Recibida en esta Audiencia de Cuentas la documentación del ejercicio económico de 1989 que expresamente se había solicitado, a excepción de la que se relaciona en cada uno de los apartados del presente informe, y una vez realizado su examen formal, referido a la situación del último día del ejercicio y únicamente en base a la información que de la misma se desprende, se observa lo siguiente:
A) En relación con la Cuenta del Presupuesto.
1.- El formato de la liquidación remitida no se adapta al modelo E de la Resolución de la Dirección General de Administración Local de 15 de enero de 1980. Se recomienda que se rectifique en la próxima liquidación.
2.- Las modificaciones presupuestarias han producido un déficit en el Presupuesto definitivo, lo que implica que las modificaciones en el total del Estado de Gastos no se han financiado con las correspondientes modificaciones en el Estado de Ingresos. Hecho éste necesario para justificar los mismos, siempre que no se trate de aplicar el superávit disponible de la liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior (artículo 158.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre).
Para el caso, que parece ser el de esa Corporación, de que la financiación se haya producido mediante mayores ingresos, éstos deberían reflejarse en la columna "E" de modificaciones del Estado de Ingresos, en virtud de lo dispuesto en el apartado 6.e) de la Resolución de la Dirección General de Administración Local de 15 de enero de 1980.
3.- En Resultas se han liquidado derechos por importe inferior en 23.775.770 pesetas a la previsión definitiva, lo que evidencia la existencia de bajas de derechos previamente reconocidos, lo cual implica necesariamente que la Corporación habrá tramitado los oportunos expedientes de baja.
4.- En Resultas se han liquidado obligaciones por importe inferior en 49.500 pesetas a la previsión definitiva, lo que evidencia la existencia de bajas de obligaciones previamente reconocidas, lo cual implica necesariamente que la Corporación habrá tramitado, al igual que en el punto anterior, los oportunos expedientes de baja.
En relación al punto anterior y a este mismo, deberá procurarse que, para evitar estos expedientes durante el ejercicio presupuestario al que se incorporan, previamente al cierre del ejercicio se efectúe una depuración de derechos y obligaciones que previsiblemente no sean realizables.
5.- Las modificaciones presupuestarias introducidas son muy elevadas en relación con el Presupuesto inicial, ya que suponen un 40% de incremento sobre la previsión inicial del Estado de Gastos, pudiendo ser indicativo de errores en la presupuestación del ejercicio 1989.
6.- Son muy elevadas las cantidades pendientes de cobro, en particular aquellas que en el Estado de Ingresos se refieren a los capítulos 0, I, II, IV, VII, VIII y IX, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.
En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Ingresos, dicho pendiente de cobro representa un 48% de los derechos liquidados. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda, en base a lo dispuesto en el artículo 172.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, un análisis de la antigüedad de las Resultas a fin de determinar el motivo que ha impedido el que no se hayan recaudado en su mayor parte durante 1989, así como si existen o no cantidades de difícil o imposible recaudación.
7.- Son elevadas las cantidades pendientes de pago, en particular aquellas que en el Estado de Gastos se refieren a los capítulos 0, II, III, VI y VII, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.
En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Gastos, dicho pendiente de pago representa un 52% de las obligaciones liquidadas. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda, al igual que en el punto anterior, un análisis de las Resultas.
8.- El porcentaje de recursos que la Corporación destina a "Inversiones Reales" es alto en relación con su estructura presupuestaria, aunque se encuentra en su mayor parte (56%) pendiente de pago, tal como expusimos en el punto 7.
En relación con lo anterior, es de destacar como negativo el que la presión fiscal supera en 12.605 pesetas, a la inversión/habitante, pues ello implica que cada vecino abona vía tributos un importe superior en dicha cuenta a lo que recibe vía inversiones.
9.- El endeudamiento a 31.12.89, obtenido con datos de la propia liquidación y sin exclusión de las operaciones de Tesorería, está en un 11%, lo que implica que los créditos que se destinan a cargas financieras son moderados.
10.- Se ha mantenido un nivel muy alto de liquidación presupuestaria por lo que hace referencia a la liquidación de derechos, siendo bajo en lo que se refiere a la liquidación de obligaciones, aunque es preciso matizar que unos y otros se encuentran en gran parte pendientes de cobro y pago, respectivamente.
