BOC - 1991/037. Viernes 22 de Marzo de 1991 - 383

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Audiencia de Cuentas de Canarias

383 - ACUERDO de 20 de febrero de 1991, del Pleno, por el que se hace público informe de revisión documental correspondiente al ejercicio económico de 1989 del Ayuntamiento de Santa Brígida (Gran Canaria).

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Recibida en esta Audiencia de Cuentas la documentación del ejercicio económico de 1989 que expresamente se había solicitado, a excepción de la que se relaciona en cada uno de los apartados del presente informe, y una vez realizado su examen formal, referido a la situación del último día del ejercicio y únicamente en base a la información que de la misma se desprende, se observa lo siguiente:

A) En relación con la Cuenta del Presupuesto.

1.- En la liquidación por capítulos figuran los siguientes errores aritméticos y de transcripción:

a) En la columna "Previsión Definitiva", línea "Resultas" del Estado de Ingresos, la cantidad consignada es 330.063.028 pesetas, cuando la que debe figurar es 330.663.028 pesetas.

b) En el Estado de Gastos, columna "Estado de Ejecución", las cantidades consignadas deberían figurar con signo negativo. c) En el Estado de Ingresos, columna "Estado de Ejecución", las cantidades consignadas en los capítulos 0, VI, VII, VIII y IX deberían figurar con signo negativo.

d) Las cantidades consignadas en la columna "Estado de Ejecución", líneas "Total Ingresos" del Estado de Ingresos y "Total Gastos" del Estado de Gastos, deberían figurar con signo negativo.

e) En la situación económica, columna "Estado de Ejecución", líneas "Total Ingresos" y "Total Gastos", las cantidades consignadas deberían figurar con signo negativo.

2.- En Resultas se han liquidado derechos por importe inferior en 89.906.414 pesetas a la previsión definitiva, lo que evidencia la existencia de bajas de derechos previamente reconocidos, lo cual implica necesariamente que la Corporación habrá tramitado los oportunos expedientes de baja.

En relación con este aspecto, deberá procurarse que, para evitar estos expedientes durante el ejercicio presupuestario al que se incorporan, previamente al cierre del ejercicio se efectúe una depuración de derechos que previsiblemente no sean realizables.

3.- Son muy elevadas las cantidades pendientes de cobro, en particular aquellas que en el Estado de Ingresos se refieren a los capítulos 0, I, II, III, IV y V, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.

En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Ingresos, dicho pendiente de cobro representa un 47% de los derechos liquidados. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda, en base a lo dispuesto en el artículo 172.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, un análisis de la antigüedad de las Resultas a fin de determinar el motivo que ha impedido el que no se hayan recaudado en su mayor parte durante 1989, así como si existen o no cantidades de difícil o imposible recaudación.

4.- Son elevadas las cantidades pendientes de pago, en particular aquellas que en el Estado de Gastos se refieren a los capítulos 0, III, IV, VIII y IX, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.

En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Gastos, dicho pendiente de pago representa un 73% de las obligaciones liquidadas. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda, al igual que en el punto anterior, un análisis de las Resultas.

5.- El porcentaje de recursos que la Corporación destina a "Inversiones Reales" es muy bajo (6%) en relación con su estructura presupuestaria.

En relación con lo anterior, es de destacar como negativo el que la presión fiscal supere en 24.768 pesetas a la inversión/habitante, pues ello implica que cada vecino abona vía tributos un importe superior en dicha cuantía a lo que recibe vía inversiones. Lo que es corroborado por el hecho de que los gastos corrientes representan el 92% del total de los gastos.

6.- El endeudamiento a 31.12.89, obtenido con datos de la propia liquidación y sin exclusión de las operaciones de Tesorería, está en un 12%, lo que implica que los créditos que se destinan a cargas financieras son moderados.

7.- Se ha obtenido un nivel alto de liquidación presupuestaria por lo que hace referencia a la liquidación de derechos, y normal en cuanto a la liquidación de obligaciones, aunque unos y otros se encuentran en gran parte pendientes de cobro y pago, respectivamente.

