Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 044. Viernes 5 de Abril de 1991 - 468

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Economía y Comercio

468 - RESOLUCION de 6 de marzo de 1991, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería, resolviendo recurso de alzada interpuesto por D. Francisco Urquía Rodríguez, en nombre de "Cantón y Alonso, S.L.".

Descargar en formato pdf

Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Francisco Urquía Rodríguez, en nombre de "Cantón y Alonso, S.L.", la Orden de 5 de febrero de 1991 (libro nº 1, folio 46, nº 864), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 38-149/87 (expte. nº 38-149/87), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo (p.d.) de Las Palmas, de 29 de junio de 1988.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de marzo de 1991.- El Secretario General Técnico, José L. González Moure.

A N E X O

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Francisco Urquía Rodríguez, en nombre de "Cantón y Alonso, S.L.", frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 29 de junio de 1988, por la que se impone al recurrente, en el expte. nº 38-149/87, una sanción de 50.000 pesetas, y

RESULTANDO

Primero: que según inspección practicada el día 5 de diciembre de 1986 por Inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo en la entidad "Cantón y Alonso, S.L." para comprobar la reclamación sobre reparación de una lavadora, resultó, y así consta en el Acta levantada al efecto, que preguntado si se había reparado total y adecuadamente la misma y si fue entregada al reclamante el 12 de octubre o el 18 de noviembre, a lo que se respondió que no se podía contestar hasta ver el expediente de reparación y hablar con el señor que la reparó, no habiendo respuesta al día de la fecha.

Tampoco se aporta licencia de apertura del Ayuntamiento ni licencia de industria de taller.

Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo se formuló Pliego de Cargos en el que se imputaba la infracción de lo dispuesto en los artículos 3.3.6 (falta de documentación) y 5.1 (no facilitar la información requerida) del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, de infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor (B.O.E. nº 168).

Tercero: que, con fecha 29 de junio de 1988, la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente con una multa de 50.000 pesetas, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artº. 135.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Cuarto: que, contra la precitada Resolución, se interpone recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Comercio del Gobierno de Canarias que tiene entrada en este Departamento con fecha 12 de agosto de 1988, con base a los siguientes fundamentos:

Que fue presentada la factura de reparación que había determinado la denuncia.

Que la licencia de apertura es competencia del Ayuntamiento y no de la Consejería.

Que la facturación es correcta.

Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma y siendo competente para resolver la Consejería de Economía y Comercio.

Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en los artículos 3.3.6 (falta de documentación) y 5.1 (no facilitar la información requerida) del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, de infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor (B.O.E. nº 168).

Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 33.1 del Decreto Territorial 1/1986, de reestructuración orgánica y distribución de competencias de la Presidencia del Gobierno, en relación al artº. 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de junio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues, no comportan justificación legal que permita anular la calificación jurídica de los hechos, y con ellos la sanción impuesta.

Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por la Ley 8/1986, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, corresponde al titular del Departamento la resolución de los recursos promovidos contra las Resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería. Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores, no siendo preceptivo tal informe de conformidad con lo previsto en el artº. 84.1.d) del Decreto 462/1985, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento de la Consejería de la Presidencia.

VISTOS

Además, el artº. 33.c) del Estatuto de Autonomía, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 120/1987, de 7 de agosto, y el 254/1987, de 10 de agosto, ambos del Gobierno de Canarias, así como la Ley de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones de particular aplicación.

El Consejero de Economía y Comercio, en uso de las competencias que le atribuyen las disposiciones vigentes,

ACUERDA

Desestimar, en todos sus términos, el recurso de alzada interpuesto por D. Francisco Urquía Rodríguez, en la condición que ostenta, contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 29 de junio de 1988, recaída en el expte. nº 38-149/87 y que determinó la imposición de una sanción de 50.000 pesetas, manteniéndose en consecuencia todos los pronunciamentos de la Resolución recurrida.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro del plazo de dos (2) meses contados a partir del día siguiente al que reciba la notificación de la presente resolución. El Consejero de Economía y Comercio, Luis Hernández Pérez.

© Gobierno de Canarias