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A) En relación con la Cuenta del Presupuesto.
1.- En Resultas se han liquidado derechos por importe superior en 3.261.644 ptas. a la previsión definitiva. Esta circunstancia, que ya se dio en la liquidación de 1989, pudo ser debida a los motivos siguientes:
a) La inclusión en el Presupuesto de 1990 de derechos pendientes de contabilizar a 31.12.89.
b) El incorrecto contraído en el ejercicio 1989 de derechos que han sido en realidad objeto de liquidación en el de 1990 y que, por tanto, deberían figurar contabilizados en el ejercicio corriente.
Se recomienda tomar las medidas oportunas a fin de evitar que en el futuro se reproduzca este hecho.
2.- Son muy elevadas las cantidades pendientes de cobro, en particular aquellas que en el Estado de Ingresos se refieren a los capítulos 0, I, II, III y IV, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.
En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de ingresos, dicho pendiente de cobro representa un 71,7% de los derechos liquidados. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda, en base a lo dispuesto en el artículo 172.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, un análisis de la antigüedad de las Resultas a fin de determinar el motivo que ha impedido el que no se hayan recaudado en su mayor parte durante 1990, así como si existen o no cantidades de difícil o imposible recaudación. Procediéndose, en su caso, a la depuración que proceda realizar en dichos saldos a fin de responder a la verdadera situación económico-patrimonial a 31.12.91, dando así cumplimiento a lo establecido en el punto 2.5 de la Orden de 31 de mayo de 1991.
3.- Son elevadas las cantidades pendientes de pago, en particular aquellas que en el Estado de Gastos se refieren a los capítulos 0, II, IV, VI y IX, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.
En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de gastos, dicho pendiente de pago representa un 69,6% de las obligaciones liquidadas. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda, al igual que en el punto anterior, un análisis de las Resultas. Para el caso que figuren contraídos gastos en los que no se haya realizado la prestación o el derecho del acreedor, se recuerda la improcedencia de los mismos y la necesidad de acudir a la incorporación de remanentes.
4.- El porcentaje de recursos que la Corporación destina a Inversiones reales es bajo en relación con su estructura presupuestaria, encontrándose, además, en su mayor parte (75,8%) pendiente de pago, tal como expusimos en el punto anterior.
Este índice es menor que el de 1989, lo que significa que la Corporación ha perdido capacidad inversora.
5.- El endeudamiento a 31.12.90, obtenido con datos de la propia liquidación, y está en un 73%, muy superior a 1989, lo que implica que los créditos que se destinan al pago de la deuda financiera son excesivos, motivo por el que debería procederse, a la mayor brevedad posible, a su reducción a fin de evitar que la carga sobre el Presupuesto se convierta en insoportable.
6.- Se ha obtenido un nivel muy alto de liquidación presupuestaria por lo que hace referencia a la liquidación de derechos y obligaciones, aunque unos y otras se encuentran en gran parte pendientes de cobro y pago, respectivamente.
7.- Con relación al volumen del Presupuesto, el superávit obtenido a 31 de diciembre es muy reducido, por lo que en caso de que se produjeran bajas, anulaciones y fallidos sobre el importe pendiente de cobro, podría cambiar el signo del resultado obtenido, hecho éste no demasiado improbable de acuerdo con lo expuesto en el punto 2.
8.- La Tesorería es adecuada, en cuanto al volumen de las existencias finales en metálico sobre el importe del Presupuesto definitivo.
Pero dicho importe está parcialmente comprometido, al existir en exceso del pendiente de pago sobre el pendiente de cobro del ejercicio, por 5.340.543 ptas.
9.- La aprobación de la liquidación del Presupuesto se ha producido con retraso en relación con el calendario establecido por el artículo 172 de la Ley 39/1988.
B) En relación con las Cuentas de Tesorería.
1.- La existencia final en la Caja de la Corporación asciende a 2.499.103 ptas., que es muy inferior a la existente a 31.12.89 (ha pasado de representar un 25,8% de la existencia final en metálico del Ayuntamiento al 3,7%).