8.- Con relación al volumen del Presupuesto, el superávit obtenido a 31 de diciembre es elevado; no obstante, teniendo en cuenta lo expuesto en el punto 3 del presente apartado, en caso de que se produjeran bajas, anulaciones o fallidos sobre el importe pendiente de cobro, podría éste reducirse de forma importante e incluso cambiar de signo.

9.- La aprobación de la liquidación del Presupuesto se ha producido con gran retraso en relación con el calendario establecido por el artículo 172 de la Ley 39/1988.

10.- No se ha remitido el expediente de tramitación de la Cuenta del Presupuesto, por lo que no consta la aprobación de la misma por el Pleno. Lo que incumple de forma importante lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley 39/1988.

B) En relación con la Cuenta de Administración del Patrimonio.

No se ha remitido la documentación solicitada.

A este respecto es necesario recordar que entre las cuentas que deben rendirse para conocimiento, examen y fiscalización de las Corporaciones locales, la Regla 74 de la Instrucción de Contabilidad, de 4 de agosto de 1952, incluye en segundo lugar la de Administración del Patrimonio, cuya formación constituye una tarea técnica que corresponde, dentro de las Entidades locales (artº. 189 de la Ley 39/1988), a la Intervención de fondos, correspondiendo la rendición al Presidente de la Corporación por cuanto le compete el desarrollo y la gestión económica conforme al Presupuesto aprobado (artº. 24.f) del T.R.R.L.) y, por consiguiente, constituye el cuentadante del artículo 128.a) de la Ley General Presupuestaria.

Sobre la necesidad de rendición de la Cuenta de Administración del Patrimonio se manifiesta asimismo el artículo 43 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, al establecer que:

"Las Cuentas de Administración del Patrimonio se formarán, rendirán y fiscalizarán del modo dispuesto en la legislación reguladora de las Haciendas locales."

El sometimiento al régimen de contabilidad pública lleva consigo la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza. Así se expresa el artículo 182 de la Ley 39/1988.

Esta obligación genérica se concreta en el artículo 189 cuando dice que:

"Las Entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán y elaborarán los estados y cuentas anuales ......, los cuales comprenderán todas las operaciones .... patrimoniales ... llevadas a cabo durante el ejercicio."

Para finalizar, es necesario manifestar la importancia de la aprobación de la misma por el Pleno de la Corporación, pues constituye el ejercicio de la atribución más importante que la Ley encomienda al Pleno, al disponer que le corresponde:

"El control y fiscalización de los Organos de Gobierno" (artículos 22.2.a) y 33.2.e) de la L.B.R.L. y 50.2 y 70.2 del R.O.F.).

Por tanto se recomienda que se regularice la situación lo más pronto posible.

C) En relación con las cuentas de Tesorería.

1.- En el acta de arqueo se observa que no coinciden las existencias en metálico, que aparecen en el apartado "Resumen", que son 46.366.381 pesetas, con las que figuran en el apartado "Situación", que son 46.366.081 pesetas.

Circunstancia que resulta agravada por el hecho de que en el apartado "Situación" no figura consignada la cuenta nº 004105/1 de la Caja Rural, que con un saldo de 6.811 pesetas, sí se hace figu-rar en el modelo TC/3. Con independiencia de realizar las acciones necesarias para efectuar la oportuna regularización, se recuerda que en las cuentas bancarias del apartado "Situación" se ha de reflejar los saldos que resultan de la contabilidad del Ayuntamiento, los que se harán coincidir con las certificaciones expedidas por las entidades bancarias mediante las oportunas conciliaciones.

2.- Dentro del apartado "Situación Valores", "En Caja de la Corporación" no se han consignado los 12.984.366 pesetas que deberían figurar.

3.- Dentro del apartado "Situación", en la columna "Total", no se han transcrito las cantidades que deberían figurar.