11.- Las obligaciones reconocidas por el Pleno sin existencia de dotación presupuestaria ascienden a un importe de 25.753.049 pesetas, importe éste que hemos de considerar demasiado elevado, toda vez que la vía de reconocer obligaciones sin dotación presupuestaria que deja abierta el artículo 23.1.e) del Real Decreto-Legislativo 781/1986 debe ser utilizada únicamente con carácter excepcional, pues su empleo implica el no respeto a las cantidades limitativas aprobadas para los distintos conceptos del Presupuesto de Gastos. Por tanto, su utilización debe ser restringida y limitada al ámbito de los gastos extraordinarios que vayan a dar lugar a pagos preferentes o cuando menos obligatorios.
En este mismo sentido es recomendable el que cuando el hecho de referencia se produzca se proceda inmediatamente, si ello fuera posible, a realizar la oportuna modificación de créditos a fin de solventar con la mayor celeridad dicha situación, en lugar de esperar a su inclusión en el Presupuesto del ejercicio siguiente. Para el caso concreto de esa Corporación, parece poco adecuado el que se haya retrasado el reconocimiento de las obligaciones por el Pleno a los meses de octubre y noviembre de 1989, teniendo en cuenta que, en su mayor parte, corresponden a gastos que se realizaron durante los ejercicios anteriores.
12.- Con relación al volumen del Presupuesto, el superávit obtenido a 31 de diciembre es elevado; no obstante, teniendo en cuenta lo expuesto en el punto 6 del presente apartado, en caso de que se produjeran bajas, anulaciones o fallidos sobre el importe pendiente de cobro, podría éste reducirse de forma importante.
13.- No se ha remitido el expediente de tramitación de la cuenta del Presupuesto, por lo que no consta la aprobación de la misma por el Pleno. Lo que incumple gravemente lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley 39/1988.
B) En relación con la Cuenta de Administración del Patrimonio.
1.- La cuenta rendida no se adapta, en cuanto a su contenido, a los modelos 23 y 24 de la Circular del Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, de 1 de diciembre de 1958.
Se recomienda que se rectifique en próximos ejercicios.
2.- Por la documentación recibida parece deducirse que el inventario de bienes se encontraba sin actualizar desde 1986.
En este sentido es necesario recordar que los bienes inventariados han de ser valorados conforme su valor actual {REF artículo 86 del Texto Refundido y artículos 20.g); 21.g); 23.h); 24.c); 25.g) del Reglamento de Bienes}, a cuyo fin la Regla 63 de la Instrucción de Contabilidad preceptúa que cada cinco años se revisen las valoraciones del activo patrimonial. 3.- En el activo de la cuenta rendida no se hace constar las bajas producidas por enajenaciones y cesiones, así como por depreciación. 4.- En relación con lo expuesto en el punto 2, de la relación de bienes a 1 de enero de 1986 parece desprenderse la existencia de algunos de ellos sin que su valor inventarial haya sido actualizado nunca, a título de ejemplo podemos citar:
Bien Valor
Bosque del Adelantado 10.000 pesetas. Casa Sindical 44.000 pesetas. Casas Consistoriales 600.000 pesetas. Cementerio de La Esperanza 10.000 pesetas.
5.- En el pasivo de la cuenta rendida no se hacen constar los aumentos de pasivo del ejercicio.
6.- De la certificación expedida por el Secretario de la Corporación de los acuerdos adoptados sobre aumentos y bajas del Patrimonio, parece desprenderse que solamente hubo un acuerdo de aumento del activo por importe de 1.317.500 pesetas, cuando de la documentación remitida se desprende que dichos aumentos ascendieron a 6.319.077 pesetas. No haciéndose constar ningún acuerdo del pasivo, cuando de la liquidación del Presupuesto y modelo TC/11 se desprende que sí tuvo que haberlas.
7.- Del análisis de la certificación expedida por el Interventor de la Corporación, de los ingresos y gastos producidos como consecuencia de los acuerdos adoptados sobre aumentos y bajas del Patrimonio se desprende que en la misma no se han incluido la totalidad de los producidos durante el ejercicio de 1989.
8.- En la cuenta rendida no consta la documentación justificativa del activo siguiente:
a) Ejemplar de Inventario de bienes al comenzar el ejercicio.
b) Relación sucinta del Inventario al final del ejercicio.
9.- El importe de la relación de Préstamos y Gravámenes a 1 de enero de 1989 coincide, de forma difícilmente comprensible, con la anualidad que figura en el modelo TC/11, pues por este último concepto hemos de entender a la suma de las amortizaciones del ejercicio y los intereses de las operaciones de crédito abonadas durante el ejercicio.
