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BOC Nº 049. Miércoles 17 de Abril de 1991 - 539

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Audiencia de Cuentas de Canarias

539 - ACUERDO de 13 de marzo de 1991, del Pleno, por el que se hace público informe de revisión documental correspondiente al ejercicio económico de 1989 del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

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Recibida en esta Audiencia de Cuentas la documentación del ejercicio económico de 1989 que expresamente se había solicitado, a excepción de la que se relaciona en cada uno de los apartados del presente informe, y una vez realizado su examen formal, referido a la situación del último día del ejercicio y únicamente en base a la información que de la misma se desprende, se observa lo siguiente:

A) En relación con la Cuenta del Presupuesto.

1.- En el capítulo VIII del Estado de Gastos, "Variación de activos financieros", se han liquidado obligaciones por importe superior a la previsión definitiva. Lo que supone el incumplimiento de un principio presupuestario básico, cual es el del carácter limitativo de los créditos consignados en el Estado de Gastos y que viene recogido en el artículo 154.5 de la Ley 39/1988 que establece:

"No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los Estados de Gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar."

2.- En Resultas se han liquidado derechos por importe superior en 634.159 pesetas a la previsión definitiva. Lo que puede ser debido a los motivos siguientes:

a) La inclusión en el Presupuesto de 1989 de derechos pendientes de contabilizar a 31.12.88.

b) El incorrecto contraído en el ejercicio de 1988 de derechos que han sido en realidad objeto de liquidación en el de 1989 y que, por tanto, deberían figurar contabilizados en el ejercicio corriente.

Se recomienda tomar las medidas oportunas a fin de evitar que en el futuro se reproduzca este hecho.

3.- Son muy elevadas las cantidades pendientes de cobro, en particular aquellas que en el Estado de Ingresos se refieren a los capítulos 0, I, II, III, IV, VII, VIII y IX, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.

En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Ingresos, dicho pendiente de cobro representa un 40,23% de los derechos liquidados. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda, en base a lo dispuesto en el artículo 172.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, un análisis de la antigüedad de las Resultas a fin de determinar el motivo que ha impedido el que no se hayan recaudado en su mayor parte durante 1989, así como si existen o no cantidades de difícil o imposible recaudación.

4.- Son elevadas las cantidades pendientes de pago, en particular aquellas que en el Estado de Gastos se refieren a los capítulos 0, VI y IX, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.

En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Gastos, dicho pendiente de pago representa un 42,31% de las obligaciones liquidadas. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda, al igual que en el punto anterior, un análisis de las Resultas.

5.- El porcentaje de recursos que la Corporación destina a "Inversiones Reales" es alto en relación con su estructura presupuestaria, aunque se encuentra en su mayor parte (63,20%) pendiente de pago, tal como expusimos en el punto 4.

En relación con lo anterior, es de destacar como negativo que la inversión/habitante sea inferior en 7.349 pesetas a la presión fiscal, pues ello implica que cada vecino recibe vía inversiones un importe inferior en dicha cuantía a los tributos que abona a la Corporación.

6.- El endeudamiento a 31.12.89, obtenido con datos de la propia liquidación y sin exclusión de las operaciones de Tesorería, está en un 19%, lo que implica que los créditos que se destinan a cargas financieras son elevados, por lo que deberían reducirse o, por lo menos, controlarse.

7.- Se ha obtenido un nivel muy alto de liquidación presupuestaria por lo que hace referencia a la liquidación de derechos y obligaciones, aunque unos y otras se encuentran en gran parte pendientes de cobro y pago, respectivamente.

8.- Con relación al volumen del Presupuesto, el superávit obtenido a 31 de diciembre es elevado; no obstante, teniendo en cuenta lo expuesto en el punto 3 del presente apartado, en caso de que se produjeran bajas, anulaciones o fallidos sobre el importe pendiente de cobro, podría este reducirse de forma importante.

B) En relación con la Cuenta de Administración del Patrimonio.

