Recibida en esta Audiencia de Cuentas la documentación del ejercicio económico de 1989 que expresamente se había solicitado, a excepción de la que se relaciona en cada uno de los apartados del presente informe, y una vez realizado su examen formal, referido a la situación del último día del ejercicio y únicamente en base a la información que de la misma se desprende, se observa lo siguiente:
A) En relación con la Cuenta del Presupuesto.
1.- Las modificaciones presupuestarias han producido un déficit en el Presupuesto definitivo, lo que implica que las modificaciones en el total del Estado de Gastos no se han financiado con las correspondientes modificaciones en el Estado de Ingresos. Hecho éste necesario para justificar los mismos, siempre que no se trate de aplicar el superávit disponible de la liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior (artículo 158.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre).
Como consecuencia de ello y ante el déficit de 4.217.844 pesetas con que se liquidó el Presupuesto de 1989, el de 1990 debió ser inicialmente aprobado con un superávit por el mismo importe, lo que no se ha producido en el caso de esa Corporación, pues el mismo fue aprobado con equilibrio contable.
2.- En Resultas se han liquidado derechos por importe inferior en 8.839.548 pesetas a la previsión definitiva, lo que evidencia la existencia de bajas de derechos previamente reconocidos, lo cual implica, necesariamente, que la Corporación habrá tramitado los oportunos expedientes de baja.
3.- Son muy elevadas las cantidades pendientes de cobro, en particular aquellas que en el Estado de Ingresos se refieren a los capítulos 0, II, III, IV, VII y IX, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.
En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Ingresos, dicho pendiente de cobro representa un 38,15% de los derechos liquidados. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda, en base a lo dispuesto en el artículo 172.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, un análisis de la antigüedad de las Resultas a fin de determinar el motivo que ha impedido el que no se hayan recaudado en su mayor parte durante 1989, así como si existen o no cantidades de difícil o imposible recaudación.
4.- Son elevadas las cantidades pendientes de pago, en particular aquellas que en el Estado de Gastos se refieren a los capítulos 0, II, III, IV, VI, VII y VIII, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.
En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Gastos, dicho pendiente de pago representa un 34,88% de las obligaciones liquidadas. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda, al igual que en el punto anterior, un análisis de las Resultas.
5.- El porcentaje de recursos que la Corporación destina a "Inversiones Reales" es alto en relación con su estructura presupuestaria, aunque se encuentra en su mayor parte (63,78%) pendiente de pago, tal como expusimos en el punto 4.
En relación con lo anterior, es de destacar como positivo que la inversión/habitante supera en 15.483 pesetas a la presión fiscal, pues ello implica que cada vecino recibe vía inversiones un importe superior en dicha cuantía a los tributos que abona a la Corporación.
6.- El endeudamiento a 31.12.89, obtenido con datos de la propia liquidación y sin exclusión de las operaciones de Tesorería, está en un 8%, lo que implica que los créditos que se destinan a cargas financieras son moderados.
7.- Se ha obtenido un nivel muy alto de liquidación presupuestaria por lo que hace referencia a la liquidación de derechos y obligaciones, aunque unos y otras se encuentran, en gran parte, pendientes de cobro y pago, respectivamente.
8.- Las obligaciones reconocidas por el Pleno sin existencia de dotación presupuestaria ascienden a un importe de 8.274.636 pesetas, importe éste que hemos de considerar demasiado elevado, toda vez que la vía de reconocer obligaciones sin dotación presupuestaria que deja abierta el artículo 23.1.e) del Real Decreto-Legislativo 781/1986 debe ser utilizada únicamente con carácter excepcional, pues su empleo implica el no respeto a las cantidades limitativas aprobadas para los distintos conceptos del Presupuesto de Gastos. Por tanto, su utilización debe ser restringida y limitada al ámbito de los gastos extraordinarios.
En este mismo sentido, es recomendable que cuando el hecho de referencia se produzca se proceda inmediatamente, si ello fuera posible, a realizar la oportuna modificación de créditos a fin de solventar con la mayor celeridad dicha situación, en lugar de esperar a su inclusión en el Presupuesto del ejercicio siguiente.
9.- Con relación al volumen del Presupuesto, el déficit obtenido a 31 de diciembre no es muy elevado; además, teniendo en cuenta lo expuesto en el punto 3, en caso de que se produjeran bajas, anulaciones o fallidos sobre el importe pendiente de cobro, podría éste incrementarse.
10.- No se ha remitido el expediente de tramitación de la cuenta del Presupuesto, por lo que no consta la aprobación de la misma por el Pleno. Lo que incumple de forma importante lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley 39/1988.