10.- En el modelo TC/11 figura una operación de crédito por importe de 11.000.000 de pesetas con el Banco de Crédito Local, de la que aparentemente se ha abonado 1.512.546 pesetas por el concepto de Intereses pues la cantidad adeudada a 1 de enero y 31 de diciembre es la misma, en tanto que en el pasivo de la cuenta dicho importe figura como amortización de capital.
11.- Del modelo TC/11 se deduce que de varias operaciones de crédito, de las consignadas en el mismo, se han producido amortizaciones, no figurando éstas en el pasivo de la cuenta.
12.- Parece extraño que en el modelo TC/11 figure una anualidad total por importe de 14.969.003 pesetas, en tanto que en la liquidación del Presupuesto, dentro de los capítulos III (Intereses) y IX (Variación de Pasivos Financieros) figuren unas obligaciones liquidadas por importe de 29.714.469 pesetas.
13.- Con fecha 7 de septiembre de 1990 se ha procedido a aprobar de forma conjunta las cuentas de Administración del Patrimonio correspondientes a los ejercicios 1987/88 y 1989, lo que supone un gran retraso en relación con el calendario establecido en el artículo 12 de la Circular del Servicio de Inspección y Asesoramiento, de 1 de diciembre de 1958, y artículo 193 de la Ley 39/1988. Retraso éste que vacía de contenido dicha aprobación.
C) En relación con las cuentas de Tesorería.
1.- La fotocopia del acta de arqueo ha sido remitida sin estar adecuadamente compulsada, lo que le otorga un valor limitado.
2.- En el apartado "Situación" figuran existencias en nueve cuentas bancarias. Cabría indicar que cuanto mayor sea el número de cuentas bancarias mayor esfuerzo contable y de control se requiere para una gestión adecuada.
En relación con lo anterior, el artículo 175 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas locales, dispone:
"La Tesorería de las Entidades locales se regirá por lo dispuesto en el presente capítulo y, en cuanto les sean de aplicación, por las normas del título V de la Ley General Presupuestaria." Por otro lado, el artículo 119 del Real Decreto- Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, recomienda la cancelación de aquellas cuentas para las que se compruebe que no subsisten las razones que motivaron su apertura.
Asimismo, se recomienda la formalización de Convenios de Tesorería con las entidades de crédito, que determinen el régimen de funcionamiento de las cuentas, el tipo de intereses a que serán retribuidas, las comisiones que se han de pagar y las obligaciones de información que asumen las entidades, todo ello con el fin de conseguir una asignación óptima de los recursos y asegurar el bien funcionamiento del servicio.
3.- Figura una existencia final en "Metálico" de VIAP por importe de 211.446.238 pesetas. Este importe ha de corresponder normalmente, entre otros conceptos, a las retenciones por IRPF del último trimestre, así como a las cuotas de la MUNPAL y, en su caso, a las de la Seguridad Social y, en el caso concreto de esa Corporación, a los 189.600.291 pesetas de la fianza de terminación de las obras de Tabaiba.
Sin embargo, de la cuenta de VIAP remitida se desprende que se están contabilizando como valores extrapresupuestarios gran cantidad de ingresos y gastos que no tienen tal carácter a fin de evitar las formalidades que conlleva su incorporación al Presupuesto del ejercicio, lo que provoca el que el importe citado al principio del presente apartado se encuentre integrado en gran parte por cantidades que deberían ser incluidas en el Presupuesto. En este sentido, convendría una depuración de estas existencias dando cuenta al Pleno para fijar su destino. Para el caso de los saldos o remanentes de inversión no utilizados que provengan de subvenciones, debería solicitarse del organismo concesionario autorización para incorporarlos al Presupuesto.
4.- En el apartado "Presupuestos" figuran unos "Ingresos desde dicho arqueo" por importe de 79.040.355 pesetas y unos "Pagos desde dicho arqueo" por importe de 84.753.757 pesetas, entendiendo por arqueo anterior el ordinario mensual celebrado el 30 de noviembre de 1989. Estas cifras representan respectivamente un 23% y un 28% de los ingresos y pagos totales del ejercicio que figuran en las columnas "Recaudación líquida" y "Pagos líquidos" de la liquidación del Presupuesto. Por consiguiente, dada su excesiva concentración en el mes de diciembre, se recomienda que en lo posible se intente una distribución más uniforme de los ingresos y pagos a lo largo del ejercicio.
5.- En el modelo TC/3 (Conciliación de existencias) no figuran las firmas del Presidente de la Corporación y del Tesorero.