1.- En el "Resumen" de la relación de préstamos y gravámenes figura un error aritmético, toda vez que se hacen figurar unas "Amortizaciones" por importe de 42.266.824 pesetas, cuando la relación sucinta de las mismas suma, en realidad, 42.279.824 pesetas. 2.- En el "Resumen" de la relación de préstamos y gravámenes, en "Diferencia", que no es ni más ni menos que el importe de lo adeudado por créditos vivos a 31 de diciembre, figura consignada la cantidad de 224.456.744 pesetas, en tanto que en el modelo TC/11 lo adeudado a 31 de diciembre asciende a 339.187.733 pesetas, por lo que hemos de deducir que en la cuenta no se ha incluido la totalidad de las operaciones.

En este mismo sentido, es necesario poner de manifiesto que actualmente también deberán incluirse en el pasivo las operaciones de Tesorería, habida cuenta el plazo de su vigencia, no coincidente con el ejercicio económico (artículo 52 de la Ley 39/1988).

3.- Parece difícilmente compatible que en el "Resumen" de la relación de préstamos y gravámenes figuren aumentos de pasivo por 16.031.115 pesetas, en tanto que en la liquidación del Presupuesto, dentro del capítulo IX (Variación de Pasivos Financieros) del Estado de Ingresos, figura una recaudación líquida por importe de 35.631.115 pesetas.

4.- En la relación de préstamos y gravámenes no se ha hecho constar la relación sucinta de los cargos y empréstitos al empezar el ejercicio.

5.- De la valoración asignada a los bienes que forman parte del activo de la cuenta, parece desprenderse que no han sido actualizadas dichas valoraciones. A título de ejemplo, podemos citar:

Bien Valor

Casa Consistorial 5.000.000 Edificio mercado y casa anexa 3.000.000 Cementerio municipal 1.000.000 24 viviendas en el Pago de Mirca 2.480.909

En este sentido, es necesario recordar que el artículo 33.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales ordena la anual rectificación del inventario de bienes de la Corporación local, comprendiendo en lo que dicho precepto denomina rectificación "las vicisitudes de toda índole de los bienes y derechos".

6.- En el expediente de tramitación de la cuenta no consta la aprobación por el Pleno de la Corporación. Siendo necesario insistir en su importancia, toda vez que constituye el ejercicio de la atribución más importante que la Ley encomienda al Pleno, al disponer que le corresponde:

"El control y fiscalización de los Organos de Gobierno" {REF artículos 22.2.a) y 33.2.e) de la L.B.R.L. y 50.2 y 70.2 del R.O.F.}. C) En relación con las cuentas de Tesorería.

1.- En el encabezamiento del acta de arqueo se hace constar que corresponde al 30.12.89. Con independencia de que el arqueo físico se realice el día hábil anterior o posterior al 31 de diciembre, se recomienda que se haga constar que el arqueo corresponde al último día del ejercicio económico (año natural).

2.- Figuran unas existencias finales de dos Presupuestos extraordinarios que deberían haberse integrado en el Presupuesto de 1981, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 3/1981, de 16 de enero.

Como la citada integración, según se desprende de la documentación remitida, parece que no se ha efectuado, se precisa un acuerdo municipal, distinto al de aprobación de la liquidación del Presupuesto Ordinario, que apruebe también la liquidación de los Presupuestos extraordinarios que al menos de hecho existan en la Contabilidad Municipal.

3.- Figura una existencia final en "Metálico" de VIAP por importe de 20.822.986 pesetas. Este importe ha de corresponder normalmente, entre otros conceptos, a las retenciones por IRPF del último trimestre, así como a las cuotas de la MUNPAL y, en su caso, a las de la Seguridad Social.

Sin embargo, de la cuenta de VIAP remitida se desprende que se están contabilizando como valores extrapresupuestarios gran cantidad de ingresos y gastos que no tiene tal carácter a fin de evitar las formalidades que conlleva su incorporación al Presupuesto del ejercicio, lo que provoca el que el importe citado al principio del presente apartado se encuentre integrado en gran parte por cantidades que deberían ser incluidas en el Presupuesto. En este sentido, convendría una depuración de estas existencias dando cuenta al Pleno para fijar su destino. Para el caso de los saldos o remanentes de inversión no utilizados que provengan de subvenciones, debería solicitarse del organismo concesionario autorización para incorporarlos al Presupuesto.