B) En relación con la Cuenta de Administración del Patrimonio.
1.- En la cuenta no consta la documentación siguiente:
a) Justificativa del activo:
a.1. Relación sucinta de bienes y derechos al empezar el ejercicio.
a.2. Relación sucinta de los aumentos de activo.
a.3. Relación sucinta de las bajas del ejercicio.
b) Justificativa del pasivo:
b.1. Relación sucinta de préstamos y gravámenes que comprende los "Cargos y empréstitos al comenzar el año". b.2. Relación sucinta de los aumentos de pasivo.
b.3. Relación sucinta de las amortizaciones del ejercicio.
Imposibilitando este hecho el poder realizar un análisis de la cuenta, por lo que se solicita que en próximos ejercicios se resuelva el hecho de referencia.
2.- En el "Resumen" de la relación de préstamos y gravámenes figuran unas amortizaciones por importe de 869.428 pesetas, en tanto que en la liquidación del Presupuesto, dentro del capítulo IX (Variación de Pasivos Financieros) del Estado de Gastos, figuran unas obligaciones liquidadas por importe de 2.711.869 pesetas, con unos pagos líquidos de 2.220.314 pesetas. Siendo la única explicación razonable el que dicha diferencia obedezca a las operaciones de crédito correspondientes a los "Planes insulares de obras y servicios".
3.- No se ha remitido el expediente de tramitación de la cuenta.
En este sentido, es necesario manifestar la importancia de la aprobación de la misma por el Pleno de la Corporación, pues constituye el ejercicio más importante que la Ley encomienda al Pleno, al disponer que le corresponde:
"El control y fiscalización de los Organos de Gobierno" {REF artículos 22.2.a) y 33.2.e) de la L.B.R.L. y 50.2 y 70.2 del R.O.F.}.
Por tanto, se encomienda que se regularice la situación lo más pronto posible.
C) En relación con las cuentas de Tesorería.
1.- En el acta de arqueo figura como una sola cuenta abierta en CajaCanarias lo que, en realidad, son tres.
En este sentido, se recuerda la necesidad de que los estados contables reflejen fielmente la realidad económico-financiera, pues el hecho de referencia induce a confusión sobre los verdaderos importes a incorporar.
2.- Figura una existencia final en "Metálico" de VIAP por importe de 5.723.072 pesetas. Este importe ha de corresponder normalmente, entre otros conceptos, a las retenciones por IRPF del último trimestre, así como a las cuotas de la MUNPAL y, en su caso, a las de la Seguridad Social.
Sin embargo, de la cuenta de VIAP remitida se desprende que se están contabilizando como valores extrapresupuestarios gran cantidad de ingresos y gastos que no tiene tal carácter a fin de evitar las formalidades que conlleva su incorporación al Presupuesto del ejercicio, lo que provoca el que el importe citado al principio del presente apartado se encuentre integrado en gran parte por cantidades que deberían ser incluidas en el Presupuesto. En este sentido, convendría una depuración de estas existencias dando cuenta al Pleno para fijar su destino. Para el caso de los saldos o remanentes de inversión no utilizados que provengan de subvenciones, debería solicitarse del organismo concesionario autorización para incorporarlos al Presupuesto.
3.- En el apartado "Presupuestos" figuran unos "Ingresos desde dicho arqueo" por importe de 23.632.638 pesetas y unos "Pagos desde dicho arqueo" por importe de 33.641.736 pesetas, entendiendo por arqueo anterior el ordinario mensual celebrado el 30 de noviembre de 1989. Estas cifras representan, respectivamente, un 11,68% y un 16,77% de los ingresos y pagos totales del ejercicio que figuran en las columnas "Recaudación líquida" y "Pagos líquidos" de la liquidación del Presupuesto. Por consiguiente, dada su excesiva concentración en el mes de diciembre, se recomienda que, en lo posible, se intente una distribución más uniforme de los ingresos y pagos a lo largo del ejercicio.
4.- Los saldos bancarios han de justificarse o bien con una certificación del saldo a 31 de diciembre expedida por persona autorizada de la entidad bancaria o bien con el extracto bancario de la cuenta del que resulten indudables la titularidad del Ayuntamiento y el saldo a la fecha citada.
5.- No se acompaña ningún documento de conciliación de saldos bancarios ya que se supone que deben de coincidir los saldos bancarios con los contables. Este hecho resulta singular porque lo más frecuente es que no coincidan a causa de la existencia de partidas en tránsito en ambas direcciones, además de otra información desconocida o imprecisa en el momento del cierre de las operaciones. Cabe indicar que en el acta de arqueo han de figurar los saldos que resultan de la contabilidad del Ayuntamiento, los cuales se harán coincidir con los bancarios mediante las oportunas conciliaciones.
