BOC - 1992/085. Viernes 26 de Junio de 1992 - 962

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Industria, Comercio y Consumo

962 - RESOLUCIÓN de 15 de junio de 1992, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería, resolviendo recurso de alzada interpuesto por D. Pedro Manuel Pérez Díaz.

Descargar en formato pdf

Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artculo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Pedro Manuel Pérez Díaz la Orden de 3 de febrero de 1992 (libro nº 1, folio 132), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo recaída en el expediente nº 38-779/87.

2.- Remitir al Ayuntamiento de Arona la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de junio de 1992.- La Secretaria General Técnica, Francisca Luengo Orol.

A N E X O

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Pedro Manuel Pérez Díaz frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo,

recaída en el expediente nº 38-779/87 y que determina la imposición de una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas, y RESULTANDO

Primero: que según inspección practicada por inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 5 de junio de 1987, en Comercial a Tope, S.A., Los Cristianos, Arona, se comprobó, y así consta en Acta, que tenía dispuesto para su venta al público 12 pares de zapatos en cuyas cajas sueltas y sin fijación del zapato lleva etiqueta de composición del calzado y 38 pares que carecan de etiqueta de certificacin.

Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo se formulo Pliego de Cargos en el que se imputaba la infracción de lo dispuesto en el artº. 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor, en concordancia con la Disposición Segunda de la Orden de 5 de mayo de 1985 (B.O.E. nº 58), de etiquetado informativo del calzado.

Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artº. 135.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas.

Cuarto: que contra la precitada Resolución, se interpone recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias que tiene entrada en este Departamento con fecha 20 de junio de 1989, con base en los siguientes fundamentos:

Que el plazo de tiempo era muy corto para considerar que habían infringido la Orden reguladora.

Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado a las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma y siendo competente para resolver la Consejeria de Industria, Comercio y Consumo.

Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el art¦. 3.3.4 del Real

Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor, en concordancia con la Disposición Segunda de la Orden de 5 de mayo de 1985 (B.O.E. nº 58), de etiquetado informativo del calzado.

Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 33.1 del Decreto Territorial 1/1986, en relación con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 20/1984, de 19 de junio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permite modificar la calificación jurídica de los hechos, y con ellos la sanción impuesta.

Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al Titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

Sexto: el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.

VISTO

Además, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre y los Decretos Territoriales 147/1991, de 17 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgßnico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, así como la Ley de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Industria, Comercio y Consumo, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA

Desestimar, en todos sus términos el recurso de alzada interpuesto por D. Pedro Manuel Pérez Díaz, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 24 de mayo de 1989, recaída en el expediente nº 38-779/87, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas. Manteniéndose, en consecuencia, todos los pronunciamientos de la Resolución recurrida.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente al que reciba la notificación de la presente resolución. El Consejero de Industria, Comercio y Consumo, Andres Calvo González.



© Gobierno de Canarias