4.- En el apartado "Presupuestos" figuran unos "Ingresos desde dicho arqueo" por importe de 120.428.348 pesetas y unos "Pagos desde dicho arqueo" por importe de 126.224.331 pesetas, entendiendo por arqueo anterior el ordinario mensual celebrado el 30 de noviembre de 1989. Estas cifras representan, respectivamente, un 13,09% y un 15,05% de los ingresos y pagos totales del ejercicio que figuran en las columnas "Recaudación líquida" y "Pagos líquidos" de la liquidación del Presupuesto. Por consiguiente, dada su excesiva concentración en el mes de diciembre, se recomienda que, en lo posible, se intente una distribución más uniforme de los ingresos y pagos a lo largo del ejercicio.

5.- La escasa cuantía de los saldos de algunas cuentas puede ser indicativa de una escasa utilización. Por consiguiente, convendría reconsiderar los criterios seguidos para el mantenimiento de cuentas inactivas o con poco movimiento y proceder, en su caso, a su cancelación.

A estos efectos, cabe indicar que cuanto mayor sea el número de cuentas bancarias mayor esfuerzo contable y de control se requerirá para una gestión adecuada.

6.- Los saldos bancarios han de justificarse o bien con una certificación del saldo a 31 de diciembre expedida por persona autorizada de la entidad bancaria o bien con el extracto bancario de la cuenta del que resulten indudables la titularidad del Ayuntamiento y el saldo a la fecha citada.

7.- En el apartado "Situación" figuran dos cuentas bancarias con el añadido "Valores auxiliares", pudiendo deducirse de dicha denominación que las mismas se abrieron con la finalidad de depositar en ellas el "Metálico" de VIAP. Como quiera que el saldo conjunto de ambas cuentas es superior al que figura como "Metálico" de VIAP en el "Resumen", se recomienda un análisis de dichos saldos procediéndose, en caso de que no subsistan las razones que motivaron la apertura, a su cancelación o a la suspensión de dicha denominación.

8.- Las partidas conciliatorias incluidas en la conciliación bancaria de la cuenta nº 13.236.264 de la Caja Postal de Ahorros no ofrecen una interpretación inequívoca de su significado, ya que no se especifica la fecha de contabilización por el Banco, por lo que resulta imposible determinar la fecha en que el Banco adeuda los cheques expedidos por el Ayuntamiento.

Es obvio la importancia de las conciliaciones bancarias en la contabilidad municipal y la necesidad de un extremo rigor en su preparación.

9.- Lo expuesto en el punto anterior es plenamente aplicable a las partidas conciliatorias incluidas en la conciliación bancaria de la cuenta nº 13.236.264 de la Caja Postal de Ahorros, por lo que nos remitimos a lo en él expuesto.

10.- No se han rendido las cuentas trimestrales de Tesorería, sino únicamente una que abarca la totalidad del año. Ello supone el incumplimiento de lo dispuesto en la Regla 84.1 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales, que establece: "Los Depositarios rendirán, en los quince primeros días de cada trimestre cuenta de caudales correspondiente al anterior, a la que servirán de base las relaciones de cargo y data, sin unir los mandamientos."

D) En relación con la cuenta de VIAP.

1.- Como ya expusimos en el punto 3 del apartado referido a Tesorería, de la cuenta de VIAP remitida se desprende que se están canalizando a través de la misma ingresos y gastos que no tienen tal carácter. Por ello es necesario recordar el concepto y contenido de las operaciones extrapresupuestarias que no son otras que aquellas operaciones que se generan dentro de la técnica y operativa de la contabilidad y liquidaciones de ingresos y gastos públicos, no afectando las mismas directamente a los ingresos previstos y los créditos incluidos en el Presupuesto, pero que forman parte de la gestión de los recursos públicos. En general, se componen de partidas por cuenta ajena y partidas pendientes de aclaración.