6.- No se ha remitido el expediente de tramitación de las cuentas.
La no rendición de las cuentas de Tesorería incumple lo dispuesto por la Regla 84 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales, al establecer ésta que los Depositarios rendirán, en los quince primeros días de cada trimestre, cuenta de caudales correspondiente al anterior, a la que servirán de base las relaciones de cargo y data, sin unir los mandamientos. D) En relación con la cuenta de VIAP.
1.- Como ya expusimos en el punto 2 del apartado referido a Tesorería, de la cuenta de VIAP remitida se desprende que se están canalizando a través de la misma ingresos y gastos que no tienen tal carácter. Por ello es necesario recordar el concepto y contenido de las operaciones extrapresupuestarias que no son otras que aquellas operaciones que se generan dentro de la técnica y operativa de la contabilidad y liquidaciones de ingresos y gastos públicos, no afectando las mismas directamente a los ingresos previstos y los créditos incluidos en el Presupuesto, pero que forman parte de la gestión de los recursos públicos. En general, se componen de partidas por cuenta ajena y partidas pendientes de aclaración.
Las transacciones extrapresupuestarias se producen normalmente en conexión con alguna operación presupuestaria. Los fondos relacionados con estas transacciones están gestionados junto con los fondos presupuestarios, sin separación física de los mismos, como una extensión lógica del principio de unidad de caja. Sus movimientos y saldos han de tomarse en consideración para el adecuado cuadre de los movimientos y arqueos periódicos.
En ocasiones, los importes no están representados por dinero efectivo sino por avales y fianzas, que denominamos "Valores".
Pero, como ha quedado manifiestamente claro, el hecho de que se gestionen los fondos sin separación física no nos debe llevar a confundir la naturaleza de ambos que está totalmente diferenciada.
2.- En relación con el punto anterior, del análisis de la Rúbrica "Operaciones diversas" se desprende la existencia de entradas y salidas correspondientes a diversos conceptos, sobre todo subvenciones. La inclusión en VIAP de dichos conceptos es totalmente irregular, pues no se trata de valores extrapresupuestarios, sino de valores plenamente presupuestarios y que como tal deberían figurar en el Presupuesto, pues su no inclusión en el mismo parece una falta de transparencia ante el Pleno de la Corporación, así como el que el Presupuesto no se ajuste a la realidad y provoque confusión acerca de las verdaderas cifras que deben figurar en él.
3.- No se ha remitido el expediente de tramitación de la cuenta.
La no aprobación de la cuenta de VIAP por el Pleno supone el incumplimiento de lo establecido en la Regla 85 de la Instrucción de Contabilidad y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, con lo que ello conlleva, de no ejercicio de la atribución más importante que la Ley le encomienda. E) En relación con las cuentas de recaudación.
1.- Del modelo ACC/6 (Recaudación por recaudador) se desprende que el recaudador es persona ajena a la Corporación, ligada a la misma por un contrato. En este sentido, es necesario manifestar que la Ley 7/1985 en su artículo 92.3.b) establece que la recaudación es una función cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios, lo que imposibilita el que esa Corporación pueda continuar en la situación actual. Se recomienda el que se proceda, a la mayor brevedad posible, a poner en manos de un funcionario la gestión recaudatoria.
2.- Se observa que alguno de los tributos recaudados carece de Ordenanza Fiscal reguladora, como demolición de obras y multas de tráfico.
En este sentido, es necesario recordar que los límites de la potestad de las Entidades locales para decidir la imposición de sus tributos propios, esto es, la aplicación de dichos tributos en su respectivo ámbito territorial, están fijados en el artículo 15 de la Ley 39/1988, precepto éste que parte de la distinción entre tributos locales de carácter potestativo, por un lado, y tributos locales de carácter obligatorio, por otro. a) Respecto de los tributos de carácter potestativo o voluntario, la potestad de las Entidades locales para decidir su imposición es absoluta, de suerte tal que dichos tributos no podrán ser exigidos si previamente no ha sido acordada su imposición mediante la correspondiente Ordenanza Fiscal.
b) Respecto de los tributos de carácter obligatorio, la potestad de las Entidades locales para decidir su imposición es nula. En consecuencia, dichos tributos tienen que ser exigidos, necesariamente, sin precisar acuerdo alguno de imposición.