No obstante, como quiera que la administración de los fondos públicos responde mejor a los principios de seguridad y control interno si son depositados y gestionados mediante entidades bancarias, se estima que se debe reducir la existencia de metálico en caja.
2.- En el apartado Situación del Acta de arqueo figuran indebidamente englobadas en una cuenta de la Caja Insular de Ahorros lo que realmente son cuatro cuentas distintas, según el modelo TC/3.
3.- La Corporación posee 7 cuentas bancarias, algunas de las cuales reflejan un escaso saldo, lo que puede ser indicativo de una escasa utilización. Por consiguiente, convendría reconsiderar los criterios seguidos para el mantenimiento de cuentas inactivas o con poco movimiento y proceder, en su caso, a su cancelación.
A estos efectos, cabe indicar que cuanto mayor sea el número de cuentas bancarias mayor esfuerzo contable y de control se requerirá para una gestión adecuada.
4.- Al igual que en el ejercicio de 1989, no figuran existencias de VIAP en valores; este apartado ha de recoger, entre otros conceptos, los recibos-valores dado en gestión de cobro al recaudador, las fianzas realizadas mediante aval a fin de responder de la gestión realizada por la Depositaría, recaudación externa y contratos de obras, suministros y servicios. Como quiera que de los documentos aportados se desprende la evidencia de que se realizan algunas de las actividades anteriores, y más concretamente contratos de obras (mod. TC/9) que suman 11.760.109 ptas., lo que obliga, necesariamente, a los adjudicatarios a constituir una fianza definitiva del 4% del presupuesto total de la obra, suministro o contrato de gestión (artículo 350 del RGCE), fianza ésta que normalmente se realiza mediante aval y que queda depositada en la Caja de la Corporación (artículo 113.7 del Real Decreto 781/1986), debe aparecer contabilizada la misma en valores de VIAP. Se recomienda la regularización de esta situación.
5.- Figura una existencia final en Metálico de VIAP por importe de 60.402.197 ptas. Este importe ha de corresponder normalmente, entre otros conceptos, a las retenciones por IRPF del último trimestre, así como a las cuotas de la MUNPAL y, en su caso, a las de la Seguridad Social.
Sin embargo, del libro de VIAP remitido se desprende que se están contabilizando como valores extrapresupuestarios gran cantidad de ingresos y gastos que no tiene tal carácter a fin de evitar las formalidades que conlleva su incorporación al Presupuesto del ejercicio, lo que provoca el que el importe citado al principio del presente apartado se encuentre integrado en gran parte por cantidades que deberían ser incluidas en el Presupuesto.
6.- En el apartado Presupuestos figuran unos Ingresos desde dicho arqueo por importe de 33.232.394 ptas. y unos Pagos desde dicho arqueo por importe de 29.335.204 ptas., entendiendo por arqueo anterior el ordinario mensual celebrado el 30 de noviembre de 1990. Estas cifras representan, respectivamente, un 38,9% y un 36,8% de los ingresos y pagos totales del ejercicio que figuran en las columnas Recaudación líquida y Pagos líquidos de la liquidación del Presupuesto. Por consiguiente, dada su excesiva concentración en el mes de diciembre, se recomienda que, en lo posible, se intente una distribución más uniforme de los ingresos y pagos a lo largo del ejercicio.
7.- No se ha remitido ningún documento acreditativo de los saldos existentes en las cuentas bancarias a 31.12.90, lo que otorga escasa fiabilidad a los datos reflejados en la columna 3 del modelo TC/3. Estos saldos han de justificarse o bien con una certificación del saldo a 31 de diciembre expedida por persona autorizada de la entidad bancaria o bien con el extracto bancario de la cuenta del que resulten indudables la titularidad del Ayuntamiento y el saldo a la fecha citada.