Las transacciones extrapresupuestarias se producen normalmente en conexión con alguna operación presupuestaria. Los fondos relacionados con estas transacciones están gestionados junto con los fondos presupuestarios, sin separación física de los mismos, como una extensión lógica del principio de unidad de caja. Sus movimientos y saldos han de tomarse en consideración para el adecuado cuadre de los movimientos y arqueos periódicos.

En ocasiones, los importes no están representados por dinero efectivo sino por avales y fianzas, que denominamos "Valores".

Pero, como ha quedado manifiestamente claro, el hecho de que se gestionen los fondos sin separación física no nos debe llevar a confundir la naturaleza de ambos que está totalmente diferenciada.

2.- En relación con el punto anterior, del análisis de la Rúbrica "Operaciones diversas" se desprende la existencia de entradas y salidas correspondientes a diversos conceptos, sobre todo subvenciones. La inclusión en VIAP de dichos conceptos es totalmente irregular, pues no se trata de valores extrapresupuestarios, sino de valores plenamente presupuestarios y que como tal deberían figurar en el Presupuesto, pues su no inclusión en el mismo parece una falta de transparencia ante el Pleno de la Corporación, así como el que el Presupuesto no se ajuste a la realidad y provoque confusión acerca de las verdaderas cifras que deben figurar en él.

El hecho de referencia provoca que el VIAP se utilice como un Presupuesto paralelo, siendo la finalidad perseguida, la de evitar los trámites que conlleva su incorporación al mismo.

3.- La aprobación de la cuenta se ha producido con gran retraso en relación con el calendario establecido en la Regla 84.2 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales. Se recomienda el acometer las medidas necesarias para evitar su repetición en el futuro.

E) En relación con las cuentas de recaudación.

1.- Lo rendido por el recaudador no puede considerarse una cuenta de recaudación, toda vez que incumple totalmente lo establecido en las Reglas 186 a 190 de la Instrucción General de Recaudación y Contabilidad, aprobada por Decreto 2.260/1969, de 24 de julio (B.O.E. núms. 240 a 257), y en particular lo relacionado con el formato de la cuenta, recogido en la Regla 188.

El hecho anterior imposibilita el poder realizar un análisis en profundidad de la recaudación, pues es imposible determinar los valores pendientes de cobro del ejercicio anterior, los cargos en voluntaria y ejecutiva, el saldo acreedor de la cuenta anterior, ingresos en voluntaria sin recargo, ingresos en voluntaria con recargo y un largo etc., lo que asimismo impide que el Pleno de la Corporación pueda ejercitar en plenitud el contenido del acto de aprobación de la cuenta, establecido en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, con lo que ello conlleva de falta de control sobre la actividad recaudatoria.

Por todo ello, esa Corporación debe emprender las acciones oportunas encaminadas a resolver este aspecto que, una vez solucionado, redundará en la buena gestión y control de la labor recaudatoria, con lo que ello implica de mejora en la capacidad de prestación de servicios a los vecinos.

2.- Se observa que alguno de los tributos recaudados carece de Ordenanza Fiscal reguladora, como la tasa por inspección de ascensores y motores.

En este sentido, es necesario recordar que los límites de la potestad de las Entidades locales para decidir la imposición de sus tributos propios, esto es, la aplicación de dichos tributos en su respectivo ámbito territorial, están fijados en el artículo 15 de la Ley 39/1988, precepto éste que parte de la distinción entre tributos locales de carácter potestativo, por un lado, y tributos locales de carácter obligatorio, por otro.

a) Respecto de los tributos de carácter potestativo o voluntario, la potestad de las Entidades locales para decidir su imposición es absoluta, de suerte tal que dichos tributos no podrán ser exigidos si previamente no ha sido acordada su imposición mediante la correspondiente Ordenanza Fiscal.

b) Respecto de los tributos de carácter obligatorio, la potestad de las Entidades locales para decidir su imposición es nula. En consecuencia, dichos tributos tienen que ser exigidos, necesariamente, sin precisar acuerdo alguno de imposición.

