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BOC Nº 144. Viernes 1 de Noviembre de 1991 - 1519

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Audiencia de Cuentas de Canarias

1519 - ACUERDO de 26 de septiembre de 1991, del Pleno, por el que se hace público informe de fiscalización de la gestión económico-financiera correspondiente al ejercicio económico de 1989 del Ayuntamiento de Firgas (Gran Canaria).

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1.- INTRODUCCION 1.1 JUSTIFICACION. En cumplimiento del Acuerdo del Pleno de esta Audiencia de Cuentas de 13 de marzo de 1991, tomado en virtud de lo dispuesto por el artículo 8.1 de la Ley 4/1989, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, y como consecuencia de que el Ayuntamiento de Firgas no remitió en el plazo fijado la documentación solicitada a los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, se ha procedido a fiscalizar la gestión económico-financiera de dicha Corporación, correspondiente a 1989 y 1990.

1.2 CUENTAS Y HECHOS ANALIZADOS.

Han sido objeto de la presente fiscalización los hechos generados en los ejercicios económicos de 1989 y 1990, abarcando tanto los aspectos propiamente presupuestarios como los patrimoniales, así como los de contabilidad y control interno existentes en la entidad. A la fecha del informe, el Ayuntamiento de Firgas solo había aprobado uno de los estados que preceptivamente tiene que aprobar, a saber, las liquidaciones de los presupuestos de 1989 y 1990.

1.3 OBJETIVOS Y ALCANCE. Los objetivos de la actuación llevada a cabo están orientados a la determinación de los motivos que habían impedido la remisión por parte del Ayuntamiento de Firgas de la documentación anual solicitada, así como a la obtención (en la medida de lo posible) de la misma, con la finalidad de proceder a un examen y comprobación de esa documentación desde la sede de la Audiencia de Cuentas y emitir el correspondiente informe, con el contenido habitual, aunque ligeramente ampliado con la información obtenida en la visita al Ayuntamiento. Quedando, por tanto, centrados nuestros esfuerzos en opinar sobre los siguientes aspectos:

- El desarrollo y ejecución de los presupuestos de 1989 y 1990.

- El reflejo de la situación patrimonial.

- La actividad económico-financiera de la Corporación, atendiendo a la legalidad y racionalidad del gasto público.

1.4 REALIZACION DEL TRABAJO. El trabajo de campo se inició el 15 de abril en la sede del propio Ayuntamiento y concluyó el día 14 de junio del presente año en la sede de la Audiencia de Cuentas.

El equipo humano ha estado integrado por dos ayudantes de auditoría dirigidos por un técnico-auditor. Queremos agradecer la colaboración prestada por el personal del Ayuntamiento, que ha facilitado en gran medida la realización del presente trabajo. 1.5 DESCRIPCION DEL AYUNTAMIENTO.

El municipio de Firgas está localizado en la isla de Gran Canaria, situado dentro de ella en la comarca natural de la cuenca de Azuaje y Moya, que domina la parte central de la vertiente norte. Tiene una población de 5.773 habitantes (según la rectificación del padrón municipal a 1 de enero de 1989) y ocupa una extensión de 15’76 km, lo que representa el 1’01% de la superficie de la isla. La limitada economía se basa en la agricultura de medianía. Hay una fuente minero-medicinal y una planta embotelladora de gran importancia.

1.6 ORGANIZACION. Los Organos de Gobierno están constituidos por el Ayuntamiento Pleno, la Comisión de Gobierno y el Alcalde. Constando en una Resolución de la Alcaldía de 2 de febrero de 1990 el nombramiento de los concejales delegados siguientes: - Educación y deportes - Personal y régimen interior - Promoción y fomento de empleo - Campos - Juventud, Cultura y festejos - Barrios y lugares - Medio ambiente - Ferias y mercados - Abastecimiento de aguas - Sanidad y bienestar social - Agricultura y ganadería - Adjunto a la Alcaldía - Economía y Hacienda - Tráfico - Patrimonio - Urbanismo - Vías y obras y parques y jardines - Vivienda, alumbrado público y alcantarillado En los que se delegan la dirección interna y gestión de esas áreas. Aunque es preciso matizar que durante el ejercicio 1990 no han desarrollado actividad alguna.

En cuanto a comisiones informativas, están constituidas las que a continuación se citan:

- Comisión Informativa de Urbanismo, Vías y Obras, Parques y Jardines, Vivienda, Medio Ambiente, Abastecimiento de Aguas, Alumbrado y Alcantarillado. - Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Personal, Régimen Interior y Tráfico. - Comisión Informativa de Sanidad, Bienestar Social y Patrimonio. - Comisión Informativa de Agricultura y Ganadería, Ferias y Mercados. De ellas, las dos últimas no se han reunido nunca ni desarrollado actividad alguna. No estando constituida la Comisión Especial de Cuentas.

En cuanto a las primeras, son órganos complementarios y de necesaria participación política plural, toda vez que es necesaria la participación de todos los grupos políticos en estas Comisiones, cuyas funciones son el estudio, informe, preparación y consulta de los asuntos que han de ser sometidos al Pleno y, en su caso, a otros órganos decisorios del municipio. Aunque del artículo 20.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante L.B.R.L.), se deduce fácilmente el carácter potestativo de estas Comisiones, constituyen un imprescindible instrumento organizativo para que los representantes de los distintos grupos políticos puedan conocer adecuadamente los asuntos de las respectivas materias, evitando que sea el momento puntual del Pleno el que acumule la única oportunidad de conocimiento, debate y correlativa decisión.

Es importante consignar que a aquellas deben asistir los funcionarios y técnicos necesarios para el más completo conocimiento de los asuntos incluidos en el respectivo orden del día, aunque, desde luego, sin votar. En cuanto a la Comisión Especial de Cuentas, trae causa preceptiva del artículo 116 de la L.B.R.L. y tiene como finalidad específica la información de las cuentas anuales del municipio al cierre de cada ejercicio. En cuanto a la cronología de sus reuniones, lo normal es que ésta se constituya cuantas veces sea preciso, pero, en todo caso, ha de ser antes del 1 de junio de cada año, por ser también una obligación del ya citado artículo 116 de la L.B.R.L. En caso de estar previsto, esta Comisión podrá actuar como Comisión Informativa Permanente de los asuntos relativos a Economía y Hacienda, en vez de crear la tradicional Comisión de Hacienda y Presupuestos, o si se quiere, que ésta sea también Comisión Especial de Cuentas, siempre que reúna y actúe según los requisitos de legalidad antes señalados.

Llegados a este punto, es necesario hacer constar que el establecimiento y regulación de los órganos complementarios (Delegaciones de Servicios y Comisiones Informativas), debe hacerse a través del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), en virtud de lo que dispone el artículo 20.1.c) de la L.B.R.L., Reglamento del que no dispone el Ayuntamiento de Firgas y que debe ser aprobado por el Pleno en virtud de lo dispuesto en el artículo 47.3.a) de la norma antes citada. En cuanto a los aspectos que debe regular, podemos citar el contenido mínimo siguiente:

- El Estatuto de los miembros de la Corporación, como mera concreción y desarrollo de las normas de rango legal.

- Por lo que se refiere a los Organos necesarios (Alcalde, Pleno y Comisión de Gobierno) debe desarrollar lo previsto en la legislación del Estado y Comunidad Autónoma. - Establecimiento, composición y atribuciones de los Organos Complementarios. - El régimen de información y participación ciudadana.

- El procedimiento administrativo, la responsabilidad de la Administración Municipal y el régimen jurídico de los actos y acuerdos.

- Formas de gestión desconcentradas y delegadas. - Las disposiciones necesarias para su reforma, siempre sometidas a las reglas generales establecidas por la legislación para la modificación de los Reglamentos.

La Corporación carece, asimismo, de un organigrama explicativo de su situación organizativa; el organigrama que se incluye en la página 5859 ha sido confeccionado por el equipo de fiscalización a partir de las entrevistas y cuestionarios recabados del personal del Ayuntamiento. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que por Resolución de 16 de marzo de 1988, de la Dirección General de la Función Pública, se clasifica la Secretaría del Ayuntamiento de Firgas como de tercera clase, lo que motivó que a dicho puesto de trabajo le correspondiera, asimismo, las funciones propias de la Intervención. Como de acuerdo a la última rectificación padronal de 1 de enero de 1989, llevada a cabo por el INE, dicho municipio tiene una población total de 5.773 habitantes podría adoptarse un acuerdo por el Pleno solicitando de la Dirección General de la Función Pública su reclasificación como de segunda clase (entre 5.001 y 20.000 habitantes), a fin de que la Corporación pudiera disponer de: - Un puesto de trabajo denominado Secretaría, - un puesto de trabajo denominado Intervención, y - un puesto de trabajo denominado Tesorería. En caso de que el coste de creación del puesto de Intervención fuera elevado para el Presupuesto de la Corporación, podría procederse a la agrupación con otra Entidad Local para el sostenimiento de dicho puesto, tal como contempla el artº. 15.1 del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre. 1.7 CONCLUSIONES GENERALES. En nuestra opinión, las liquidaciones de los ejercicios 1989 y 1990 presentadas por el Ayuntamiento de Firgas, y que se adjuntan al presente informe, no reflejan razonablemente la situación económico-financiera de la Corporación. En segundo lugar, la ausencia de registros patrimoniales nos impide emitir una opinión sobre la situación patrimonial a 31.12.89, en tanto que en relación a 1990 la Corporación formó el preceptivo Inventario de Bienes y Derechos que representa adecuadamente la situación patrimonial a 31.12.90.

Por otra parte, en el ejercicio de la actividad económico-financiera hemos apreciado algunas infracciones de la normativa vigente tal como se indica en los apartados correspondientes. Seguidamente, se exponen las conclusiones y recomendaciones que para cada área analizada propone esta Audiencia de Cuentas. 2.- CONTABILIDAD Y RENDICION DE CUENTAS 2.1 CONTABILIDAD. El Ayuntamiento de Firgas, en el ejercicio 1989, no cumplió con las previsiones que contempla la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales, en lo que se refiere a la llevanza de los libros principales de Contabilidad, pues no se llevó ninguno de ellos.

En este sentido es necesario recordar que el carácter público de los Entes locales, unido a la necesidad de ofrecer garantías a los administrados, haciéndoles comprensible la gestión de sus representantes municipales, llevan indefectiblemente a la necesidad de contar con una contabilidad mínimamente informativa de su realidad económico-financiera.

A estos efectos, la Regla 51 de la I.C. dispone:

“1. Las Corporaciones locales llevarán la Contabilidad de la gestión económica en libros adecuados, para que en todo momento pueda darse razón de las operaciones de los Presupuestos y de los valores independientes o auxiliares y se deduzcan de ellos las cuentas generales que han de rendirse.

2. La Contabilidad será uniforme para todas las Corporaciones locales, dependerá del Interventor o del Secretario, en su caso, y se llevará por el sistema administrativo basado en los créditos presupuestos y en los actos de reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones.”

En cuanto a su enumeración, está contenida en la Regla 52 de la I.C., que dispone: “1. Los libros de Contabilidad se clasifican en principales y auxiliares.

2. Son principales y obligatorios los siguientes: 1º. De Inventarios y Balances. 2º. General de Rentas y Exacciones. 3º. General de Gastos. 4º. De Valores independientes y auxiliares del Presupuesto. 5º. De Arqueos. 6º. Diario general de Intervención de Ingresos. 7º. Diario general de Intervención de Pagos. 3. Los libros de Inventarios y Balances, de Valores independientes y auxiliares del Presupuesto y de Arqueos podrán servir para distintos años, y los demás principales comprenderán un solo ejercicio económico.