No obstante, las Entidades locales (municipios) sí tienen una cierta capacidad de decisión en el ámbito de los tributos (impuestos) de carácter obligatorio, capacidad ésta que se refiere a la posibilidad de fijar los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias.
3.- Solo se ha remitido una cuenta de la gestión recaudatoria, que incluye valores-recibos y valores-certificaciones de descubierto, correspondiente al periodo 1981/89. Cuando en realidad se debían haber remitido dos cuentas diferentes, una por valores-recibos y otra por valores-certificaciones de descubierto, de acuerdo con lo establecido en la Regla 187 de la Instrucción General de Recaudación y Contabilidad aprobada por Decreto 2.260/1989 y el artículo 3.1 del Decreto 3.697/1974, de 20 de diciembre (B.O.E. nº 23, de 27.1.75). En relación con lo anterior, la aprobación de dichas cuentas corresponde, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, al Pleno de la Corporación.
4.- La cuenta valores-recibos y valores-certificaciones de descubierto, rendida por el recaudador municipal al 31.12.89, no se adapta al formato establecido por la Regla 188 de la Instrucción General de Recaudación y Contabilidad, aprobada por Decreto 2.260/1969.
5.- En la cuenta rendida se observa que se ha producido un ingreso en voluntaria por suministro de agua correspondiente al año 1988, cuando dichos valores debían estar en su totalidad en vía ejecutiva. A este respecto, se recuerda lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento General de Recaudación (Decreto 3.154/1968), en lo que se refiere al plazo de ingreso en periodo voluntario de deudas por recibo.
6.- Figuran valores pendientes de cobro correspondientes a ejercicios muy anteriores a 1985, hecho sorprendente teniendo en cuenta que la aplicación de lo dispuesto en los artículos 64 de la Ley General Tributaria sobre prescripción de derechos y 200 del Reglamento General de Recaudación sobre perjuicio de valores hubiera supuesto su baja en cuenta.
A este respecto, se recomienda dar de baja aquellos valores que sean de difícil o imposible recaudación, así como el seguimiento de la gestión recaudatoria a fin de que sean declarados perjudicados, en cualquiera de sus grados, aquellos valores que por el transcurso del tiempo reglamentario hayan adquirido tal carácter.
7.- No se han remitido los estados a que hace referencia la Regla 189 de la I.G.R.C., pues la misma establece que cada cuenta estará compuesta del número de estados que sean necesarios para que cada uno de ellos refleje solamente el movimiento de valores de un mismo ejercicio económico del contraído de débitos. 8.- De la cuenta rendida y en referencia a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de valores recibos y valores-certificaciones de descubierto de 1989 no se observa que se haya producido ningún ingreso en los conceptos:
- T. basuras 1981/82. - A. perros 1981/85. - Cert. débitos 1985.
Por lo que debe procederse a un análisis de los mismos a fin de depurarlos y dar de baja aquellos que sean de difícil o imposible recaudación. 9.- En la cuenta rendida por el Consorcio, referida a la gestión recaudatoria en periodo voluntario de valores-recibos de 1988/89, los ingresos obtenidos representan un 54,94% respecto de los cargos efectuados. Se estima que es un porcentaje bajo.
10.- Los ingresos realizados en periodo ejecutivo durante 1989, en concepto de valores-recibos y valores-certificaciones de descubierto, son muy bajos ya que representan un 18,32% de los cargos líquidos efectuados.
11.- No se ha remitido copia de las Resoluciones de la Alcaldía ni de las alegaciones del recaudador correspondientes al expediente de perjuicio de valores del 1er, 2º y 3er grado por la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo correspondiente a 1989, conforme determina el artículo 202 del Reglamento General de Recaudación. 12.- No se ha remitido la aprobación de las cuentas de recaudación por el Pleno de la Corporación, en el ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 13.- Hay tributos de recaudación obligatoria que no figuran en la cuenta rendida, por lo que hemos de suponer que existe otro recaudador que no ha rendido la cuenta, o bien que el Tesorero se encarga directamente de su recaudación. Esta última circunstancia no excluye la obligación del Tesorero de rendir al Pleno de la Corporación un estado de la gestión recaudatoria, a fin de que dicho órgano pueda tener conocimiento de la gestión y situación de la recaudación municipal. En caso de que exista algún recaudador más (aunque sea funcionario municipal) que no haya rendido la cuenta, es necesario recordar que la no rendición de las cuentas de recaudación incumple lo dispuesto en la Regla 86 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales, al establecer ésta que los recaudadores y agentes ejecutivos vendrán obligados a rendir cuenta de su gestión. En este mismo sentido se manifiesta la Instrucción General de Recaudación en sus Reglas 186 a 190.