4.- En el apartado "Situación" figuran existencias en nueve cuentas bancarias. Cabría indicar que cuanto mayor sea el número de cuentas bancarias mayor esfuerzo contable y de control se requiere para una gestión adecuada.

En relación con lo anterior el artículo 175 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, dispone:

"La Tesorería de las Entidades locales se regirá por lo dispuesto en el presente capítulo y, en cuanto les sean de aplicación, por las normas del título V de la Ley General Presupuestaria."

Por otro lado, el artículo 119 del Real Decreto- Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, recomienda la cancelación de aquellas cuentas para las que se compruebe que no subsisten las razones que motivaron su apertura.

Asimismo, se recomienda la formalización de Convenios de Tesorería con las entidades de crédito, que determinen el régimen de funcionamiento de las cuentas, el tipo de interés a que serán retribuidas, las comisiones que se han de pagar y las obligaciones de información que asumen las entidades, todo ello con el fin de conseguir una asignación óptima de los recursos y asegurar el buen funcionamiento del servicio.

5.- Figura una existencia final en "Metálico" de VIAP por importe de 44.991.518 pesetas. Este importe ha de corresponder normalmente, entre otros conceptos, a las retenciones por IRPF del último trimestre, así como a las cuotas de la MUNPAL y, en su caso, a las de la Seguridad Social.

Sin embargo, de la cuenta de VIAP remitida se desprende que se están contabilizando como valores extrapresupuestarios gran cantidad de ingresos y gastos que no tienen tal carácter a fin de evitar las formalidades que conlleva su incorporación al Presupuesto del ejercicio, lo que provoca el que el importe citado al principio del presente apartado se encuentre integrado en gran parte por cantidades que deberían ser incluidas en el Presupuesto. En este sentido, convendría una depuración de estas existencias dando cuenta al Pleno para fijar su destino. Para el caso de los saldos o remanentes de inversión no utilizados que provengan de subvenciones, debería solicitarse del organismo concesionario autorización para incorporarlos al Presupuesto.

6.- No se ha remitido la fotocopia del Libro de Caja donde figuran las existencias al 31.12.89, lo que ha imposibilitado el poder comprobar que las cantidades incluidas en el acta de arqueo coinciden con las que aparecen en dicho Libro.

7.- No se han remitido las certificaciones o extractos bancarios a 31.12.89 de las cuentas bancarias abiertas por la Corporación. En este sentido es necesario manifestar que los saldos bancarios han de justificarse, bien con una certificación del saldo a 31 de diciembre, expedido por persona autorizada de la entidad bancaria, o bien con el extracto bancario de la cuenta, del que resulten indudables la titularidad del Ayuntamiento y el saldo a la fecha citada.

8.- En la conciliación individualizada de la cuenta nº 33015/0025465 de la Caja Insular de Ahorros figura, en "Cobros contabilizados Banco y no Ayuntamiento", una partida conciliatoria denominada "Agua jul-ago, 89" por un importe de 4.702.197 pesetas, de cuya denominación podemos deducir que se trata de un ingreso del recaudador. Este hecho es difícilmente comprensible, pues cualquier traspaso de fondos desde la cuenta restringida de recaudación a las cuentas ordinarias del Ayuntamiento conlleva, necesariamente, una previa liquidación por parte del recaudador y como consecuencia de ello el que la Corporación conozca y contabilice el ingreso antes de su abono en la cuenta ordinaria.

9.- En la conciliación individualizada de la cuenta nº 33015/0025465 de la Caja Insular de Ahorros figura, en "Pagos contabilizados Banco y no Ayuntamiento", una partida conciliatoria denominada "Agua jul-ago, 89 Dev." por un importe de 16.270 pesetas. Hecho éste difícilmente comprensible, pues cualquier devolución por el Banco debe ser previamente autorizado por el Ayuntamiento.