4. Son auxiliares los que pueden establecer los Interventores:

a) Para desarrollar ciertas cuentas de los principales, en forma de auxiliares de cuentas corrientes.

b) Para mencionar circunstancias, condiciones o vicisitudes de algunas operaciones o de los valores que en ellas intervienen, en forma de libros registros.

5. La Contabilidad auxiliar servirá de desarrollo, detalle y comprobación de la general.”

No consta tampoco la existencia en dicho ejercicio de los libros de Contabilidad Auxiliar.

En cuanto al ejercicio 1990, con las limitaciones y comentarios realizados a lo largo del presente apartado sobre su contenido y llevanza, y en particular la falta de contraído previo, ha cumplido con los principios que contempla la Instrucción de Contabilidad por lo que se refiere a la llevanza de los libros principales de contabilidad, salvo en lo que se refiere al de arqueos e inventarios y balances que no figuran abiertos. Los libros empleados han sido los de carácter obligatorio siguientes:

- Diario de Intervención de Ingresos - Diario de Intervención de Pagos - General de Rentas y Exacciones - General de Gastos - Valores Independientes y Auxiliares del Pre- supuesto - Libro de Caja Los dos primeros representan el flujo del movimiento de fondos con su reflejo mensual en el libro de Arqueos y los dos Generales actúan como libros Mayores, con destino al control de los créditos presupuestarios y el conocimiento del desarrollo de los conceptos o partidas, tanto de los cobros y pagos como de los derechos y obligaciones que son reconocidos y los saldos disponibles. Sus cifras finales, después de su depuración, determinan la liquidación del ejercicio. Resulta anómalo el hecho de no haberse utilizado los libros de arqueos e inventarios y balances a pesar de su naturaleza obligatoria. Los libros mencionados se han llevado por medios informáticos, no adaptándose en su integridad los formatos de los libros emitidos por el programa informático a los establecidos en la Instrucción de Contabilidad.

Lo ordenado es que la contabilidad esté basada en los actos de reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones (Regla 51.2 de la I.C.) pero, de hecho, no se ha reflejado en los libros referenciados un auténtico contraído, funcionando únicamente el principio de caja, no el del devengo, quedando automáticamente incumplido dicho precepto. Los asientos contables han obedecido a los hechos con incidencia en caja y sin dejar constancia, por tanto, de saldos disponibles y demás datos necesarios para conocer la situación económica y financiera de la Entidad. Así, se carece de información acerca de las alteraciones producidas en las obligaciones y derechos liquidados, no siendo fiables los saldos pendientes de cobro o de pago. En los ingresos, además de la ausencia de contraído antes apuntada, se aprecia una confusión entre el ejercicio corriente y los provenientes de los ejercicios anteriores, resultas, de modo que se aplican a un presupuesto cantidades satisfechas por deudores de ejercicios pasados o a la inversa, produciéndose bajas y anulaciones en las relaciones de deudores sin justificación alguna. En cuanto a los gastos, también se dejan sentir los efectos de la no existencia de contraídos y, como consecuencia de ello, no han existido rigurosas relaciones de acreedores. Igual que ha acontecido en los ingresos, se imputan al presupuesto corriente pagos que debieran serlo de acreedores de ejercicios precedentes. De los documentos contables se deduce que no se han respetado las fases de ordenación del gasto y del pago, ni tampoco las fases intermedias como los informes preceptivos, las recepciones de materiales, suministros y servicios contratados; existe constancia de haberse realizado los pagos a los perceptores correspondientes, pero la justificación no siempre se ajusta a lo prescrito en la Instrucción de Contabilidad. En cuanto a los defectos formales observados en los libros, los más importantes son los siguientes:

a) Diario de Intervención de Ingresos, al que le faltan: 1) La diligencia de apertura, en claro incumplimiento de lo dispuesto en la Regla 53.1 de la Instrucción de Contabilidad.

2) En la primera parte de la apertura propiamente dicha no se ha anotado la contabilidad preventiva, es decir, las previsiones presupuestarias y sus modificaciones. Tampoco se han añadido al finalizar el ejercicio las Resultas por Capítulos.

3) Los cortes mensuales únicamente están firmados por el Interventor, cuando deben serlo también por el Tesorero. b) Diario de Intervención de Pagos, al que le faltan: 1) La diligencia de apertura, al igual que en a.1). 2) En la primera parte de la apertura propiamente dicha no se ha anotado la contabilidad preventiva, al igual que en a.2).

3) Los cortes mensuales únicamente están firmados por el Interventor, al igual que en a.3).

c) General de Rentas y Exacciones, al que le faltan: 1) La diligencia de apertura. 2) Respecto a las Resultas, al abrir el libro no se han efectuado los correspondientes asientos en las columnas “Cargo” y “Saldos pendientes de cobro” en cada cuenta, tal como señala la Regla 58.3 de la I.C., habiéndose procedido en su lugar a contabilizar con fechas que abarcan la casi totalidad del ejercicio un contraído recaudado simultáneo. 3) No se han realizado las totalizaciones mensuales.

d) General de Gastos, al que le faltan: 1) La diligencia de apertura.

2) Respecto a las Resultas, al abrir el libro no se han efectuado los correspondientes asientos en las columnas “Data” y “Diferencia pendiente de pago” en cada cuenta, tal como establece la Regla 59.3 de la I.C., habiéndose procedido en su lugar a contabilizar con fechas que abarcan la casi totalidad del ejercicio un contraído pagado simultáneo. 3) No se han realizado las totalizaciones mensuales.

e) Libro de Caja, al que le faltan:

1) La diligencia de apertura.

2) El formato no se adapta al establecido en la Regla 67 de la I.C., no figurando separación alguna entre Presupuesto y VIAP, lo que dificulta el cuadre con los arqueos.

f) De Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, al que le falta la diligencia de apertura.

Respecto a los libros de Contabilidad auxiliar, previstos en la I.C., no se ha podido constatar su existencia, así como tampoco la del libro Auxiliar de Bancos. 2.2 CUENTAS GENERALES. En el examen de las Cuentas se ha constatado la no elaboración durante los ejercicios objeto de fiscalización de la Cuenta General del Presupuesto. Asimismo, tampoco se tiene constancia de la confección y aprobación del resto de las Cuentas: - De la Tesorería. - De la Administración del Patrimonio. - De Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto. Este hecho supone una infracción de lo dispuesto en la Regla 74 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales y artículo 190 de la Ley 39/1988.

El sometimiento al régimen de contabilidad pública lleva consigo la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza.

Así se expresa el artículo 182 de la Ley 39/1988. Esta obligación genérica se concreta en el artículo 189 cuando dice que:

“Las Entidades Locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán y elevarán los estados y cuentas anuales que se regulan en esta Sección, los cuales comprenderán todas las operaciones presupuestarias, independientes y auxiliares, patrimoniales y de Tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio”.

Asimismo, es necesario manifestar la importancia de la aprobación de los mismos por el Pleno de la Corporación, pues constituye el ejercicio de la atribución más importante que la ley encomienda al Pleno, al disponer que le corresponde: “El control y fiscalización de los Organos de Gobierno” [artículos 22.2.a) y 33.2.e) de la L.B.R.L. y 50.2 y 70.2 del ROF]. Por último, recordar que el artículo 141.1.e) del Real Decreto-Legislativo 1.091/1988 (Ley General Presupuestaria) establece que constituye una infracción no rendir las cuentas reglamentariamente exigidas o presentarlas con graves defectos. Dicha infracción obliga a indemnizar a la Hacienda Municipal los daños y perjuicios que sean consecuencia de la misma.

2.3 CONCLUSIONES.

Durante el ejercicio 1989 la Contabilidad municipal ha sido inexistente. Por lo que respecta a 1990, se han llevado los libros obligatorios de Contabilidad, excepto el de arqueos e inventarios y balances. 2.4 RECOMENDACIONES. En cuanto a las Cuentas Generales se recomienda la rendición de todas las cuentas preceptivas, así como su aprobación por el Pleno. Por último y en cuanto a los libros obligatorios, se recomienda encarecidamente que se lleve el libro de Inventarios y Balances, con la finalidad de conseguir una actualización del Inventario de Bienes y su aprobación inicial, así como el de arqueos, a fin de llevar un adecuado control y seguimiento de la Tesorería municipal. En lo que se refiere a los libros auxiliares, se deben abrir todos aquellos que sean necesarios y coadyuven a una mejora de la gestión y control y, en concreto, el Auxiliar de Bancos, pues éste permite un adecuado control, hasta ahora inexistente, de la Tesorería municipal.

3.- PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 3.1 PRESUPUESTOS DE 1989 Y 1990. El Presupuesto para el ejercicio 1989 fue aprobado por un importe de 165.608.414 pesetas, habiéndose detectado en el expediente de tramitación los siguientes defectos:

1. Ninguno de los estados, anexos y bases de ejecución integrantes del Presupuesto figuran firmados. 2. No consta el dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda. 3. La aprobación inicial por el Pleno se realizó el 28 de julio de 1990, retrasándose de modo incomprensible el envío de dicho acuerdo a publicación en el B.O.P. al 7 de noviembre. 4. No consta la aprobación definitiva ni la publicación del resumen por capítulos en el B.O.P., desconociéndose si se produjeron reclamaciones contra el mismo. En cuanto al de 1990 fue aprobado por un importe de 182.177.183 pesetas, habiéndose detectado en el expediente de tramitación los siguientes defectos:

1. La mayor parte de los estados y anexos figuran sin firmar.

2. No constan las bases de ejecución ni el anexo de inversiones ni el informe económico-financiero.

3. El dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda figura sin firmar.

4. El Presupuesto entró en vigor el día 23 de noviembre de 1990, lo que supone un gran retraso respecto al calendario establecido en el artículo 112 de la Ley 7/1985. En este sentido, es necesario poner de manifiesto lo establecido en el apartado 4 del artículo antes citado, toda vez que el mismo determina que la aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que debe aplicarse. Debiendo entenderse, por tanto, como algo excepcional, y a utilizar con tal carácter, la prórroga automática contemplada en el apartado 5 del citado artículo, toda vez que la existencia de un presupuesto prorrogado conlleva importantes distorsiones en la vida municipal, tanto por el hecho de que la misma no afecta a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que están financiados con créditos y otros ingresos específicos o afectados, como por el de que únicamente pueda serlo por los créditos iniciales del Presupuesto anterior. El análisis comparativo de los Presupuestos de los ejercicios 1989 y 1990 a nivel de previsión inicial ha puesto de manifiesto que este último creció en un 10% respecto al del ejercicio 1989. La causa de dicho crecimiento radica fundamentalmente en el incremento por importe de 8.988.569 pesetas (8’92%) de las Transferencias Corrientes (capítulo IV) y de 5.468.000 pesetas (36.453’3%) de las Transferencias de Capital (capítulo VII), compensados en parte con una disminución de 4.375.000 pesetas de los Impuestos Directos (capítulo I), tal como se pone de manifiesto en el cuadro siguiente:

En el Estado de Gastos de 1990 los créditos iniciales crecieron, asimismo, un 10% respecto a los del ejercicio 1989.