6.- Las partidas conciliatorias incluidas en los documentos de conciliación bancaria no ofrecen una interpretación inequívoca de su significado, ya que:
a) No se especifica la fecha completa de contabilización por el Ayuntamiento y por el Banco, ya que con carácter general se ha omitido el año. Tampoco se especifican las fechas en que el Banco adeuda los cheques expedidos por el Ayuntamiento; estas fechas son imprescindibles para justificar las partidas conciliatorias y efectuar un adecuado seguimiento de las mismas.
b) No se utiliza en la descripción de los conceptos una terminología homogénea. Además, resulta insuficiente, porque no se separan adecuadamente los cobros de los pagos formalizados por el Ayuntamiento y no por el Banco y los cobros de los pagos formalizados por el Banco y no por el Ayuntamiento.
En algunas partidas conciliatorias no se ha expresado el concepto.
Es obvio la importancia de las conciliaciones bancarias en la contabilidad de un Ayuntamiento y la necesidad de un extremo rigor en su preparación y confección, por lo que se recomienda la realización de las acciones adecuadas para mejorar este aspecto.
7.- En la conciliación bancaria de la cuenta nº 0423111400024, de CajaCanarias, figuran pagos pendientes de contabilizar con fechas tan anteriores al 31.12.89 como 1985/86 y 1988 y algunos correspondientes al mismo 1989.
Razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a determinar el motivo de dicho retraso, con el objeto de evitar que se produzcan en el futuro.
8.- En la conciliación bancaria de la cuenta nº 0423111400024, de CajaCanarias, figuran "Ordenes en circulación" con fechas tan anteriores al 31.12.89 como:
a) 31.12.88. b) 10.02.89. c) 30.06.89.
Correspondiendo algunos a cantidades y conceptos tan importantes como:
a) 2.196.932 pesetas, de MUNPAL.
b) 62.324 pesetas, de Nómina.
9.- En la conciliación bancaria de la cuenta nº 040.531.2001034.1, de la Caja Rural Provincial, figuran ingresos pendientes de formalizar con fechas tan anteriores al 31.12.89 como:
a) 19.02.86. b) 23.05.86. c) 11.07.86. d) --.09.86. e) 20.01.87. f) 14.07.87. g) 27.07.88. h) 12.07.88. i) 08.08.88.
Así como unas "Ordenes en circulación" sin especificar, por importe de 73.398 pesetas.
10.- En la conciliación bancaria de la cuenta nº 0838032000, del Banco de Crédito Local, figuran, sin ningún tipo de explicación adicional, unos "Pagos pendientes de contabilizar" por importe de 308.346 pesetas.
11.- En la conciliación bancaria de la cuenta nº 2031271, del Banco de Madrid, se hace constar un "Saldo según extracto" por importe de 58.585 pesetas, cuando el certificado bancario que se adjunta tiene fecha 20.4.90, siendo la cuantía de dicho saldo de 58.629 pesetas. Realizándose por tanto una conciliación indebida por 44 pesetas, que se hacen figurar como "Ingresos pendientes de abonar".
12.- En la conciliación bancaria de la cuenta nº 040.531.3000055.6, de la Caja Rural Provincial, se hace constar, sin explicación adicional, unos "Pagos pendientes de contabilizar" por importe de 4.500 pesetas.
13.- Del modelo TC/24 (Resumen de las cuentas de Tesorería) se desprende que los ingresos y pagos trimestrales se producen con gran irregularidad. Por consiguiente, dada su excesiva concentración en algunos determinados trimestres, se recomienda una distribución más uniforme a lo largo del ejercicio.
14.- No se ha remitido el expediente de tramitación de las cuentas de Tesorería, lo que supone un incumplimiento de lo dispuesto en la Regla 84 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales, pues la misma establece que:
"Los Depositarios rendirán, en los quince primeros días de cada trimestre, Cuenta de Caudales correspondiente al anterior, a la que servirán de base las relaciones de cargo y datas sin unir los mandamientos."
Siendo la consecuencia inmediata del retraso en la rendición de las cuentas el que la aprobación por el Pleno, en el ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 22.2.e) de la L.B.R.L., se produzca con tal retraso que casi invalida el sentido de dichas cuentas.
D) En relación con la cuenta de VIAP.
