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Resultando que, con fecha 8 de noviembre de 1990, se presentó el expediente administrativo relativo a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria, y que con fecha 9 de mayo fue informado por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en el sentido de suspender la aprobación definitiva. Considerando que el expediente contiene a juicio de la Ponencia Técnica determinadas deficiencias que deben ser subsanadas y de que se trata de la modificación de una determinación del Plan General incursa en un contencioso-administrativo sobre la que no ha recaído Sentencia firme.
Vistos los informes emitidos, el Texto Refundido de la Ley del Suelo, el Decreto 16/1986, de 24 de enero, y demás normas de general y pertinente aplicación,
D I S P O N G O:
Suspender la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito de la calle Federico León frente a la calle León y Castillo, hasta tanto se pronuncien los Tribunales competentes sobre el contencioso-administrativo interpuesto contra esta determinación del Plan General de Ordenación Urbana, y se subsanen las siguientes deficiencias:
1ª) Se deberá recoger en el documento la indemnización por revisión anticipada del planeamiento urbanístico establecida en el artº. 87.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.
2ª) Se deberá extender el ámbito de la Ordenanza C J desde la calle Federico León al borde norte de la parcela de las Oficinas Municipales, modificación que deberá ser introducida en el plano correspondiente de Suelo Urbano del Plan General de Ordenación, evitando la dispersión de la normativa aplicable.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y contra su desestimación cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la desestimación del recurso de reposición, si éste fuera expreso, o un año si fuera por silencio administrativo negativo, en virtud del artº. 52 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 1991.
EL CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL, Augusto C. Menvielle Laccourreye.
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