La causa de dicho crecimiento radica, fundamentalmente, en el incremento de 15.653.703 pesetas (28’07%) de las Retribuciones de Personal (capítulo I) y de 6.000.000 de pesetas (212’01%) de las Transferencias Corrientes (capítulo IV), compensados en parte con una disminución de 4.529.468 pesetas (7’91%) de las Compras de bienes corrientes y servicios (capítulo II) y de 6.417.460 pesetas (74’23%) de las Variaciones de pasivos financieros (capítulo IX), tal como se expresa en el cuadro siguiente:

En cuanto al procedimiento seguido por la Corporación para la presupuestación de ingresos y gastos, ésta utiliza un criterio exclusivamente subjetivo para su determinación, lo que supone un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 149.1.e) de la Ley 39/1988, que determina la obligatoriedad de los procedimientos objetivos en la evaluación de los ingresos y gastos. Hasta la aprobación definitiva del Presupuesto General de 1990, la Corporación actuó bajo prórroga automática del Presupuesto de 1989, no iniciando la contabilidad hasta dicha aprobación, realizándose los pagos hasta ese momento con un desconocimiento absoluto de los límites crediticios. Práctica ésta irregular y que puede dar lugar al incumplimiento del principio presupuestario de “Especialidad”, que presenta dos vertientes: a) Principio de especialidad cualitativa, que establece que los créditos para gastos se destinarán exclusivamente para la finalidad para la que hayan sido autorizados en el respectivo presupuesto. b) Principio de especialidad cuantitativa, según el cual las cifras consignadas en los créditos presupuestarios para gastos son máximos y, por tanto, no podrán contraerse obligaciones que rebasen este límite.

3.2 MODIFICACIONES DE CREDITO. En el ejercicio 1989 como consecuencia de la ausencia absoluta de contabilidad, así como de control alguno, la Corporación no tramitó ningún expediente de modificación de crédito, realizándose el control del crédito disponible mediante un procedimiento rudimentario y nada efectivo, consistente en restar del crédito asignado a una partida concreta el importe de cada una de las facturas que se pagó con cargo a ella.

En el ejercicio 1990 figuran contabilizados transferencias de crédito por importe de 28.074.098 pesetas, hecho éste singular teniendo en cuenta la inexistencia (tal como ya hemos expuesto) de bases de ejecución en dicho Presupuesto, toda vez que para realizar dichas modificaciones es necesario que el régimen de las mismas esté regulado en las bases de ejecución del Presupuesto, estableciendo estas últimas el órgano competente para autorizarlas (artículo 160.1 de la Ley 39/1988). Además, en el expediente de tramitación de las mismas no constan otros trámites que los informes de la Secretaría-Intervención y Comisión Informativa de Economía y Hacienda, no figurando los de información, posibles reclamaciones y recursos y publicidad contemplados en los artículos 150 a 152 de la Ley 39/1988.

En la liquidación del ejercicio 1990 figura una modificación por importe de 10.000.000 en el capítulo VI (Inversiones Reales) sin que haya sido posible obtener expediente alguno de la misma.

Esta situación supone un desconocimiento de lo dispuesto en la sección 2ª del capítulo primero del Título VI de la Ley 39/1988 y más concretamente del artículo 153.1, que dispone:

“Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General de la Entidad Local o por sus modificaciones debidamente aprobadas”.

Como consecuencia del hecho antes expuesto de la prórroga automática del Presupuesto de 1989, las transferencias de crédito antes comentadas fueron contabilizadas en el libro General de Gastos como consignación en presupuesto, por lo que se incluyó de forma agregada el importe total del crédito aprobado más dichas modificaciones, sin que existiera para ello acuerdo plenario.

3.3 LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS.

Para los ejercicios comprendidos entre 1983 y 1988 el Ayuntamiento de Firgas no formuló la liquidación del Presupuesto, por lo que incumplió lo dispuesto, para cada uno de los años en que estaban en vigor, las disposiciones siguientes: - Artículo 693 de la Ley de Régimen Local de 1955.

- Artículo 451 del Real Decreto-Legislativo 781/1986.

En el ejercicio 1990 la Corporación trató de rectificar dicha situación, elaborando la liquidación correspondiente a 1989, aunque se trató más de un acto de voluntarismo que otra cosa, toda vez que al ser inexistente la contabilidad en dicho ejercicio se carecían de referencias objetivas y fiables a partir de las que efectuar dicha tarea, por lo que aun reconociendo lo loable de dicho intento hemos de considerar dicha liquidación como no ajustada a la realidad, como así lo consideró la propia Corporación al no arrastrar a 1990 las Resultas que se desprendían de la misma, sino aquellas que se fueron detectando (aunque no todas) durante este último ejercicio. En relación con la liquidación de 1990, las principales observaciones que se desprenden de su análisis, además de las ya antes expuestas, son las siguientes:

1) El formato de la liquidación no se adapta al modelo “E” de la Resolución de la Dirección General de Administración Local de 15 de enero de 1980, pues carece del apartado “Situación Económica”, además de que las columnas en que se estructura no coinciden en su distribución con las contempladas en el modelo antes citado.

2) Como ya hemos expuesto con anterioridad, las transferencias de crédito no figuran contabilizadas, haciendo constar la modificación de 10.000.000 en el capítulo VI, como previsión inicial en lugar de modificación.

3) En Resultas se liquidaron derechos por importe inferior en 22.508.167 pesetas a la previsión definitiva, lo que evidencia la existencia de bajas de derechos previamente reconocidos, sin que se haya podido constatar la existencia de los oportunos expedientes de baja.

4) En Resultas se han liquidado obligaciones por importe inferior en 10.251.793 pesetas a la previsión definitiva, lo que evidencia la existencia de bajas de obligaciones previamente reconocidas, sin que, al igual que en el punto anterior, se haya podido constatar la existencia de expedientes de baja. En relación al punto anterior y a este mismo, deberá procurarse que para evitar estos expedientes durante el ejercicio presupuestario al que se incorporaron, previamente al cierre del ejercicio se efectúe una depuración de derechos y obligaciones que previsiblemente no sean realizables.

En este mismo sentido es necesario comentar, como ya expusimos con anterioridad, que las Resultas incorporadas no coinciden con las que resultan de la liquidación de 1989.

3.4 CONCLUSIONES. Los Presupuestos generales fueron aprobados con gran retraso, produciendo importantes distorsiones en la contabilidad municipal del ejercicio 1990.

La Corporación no contabiliza los ingresos y gastos hasta que no se produce la aprobación definitiva del Presupuesto, lo que provoca la existencia de debilidades de control interno durante el periodo de funcionamiento del Presupuesto prorrogado.

La absoluta irregularidad en la incorporación de las Resultas del ejercicio 1989.

La falta de rigor en las modificaciones presupuestarias.

3.5 RECOMENDACIONES.

Se deben acometer las medidas oportunas a fin de que el Presupuesto General sea aprobado por el Pleno de la Corporación antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior, con el fin de no incurrir en defectos procedimentales en dicha materia.

La liquidación del Presupuesto debe efectuarse con los datos reales de lo que ha sido la ejecución presupuestaria, pues el no hacerlo así lo único que provoca es un profundo desconocimiento de la situación económico-financiera de la Corporación.

Se aconseja efectuar un inventario de los valores pendientes de cobro de las Resultas existentes, al objeto de proceder a ejecutar las acciones siguientes:

1) Efectuar las ventilaciones contables oportunas y, posteriormente, ajustar las diferencias que pudieran surgir entre las Resultas pendientes de cobro y los saldos pendientes de cobro de la gestión recaudatoria. Adicionalmente, se recomienda que se proceda a la revisión exhaustiva de los valores pendientes de cobro a 31 de diciembre de 1989, circunstancia que permitiría efectuar la ventilación y cuadre recomendado.

2) Asimismo, que la actuación revisora profundice sobre la situación de los valores pendientes de cobro a fin de que se instruyan, a través del Recaudador, los expedientes de bajas que correspondan, con objeto de depurar las Resultas pendientes de cobro.

Se recomienda que en los expedientes de modificación de créditos se cumpla, dentro de las posibilidades de la organización administrativa municipal, lo siguiente:

1) La formación de expedientes de modificación de créditos en sus diferentes modalidades.

2) El cumplimiento de los requisitos de publicidad.

3) Que en prórroga automática de presupuesto se cumpla la normativa vigente respecto de los créditos prorrogables.

4.- INGRESOS

El análisis realizado sobre los datos reflejados en el cuadro nº 4 de la página siguiente, relativos al ejercicio 1990, permite deducir que las Transferencias corrientes (capítulo IV) suponen, sobre el total de derechos liquidados, el 45’52% frente al 54’48% del resto de los recursos.

Cabe destacar la participación en el conjunto del Estado de Ingresos, además de las Transferencias corrientes, el capítulo III (Tasas y otros Ingresos) con un 21’86%. También resulta significativo que los derechos liquidados superen los presupuestados en los capítulo I (Impuestos Directos), II (Impuestos Indirectos), III (Tasas y otros Ingresos), V (Ingresos Patrimoniales) y VII (Transferencias de Capital).

Son elevadas las cantidades pendientes de cobro de los capítulos II y III, con unos porcentajes del 22’25% y 19’45%, respectivamente.

En lo que se refiere a las diferencias más relevantes apreciadas en el área de ingresos, deben citarse:

a) Como ya expusimos en el área de contabilidad, la falta, con carácter casi general, de contracción previa de los derechos liquidados en el Libro General de Rentas y Exacciones, efectuándose un contraído/recaudado simultáneo.

b) Incumplimiento de los plazos de cobro en periodo voluntario de los ingresos tributarios. Las certificaciones de descubierto y las relaciones certificadas de deudores no han sido extendidas cuando los contribuyentes no han ingresado en los plazos correspondientes, manteniéndose de forma indefinida la recaudación en vía voluntaria.

c) Confusión en el proceso de ingresos de la Intervención y la Depositaría. Es necesario que resaltemos la necesidad de diferenciar la persona que contabiliza y la que efectúa cobros y pagos, ya que al Interventor le corresponde la contabilidad y al Depositario la realización de cobros y pagos. d) Los mandamientos de ingreso correspondientes al ejercicio 1990 figuran en su casi totalidad sin firma alguna careciendo, asimismo, de documentación soporte. 4.1 ANALISIS DE LA GESTION DE INGRESOS. Las previsiones del Presupuesto en el Estado de Ingresos se realizan en base a los ingresos presupuestados en el ejercicio anterior, únicamente matizado por la aplicación de criterios subjetivos de cálculo.

Para evaluar la gestión de ingresos municipales se ha estructurado la misma en función del sujeto gestor, de acuerdo con la siguiente doble subdivisión: Ingresos de gestión externa/Ingresos de gestión propia y, dentro de estos últimos, Ingresos tributarios/Ingresos no tributarios.

A) Ingresos de gestión externa.

Corresponden básicamente a participación en ingresos del Estado vía Fondo Nacional de Cooperación Municipal y recursos procedentes de la Ley 30/1972 (participación en arbitrios), todos ellos incluidos en el capítulo IV.

Como ingresos de gestión mixta pueden calificarse los resultados de los convenios con el Gobierno de Canarias y que suponen una financiación compartida de la inversión a realizar. B) Ingresos de gestión propia. No tributarios. En este apartado se incluyen los ingresos patrimoniales en sentido amplio (capítulos V y VI), los correspondientes a reintegros de préstamos de personal (capítulo VIII) y los procedentes del endeudamiento (capítulo IX).