No obstante, las Entidades locales (municipios) sí tienen una cierta capacidad de decisión en el ámbito de los tributos (impuestos) de carácter obligatorio, capacidad ésta que se refiere a la posibilidad de fijar los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias.

3.- Del modelo ACC/6 (Recaudación por recaudador) se desprende que el recaudador es persona ajena a la Corporación, ligada a la misma por un contrato. En este sentido, es necesario manifestar que la Ley 7/1985 en su artículo 92.3.b) establece que la recaudación es una función cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios, lo que imposibilita el que esa Corporación pueda continuar en la situación actual. Se recomienda el que se proceda, a la mayor brevedad posible, a poner en manos de un funcionario la gestión recaudatoria.

4.- Los ingresos realizados en periodo ejecutivo durante 1989, en concepto de valores-recibos y valores-certificaciones de descubierto, son muy bajos ya que representan un 21,6% de los valores pendientes de la cuenta anterior.

5.- De las cuentas rendidas se desprende que los ingresos realizados en voluntaria representan un 74,40% de los cargos efectuados, lo que ha de considerarse un importe adecuado, pues se estima que la recaudación normal ha de superar el 70%.

6.- Figuran valores pendientes de cobro correspondientes a ejercicios muy anteriores a 1985, hecho sorprendente teniendo en cuenta que la aplicación de lo dispuesto en los artículos 64 de la Ley General Tributaria sobre prescripción de derechos y 200 del Reglamento General de Recaudación sobre perjuicio de valores hubiera supuesto su baja en cuenta.

A este respecto, se recomienda dar de baja aquellos valores que sean de difícil o imposible recaudación, así como el seguimiento de la gestión recaudatoria a fin de que sean declarados perjudicados, en cualquiera de sus grados, aquellos valores que por el transcurso del tiempo reglamentario hayan adquirido tal carácter.

7.- La cuenta se ha rendido con gran retraso respecto al plazo establecido por el Decreto 3.697/1974, que en su artículo 3º.1 dispone que los recaudadores están obligados a rendir cuentas de su gestión, una por valores-recibos y otra por valores-certificaciones de descubierto, siempre que las autoridades superiores así lo exijan, y de modo regular en el mes de enero de cada año, con referencia a la gestión realizada en el año anterior.

8.- En el expediente de tramitación de la cuenta rendida no consta:

- El informe propuesta de la Comisión Liquidadora.

- El informe de la Intervención.

Habiendo sido aprobada la cuenta por Decreto de la Alcaldía, en claro incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, que asigna dicha facultad al Pleno de la Corporación.

F) En relación con los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles dependientes de la Corporación.

1.- En la liquidación del Patronato de Deportes, llama la atención el hecho de que en la columna "Pendiente de pago" no figure cantidad alguna.

Convendría reconsiderar los criterios seguidos para liquidar obligaciones y confeccionar las reglamentarias relaciones de acreedores.

2.- En la liquidación del Patronato de Deportes, es bajo el nivel de liquidación de obligaciones.

3.- En la liquidación del Patronato de Formación y Promoción Artística, llama la atención el hecho de que en las columnas "Pendiente de cobro" y "Pendiente de pago" de los Estados de Ingresos y Gastos no figure cantidad alguna.

Convendría, al igual que en el Patronato de Deportes, reconsiderar los criterios seguidos para liquidar derechos y obligaciones.

4.- En la liquidación del Gabinete Psicopedagógico y Social, sucede exactamente igual que en el punto anterior, por lo que nos remitimos a lo en él expuesto.

5.- En la liquidación del Patronato Bajada de la Virgen, son elevadas las cantidades pendientes de pago, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.

