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BOC Nº 052. Viernes 24 de Abril de 1992 - 621

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Obras Públicas, Vivienda y Aguas

621 - RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 1992, de la Dirección General de Vivienda, sobre notificación de Resolución recaída en el expediente sancionador VP-87/90, dirigida a D. Joaquín Jiménez Guerra, en ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General de Vivienda, del domicilio de D. Joaquín Jiménez Guerra, y siendo necesario notificarle la Resolución recaída en el expediente sancionador VP-87/90, al ser parte interesada, y de conformidad con lo previsto en el artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Joaquín Jiménez Guerra la Resolución de fecha 29 de noviembre de 1991, recaída en el expediente sancionador referenciado, cuya parte dispositiva dice textualmente:

“Sancionar a la entidad mercantil “Viuda e Hijos de Manuel Santana Marrero, S.L.”, con multa de 250.000 pesetas, como autora de una infracción muy grave al régimen legal de V.P.O., tipificada en el artículo 153.C) 6 del Reglamento aprobado por Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, por los defectos constructivos de que adolece la vivienda sita en la calle Teodoro Golfin, 25, 5º A, de Las Palmas.

Requerirle a fin de que en el plazo de quince días, efectúen las obras de reparación necesarias, a fin de subsanar conforme al buen hacer de la construcción, las deficiencias objeto de este expediente, bajo apercibimiento de que, de no proceder conforme a lo expuesto, le pararán los perjuicios a que hubiere lugar en derecho.

Contra esta Resolución que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer en el plazo de quince días, a contar del siguiente al de la recepción de esta notificación, recurso de alzada ante el Iltmo. Sr. Viceconsejero de Vivienda, de conformidad con lo prevenido en el artículo 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, del Gobierno de Canarias, en relación con el artículo 122 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de marzo de 1992.- La Directora General de Vivienda, María Isabel Déniz de León.

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