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Se hace saber a los súbditos noruegos D. Svein Inge Sorlie nº de pasaporte G-0827951-35; D. Stein Olav Kasa, nº de pasaporte G-0340124-22; D. Hakon Martin Karolillsen, nº de pasaporte F-0062890-32; D. Helgesen Snore; D. Kasa Stein Olava y Dña. Berg Gerd Aud, nº de pasaporte G-0252578-42, que se hallan en ignorado paradero, que se ha dictado Providencia y Pliego de Cargos, en el expediente sancionador incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas con el nº 20/92, por infracción a la vigente normativa sobre el juego, al haberse comprobado que los citados súbditos extranjeros estaban vendiendo a la altura de los Apartamentos los Cactus, sitos en Playa del Inglés, Avenida de Italia, unos boletos de juego clandestino, consistente en una tarjeta denominada Lucky, que utiliza el sistema de rasca-rasca al precio de 500 pesetas cada una, siendo los premios de doscientas veinticinco mil (225.000) pesetas, diez mil (10.000) pesetas, dos mil (2.000) pesetas, mil (1.000) pesetas o un nuevo ticket, los cuales son abonados por los mismos vendedores, careciendo de autorización administrativa, por lo que se procedió a incautar seis cajas selladas por los Servicios de Correos Noruego que contienen 5.000 boletos cada uno así como diverso material de propaganda del juego lo que constituye una infracción a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias y el artículo 2 del Decreto 138/1986, de 29 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del Juego mediante boletos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con el artículo 4 del Decreto 57/1986, de 4 de abril, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas Autorizados en Canarias y el artículo 25.2.a) del Decreto 138/1986 antes citado.
De acuerdo con el artículo 136.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se les concede el plazo de ocho días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio, a fin de que puedan formular las alegaciones que tuvieran por conveniente a su defensa.
Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de marzo de 1992.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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