Los dos primeros capítulos antes mencionados no alcanzan el 1% del total del Presupuesto (capítulos I al IX a nivel de derechos liquidados). Los ingresos procedentes del capítulo VIII representan el 0’29%, en tanto que los del IX son el 4’18%. C) Ingresos de gestión propia. Tributarios. Se diferencian dos procedimientos distintos, según se trate de ingresos liquidados por primera o única vez, o de ingresos de liquidación periódica. En el primero de los casos la liquidación se practica en base a la información aportada por el propio contribuyente en Rentas o bien a través de los expedientes tramitados para vehículos, en función de los partes diarios de alta, baja o transferencia tramitados por la Dirección Provincial de Tráfico. Las liquidaciones periódicas se practican informáticamente, si bien no lo fueron así durante todo el periodo fiscalizado. 4.2 CONCLUSIONES. Con independencia de las deficiencias ya comentadas, el análisis realizado sobre el Estado de Ingresos parece indicar que los recursos del Ayuntamiento fueron estimados, en general, con un criterio de prudencia. 4.3 RECOMENDACIONES. La estimación de los ingresos que en los años anteriores hayan dotado el Presupuesto debe realizarse en cantidad no superior a su rendimiento en el último ejercicio, con las excepciones que se produzcan de incrementos de Tarifas o Bases Impositivas.

Los derechos liquidados han de contraerse previamente y reflejarse en el libro General de Rentas y Exacciones. El momento y la forma en que se realice la contracción del derecho son determinantes del resultado de la liquidación del Presupuesto (superávit o déficit) y su inadecuación a los principios contables generalmente aceptados puede imponer la práctica de ajustes al citado resultado. Se considera que un ingreso por impuesto o tasa se ha realizado y, en consecuencia, debe contraerse contablemente cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) Nacimiento del derecho a favor de la entidad local y, simultáneamente, la obligación correspondiente a cargo de un tercero. b) Liquidación del derecho. Supone la aplicación de normas legales y reglamentarias que traducen a una cantidad líquida el importe de la obligación de un tercero respecto a la entidad local. c) Notificación de la deuda al sujeto pasivo para su ingreso en el Tesoro local. Es preceptiva, en función del artículo 79.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958 (revisada por Ley 164/1963, de 2 de diciembre), que dispone que “se notificarán a los interesados las resoluciones que afecten a sus derechos e intereses”. Asimismo, en lo relativo a materia fiscal, el artículo 124 de la Ley General Tributaria, de 28 de diciembre de 1963, establece que las liquidaciones tributarias se deben notificar a los sujetos pasivos con expresión de los elementos esenciales de aquellas, de las medidas de impugnación que puedan ser ejercidas, con indicación de plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos y del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria. Por tanto, el reconocimiento contable del ingreso debe realizarse una vez cumplidas estas tres fases: nacimiento del derecho, liquidación y notificación, que son las que dan lugar al derecho a percibir su importe. Las liquidaciones tributarias, por tanto, han de realizarse sin demora. Debe procederse a la recaudación por la vía de apremio en el momento en que finalicen los plazos en voluntaria, tal como determina el artículo 46 del Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. 5.- RECAUDACION 5.1 ORGANIZACION DE LA RECAUDACION. El servicio de recaudación durante el ejercicio 1989 fue prestado por un Recaudador, funcionario municipal, encargado de la cobranza en vía voluntaria de los siguientes valores: - Tasa por suministro de agua. - Tasa por recogida domiciliaria de basuras. Estando encargada la Delegación de Hacienda de recaudar los tributos siguientes:

- Contribución Territorial Rústica. - Contribución Territorial Urbana. - Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales. - Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y Artísticas. Teniendo asumida la Corporación directamente la recaudación del resto de los tributos recaudados.

En el ejercicio 1990 la situación continuó inalterable hasta el mes de septiembre en que la Corporación se hace cargo directamente de la cobranza de los tributos recaudados hasta ese momento por la Delegación de Hacienda así como de los de nueva exacción.

En la fiscalización de la organización de la recaudación se han detectado las siguientes deficiencias: a) En el B.O.P. de 30 de enero de 1991 la Corporación publicó el texto definitivo de las Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales establecidos en la Ley 39/1988 y cuya implantación suponía una ruptura formal respecto del sistema hasta ese momento existente. Tal ruptura formal se concretaba, desde un punto de vista instrumental, en la necesidad establecida en la Disposición Transitoria Primera de la Ley antes citada de que las entidades locales procedieran a la adopción de acuerdos para la imposición y ordenación de los distintos tributos que integran el referido sistema, actuación ésta que habían de llevar a cabo en los plazos siguientes:

1º. Acuerdos y Ordenanzas fiscales de tasas y contribuciones especiales: antes del 1 de enero de 1990.

2º. Acuerdos y Ordenanzas de precios públicos: antes del 1 de enero de 1990.

3º. Acuerdos y Ordenanzas fiscales, en su caso, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (tipos de gravamen): antes del 1 de enero de 1990.

4º. Acuerdos y Ordenanzas fiscales, en su caso, del Impuesto sobre Actividades Económicas (coeficiente de incremento e índice de situación): antes del 1 de enero de 1991.

5º. Acuerdos y Ordenanzas fiscales, en su caso, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (cuotas): antes del 1 de enero de 1990. 6º. Acuerdos y Ordenanzas fiscales del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: en cualquier momento desde la entrada en vigor de la Ley (31.12.1988). 7º. Acuerdos y Ordenanzas fiscales del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: antes del 1 de enero de 1990. Como ello no se realizó hasta la fecha indicada al principio del presente apartado y como quiera que del artículo 17.4 de la Ley 39/1988 se desprende que: 1º. Las Ordenanzas fiscales sólo entran en vigor con su publicación definitiva en el Boletín Oficial correspondiente. Este extremo resulta especialmente trascendente, si se tiene en cuenta que las normas a aplicar en la liquidación de un tributo son las vigentes en el momento del devengo de éste. En consecuencia, las Ordenanzas fiscales a aplicar en una determinada liquidación deben haber sido publicadas en el Boletín Oficial correspondiente antes del devengo del tributo de que se trate.

2º. Las Ordenanzas fiscales comienzan a aplicarse (cuestión distinta de la vigencia) en la fecha que en las mismas se señale a tal fin. 3º. Las Ordenanzas fiscales que no indiquen la fecha del comienzo de su aplicación, comenzarán a aplicarse coincidiendo con su entrada en vigor, esto es, cuando sean definitivamente publicadas en el Boletín Oficial correspondiente. Hemos de concluir que durante el ejercicio 1990 la Corporación carecía de ordenanzas fiscales por lo que durante dicho ejercicio no podían ser exigidos los tributos voluntarios siguientes: - Todas las Tasas. - Todas las Contribuciones especiales. - El Impuesto sobre Construcciones, Instala- ciones y Obras. - El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Respecto a los tributos de carácter obligatorio únicamente pudieron ser aplicados sin hacer uso, en ningún caso, de las facultades que la propia Ley confiere en orden a la determinación de los elementos necesarios para la cuantificación de las respectivas cuotas tributarias. Todo ello a pesar de que en las Ordenanzas aprobadas se menciona que su entrada en vigor es el 1 de enero de 1990, fecha ésta que es indicativa de nada teniendo en cuenta que las ordenanzas, en ningún caso, pueden tener vigencia retroactiva. b) A pesar de lo expuesto en el punto anterior, durante el ejercicio 1990 se recaudaron tributos sin existencia de Ordenanza reguladora, lo que supone la existencia de una actuación ilegal. c) Durante el ejercicio 1989 y con fecha 30 de marzo, el Pleno de la Corporación aprobó las ordenanzas fiscales referidas a dicho ejercicio, sin que consten en el expediente de tramitación de los mismos el que se hubiera cumplimentado los trámites subsiguientes, por lo que teniendo en cuenta que la Ley 7/1985 y, por virtud de la revisión que realizaba el artículo 70.2 de la citada Ley al artículo 65.2 de la misma, resultaba que, en realidad, las Ordenanzas fiscales no entraban en vigor hasta que hubieran transcurrido quince días hábiles desde la recepción en la Administración del Estado y en la respectiva Comunidad Autónoma de la comunicación del correspondiente acuerdo. Como consecuencia de ello, hemos de concluir que durante el ejercicio 1989 la Corporación, durante cierto tiempo o quizás durante todo el ejercicio, ha estado recaudando tributos en base a ordenanzas inexistentes o irregularmente aprobadas.

d) El recaudador municipal viene percibiendo, al menos desde el comienzo del periodo sujeto a fiscalización hasta la actualidad, cantidades en concepto de premio de cobranza por un importe del 5% de los derechos recaudados, hecho éste incompatible con lo establecido en el artículo 1º del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, regulador del Régimen de Retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, que determina que los mismos solo podrán ser remunerados por los conceptos retributivos establecidos en el artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, especificando:

“En consecuencia, no podrán percibir participación alguna de los tributos”. Por lo que debería proceder al reintegro de las cantidades percibidas. e) El Tesorero-Depositario no ejerce las funciones que le atribuye el Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, en cuanto a Jefe de la Recaudación, pues las liquidaciones tributarias, una vez aprobadas por el Alcalde, vuelven directamente al Recaudador sin que el Tesorero-Depositario ejerza ningún control sobre ellas. f) En la recaudación municipal no existe un adecuado control y archivo sobre las liquidaciones efectuadas y recaudadas, pues el único control existente es la copia de los mismos que se guarda en el archivo. g) No se ha localizado el acuerdo municipal de nombramiento del Recaudador municipal, ni constan antecedentes sobre la provisión de dicho puesto.

h) El Recaudador municipal no tiene constituida fianza.

i) Las entradas y salidas de valores se han realizado sin los correspondientes mandamientos, lo que ha supuesto una vulneración de lo dispuesto en el artículo 442.5 del Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

j) No se han rendido nunca las Cuentas de Recaudación por el Recaudador municipal. Este hecho ha supuesto una infracción de lo dispuesto en la Regla 186 de la Instrucción General de Recaudación y Contabilidad, aprobada por Decreto 2.260/1969, de 24 de julio.

k) No se realizan controles a los recaudadores. Esto se manifiesta tanto en la ausencia de libros de recaudación como en la no constitución de la Comisión Liquidadora. l) El Tesorero no ha rendido nunca al Pleno los estados de gestión recaudatoria, a fin de que el mismo tenga conocimiento del desarrollo del proceso recaudatorio. m) Incumplimiento de los plazos de cobros en periodo voluntario por el Recaudador municipal. n) Las liquidaciones remitidas durante 1989 y 1990 por la Delegación de Hacienda, relativos a los Tributos por ella recaudados, no fueron localizados al no tenerlos debidamente clasificados y ordenados la Corporación.

5.2 PERJUICIO DE VALORES. Como consecuencia de la inexistencia de Cuentas de Recaudación por parte del Recaudador municipal, unido a la no prestación de fianza, así como a la manifiesta falta de control del Ayuntamiento y otras debilidades de control interno, la Corporación no ha declarado nunca el perjuicio de valores en ninguno de sus grados. 5.3 CONCLUSIONES.

Durante los ejercicios objeto de fiscalización se han estado recaudado tributos que carecían de Ordenanza Fiscal reguladora. La ausencia de un sistema de control sobre la recaudación constituye la característica más importante de la organización de la misma. En consecuencia, tienen especial interés las anomalías detectadas en la situación y actividad del Recaudador y en concreto de las siguientes: - Falta de constitución de la fianza correspondiente. - No rendición de las Cuentas de Recaudación.