En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Gastos, dicho pendiente de pago representa un 29,2% de las obligaciones liquidadas. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda un análisis de las Resultas. 6.- En la liquidación del Patronato Bajada de la Virgen, las obligaciones liquidadas ascienden a un 10% de la previsión definitiva, por lo que se recomienda un análisis de dicha situación a fin de determinar los motivos de la misma.

7.- En la liquidación del Patronato de Fiestas, figura un error aritmético, toda vez que en el Estado de Ingresos, columna "Previsión definitiva", línea "Transferencias corrientes", figura la cantidad de 13.960.457 pesetas, cuando la que debe aparecer es 13.960.657 pesetas.

8.- En la liquidación del Patronato de Fiestas, sucede exactamente igual que en los puntos 3 y 4, por lo que nos remitimos a ellos.

9.- En la liquidación del Patronato Museo Naval, sucede exactamente igual que en los puntos 3, 4 y 8, por lo que nos remitimos a ellos.

10.- Se ha de evitar la constitución de un excesivo número de Organismos Autónomos, pues cuanto mayor sea el número de éstos mayor esfuerzo contable y de control se requiere para una gestión adecuada.

G) En relación con otros aspectos de la gestión económico-financiera.

1.- La totalidad de las adjudicaciones de obras y suministros se ha realizado por contratación directa, por lo que se ha transformado en regla general lo que el Real Decreto-Legislativo 781/1986 considera una excepción, pues en su artículo 118 determina que cuando se trate de obras procederá, con carácter general, la subasta y en suministros el concurso.

2.- Parece extraño el que únicamente se hayan formalizado expedientes de contratación por importe de 94.550.576,52 pesetas, teniendo en cuenta que aquellos capítulos (II y VI) del Estado de Gastos, cuya inversión da lugar, normalmente, a expedientes de contratación, suman un importe de 405.117.678 pesetas, con unas obligaciones liquidadas de 381.066.611 pesetas. De este hecho podemos deducir que hay gran cantidad de gastos que no se han formalizado mediante los oportunos expedientes.

A este respecto, hay que recordar lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento General de Contratos del Estado, al prohibir expresamente la contratación verbal en la ejecución de obras y hacer personalmente responsables a las autoridades y funcionarios que contratan con los empresarios de los pagos derivados del negocio irregular, así como los artículos 208 y 237 del mismo Reglamento al extender su aplicación a los contratos de gestión de servicios públicos y suministros. H) En relación con el Presupuesto General de 1990.

1.- En el Presupuesto aprobado, los gastos corrientes superan a los ingresos del mismo carácter en un importe de 12.038.632 pesetas. En este sentido, se recomienda evitar a toda costa este hecho.

2.- La aprobación inicial y definitiva del Presupuesto de 1990 se ha producido con gran retraso respecto al calendario establecido en el artículo 150 de la Ley 39/1988.

En este sentido, es necesario poner de manifiesto lo establecido en el apartado 2 del artículo antes citado, toda vez que el mismo determina que la aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que debe aplicarse. Debiendo entenderse, por tanto, como algo excepcional, y a utilizar con tal carácter, la prórroga automática contemplada en el apartado 6 del artículo ya precitado, toda vez que la existencia de un Presupuesto prorrogado conlleva importantes distorsiones en la vida municipal, tanto por el hecho de que la misma no afecta a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiadas con créditos u otros ingresos específicos o afectados, como por el de que únicamente pueda serlo por los créditos iniciales del Presupuesto anterior.

Adjunto al presente informe se remite la liquidación del Presupuesto de esa Corporación correspondiente al ejercicio económico de 1989, así como los ratios más significativos obtenidos de la misma, debidamente detallados para su mejor interpretación.

De conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 4/1989, de la Audiencia de Cuentas de Canarias (B.O.C. nº 64, de 8.5.89), el presente informe deberá ser conocido por el Pleno de la Corporación. Del acuerdo que se adopte deberá remitirse, en el plazo más breve posible, certificación a esta Audiencia de Cuentas.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de marzo de 1991.- El Presidente, Antonio Márquez Fernández.

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