1.- Como ya expusimos en el punto 3 del apartado referido a Tesorería, de la cuenta de VIAP remitida se desprende que se están canalizando a través de la misma ingresos y gastos que no tienen tal carácter. Por ello es necesario recordar el concepto y contenido de las operaciones extrapresupuestarias que no son otras que aquellas operaciones que se generan dentro de la técnica y operativa de la contabilidad y liquidaciones de ingresos y gastos públicos, no afectando las mismas directamente a los ingresos previstos y los créditos incluidos en el Presupuesto, pero que forman parte de la gestión de los recursos públicos. En general, se componen de partidas por cuenta ajena y partidas pendientes de aclaración.
Las transacciones extrapresupuestarias se producen normalmente en conexión con alguna operación presupuestaria. Los fondos relacionados con estas transacciones están gestionados junto con los fondos presupuestarios, sin separación física de los mismos, como una extensión lógica del principio de unidad de caja. Sus movimientos y saldos han de tomarse en consideración para el adecuado cuadre de los movimientos y arqueos periódicos.
En ocasiones, los importes no están representados por dinero efectivo sino por avales y fianzas, que denominamos "Valores".
Pero, como ha quedado manifiestamente claro, el hecho de que se gestionen los fondos sin separación física no nos debe llevar a confundir la naturaleza de ambos que está totalmente diferenciada.
2.- Como ya hemos expuesto en el punto anterior, de la observación de la Rúbrica "Operaciones diversas", se desprende que se está utilizando el VIAP como un Presupuesto paralelo, con la finalidad de eludir las formalidades que conlleva la incorporación al Presupuesto Ordinario de los fondos que ingresados durante el ejercicio tuvieran carácter presupuestario. Hecho éste que debe ser evitado a toda costa.
3.- No se ha remitido el expediente de tramitación de la cuenta, lo que supone el incumplimiento de lo dispuesto en la Regla 84.2 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales. La no aprobación de la cuenta de VIAP por el Pleno supone el incumplimiento de lo establecido en la Regla 85 de Instrucción de Contabilidad y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, con lo que ello conlleva de no ejercicio de la atribución más importante que la Ley le encomienda.
E) En relación con las cuentas de recaudación.
1.- En la cuenta rendida por el recaudador, y referida a valores-certificaciones de descubierto, se observa que se producen cargos e ingresos en voluntaria por circulación de vehículos, cuando dicha cuenta está reservada exclusivamente para valores en vía ejecutiva. 2.- Suponiendo, como parece ser que hace esa Corporación, que en la cuenta referida a valores-certificaciones de descubierto se pueden producir cargos e ingresos en voluntaria, resulta extraño que en circulación de vehículos 1988 se produzcan ingresos en voluntaria superiores a los cargos en dicha vía, lo que parece indicar el desconocimiento del tiempo de pago en periodo voluntario establecido por el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación.
3.- Figuran valores pendientes de cobro correspondientes a ejercicios muy anteriores a 1985, hecho sorprendente teniendo en cuenta que la aplicación de lo dispuesto en los artículos de la Ley General Tributaria sobre prescripción de derechos y 200 del Reglamento General de Recaudación sobre perjuicio de valores, hubiera supuesto su baja en cuenta.
En este sentido se recomienda dar de baja aquellos valores que sean de difícil o imposible recaudación, así como el seguimiento de la gestión recaudatoria a fin de que sean declarados perjudicados, en cualquiera de sus grados, aquellos valores que por el transcurso del tiempo reglamentario hayan adquirido tal carácter.
4.- De la cuenta rendida por valores-certificaciones de descubierto por el recaudador se desprende que durante el ejercicio 1989 se han producido cargos en ejecutiva por Contribución Territorial Urbana correspondiente a los años 1980/82/83/85, lo que causa cierta extrañeza, toda vez que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación debieran haberse encontrado en ejecutiva con mucha anterioridad.
5.- En la cuenta rendida por valores-certificaciones de descubierto por el recaudador figuran unos valores denominados "Fianzas", sin que podamos llegar a determinar a qué concepto tributario corresponden. Aparecen, asimismo, conceptos tan extraños como "Daños" y "Sanción".
6.- De la cuenta rendida por valores-certificaciones de descubierto por el recaudador no se observa que durante 1989 se haya producido ingreso alguno en los conceptos:
a) Contribución Territorial Urbana 1980/82/83/85.
b) Daños 1987.
c) Sanción 1985.
d) Aprovechamientos forestales 1985/87.
e) Licencia obras 1987. f) Fianzas 1988/89.
g) Plusvalía 1978/81/82/84/85/86.