- Graves debilidades de control sobre el recaudador. - Las entradas y salidas de valores se han realizado sin el correspondiente mandamiento. Este hecho es extensivo a todos los valores-recibo, así como la falta de llevanza de libros auxiliares de cuentas corrientes con la recaudación.

5.4 RECOMENDACIONES. Es necesario y obligatorio la llevanza de los libros auxiliares, la rendición y comprobación de las Cuentas, la constitución de la fianza correspondiente, que las entradas y salidas de los valores-recibo se realicen a través de mandamientos, así como que las bajas de derechos pendientes de cobro sean adecuadamente controladas y aprobadas.

Debe establecerse un procedimiento formal adecuado que controle el cargo al Recaudador por cada concepto presupuestario y periodo contable (pliegos de cargo numerados y debidamente autorizados). Debe establecerse un procedimiento formal adecuado que controle las anulaciones de derechos (valores) en poder del Recaudador. Se deben controlar periódicamente los pendientes de cobro, a nivel de volumen, identificación exacta y relación con los de fechas anteriores. Se recomienda que todos los documentos susceptibles de causar derechos a favor de la Hacienda municipal, entren por el Registro General del Ayuntamiento, al objeto de garantizar que todos serán liquidados. Se recomienda, a fin de regularizar la Recaudación, la rendición de una cuenta extraordinaria de la Gestión Recaudatoria, con el fin de comprobar los saldos pendientes de cobro en dicha cuenta y los existentes en la contabilidad principal. 6.- GASTOS El análisis realizado sobre los datos reflejados en el cuadro nº 5, referido al ejercicio 1990, permite deducir que los gastos por operaciones corrientes suponen sobre el total de obligaciones liquidadas el 78’36%, frente al 21’64% de los gastos por operaciones de capital.

Cabe destacar la participación en el conjunto del Estado de Gastos, a nivel de Presupuesto preventivo definitivo, de los capítulos I (Retribuciones de Personal), II (Compra de Bienes Corrientes y Servicios) y VI (Inversiones Reales) con unos porcentajes del 36’03%, 31’98% y 17%, respectivamente.

El porcentaje de recursos que la Corporación destina a “Inversiones Reales” no es muy elevado en relación con su estructura presupuestaria. En este mismo sentido, es necesario tener en cuenta que gran parte de las inversiones (27.633.777 pesetas) no figuran en Presupuesto, pues son canalizados por VIAP. El endeudamiento a 31.12.89, obtenido con datos de la liquidación, está en un 13%, porcentaje que hemos de considerar como no demasiado elevado.

El superávit contable obtenido a 31.12.89, es en apariencia elevado; no obstante, debido a las deficiencias puestas de manifiesto a lo largo del informe, hemos de considerarlo poco significativo. En lo que se refiere a las deficiencias más relevantes apreciadas en el área de gastos deben citarse: a) Como ya expusimos en el área de sistema contable, la falta de contraído previo de las obligaciones liquidadas. En el Libro General de Gastos en las columnas correspondientes a Data (contraído) y Pagado figuran las mismas cantidades. b) La compra y suministro del material se efectúa con carácter previo al informe del Interventor no existiendo autorización del gasto, lo que da lugar a que una vez pedido el material y recibida la factura, se proceda directamente y sin más requisitos al pago.

Con el fin de que esa Corporación pueda mejorar su ejecución presupuestaria, se acompaña el siguiente flujograma en el que se refleja el circuito administrativo que debe seguir el gasto:

c) La totalidad de las funciones en el proceso de gasto y pago que corresponden a la Depositaría las realiza la Intervención, pues la primera solo existe sobre el papel al no ejercer ninguna función de las que le corresponde. Este hecho contrasta con el principio básico de cualquier sistema de control interno, en cuanto que para la existencia del mismo es necesario que exista una adecuada segregación de funciones. d) Del análisis efectuado sobre una muestra aleatoria de mandamientos de pago se desprende que los correspondientes al ejercicio 1989 se encuentran en su totalidad sin numeración alguna, careciendo la mayoría de firma, sobre todo de la del Interventor. Detectándose además que: 1.- Carecen del D.N.I. del interesado. 2.- Falta el número de registro en el Libro Diario de Intervención de Gastos, Libro Registro de Mandamientos de Pagos y Libro de Caja, todo ello como consecuencia de la inexistencia de contabilidad en el ejercicio.

3.- No consta Decreto de aprobación del gasto.

4.- En la mayoría de los casos faltan los documentos justificativos del pago.

5.- En los “A justificar” no consta la aprobación del justificante, teniendo fecha la factura en ocasiones, anterior al M.P.

6.- No consta la comprobación de la realización del servicio o recepción del material.

7.- Ausencia de requisitos formales de los documentos justificativos (cuando éstos figuran).

e) En cuanto a los mandamientos de pago correspondientes al ejercicio 1990, éstos carecen en su gran mayoría de la firma del Interventor; detectándose además que:

1.- En los mandamientos núms. 378, 379, 380, 381, 382, 398 y 399: 1.1.- Faltan las firmas del Ordenador, Interventor e Interesado.

1.2.- No consta Decreto de aprobación del gasto. 2.- En los mandamientos núms. 2, 33, 106 y 125: 2.1.- Son pagos que corresponden a 1989, cargados al Presupuesto de 1990 como consecuencia del deficiente cálculo de las Resultas a 31.12.89. 2.2.- Falta la firma del Interventor. 2.3.- Falta el Decreto de aprobación del gasto. 3.- En el mandamiento nº 134: 3.1.- Es un pago que corresponde a 1990 pero que figura cargado a Resultas de 1989. 3.2.- Falta la firma del Interventor. 3.3.- Falta el Decreto de aprobación del gasto. 4.- En los mandamientos núms. 1 y 600: 4.1.- Falta la firma del Interventor.

4.2.- Carece de los documentos justificativos del gasto/pago.

4.3.- Falta el Decreto de aprobación del gasto. 5.- En los mandamientos núms. 141, 142, 143, 144 y 145:

5.1.- Faltan las firmas del Ordenador, Interventor e Interesado. 5.2.- Falta el Decreto de aprobación del gasto. f) En el ejercicio 1989 el desconocimiento de los acreedores municipales era absoluto.

6.1 CONCLUSIONES.

En la emisión, pago y justificación de los mandamientos examinados se han observado irregularidades que afectan a deficiencias formales subsanables por la Corporación y defectos materiales no solventados por la Corporación.

El control de gastos presenta numerosas deficiencias. Esta característica también resulta de aplicación en lo que se refiere a la fiscalización formal y material del pago. Debido al erróneo sistema contable utilizado en este área, la Corporación no calcula a 31.12.89 los pendientes de pago que han de pasar a formar parte de las Resultas, no existiendo, por tanto, relación de acreedores a la fecha antes indicada. 6.2 RECOMENDACIONES. El establecimiento de un sistema basado en la contabilización de propuestas de gasto que permita realizar las compras y gastos corrientes sabiendo que existe crédito adecuado y suficiente, constituye un requisito necesario para el control del gasto. Siendo para ello necesario que las obligaciones liquidadas se contraigan previamente y se reflejen en el libro general de gastos. Por otra parte, los mandamientos de pago deben contener los justificantes que acrediten la naturaleza del gasto, así como de la aprobación del mismo.

En las facturas debe figurar la diligencia de “recibí el material y conforme” y, una vez comprobadas y registradas, se señalará en las mismas la existencia de crédito y la aplicación presupuestaria a donde haya de incorporarse. Se expedirán mandamientos de pago a justificar en el supuesto de que no sea posible obtener los comprobantes al tiempo de hacer efectivo el pago y siempre que se respeten los requisitos y formalidades establecidos en las Reglas 26 y 64 de la Instrucción de Contabilidad.

7.- RESULTAS, DEUDORES Y ACREEDORES 7.1 DEUDORES. En el ejercicio 1989, la inexistencia de registros contables imposibilitan la realización de un análisis del presente área, siendo el único hecho constatado el desconocimiento casi absoluto de los deudores municipales. En el de 1990, como consecuencia de la no contabilización del contraído previo, ya expuesta en otras áreas, la Corporación desconoce durante la ejecución presupuestaria el pendiente de cobro.

En cuanto a las Resultas de ingresos procedentes del ejercicio de 1989, se deduce que han carecido de cobro alguno durante el ejercicio de 1990 los siguientes conceptos:

Concepto Importe

Contribución urbana 3.923.938 Licencia fiscal Impuesto s/pers. físicas 8.976 Licencia fiscal del Impuesto industrial 280.889 Impuesto s/vehículo 1.418.380 Alcantarillado 495.000 No obstante, con relación a las Resultas de ingresos incorporadas al Presupuesto de 1990, como consecuencia del criterio seguido para liquidar el ejercicio de 1989, éstas son poco o nada significativas. 7.2 CONCLUSIONES. En el ejercicio 1989, la única conclusión posible sobre este área es la que se desprende de la carencia absoluta de control sobre los ingresos de la Corporación, hecho que hemos de considerar de una máxima importancia y que puede dar lugar a la incursión en responsabilidades por parte del personal encargado de su gestión. En cuanto a 1990, la Corporación, debido al sistema contable utilizado, no lleva un adecuado seguimiento y control de los pendientes de cobro. 7.3 RECOMENDACIONES. Se recomienda que se proceda a efectuar las ventilaciones contables oportunas y, posteriormente, a ajustar las diferencias que pudieran surgir entre las Resultas pendientes de cobro y los saldos a cuenta nueva de las cuentas de gestión recaudatoria, una vez que éstas sean rendidas, así como un análisis de la antigüedad de las Resultas a fin de determinar el motivo que ha impedido el que no se hayan recaudado la mayor parte de los conceptos durante 1990 y si existen cantidades de difícil o imposible recaudación. Adicionalmente, se recomienda que la Comisión Liquidadora, que debió actuar a 31 de diciembre de 1990, proceda a la revisión exhaustiva de los valores pendientes de cobro, circunstancia que permitirá efectuar la ventilación y cuadre recomendado. 7.4 ACREEDORES. En el ejercicio de 1989, al igual que en el área de deudores, la inexistencia de registros contables imposibilitan el análisis del mismo, siendo el único hecho constatado el desconocimiento de los acreedores municipales.

En el de 1990, al igual que en el apartado referido a Deudores, la no contabilización del contraído previo conlleva que la Corporación desconozca absolutamente el pendiente de pago que existe realmente aunque no figure contabilizado. Este hecho conlleva una gran confusión en la vida municipal, pues de ella puede desprenderse la inexistencia de facturas pendientes de pago cuando la realidad es totalmente diferente.

7.5 CONCLUSIONES. En 1989 el control de gastos presenta numerosas deficiencias. Esta característica también resulta de aplicación en lo que se refiere a la fiscalización formal y material del pago. En 1990, debido al erróneo sistema contable utilizado en este área, la Corporación desconoce a 31.12.89 la realidad de los pendientes de pago que han de pasar a formar parte de las Resultas.

7.6 RECOMENDACIONES.

La necesidad ya expuesta de que las obligaciones liquidadas se contraigan previamente y se reflejen en el libro general de gastos. 8.- TESORERIA 8.1 ORGANIZACION. El puesto de Tesorero de la Corporación ha sido desempeñado por un Concejal, de conformidad con el artículo 92.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Tradicionalmente, el Tesorero del Ayuntamiento no ha constituido fianza.

