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El artículo 29.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que la actuación administrativa se desarrollará con arreglo a normas de economía, celeridad y eficacia.
Siguiendo esa línea de actuación, se hace preciso arbitrar las medidas necesarias para conseguir la mayor eficacia, mediante la técnica de la delegación de facultades en los distintos Centros Directivos y Organos de esta Consejería, con adaptación a las necesidades actuales de los distintos servicios y a la vigente estructura orgánica de la misma.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, en sus artículos 29 y 31, y teniendo en cuenta, además, lo establecido en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública, en sus artículos 14.c) y 102.2 y lo dispuesto en el artº. 9 del Decreto 147/1991, de 17 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias,
D I S P O N G O:
Primero.- Delegar en el Viceconsejero de Asuntos Sociales:
- La facultad de autorizar y disponer los gastos, que se originen por necesidades de funcionamiento de la Viceconsejería de la que es titular, hasta una cuantía de setenta y cinco millones (75.000.000) de pesetas.
Segundo.- Delegar en el Secretario General Técnico y Directores Generales: - La facultad de autorizar y disponer los gastos que se originen por necesidades de funcionamiento de los Centros Directivos de los que son titulares, hasta una cuantía de veinticinco millones (25.000.000) de pesetas.
Tercero.- Delegar en el Secretario General Técnico:
- La facultad de autorizar y disponer gastos de personal del Departamento sin límite de cuantía.
Cuarto.- Las delegaciones contenidas en los apartados primero y segundo de la presente Orden llevan aparejadas, igualmente, las facultades que la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento atribuyen al órgano de contratación.
Quinto.- La delegación de facultades a que se refiere la presente Orden, se entiende sin perjuicio de las potestades de revocación y avocación por el titular del Departamento.
Sexto.- En las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la presente delegación se hará constar expresamente esta circunstancia, entendiéndose dictada por el Consejero delegante a los efectos del régimen de recursos.
Séptimo.- Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en cuanto se opongan, contradigan o sean incompatibles con la presente, y en particular:
- Orden de 24 de septiembre de 1987, por la que se delegan atribuciones para la disposición de gastos en la Secretaría General Técnica, Direcciones Generales y Territoriales del Departamento.
- Orden de 28 de marzo de 1988, por la que se amplían las facultades delegadas en el Secretario General Técnico para la disposición de gastos del Departamento.
Octavo.- La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, a 12 de agosto de 1991.
EL CONSEJERO DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES, Julio Manuel Pérez Hernández.
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