artículo 13 de la Ley Territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, precepto puesto a relación con los artículos 15 y 17 de la Ley de Expropiación Forzosa, así como con el 16 párrafo 1º de su Reglamento.
2. La urgencia viene motivada por el espectacular crecimiento de la actividad económica en los alrededores de dicha carretera, con la consiguiente incidencia negativa de demoras y frecuentes accidentes de tráfico, unido a continuas demandas de la población, habida cuenta del elevado número de usuarios del Aeropuerto de Gran Canaria que en muchas ocasiones se ven imposibilitados de llegar a tiempo al embarque de sus vuelos.
Dichas obras están especificadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1992, aprobados por Ley Territorial 11/1991, de 26 de diciembre.
3. Se ha oído a los titulares de los bienes y derechos afectados, mediante información pública tramitada, según lo prevenido en el artículo 18 y siguientes de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, como precedente de la declaración sobre urgente ocupación de los bienes y derechos afectados, tendente a lograr la subsanación de posibles errores en la descripción material o legal de los bienes y derechos afectados, publicándose anuncios en el Boletín Oficial de Canarias nº 4, de fecha 8 de enero de 1992, en el periódico La Provincia de fecha 31 de diciembre de 1991 y en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Telde, respectivamente, durante un periodo de quince días hábiles.
Durante dicho periodo se presentaron veintisiete alegaciones, de las que veinticuatro han sido estimadas, dos lo han sido solo parcialmente y una ha sido desestimada, sin perjuicio de que en este último caso el interesado pueda hacerla valer en el momento del levantamiento del acta previa a la ocupación, lo que ha motivado la oportuna modificación en la relación de bienes y derechos mediante Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas de 20 de abril de 1992, por la que se aprueba la misma. Vistos el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y los artículos 56 y siguientes de su Reglamento de aplicación, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 5 de junio de 1992,
D I S P O N G O:
Uno.- Declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la obra del proyecto de Ampliación a seis carriles y acondicionamiento de enlaces en la carretera de Las Palmas de Gran Canaria-Aeropuerto de Gran Canaria. Clave: 03-GC-109.
Los bienes y derechos cuya urgente ocupación se declara, quedan descritos de forma individualizada y con indicación de sus titulares en el anexo del presente Decreto.
Dos.- Los interesados podrán formular ante el organismo expropiante y hasta el momento del levantamiento de las correspondientes actas previas, alegaciones a los únicos efectos de subsanar posibles errores materiales en la enumeración o descripción de los bienes y derechos afectados.
Tres.- Contra el presente acto de trámite del procedimiento de expropiación podrá interponerse recurso de reposición ante el Gobierno en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o en su caso publicación, y contra su desestimación cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses a partir de la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si éste fuera expreso, o de un año desde su interposición, si no lo fuera expresamente.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de junio de 1992.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Jerónimo Saavedra Acevedo.
EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS,
VIVIENDA Y AGUAS,
Ildefonso Chacón Negrín.
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