Los pagos son efectuados mediante pago en efectivo, cheque nominativo y transferencia bancaria. El Tesorero prácticamente no desempeña ninguna de las funciones que tiene asignadas por el Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, y que se concretan en: - el manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad local, y - la Jefatura de los Servicios de Recaudación.

a) El manejo y custodia de fondos, valores y efectos comprende:

1) La realización de cuantos cobros y pagos corresponda a los fondos y valores de la Entidad. 2) La organización de la custodia de fondos, valores y efectos de conformidad con las directrices señaladas por la Presidencia.

3) Ejecutar, conforme a las directrices marcadas por la Corporación, las consignaciones en Bancos y establecimientos análogos autorizando, junto con el Ordenador de pagos y el Interventor, los cheques y demás órdenes de pago que se giran contra las cuentas abiertas en dichos establecimientos. 4) La formación de los planes y programas de tesorería distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias de la Entidad para la puntual satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas.

b) La Jefatura de los Servicios Recaudatorios comprende: 1) El impulso y dirección de los procedimientos recaudatorios, proponiendo los medios necesarios para que la cobranza se realice dentro de los plazos señalados.

2) La autorización de los pliegos de cargo de valores que se entreguen a los recaudadores y agentes ejecutivos.

3) Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos de tal carácter y autorizar la subasta de bienes embargados. 4) La tramitación de los expedientes de responsabilidad por perjuicio de valores. 8.2 ARQUEOS.

El libro de arqueos es inexistente, tal como expusimos en el área de sistema contable, siendo los aspectos más importantes a reseñar en el presente apartado los siguientes: 1.- En el ejercicio 1989, como consecuencia de la inexistencia del libro de Caja y la no realización de arqueos mensuales, ha imposibilitado el análisis de este área. No obstante, durante el proceso de fiscalización se pudo determinar que las existencias a 31.12.89 en VIAP, obtenidas del Libro de VIAP, ascendían a 7.429.146 pesetas de metálico y siendo inexistentes las de valores, en tanto que del libro de Caja (del ejercicio 1990, a través de sus existencias iniciales) se desprende que las mismas sumaban 8.154.908 pesetas en metálico y 1.000.000 de pesetas en valores, pudiendo obedecer dicha diferencia a que en 1990 se partió con los saldos bancarios.

2.- En relación a 1990 se desprende lo siguiente:

a) La no fiabilidad de los arqueos mensuales, cuyas actas figuran sin firmas, debido a que nunca coinciden las existencias que figuran en los apartados “Presupuestos” y “Situación”, pues el primero coincide con el libro de Caja en tanto que con relación al segundo fue imposible determinar el método de cálculo.

b) Figuran nueve cuentas abiertas en entidades bancarias aunque solo hay constancia de que se solicitan extractos bancarios de cuatro de ellas debido a que los restantes no tienen movimiento durante el ejercicio, siendo su saldo a 31.12.90: Entidad nº C/C Saldo

Caja Insular de Ahorros 402 214.621 Caja Insular de Ahorros 162 10.593 Caja Insular de Ahorros 14 811 Caja Insular de Ahorros 410 93.969 Caja Insular de Ahorros 2 1.008.561 TOTAL 1.328.555

c) Escaso control de la Tesorería y más concretamente sobre las cuentas, pues la propia Corporación desconocía el que tuvieran nueve cuentas abiertas, faltando en las actas de arqueo las tres siguientes: Entidad nº C/C

Caja Insular de Ahorros 2 Caja Insular de Ahorros 330 Banco de Crédito Local —-

d) Ausencia de conciliaciones bancarias. No pudiéndose determinar con exactitud los saldos a conciliar, toda vez que la Corporación no dispone de la totalidad de los saldos bancarios, tal como ya hemos expuesto. A título de ejemplo, se encuentra en el cuadro siguiente la situación a 31.12.90:

Entidad nº C/C Sdo. Banco Sdo. Acta de Arqueo Banco de Crédito Local — 29.543.618 No consta Caja Insular de Ahorros 304 10.568 -1.816.474 Caja Insular de Ahorros 293 10.415.386 31.293.560 Caja Insular de Ahorros 330 420.170 No consta Caja Insular de Ahorros 402 No consta 214.621 Caja Insular de Ahorros 162 10.593 10.593 Caja Insular de Ahorros 14 811 811 Caja Insular de Ahorros 410 293.969 293.969 Caja Insular de Ahorros 2 1.008.861 No consta

e) La Corporación no lleva fichas de registro de las cuentas bancarias abiertas en las entidades de crédito. f) Figura una cuenta bancaria con saldo acreedor. Se deben realizar las acciones adecuadas respecto a la gestión de tesorería a fin de evitar los descubiertos en cuentas bancarias, sobre todo si tenemos en cuenta la suficiencia global de los saldos de las cuentas analizadas.

g) A la fecha de realización de la presente fiscalización (abril de 1991), figuraban en una carpeta, con la denominación “Talones sin retirar”, mandamientos de pago firmados pero sin contabilizar por un importe aproximado de 255.588 pesetas, a los que se acompañan cheques cumplimentados en todos sus apartados incluidas las firmas de los tres claveros y con una antigüedad que arranca de principios de 1990. 8.3 CONCLUSIONES.

El hecho más relevante es la inexistencia de control alguno sobre la Tesorería y que se refleja en la inexistencia del Libro Auxiliar de Bancos.

La carencia absoluta de conciliaciones bancarias a lo largo del ejercicio. La existencia de mandamientos de pago de gran antigüedad sin contabilizar, figurando cheques de gran antigüedad, aunque sean nominativos, guardados durante largos periodos en carpetas sin que se haya procedido a su anulación. Pero el hecho más relevante de todos, y que explica todos los demás, es la desorganización existente en este área de actividad municipal, que conlleva importantes debilidades de control interno. 8.4 RECOMENDACIONES. Se recomienda que, dada la inexistencia del sistema de contabilidad auxiliar de cuentas corrientes, se proceda a una revisión limitada de los saldos no conciliados que se han indicado anteriormente. Se recomienda que, para un mejor seguimiento de la contabilidad de Caja con respecto de las cuentas corrientes y con el libro de Actas de Arqueo, las conciliaciones bancarias se efectúen mensualmente coincidiendo con los arqueos ordinarios (que obligatoriamente han de realizarse) y cada vez que exista un arqueo extraordinario, debiendo quedar plasmadas las mismas en un documento firmado por el Tesorero y unido como anexo al libro de Actas de Arqueo. Se recomienda la llevanza de todos aquellos libros y registros auxiliares que sean necesarios.

En relación con las Cuentas que no tienen movimiento cabría indicar que cuanto mayor sea el número de cuentas bancarias mayor esfuerzo contable y de control se requiere para una gestión adecuada. En relación con lo anterior, el artículo 175 de la Ley 39/1988 dispone:

“La Tesorería de las Entidades Locales se regirá por lo dispuesto en el presente capítulo y, en cuanto los sean de aplicación por las normas del Título V de la Ley General Presupuestaria”. Por otro lado, el artículo 119 del Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, recomienda la cancelación de aquellas cuentas para las que se compruebe que no subsisten las razones que motivaron su apertura.

Asimismo, se recomienda la formalización de convenios de tesorería con las entidades de crédito, que determinen el régimen de funcionamiento de las cuentas, el tipo de interés a que serán retribuidas, las comisiones que se han de pagar y las obligaciones de información que asumen las entidades, todo ello con el fin de conseguir una asignación óptima de los recursos y asegurar el buen funcionamiento del servicio. Resulta necesario que el Tesorero municipal desarrolle las competencias que tiene asignadas y más concretamente las referidas a este área, pues el mismo tiene a su cargo la custodia y movimiento de fondos. En cuanto a los cheques no retirados, debe procederse a su anulación y nueva expedición en caso de ser requeridos para ello.

9.- VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO En relación con el ejercicio 1989 fue imposible realizar análisis alguno del presente área pues no se llevó contabilidad ni registro alguno de la misma.

Por tanto, centraremos nuestro análisis en el ejercicio 1990.

9.1 ANALISIS DE LAS SUBRUBRICAS. Los valores independientes y auxiliares del Presupuesto presentan los siguientes saldos a 31 de diciembre de 1990:

Del Libro de VIAP es imposible realizar un análisis por rúbricas, toda vez que no se ha respetado la clasificación por rúbricas y subrúbricas que establece la I.C., que en su Regla 61.1 determina que: “En el libro de valores independientes y auxiliares del Presupuesto se abrirán las cuentas necesarias para conocer en todo momento la situación de los propios de este grupo, enumerados en la norma 6ª de la Regla 25”.

Dicha norma indica que el grupo “Valores independientes y auxiliares del Presupuesto” comprender los valores representativos de créditos a favor de la Corporación, inscripciones y títulos de la Deuda, recibos a cobrar, retenciones, efectos de cualquier clase y fianzas y depósitos en general, incluso los tributos del Estado descontados a favor de la Hacienda Pública y la cuenta del Fondo del Servicio de Inspección de Rentas y Exacciones. A cada una de las rúbricas debe abrirse cuenta aunque en el momento de iniciarse el Libro de VIAP no haya existencias correspondientes a alguna de ellas. El hecho de que el número y denominación de las rúbricas sea cerrado no es óbice para que aquellas Corporaciones en que el volumen de operaciones lo aconseje puedan perfectamente desglosar tales rúbricas en tantas subrúbricas como sea necesario. Del análisis de las subrúbricas contenidas en el Libro de VIAP se desprende:

a) En la subrúbrica IRPF: 1) Figuran unas existencias a 31.12.89 por importe de 1.633.375 pesetas (primer asiento de 1990) y, sin embargo, el pago a Hacienda por las retenciones efectuadas en el cuarto trimestre de 1989 se eleva a 938.743 pesetas, es decir, existe una diferencia de 694.632 pesetas.

2) Los pagos a favor de la Hacienda Pública se efectuaron fuera de los plazos reglamentarios. Así, se observa que los correspondientes al segundo trimestre de 1989 se pagaron el 22 de enero de 1990, habiéndose efectuado el pago de una parte de las retenciones del 1er trimestre de 1990 el 19 de abril y el resto el 20 de julio. 3) A 31 de diciembre de 1990 no constan existencias algunas cuando debían figurar las correspondientes al cuarto trimestre de 1990. Se recomienda la realización de una depuración de los saldos desglosando las existencias registradas por fechas en las que se practicaron las correspondientes retenciones, investigando las causas de su no ingreso en los plazos establecidos y, en su caso, corrigiendo posibles errores. b) Con relación a la subrúbrica “MUNPAL” no se observa que durante el ejercicio se haya producido pago alguno a la Mutualidad, hecho que debe ser resuelto por la Corporación de forma inmediata a fin de evitar la incursión en responsabilidades derivadas de este hecho.

Asimismo, no figura ninguna entrada en VIAP en concepto de cuotas a cargo de la Corporación. En este sentido, cabe indicar que las citadas cuotas deben ser ingresadas en VIAP con carácter simultáneo al acuerdo de ordenación del pago de las nóminas del personal correspondiente a la misma mensualidad y no mantenerse en Presupuesto hasta que se produzca el ingreso en la Tesorería General, debiendo formularse por tanto la oportuna advertencia por el Interventor, que se abstendrá de intervenir la nómina en tanto no se cumpla aquel requisito. c) En la subrúbrica “Seguros Sociales”: 1) Figuran unas existencias a 31.12.90 por importe de 1.250.247 (primer asiento de 1990) y, sin embargo, el pago a la Tesorería General de la Seguridad Social por las retenciones de la cuota obrera efectuados en el último mes de 1988 se eleva a 449.616 pesetas, es decir, existe una diferencia de 800.631 pesetas entre las cantidades efectivamente retenidas y los ingresos a favor de la Seguridad Social.