10.- En la conciliación individualizada de la cuenta nº 31/80 del Banco Central figuran como "Pagos contabilizados Banco y no Ayuntamiento" la Seguridad Social por un importe de 396.069 pesetas. Parece difícilmente comprensible que las cuotas de la Seguridad Social del personal laboral sean cargadas directamente en la cuenta sin previo conocimiento y contabilización por la Corporación.

11.- En la conciliación individualizada de la cuenta nº 0870001271 del Banco Español de Crédito figura, en "Cobros contabilizados Banco y no Ayuntamiento", una partida conciliatoria denominada "Agua jul-ago, 89" por un importe de 1.626.174 pesetas, en la que sucede lo mismo que en el apartado 8, por lo que nos remitimos a él.

12.- En la conciliación individualizada de la cuenta nº 0870001271 del Banco Español de Crédito figuran, en "Pagos contabilizados Banco y no Ayuntamiento", dos partidas conciliatorias denominadas "Devolución recibos agua" por unos importes de 17.111 pesetas y 6.840 pesetas, respectivamente, en los que sucede igual que en el apartado 9, por lo que nos remitimos a él.

13.- No se han remitido las cuentas de Tesorería.

La no rendición de las cuentas de Tesorería incumple lo dispuesto por la Regla 84 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales, al establecer ésta que los Depositarios rendirán, en los quince primeros días de cada trimestre, Cuenta de Caudales correspondiente al anterior, a la que servirán de base las relaciones de cargo y data, sin unir los mandamientos.

D) En relación con la cuenta de VIAP.

1.- Como ya expusimos en el punto 5 del apartado referido a Tesorería, de la cuenta de VIAP remitida se desprende que se están canalizando a través de la misma ingresos y gastos que no tienen tal carácter. Por ello es necesario recordar el concepto y contenido de las operaciones extrapresupuestarias que no son otras que aquellas operaciones que se generan dentro de la técnica y operativa de la contabilidad y liquidaciones de ingresos y gastos públicos, no afectando las mismas directamente a los ingresos previstos y los créditos incluidos en el Presupuesto, pero que forman parte de la gestión de los recursos públicos. En general, se componen de partidas por cuenta ajena y partidas pendientes de aclaración.

Las transacciones extrapresupuestarias se producen normalmente en conexión con alguna operación presupuestaria. Los fondos relacionados con estas transacciones están gestionados junto con los fondos presupuestarios, sin separación física de los mismos, como una extensión lógica del principio de unidad de caja. Sus movimientos y saldos han de tomarse en consideración para el adecuado cuadre de los movimientos y arqueos periódicos. En ocasiones, los importes no están representados por dinero efectivo sino por avales y fianzas, que denominamos "Valores".

Pero, como ha quedado manifiestamente claro, el hecho de que se gestionen los fondos sin separación física no nos debe llevar a confundir la naturaleza de ambos que está totalmente diferenciada.

2.- Del modelo V remitido se desprende una existencia negativa a 31.12.89, de 2.334.999 pesetas, en la Rúbrica "Recibos a Cobrar", lo que, con independencia de la conexión o no de sus entradas y salidas (que nos es imposible determinar por no disponer del modelo 28), es indicativo de una inadecuada gestión de los fondos de VIAP, por haberse financiado operaciones con fondos procedentes de otras Rúbricas.

3.- Teniendo en cuenta que del modelo V remitido se desprende que las retenciones trimestrales en el ejercicio 1989 ascendieron a 12.157.756 pesetas, parecen demasiado elevadas las cantidades existentes en dicha Rúbrica a 31.12.89 y que ascienden a 19.311.202 pesetas. Por lo que se recomienda la realización de una depuración de los saldos, desglosando las existencias por fechas en las que se practicaron las correspondientes retenciones, investigando las causas que hayan podido dar lugar a posibles errores en el cálculo de su cuantía.

4.- En el modelo V remitido figura una Rúbrica con la denominación "Contribuciones Especiales", lo que abunda en lo ya expuesto en el punto 1, toda vez que los cobros por contribuciones especiales y los pagos consiguientes deben figurar en Presupuesto, al tratarse de fondos puramente presupuestarios.