8.- No se acompaña ningún documento de conciliación de saldos bancarios ya que se supone que deben de coincidir los saldos bancarios con los contables. Este hecho resulta singular porque lo más frecuente es que no coincidan a causa de la existencia de partidas en tránsito en ambas direcciones, además de otra información desconocida o imprecisa en el momento del cierre de las operaciones. Esta circunstancia ya fue comentada en el informe correspondiente al ejercicio 1989, y sin embargo, no ha sido corregida.
C) En relación con la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto (VIAP).
Como ya expusimos en el punto 4 del apartado referido a Tesorería, del análisis de las fotocopias del libro de VIAP remitidas, referidas a la Rúbrica Operaciones diversas, se desprende que se están canalizando a través de la misma ingresos y gastos que no tienen el carácter de extrapresupuestarios, principalmente subvenciones. Por ello, es necesario recordar el concepto y contenido de las operaciones extrapresupuestarias que no son otras que aquellas operaciones que se generan dentro de la técnica y operativa de la contabilidad y liquidaciones de ingresos y gastos públicos, no afectando las mismas directamente a los ingresos previstos y los créditos incluidos en el Presupuesto, pero que forman parte de la gestión de los recursos públicos. En general, se componen de partidas por cuenta ajena y partidas pendientes de aclaración.
Las transacciones extrapresupuestarias se producen normalmente en conexión con alguna operación presupuestaria. Los fondos relacionados con estas transacciones están gestionados junto con los fondos presupuestarios, sin separación física de los mismos, como una extensión lógica del principio de unidad de caja. Sus movimientos y saldos han de tomarse en consideración para el adecuado cuadre de los movimientos y arqueos periódicos.
En ocasiones, los importes no están representados por dinero efectivo sino por avales y fianzas, que denominamos valores.
Pero, como ha quedado manifiestamente claro, el hecho de que se gestionen los fondos sin separación física no nos debe llevar a confundir la naturaleza de ambos que está totalmente diferenciada.
D) En relación con las Cuentas de Recaudación.
1.- Resulta extraño que en todos los documentos firmados por el Tesorero de la Corporación aparezca el nombre de Alicia Vega, cuando de los datos reflejados en el Acta de arqueo y cuestionario de información general se desprende que el Tesorero es D. Antonio Lucas Pérez Lorenzo.
2.- Según se desprende de la documentación remitida, la Corporación se encarga de la gestión recaudatoria, por medio del Tesorero, de la totalidad de los tributos en periodo voluntario. Habiendo rendido en este ejercicio, tal como recomendamos en el informe de 1989, un Estado de la gestión recaudatoria.
3.- Del análisis de esta documentación, se observa:
a) No se especifica quién recauda los tributos en vía ejecutiva, ni figura un estado con la gestión de los mismos.
b) En el Estado de gestión recaudatoria rendido por el Tesorero (mod. TC/22) no aparecen Datas por pase a ejecutiva.
De lo anterior parece desprenderse que la Corporación no recauda, ni directamente ni por medio de recaudadores, en vía ejecutiva. Lo que implica el incumplimiento del artículo 93 y siguientes del Reglamento General de Recaudación (Decreto 3.153/1968) que regulan el procedimiento de apremio.
4.- Algunos de los tributos recaudados por la Corporación carecen de ordenanza fiscal reguladora, como, por ejemplo, Recogida de basuras y Alcantarillado.
En este sentido, es necesario recordar que los límites de la potestad de las Entidades Locales para decidir la imposición de sus tributos propios, esto es, la aplicación de dichos tributos en su respectivo ámbito territorial, están fijados en el artículo 15 de la Ley 39/1988, precepto éste que parte de la distinción entre tributos locales de carácter potestativo, por un lado, y tributos locales de carácter obligatorio, por otro.
a) Respecto de los tributos de carácter potestativo o voluntario, la potestad de las Entidades Locales para decidir su imposición es absoluta, de suerte tal que dichos tributos no podrán ser exigidos si previamente no ha sido acordada su imposición mediante la correspondiente ordenanza fiscal.
b) Respecto de los tributos de carácter obligatorio, la potestad de las Entidades Locales para decidir su imposición es nula. En consecuencia, dichos tributos tienen que ser exigidos, necesariamente, sin precisar acuerdo alguno de imposición.
