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Se hace saber a Apolo Juegos Recreativos, titular de la empresa operadora nº 9.583, que se halla en ignorado paradero, que se ha dictado Propuesta de Resolución, en el expediente sancionador incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, Consejería de la Presidencia, con el nº 314/91, por infracción a la normativa vigente sobre el juego, proponiéndose una sanción de un millón trescientas mil pesetas, al haberse comprobado que en el establecimiento Bar Valle Verde, sito en Puerto de la Cruz, se encuentra instalada y en funcionamiento la máquina recreativa tipo B, TF-B-9.499, careciendo, al momento de la inspección, del Boletín de Instalación, del justificante de pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego y del cartel de prohibición del juego a menores de 18 años.
Lo que supone infracción muy grave a los artículos 12, 13, 31.1.b) y 39.6 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, para la que se propone una sanción de un millón de pesetas. Otra infracción grave a los artículos 31.1.f) y 40.6 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, para la que se propone una sanción de doscientas mil pesetas. Y, finalmente, una infracción leve a los artículos 30.1.d) y 41.3 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, para la que se propone una sanción de cien mil pesetas.
Sancionándose como disponen los artículos 42 y siguientes del tantas veces citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por lo que procede la sanción de 1.300.000 pesetas, propuesta y desglosada.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 137.1 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, se le concede un plazo de ocho días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio, para que pueda alegar cuanto considere en su defensa.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de junio de 1992.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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