5.- Como ya expusimos en el punto 1, de la observación de la Rúbrica "Operaciones diversas" se desprende que se está utilizando el VIAP como un Presupuesto paralelo, con la finalidad de eludir las formalidades que conlleva la incorporación al Presupuesto Ordinario de los fondos que ingresados durante el ejercicio tienen carácter presupuestario. Hecho éste que debe ser evitado a toda costa.

6.- En el expediente de tramitación no consta la aprobación de la cuenta por el Pleno, lo que supone el incumplimiento de lo establecido en la Regla 85 de la Instrucción de Contabilidad y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, con lo que ello conlleva de no ejercicio de la atribución más importante que la Ley le encomienda.

E) En relación con las cuentas de recaudación.

1.- Del modelo ACC/6 (Recaudación por recaudador) se desprende que el recaudador es persona ajena a la Corporación, ligada a la misma por un contrato. En este sentido, es necesario manifestar que la Ley 7/1985 en su artículo 92.3.b) establece que la recaudación es una función cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios, lo que imposibilita que esa Corporación pueda continuar en la situación actual. Se recomienda que se proceda, a la mayor brevedad posible, a poner en manos de un funcionario la gestión recaudatoria.

2.- No se han remitido las cuentas de recaudación.

La no rendición de las cuentas de recaudación incumple lo dispuesto en la Regla 86 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales, al establecer ésta que los recaudadores y agentes ejecutivos vendrán obligados a rendir cuenta de su gestión. En este mismo sentido se manifiesta la Instrucción General de Recaudación en sus Reglas 186 a 190.

Por todo ello, esa Corporación debe emprender las acciones oportunas encaminadas a resolver este aspecto que, una vez solucionado, redundará en la buena gestión y control de la labor recaudatoria, con lo que ello implica de mejora en la capacidad de prestación de servicios a los vecinos.

F) En relación con los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles dependientes de la Corporación.

No consta que existan Organismos Autónomos ni Sociedades Mercantiles dependientes de la Corporación.

G) En relación con otros aspectos de la gestión económico-financiera.

No se ha remitido la relación de contratos (Mod. TC/9).

A este respecto hay que recordar lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento General de Contratos del Estado, al prohibir expresamente la contratación verbal en la ejecución de obras y hacer personalmente responsables a las autoridades y funcionarios que contratan con los empresarios de los pagos derivados del negocio irregular, así como los artículos 208 y 237 del mismo Reglamento al extender su aplicación a los contratos de gestión de servicios públicos y suministros.

H) En relación con el Presupuesto General de 1990.

La aprobación inicial y definitiva del Presupuesto de 1990 se ha producido con gran retraso respecto al calendario establecido en el artículo 150 de la Ley 39/1988. En este sentido, es necesario poner de manifiesto lo establecido en el apartado 2 del artículo antes citado, toda vez que el mismo determina que la aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que debe aplicarse. Debiendo entenderse, por tanto, como algo excepcional, y a utilizar con tal carácter, la prórroga automática contemplada en el apartado 6 del artículo ya precitado, toda vez que la existencia de un Presupuesto prorrogado conlleva importantes distorsiones en la vida municipal, tanto por el hecho de que la misma no afecta a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiadas con créditos u otros ingresos específicos o afectados, como por el de que únicamente pueda serlo por los créditos iniciales del Presupuesto anterior.

Adjunto al presente informe se remite la liquidación del Presupuesto de esa Corporación correspondiente al ejercicio económico de 1989, así como los ratios más significativos obtenidos de la misma, debidamente detallados para su mejor interpretación.

De conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 4/1989, de la Audiencia de Cuentas de Canarias (B.O.C. nº 64. de 8.5.89), el presente informe deberá ser conocido por el Pleno de la Corporación. Del acuerdo que se adopte deberá remitirse, en el plazo más breve posible, certificación a esta Audiencia de Cuentas.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 1991.- El Presidente, Antonio Márquez Fernández.



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