No obstante, las Entidades Locales (Municipios) sí tienen una cierta capacidad de decisión en el ámbito de los tributos (impuestos) de carácter obligatorio, capacidad ésta que se refiere a la posibilidad de fijar los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias.
5.- Algunos de los tributos con ordenanza fiscal aprobada no figuran en el Estado de gestión recaudatoria, aunque en la liquidación del Presupuesto se observa que se ha recaudado por dicho concepto (ej.: Tasa por puestos y barracas).
6.- Del modelo TC/22 se desprende que los ingresos realizados en voluntaria representan un 35,9% de los cargos efectuados, lo que ha de considerarse un importe muy reducido, pues se estima que la recaudación normal ha de superar el 70%.
E) En relación con los Organismos Autónomos dependientes de la Corporación.
No consta que existan Organismos Autónomos dependientes de la Corporación.
F) En relación con otros aspectos de la gestión económico-financiera.
1.- De los cinco contratos que figuran en la relación (mod. TC/9), cuatro de ellos han sido adjudicados por contratación directa, por lo que se ha transformado en regla general lo que la Ley de Contratos del Estado considera una excepción, pues en sus artículos 28 y 87 (según redacción dada por la L.G.P.E. para 1990) determina que cuando se trate de obras procederá, con carácter general, la subasta o el concurso y en suministros el concurso.
2.- Se han formalizado expedientes de contratación de obras que suman 11.760.109 ptas., importe menor en 3.526.054 ptas. al que figura como previsión definitiva y obligaciones liquidadas en el capítulo VI de gastos de la liquidación del Presupuesto.
3.- Parece extraño que no se haya formalizado ningún expediente de suministros, cuando en el capítulo II del Estado de Gastos, cuya inversión da lugar, normalmente, a expedientes de contratación, suman un importe de 19.541.802 ptas., con unas obligaciones liquidadas de 17.055.692 ptas. De este hecho podemos deducir que hay gran cantidad de gastos que no se han formalizado mediante los oportunos expedientes.
A este respecto, hay que recordar lo dispuesto en los artículos 125, 208 y 237 del Reglamento General de Contratos del Estado.
4.- En el mod. ACC/9.A, Operaciones de crédito concertadas por la Corporación, se observa que la operación de 24.000.000 de ptas. concertada con la Caja Insular de Ahorros el 21.8.1990, que figura en ese modelo como de crédito y con destino a Obras y Servicios, fue concertada bajo la modalidad de operación de tesorería, por su plazo de amortización (1 año) y por su contabilización en la liquidación del Presupuesto.
Esto significa que se ha utilizado una operación de tesorería para financiar una inversión, hecho totalmente irregular según la Ley 39/1988.
Además, debido a la forma de contabilizar esta operación, resultará imposible el reconocimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución de las obras, pues la operación antes indicada se ha utilizado para dotar de crédito al capítulo IX y no al VI.
G) En relación con el Presupuesto General de 1991.
No se ha remitido la documentación solicitada.
En este sentido, es necesario poner de manifiesto lo establecido en el apartado 2 del artículo 150 de la Ley 39/1988, toda vez que el mismo determina que la aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que debe aplicarse. Debiendo entenderse, por tanto, como algo excepcional, y a utilizar con tal carácter, la prórroga automática contemplada en el apartado 6 del artículo ya citado, toda vez que la existencia de un presupuesto prorrogado conlleva importantes distorsiones en la vida municipal, tanto por el hecho de que la misma no afecta a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiadas con créditos u otros ingresos específicos o afectados, como por el de que únicamente pueda serlo por los créditos iniciales del Presupuesto anterior.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de enero de 1992.
EL PRESIDENTE, Antonio Márquez Fernández.
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