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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de la entidad mercantil Construcciones Marca, S.A., por hallarse en paradero desconocido y siendo necesario notificarle la Resolución recaída en el expediente sancionador VP-65/90, al ser parte interesada, y de conformidad con lo previsto en el artº. 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
R E S U E L V O:
Notificar a la entidad mercantil Construcciones Marca, S.A. la Resolución de 26 de agosto de 1991, recaída en el expediente sancionador VP-65/90, y cuya parte dispositiva dice textualmente:
Acuerda:
- Sancionar a la entidad mercantil Construcciones Marca, S.A., con multa de 500.000 pesetas, como autora de una infracción muy grave al régimen legal de viviendas de protección oficial, tipificada en el artº. 153.C-1, del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, por la percepción de sobreprecio cifrado en 4.961.000 pesetas, en la venta de la vivienda sita en Puente de Los Berros, Chalet nº 11, de Santa Brígida, acogida a los beneficios de la protección oficial expediente 35-1-0023/86, Cédula de Calificación Definitiva de 27 de julio de 1987.
- Sancionar a la entidad Construcciones Marca, S.A., con multa de 100.000 pesetas como autora de una infracción grave al régimen legal de viviendas de protección oficial, tipificada en el artº. 56, del Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre, por incumplimiento de la obligación de elevar a escritura pública, en el plazo de tres meses a contar desde la concesión de la Calificación Definitiva, el contrato de compraventa suscrito con Dña. Ricarda Martel García, el 25 de febrero de 1987, respecto de la vivienda antes citada.
- Requerirle a fin de que en el plazo de 15 días, reintegre a Dña. Ricarda Martel García, la suma indebidamente percibida, que asciende a la suma de 4.961.000 pesetas.
- Requerirle a fin de que en el plazo de 15 días, eleve a escritura pública el contrato de compraventa suscrito con Dña. Ricarda Martel García.
- Apercibirle de que de no proceder conforme a lo expuesto, le depararán los perjuicios a que hubiere lugar en Derecho.
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer en el plazo de quince días, a contar del siguiente al recibo de esta notificación, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, de conformidad con el antes citado Decreto 68/1986, de 18 de abril, del Gobierno de Canarias, en relación con el artº. 122 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.
Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de 1991.- El Director General de Vivienda, Rafael Luis Pedrero Manchado.
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