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No constando en este Departamento el domicilio del interesado recurrente, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Manuel Martín Hernández la Orden de 19 de noviembre de 1991 (libro nº 1, folio 156, nº 899), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 537/91 (expediente nº GC-90/12/2305-0), interpuesto contra la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes, de 6 de junio de 1991.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de diciembre de 1991.- El Secretario General Técnico, Luis Fernando Jara González.
A N E X O
Orden por la que se resuelve el recurso de alzada promovido por D. Manuel Martín Hernández contra la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes, de 6 de junio de 1991.
Visto el presente recurso de alzada promovido por D. Manuel Martín Hernández contra la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes, de 6 de junio de 1991, recaída en el expediente de referencia, y
RESULTANDO
Primero: que el día 20 de diciembre de 1990, por agente de la Policía Local de Mogán, se formuló denuncia contra el vehículo GC-5277-O, del que es titular D. Manuel Martín Hernández por recoger pasajeros en dicha localidad, teniendo L.M. nº 4, de San Bartolomé de Tirajana.
Segundo: que mediante Resolución de la Dirección General de Transportes de 7 de febrero de 1991, publicada en el B.O.C. nº 36, de 20 de marzo de 1991, se notificó al interesado la citada denuncia y la incoación del expediente sancionador GC-90/12/2305-0, de acuerdo con el artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo y después de haber sido intentada infructuosamente la notificación a través de carta certificada con acuse de recibo.
Tercero: que el expedientado no hizo uso del derecho que le asistía de presentar Pliego de Descargos, manifestando cuanto hubiese entendido conducente a la defensa de sus derechos o intereses.
Cuarto: que por el Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes, con fecha 6 de junio de 1991, se dictó Resolución que vino a sancionar a D. Manuel Martín Hernández, con multa de cincuenta mil (50.000) pesetas, por infracción administrativa, de acuerdo con el artículo 141.c) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, y los artículos 125 y 198.c) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, en base al artículo 143 de la citada Ley, notificándose dicha Resolución mediante Resolución de la Dirección General de Transportes de 25 de junio de 1991, publicada en el B.O.C. nº 94, de 17 de julio de 1991.
Quinto: que por D. Manuel Martín Hernández se ha interpuesto recurso de alzada en súplica de que sea anulada la sanción impuesta, alegando, en síntesis, que prestaba un servicio entre el Hotel Club Bahía Mar y el Aeropuerto, y que el vehículo fue contratado por agencia de viajes adjuntando copia del contrato suscrito entre la agencia y transportistas.
CONSIDERANDO
Primero: que el Consejero de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso, según lo establecido en el artículo 122, y concordantes, de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias, en el artículo 29.1.e) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90) y en el artículo 21.1 del Decreto 26/1984, de 27 de enero, por el que se distribuyen competencias en materia de turismo y transportes (B.O.C.A.C. nº 6, de 10.2.84), modificado por los Decretos 123/1985, de 19 de abril, y 23/1987, de 13 de marzo (B.O.C.A.C. nº 51, de 29.4.85, y B.O.C. nº 34, de 20.3.87) respectivamente).
Segundo: que el presente recurso observa los requisitos de índole adjetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como capacidad, legitimación suficiente e interposición en plazo.
Tercero: que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias se encuentra vigente, para los vehículos que dispongan de autorizaciones de transportes de la serie VT, la prohibición general de recoger viajeros fuera del término municipal que les concediera la licencia o estuviera residenciado el vehículo, de acuerdo con lo que establece el artículo 1º del Decreto Territorial 265/1989, de 8 de noviembre (B.O.C. nº 152, de 17.11.89), disposición que solo admite como excepción a este criterio general el que tal recogida tenga lugar en puertos y aeropuertos de Canarias y que pueda acreditarse la contratación previa del servicio a través de los documentos previstos en sus artículos 3 y 4. Por su parte, el artículo 125 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, norma sustantiva en la que se basa la incoación del presente expediente sancionador (aparte de la misma LOTT) reproduce la prohibición antes referida de tal modo que no modifica el régimen jurídico del transporte público en automóviles de turismo en este aspecto concreto.
Cuarto: que en el presente supuesto, ha quedado probado que el vehículo denunciado recogió viajeros en municipio distinto a aquel que le otorgó la licencia correspondiente, incurriendo, en consecuencia, en responsabilidad administrativa por la comisión de infracción grave de acuerdo con lo que establece el artículo 141.c) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y el artículo 198.c), en relación con el 200.3.12, del Reglamento que desarrolla dicha norma legal, ya que el hecho descrito al principio de este considerando constituye infracción a las condiciones esenciales de la autorización otorgada y que le habilita para realizar transporte interurbano siempre que el origen del servicio, o lo que es lo mismo, la recogida de los viajeros, tenga lugar en el municipio que le concedió la licencia o esté residenciada la autorización.
Quinto: que la presente Orden no ha sido dictaminada por la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artículo 12.1.d) del Decreto 145/1990, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
D I S P O N G O:
Desestimar en todos sus términos el recurso de alzada promovido por D. Manuel Martín Hernández, y confirmar la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes, de 6 de junio de 1991, recaída en el expediente GC-90/12/2305-0 y que determinó la imposición de multa en la cuantía de cincuenta mil (50.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.
El Consejero de Turismo y Transportes, Miguel Zerolo Aguilar.
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