2) No figura ninguna entrada en VIAP en concepto de cuotas patronales a cargo de la Corporación. En este sentido, cabe indicar que las citadas cuotas deben ser ingresadas en VIAP con carácter simultáneo al acuerdo de ordenación del pago de las nóminas del personal correspondiente a la misma mensualidad y no mantenerse en Presupuesto hasta que se produzca el ingreso en la Tesorería General, debiendo formularse por tanto la oportuna advertencia por el Interventor, que se abstendrá de intervenir la nómina en tanto no se cumpla aquel requisito. 3) A 31 de diciembre de 1990 no constan existencias algunas, cuando debían figurar las correspondientes al mes de diciembre de 1990.

d) El resto de las subrúbricas corresponden en su mayor parte a subvenciones que se han canalizado por VIAP , cuando las mismas deberían figurar en Presupuesto. El hecho de referencia provoca el que el VIAP se utilice como un Presupuesto paralelo a través del cual se canalizan ingresos y gastos que deberían figurar en el Presupuesto, siendo la finalidad perseguida con su no inclusión en el Presupuesto la de evitar los trámites que conlleva su incorporación al mismo, uno de los cuales es el conocimiento por el Pleno y otro el de su publicidad cara a los vecinos. Lo que conlleva una falta de transparencia en la gestión, amén de las irregularidades contables y presupuestarias que suponen. 9.2 CONCLUSIONES. Las retenciones por IRPF, MUNPAL y Seguridad Social se están efectuando de modo irregular, tanto en los plazos como en los procedimientos y cuantías. Además, se están canalizando a través del VIAP ingresos y gastos que no tienen tal carácter. Por ello, es necesario recordar el concepto y contenido de las operaciones extrapresupuestarias que no son otras que aquellas operaciones que se generan dentro de la técnica y gastos públicos, no afectando los mismos directamente a los ingresos previstos y los créditos incluidos en el Presupuesto pero que forman parte de la gestión de los recursos públicos. En general, se componen de partidas por cuenta ajena y partidas pendientes de valoración.

Las transacciones extrapresupuestarias se producen normalmente en conexión con alguna operación presupuestaria. Los fondos relacionados con estas transacciones están gestionados junto con los fondos presupuestarios, sin separación física de los mismos, como una extensión lógica del principio de unidad de caja. Sus movimientos y saldos han de tomarse en consideración para el adecuado cuadre de los movimientos y arqueos periódicos.

En ocasiones los importes no están representados por dinero efectivo sino avales y fianzas, que denominamos “Valores”. Pero, como ha quedado manifiestamente claro, el hecho de que se gestionan los fondos sin separación física no nos debe llevar a confundir la naturaleza de ambos que está totalmente diferenciada.

9.3 RECOMENDACIONES. Se debe observar un extremo rigor en el cálculo e ingresos de las retenciones por IRPF, MUNPAL y Seguridad Social así como con su adecuada entrada y salida de VIAP , a fin de evitar las posibles responsabilidades en que puede incurrir la Corporación en caso contrario. Debe observarse el máximo celo y diligencia a fin de evitar que se consideren como fondos extrapresupuestarios aquellos que no lo son y que por su naturaleza deben figurar en Presupuesto.

En caso de que existan saldos o remanentes de inversión no utilizados, convendría una depuración de estas existencias dando cuenta al Pleno para fijar su destino. En caso de que dichos saldos provengan de subvenciones, debería solicitarse del organismo concesionario, autorización para incorporarlos al Presupuesto Ordinario.

10.- PATRIMONIO 10.1 ASPECTOS GENERALES. En relación con el patrimonio de la Entidad se ha observado lo siguiente:

a) No se lleva el Libro de Inventarios y Balances. Hecho que incumple lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de bienes, que dispone: “En el Libro de Inventarios y Balances se reflejarán anualmente los bienes, derechos y acciones de la Entidad local y sus alteraciones, así como la situación del activo y pasivo, para determinar el verdadero patrimonio en cada ejercicio económico”. b) Con fecha 14 de septiembre de 1990 la Corporación confeccionó un nuevo inventario de bienes a fin de dar una solución al hecho de que desde 1983 no se había actualizado el hasta entonces existente, lo que había imposibilitado su aprobación por el Pleno.

c) Con fecha 1 de marzo de 1991 fue rectificado el inventario, siendo aprobado por el Pleno, una vez incorporada dicha rectificación, el día 7 del mismo mes. d) De los valores figurados en el inventario se desprende que los bienes aparecen valorados conforme a su valor actual y con el contenido básico establecido en la sección 1ª del capítulo III del Reglamento de bienes de las Entidades locales. e) No se ha podido realizar el cruce entre el Inventario y la Cuenta de Administración del Patrimonio, por la inexistencia de esta última.

10.2 CONCLUSIONES. En el ejercicio 1990 se dió solución al problema arrastrado desde 1983 de inexistencia de un inventario actualizado. El inventario confeccionado y aprobado representa adecuadamente la situación patrimonial de la Corporación, hecho que ha permitido al Pleno Corporativo el conocimiento de los bienes y derechos de titularidad municipal.

10.3 RECOMENDACIONES. Es necesario y obligatorio el que se lleve el Libro de Inventarios y Balances.

Se aconseja la conexión del Patrimonio con la contratación y las soluciones de continuidad de las rectificaciones inventariales anuales.

La Cuenta de Administración del Patrimonio debe ser elaborada y aprobada por el Pleno, a fin de que el mismo tenga conocimiento de la situación patrimonial, toda vez que el activo está constituido por todos los bienes y derechos reseñados en el Inventario físico, en tanto que el pasivo está integrado por las cantidades pendientes de amortizar de todos los créditos, préstamos o empréstitos concertados con las Entidades financieras.

11.- ENDEUDAMIENTO

11.1 ASPECTOS GENERALES. Del análisis de este área se desprenden las incidencias que se enumeran a continuación:

a) No existe control sobre este área de actividad municipal, toda vez que con fecha 8 de noviembre de 1990 la Secretaría de la Corporación certifica que:

“Mantiene solamente en vigor una operación de Tesorería por importe de 25.000.000 de pesetas”.

En tanto que del Libro General de Gastos se desprende que tienen múltiples operaciones vivas correspondientes a “Planes Insulares de Obras y Servicios” concertadas con el Banco de Crédito Local a través del Cabildo Insular de Gran Canaria, así como dos operaciones con la Caja Insular de Ahorros. Figurando además en el Libro General de Rentas una entrada por el capítulo III (Tasas y otros ingresos) por importe de 3.337.541 pesetas por un concepto denominado “Abono disposición de crédito 11-162460”. b) La única operación de crédito de la que consta la existencia de un expediente fue concertada por un importe de 10.000.000 de pesetas para la financiación de inversiones.

c) Es imposible realizar un cuadro de endeudamiento, debido a la inexistencia de registros y seguimiento de las operaciones de crédito, efectuándose la previsión presupuestaria de los capítulos III (Intereses) y IX (Variación de pasivos financieros) mediante las comunicaciones del Cabildo Insular acerca de los importes anuales de capital e intereses que corresponde abonar a la Corporación.

d) No contabilización del contraído previo del pago de intereses y capital de las operaciones de crédito, aun siendo datos conocidos desde la comunicación del Cabildo Insular.

e) La presupuestación ineficiente de los créditos necesarios para hacer frente a los gastos derivados de las operaciones en vigor.

f) La imposibilidad de definir un flujograma sobre el proceso de endeudamiento pues no existe un procedimiento establecido; lo único que se pudo constatar es que la autorización para la concertación de las operaciones de crédito corresponde al Pleno, en tanto que todo lo relativo a gestión y concertación queda asignado al Alcalde.

g) No se espera a la aprobación del Presupuesto del ejercicio para la concertación de las operaciones de crédito.

11.2 CONCLUSIONES. La principal conclusión es la manifiesta falta de control sobre las operaciones de crédito vigentes que se refleja en la inexistencia de un libro o registro de las mismas y la no definición de un flujograma de este tipo de operaciones.

El desconocimiento acerca del verdadero grado y nivel de endeudamiento, como consecuencia de la inadecuada contabilización de las obligaciones adquiridas por la Corporación.

La limitación motivada por la no circularización a las entidades de crédito nos impide emitir una opinión sobre la razonabilidad del nivel de endeudamiento de la Corporación. 11.3 RECOMENDACIONES. Deben emprenderse acciones para fortalecer el control interno, a fin de que la Corporación pueda llevar un control y seguimiento adecuado de las operaciones vigentes. Se recomienda una circularización de todas las entidades bancarias con las que se mantengan operaciones de crédito vigentes y en su caso el Cabildo Insular (créditos de Planes Insulares de Obras y Servicios), a fin de calcular el volumen exacto del endeudamiento, mediante la determinación de las operaciones de crédito vivas, formando asimismo una tabla de amortización para cada una de ellas. Se recomienda que en los Presupuestos anuales se incluya un cuadro de deuda viva con un desglose suficiente que permita determinar el total de la anualidad, separando intereses del ejercicio y amortización del principal.

Se recomienda que se cumpla el principio del devengo respecto de los contraídos de obligaciones del ejercicio y el de anualidad presupuestaria para todas las operaciones de crédito.

12.- CONTRATACION

12.1 ANTECEDENTES. Tanto la Ley como el Reglamento de Contratos del Estado, en los artículos 110 y 111 de la primera y 332 a 339 del segundo, regulan el Registro de Contratos que permita a la Administración el exacto conocimiento de los por ella celebrados así como de las incidencias que origine su cumplimiento. El Registro referido parece regulado para el control y conocimiento de los contratos de la Administración del Estado y así se deduce de lo dispuesto en el artículo 110.10 del Real Decreto 3.046/1977, de 6 de octubre, cuando prescribe que en dicho Registro no se inscribirán los de las Corporaciones Locales.

En el ámbito Local, el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, de 9 de enero de 1953, regulaba y aun regula el “Libro Registro de Contratación” como documento público fehaciente, en el que tenían que inscribirse todas las plicas que se presentaran en los contratos que se fueran a celebrar en forma de subasta, concurso-subasta y concurso, pareciendo lógico que también pudieran anotarse las consultas a realizar en la contratación por concierto directo a que hacen referencia los artículos 117.2 del Real Decreto 3.046/1977 y 118 del Reglamento de Contratos del Estado.

Ante la inexistencia en la Corporación objeto del presente informe de los registros anteriormente expuestos así como la carencia incluso de un archivo adecuado referido al año objeto de fiscalización, fue del todo imposible obtener ningún expediente de contratación y ni tan siquiera una relación de los mismos. No obstante, con la finalidad de obtener un acercamiento a la realidad municipal en cuanto al número de obras y suministros realizados, se acudió como base documental de carácter indirecto a los libros de Contabilidad y, dentro de ellos, al General de Gastos, capítulos II y VI, y al de valores independientes y auxiliares del Presupuesto.

Como sistema investigador complementario y lógico se acudió al contacto directo con aquellas personas responsables de la contratación administrativa, con la finalidad de conocer las prácticas y usos administrativos seguidos para el control interno de contratos.

