En ejecución de la legislación aplicable, por la presente,
R E S U E L V O:
Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Canarias del Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada los días 12 y 13 de marzo de 1992, por el que se resolvió aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria, en el ámbito del Sector 4 (Tamaraceite), cuyo texto se adjunta como anexo.
Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de abril de 1992.- El Director General de Urbanismo, Javier Ruiloba Santana.
A N E X O
La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada los días 12 y 13 de marzo, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo: Primero: aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria, en el ámbito del Sector 4 (Tamaraceite), cuya formulación, tramitación y aprobación fueron encomendadas a esta Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias por Acuerdo plenario de la Corporación local de 31 de enero de 1992.
Segundo: someter por el plazo de un mes, el expediente a información pública de acuerdo con lo establecido en el artículo 128 del Reglamento de Planeamiento; notificando, asimismo, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el periodo de audiencia previsto en el artículo 129 del citado Reglamento, a fin de que si lo considera oportuno, cumplimente anticipadamente la citada audiencia.
Contra este Acuerdo cabe interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, a partir de su notificación, que deberá venir acompañado de dos copias, ante la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias y contra su desestimación expresa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución del recurso; y si ésta fuera presunta, en el plazo de un año a partir de la interposición del recurso de reposición en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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