Por todo ello, esa Corporación debe emprender las acciones oportunas encaminadas a resolver este aspecto que, una vez solucionado, redundará en la buena gestión y control de la labor recaudatoria, con lo que ello implica de mejora en la capacidad de prestación de servicios a los vecinos.
E) En relación con los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles dependientes de la Corporación.
1.- En la liquidación del Patronato de Deportes, en los capítulos II y IV se han liquidado obligaciones por importe superior a la previsión definitiva. Este hecho supone el incumplimiento de un principio presupuestario básico, cual es el de "Especialidad cuantitativa", que viene recogido en el artículo 154.5 de la Ley 39/1988, que dispone:
"No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los Estados de Gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar."
2.- En las liquidaciones del Patronato de Arte y Cultura se han dado de baja las obligaciones incluidas en el capítulo 0 (Resultas) de los Estados de Gastos respectivos, lo que implica que necesariamente se habrán tramitado los oportunos expedientes de baja.
3.- Se ha de evitar la constitución de los Organismos Autónomos que no sean necesarios, pues cuanto mayor sea el número de éstos mayor esfuerzo contable y de control se requiere para una gestión adecuada, máxime teniendo en cuenta la cuantía de sus Presupuestos y la inexistencia en ellos del personal asignado, siendo este comentario aplicable a los dos existentes en esa Corporación.
G) En relación con otros aspectos de la gestión económico-financiera.
1.- La totalidad de las adjudicaciones se ha realizado por contratación directa, por lo que se ha transformado en regla general lo que el Real Decreto-Legislativo 781/1986 considera una excepción, pues en su artículo 118 determina que cuando se trate de obras procederá, con carácter general, la subasta y en suministros el concurso.
2.- Parece extraño el que no se haya formalizado ningún expediente de contratación de suministros, teniendo en cuenta que aquel capítulo (II) del Estado de Gastos, cuya inversión da lugar, normalmente, a este tipo de expedientes, suma un importe de 56.849.606 pesetas, con unas obligaciones liquidadas de 50.695.328 pesetas.
Asimismo, parece extraño el que únicamente se hayan formalizado expedientes de obras por importe de 21.671.400 pesetas, teniendo en cuenta que aquel capítulo (VI) del Estado de Gastos, cuya inversión da lugar, normalmente, a este tipo de expedientes, suma un importe de 146.148.028 pesetas, con unas obligaciones liquidadas de 133.559.679 pesetas.
De estos hechos podemos deducir que hay gran cantidad de gastos que no se han formalizado mediante los oportunos expedientes. A este respecto, hay que recordar lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento General de Contratos del Estado, al prohibir expresamente la contratación verbal en la ejecución de obras y hacer personalmente responsables a las autoridades y funcionarios que contratan con los empresarios de los pagos derivados del negocio irregular, así como los artículos 208 y 237 del mismo Reglamento al extender su aplicación a los contratos de gestión de servicios públicos y suministros.
H) En relación con el Presupuesto General de 1990. La aprobación inicial y definitiva del Presupuesto de 1990 se ha producido con gran retraso respecto al calendario establecido en el artículo 150 de la Ley 39/1988.
En este sentido, es necesario poner de manifiesto lo establecido en el apartado 2 del artículo antes citado, toda vez que el mismo determina que la aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que debe aplicarse. Debiendo entenderse, por tanto, como algo excepcional, y a utilizar con tal carácter, la prórroga automática contemplada en el apartado 6 del artículo ya precitado, toda vez que la existencia de un Presupuesto prorrogado conlleva importantes distorsiones en la vida municipal, tanto por el hecho de que la misma no afecta a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiadas con créditos u otros ingresos específicos o afectados, como por el de que únicamente pueda serlo por los créditos iniciales del Presupuesto anterior.
Adjunto al presente informe se remite la liquidación del Presupuesto de esa Corporación correspondiente al ejercicio económico de 1989, así como los ratios más significativos obtenidos de la misma, debidamente detallados para su mejor interpretación.
De conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 4/1989, de la Audiencia de Cuentas de Canarias (B.O.C. nº 64, de 8.5.89), el presente informe deberá ser conocido por el Pleno de la Corporación. Del acuerdo que se adopte deberá remitirse, en el plazo más breve posible, certificación a esta Audiencia de Cuentas.
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.
Santa Cruz de Tenerife, a 10 de abril de 1991.- El Presidente, Antonio Márquez Fernández.
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