La conclusión más importante a la que se llegó, después de dicho análisis, es que la Corporación durante el ejercicio 1989 no formalizó expedientes de contratación de ningún tipo.

Por tanto, vamos a centrar nuestro análisis en el ejercicio 1990.

12.2 CONTRATOS DE OBRAS.

El objetivo en este área, y en relación al presente apartado, era la fiscalización de aquellos contratos que se adjudicaron durante 1990 o se ejecutaron en dicho ejercicio aunque no fueran adjudicados durante el mismo.

En los contratos que se reflejan a continuación se ha observado, al analizar las actuaciones previas, que carecen de trámites preceptivos, entre otros el de Pliegos de condiciones económico-administrativas, pues el que se acompaña es el aprobado con carácter general por la Corporación pero sin adaptar a las características de la obra concreta y figurando muchas de las cláusulas en blanco, así como tampoco consta el informe del Secretario-Interventor relativo a la fiscalización del gasto y la existencia de crédito.

Resulta significativo que las adjudicaciones fueran realizadas directamente cuando en todos los casos el importe de licitación excedía del 5% de los recursos ordinarios, pues la razón de ser de los límites establecidos para la contratación directa radica en las características de la Corporación que tramita el expediente. La contratación directa de las obras se ha basado en la declaración de urgencia de esas obras. En la documentación facilitada no se ha apreciado justificación alguna que fundamente esa declaración de urgencia.

No se tiene constancia que la adjudicación de las contrataciones analizadas haya sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. No se tiene constancia de la presentación de aval por los adjudicatarios en las contrataciones siguientes: 1. “Instalación de alumbrado público en diversas zonas del municipio de Firgas”. 2. “Reasfaltado y asfaltado de diversas calles del municipio, primera fase”. 3. “Red de alcantarillado del municipio, segunda fase”. Como consecuencia de la investigación indirecta llevada a cabo se obtuvieron los siguientes datos:

DEL LIBRO DE VIAP

OBRAS CANALIZADAS POR VIAP Denominación Importe entradas Importe salidas de la obra Pavimentación pista polideportivo 550.000 —— Casa Consistorial 3.500.000 —— Reparaciones viales casco de Firgas 4.000.000 —— Obras RAM colegios 2.250.000 —— Retribución viviendas rurales 2.100.000 —— Rep. infraviviendas 1.500.000 —— Remodelación Casa Cultura 1.527.235 1.267.720

TOTAL 15.427.235 1.267.720

Detectándose en el Libro General de Gastos la existencia de obras en curso durante el ejercicio 1990.

Siendo estos datos indicativos de la existencia de obras iniciadas bien en el ejercicio 1989 o 1990 que carecen de expediente alguno.

En relación con las obras ejecutadas por la propia Administración, deberían haberse formalizado los contratos de suministro correspondientes a la adquisición de materiales, primeras materias y, en general, de todos los elementos elaborados que sean precisos para la ejecución de las obras, siempre que correspondan a bienes adquiridos a un mismo suministrador por un importe superior a 250.000 pesetas.

12.3 SUMINISTROS.

Durante el ejercicio 1990 no se formalizó ningún expediente de adquisición de suministros. No obstante, del Libro de “VIAP” y del General de Gastos se deducen los siguientes datos obtenidos de la investigación indirecta llevada a cabo:

DEL LIBRO DE VIAP

SUMINISTROS CANALIZADOS POR VIAP

(En pesetas)

Denominación Importe de entradas Importe de salidas “Adquisición paquetes” 50.000 50.000 “Equipamiento consultorio local” 2.061.037 —- “Equipamiento” 500.000 —- “Adquisición telares y horno eléctrico 750.000 —-

TOTAL 3.361.037 50.000 DEL LIBRO GENERAL DE GASTOS

(En pesetas) Denominación Pagado

“Material y utensilios” 251.600 “Adquisición vehículo” 2.134.792 “Suministro material instalación ordenadores” 314.286 “Suministro hormigón para la obra del Parque Fontana Roca” 286.650 “Adquisición de palmeras” 420.000 “Suministro material de la obra de balaustrados calle 18 de Julio y Plaza San Roque” 1.816.208 “Instalación eléctrica y fronteras movimiento de agua” 2.398.329 “Suministro material para reparaciones en la red general agua" 304.299 “Suministro material servicio municipal abastecimiento agua” 512.301 “Suministro material eléctrico Parque Fontana Rosa y obras” 388.525 “Suministro material para servicio norte mantenimiento del servicio de agua” 623.459 “Mobiliario oficina para despacho de secretaría” 306.685

TOTAL 9.757.134

12.5 CONCLUSIONES. En el ejercicio 1989 no se formalizó expediente alguno. Durante 1990 se han formalizado algunos expedientes, aunque éstos carecen de determinados trámites administrativos. Asimismo, es necesario manifestar la falta de control interno en la Corporación, hecho éste que imposibilita determinar algo tan elemental como es el número de obras y adquisiciones efectuadas por la Corporación. 12.6 RECOMENDACIONES. El Ayuntamiento debe ajustarse en materia de contratación a lo dispuesto en el capítulo III del Título VI, del Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y demás normas aplicables. Las formalidades y procedimientos de contratación reglamentarios resultan sustantivos cuando al tratarse de una Corporación local se administran fondos públicos. En relación con todo lo anteriormente expuesto, es necesario recordar lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento General de Contratos del Estado, al prohibir expresamente la contratación verbal en la ejecución de obras y hacer personalmente responsables a las autoridades y funcionarios que contratan con los empresarios de los pagos derivados del negocio irregular, así como los artículos 208 y 237 del mismo Reglamento al extender su aplicación a los contratos de gestión de servicios públicos y suministros.

Se recomienda se efectúe una revisión limitada en VIAP conjuntamente con los capítulos II y VI de la estructura presupuestaria para determinar el total de obras y suministros.

Se recomienda que las rúbricas de VIAP se ajusten en cuanto a su denominación y funcionamiento a la normativa vigente, especialmente en el sentido de que las inversiones operen a través del Presupuesto ordinario, utilizando las técnicas de los créditos ampliables y generados.

13.- PERSONAL 13.1 PLANTILLA DE PERSONAL.

La plantilla estuvo compuesta, durante los ejercicios objeto de fiscalización, por el siguiente personal:

FUNCIONARIOS

Denominación del puesto Grupo Número 89 90

Secretario-Interventor A 1 1 Aparejador Municipal B 1 1 Auxiliar Admón. Gral. D 3 3 Policía Municipal D 4 7 Conserje Colegio D 1 1 Limpiadora Colegio D 1 1 Celador de Agua D 1 1 Maestro de Obras D 1 1 Subalterno E 1 1

TOTAL 14 17

PERSONAL LABORAL

Denominación del puesto nº 1989 nº 1990

Auxiliar Admtvo. no consta 1 Peón ordinario no consta 4 Oficial segunda no consta 1 Subalterno no consta 1 TOTAL 7 PERSONAL EVENTUAL

Denominación del puesto nº 1989 nº 1990

Secretaria no consta 1 Auxiliar Admtvo. no consta 2 Asistente Social no consta 1 Animador Cultural no consta 1 Oficial 1ª no consta 1 Oficial 2ª no consta 2 Peón no consta 3 TOTAL 11 13.2 ASPECTOS GENERALES. En la fiscalización de este área se han detectado las siguientes anomalías: a) No existe registro de personal, lo que conlleva la inexistencia de expedientes individualizados de personal donde figuren las circunstancias y vicisitudes profesionales de los mismos. En este sentido, es necesario manifestar que el artículo 15.1 del Real Decreto 1.405/1986 establece la obligatoriedad de constitución por las Administraciones Públicas de los Registros de Personal, añadiendo en su punto 2 que cuando las Entidades locales no cuenten con suficiente capacidad financiera o técnica para su constitución las Comunidades Autónomas y Cabildos cooperarán en el mismo.

b) Durante los ejercicios 1989 y 1990 no hubo oferta de empleo público, lo que está en contradicción con lo dispuesto en el artículo 91.1 de la Ley 7/1985, que dispone: “Las Corporaciones Locales formularán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal.”

Añadiendo el artículo 128.1 del Real Decreto-Legislativo 781/1986 que la aprobación y publicación será en el plazo de un mes desde la aprobación del Presupuesto. Estos artículos responden a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 30/1984, como precepto de carácter básico y puede entenderse como un primer paso en virtud del cual, una vez aprobado el Presupuesto de la Corporación para el ejercicio económico correspondiente, las plazas dotadas en plantilla, tanto de personal funcionario como laboral, que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existente constituirán la oferta de empleo público de cada Corporación, en la que figurarán tanto las plazas de nuevo ingreso como las que deban ser cubiertas por el sistema de promoción interna.

Resulta extraño que, a pesar de este hecho, en el ejercicio 1990 se produzca un incremento de efectivos reales en 3 policías municipales integrados durante dicho ejercicio en plantilla como funcionarios.

c) La relación de puestos de trabajo correspondiente a funcionarios que se acompañaba al Presupuesto de 1990 muestra múltiples errores aritméticos, toda vez que las sumas por filas y columnas están mal resueltas; a título de ejemplo, en el “Total anual” se hace constar la cantidad de 24.451.525 pesetas, cuando la cifra que resulta del cálculo aritmético es 25.173.053 pesetas. d) Por otra parte, en dicha relación no se hacen constar los niveles asignados a los puestos de trabajo correspondientes a tres auxiliares administrativos.

Estando clasificado el Ayuntamiento de Firgas como de tercera categoría (como ya hemos expuesto), a efectos de clasificación de los puestos de trabajo, el nivel máximo de complemento de destino asignable es el contemplado en la columna “C” de anexo II del Real Decreto 25 de abril de 1986.

Este límite que fue aplicado prácticamente a toda la plantilla, no lo fue en el caso del Secretario-Interventor y de la Policía Municipal, a los que se aplicó, respectivamente, los niveles 22, 10 y 8, correspondientes a los niveles máximos en Ayuntamientos de 2ª categoría.

Asimismo, el Secretario-Interventor figura clasificado en el Grupo A cuando, según el artículo 22.c) del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, debería figurar incluido en el Grupo B. e) Los mandamientos de pago de nóminas no acompañan como soporte justificativo estas últimas, figurando exclusivamente el mandamiento sin soporte alguno. f) El Tesorero de la Corporación percibe 40.000 pesetas mensuales en concepto de dietas y gastos de desplazamiento que no siempre están justificados en su totalidad y que más bien parecen una especie de gratificación, toda vez que no suponen indemnización alguna por gastos ocasionados, tal como establece el artículo 13.5 del Real Decreto 2.568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades locales.

Este mismo hecho es, asimismo, aplicable a los Tenientes de Alcalde que perciben esta gratificación con igual carácter. 13.3 CONCLUSIONES. Las debilidades de control interno detectadas en otras áreas de fiscalización aparecen también en ésta y se reflejan en la no existencia de un registro de personal que sirva de base para la reclamación de las retribuciones, así como en la confusión existente acerca de los complementos de destino asignados. Se aplican inadecuadamente las indemnizaciones.

13.4 RECOMENDACIONES. Se debe crear un registro de personal adecuado que garantice un conocimiento actualizado y fidedigno del personal al servicio de la Corporación. Las vacantes contempladas en la plantilla presupuestaria deben ser ofrecidas anualmente dentro de la oferta pública de empleo. Se deben aplicar las indemnizaciones a la finalidad para la que están destinadas.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de octubre de 1991.- El Presidente, Antonio Márquez Fernández.

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