Por lo que debe procederse a un análisis de los mismos a fin de depurarlos y dar de baja aquellos que sean de difícil o imposible recaudación.
7.- Los ingresos realizados en periodo ejecutivo durante 1989, en concepto de valores-certificaciones de descubierto, son muy bajos, ya que representan un 1,31% de los valores pendientes de la cuenta anterior. Por lo que deberían redoblarse esfuerzos a fin de elevar dicho porcentaje.
8.- En la cuenta por valores-recibos rendida por el recaudador figuran valores pendientes de cobro correspondientes a ejercicios muy anteriores a 1985, por lo que nos remitiremos a lo expuesto en el punto 3.
9.- De la cuenta rendida por valores-recibos por el recaudador se desprende que durante 1989 se han producido cargos en ejecutiva por los conceptos siguientes:
a) Licencia Fiscal Industrial 1983/84/85.
b) Licencia Fiscal Profesionales 1983/84/85.
c) Contribución Territorial Urbana 1977/81/82/83/84/85.
Lo que produce cierta extrañeza, toda vez que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento General de Recaudación, deberían haberse encontrado en ejecutiva con mucha anterioridad.
10.- De la cuenta rendida por valores-recibos por el recaudador no se observa que durante 1989 se haya producido ingreso alguno en los conceptos:
a) Aguas 1983/84/85.
b) Basura 1985.
c) Circulación de vehículos 1983/84.
d) Licencia Fiscal Profesionales 1983.
e) Contribución Territorial Urbana 1977/81/82/84.
Por lo que debe procederse a un análisis de los mismos a fin de depurarlos y dar de baja aquellos que sean de difícil o imposible recaudación.
11.- En la cuenta rendida por valores-recibos por el recaudador en periodo voluntario, los ingresos obtenidos representan un 80,88% respecto de los cargos efectuados. Se estima que es un buen porcentaje.
12.- En la cuenta rendida por valores-recibos por el recaudador, en periodo ejecutivo, los ingresos obtenidos representan un 9,23% de los valores pendientes de la cuenta anterior. Se estima que es un porcentaje muy bajo.
13.- Las cuentas por valores-recibos y valores-certificaciones de descubierto rendidas por el Consorcio de Tributos (en adelante, Consorcio) al 31.12.89 no se adapta al formato establecido por la Regla 188 de la Instrucción General de Recaudación y Contabilidad, aprobada por Decreto 2.260/1969.
14.- No se han remitido los estados a que hace referencia la Regla 189 de la I.G.R.C., pues la misma establece que cada cuenta estará compuesta del número de estados que sean necesarios para que cada uno de ellos refleje solamente el movimiento de valores de un mismo ejercicio económico del contraído de débitos.
15.- En la cuenta rendida por el Consorcio, referida a la gestión recaudatoria en periodo voluntario de valores-recibos de 1989, los ingresos obtenidos representan un 63% respecto de los cargos efectuados. Se estima que es un porcentaje muy bajo.
16.- En la cuenta rendida por el Consorcio, los ingresos realizados en periodo ejecutivo durante 1989, en concepto de valores-recibos y valores-certificaciones de descubierto son bajos, ya que representan un 16% de los valores pendientes de la cuenta anterior.
17.- En la cuenta por el Consorcio, y referida a valores-certificaciones de descubierto, se observa que se producen cargos en ejecutiva por el concepto "Contribución Territorial Urbana 1986/87", cuando dichos valores debían entrar en dicha vía con anterioridad.
18.- De la cuenta rendida y en referencia a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de valores-recibos y valores-certificaciones de descubierto de 1989 no se observa que se haya producido ingreso alguno en los conceptos:
- Contribución Territorial Rústica 1986.
- L.F.R.T.P. 1986/87.
- Patente B-C 1986.
Por lo que debe procederse a un análisis de los mismos a fin de depurarlos y dar de baja aquellos que sean de difícil o imposible recaudación.
19.- Del modelo ACC/5 se desprende la existencia de tributos cuya recaudación tiene asignada el Tesorero Municipal pero que no figuran en estado de gestión recaudatoria formulado por el mismo, tales como:
a) Recogida de basuras (Altos).
b) Apertura de calicatas y zanjas.
c) Instalación de kioskos en vía pública.
d) Instalación de puesto, barracas, casetas, etc.
En tanto que en este último estado figuran algunos no contemplados en el modelo ACC/5, tales como:
a) Cotos de caza.
b) Circulación de vehículos.
c) Expedición de documentos.
d) Licencia de autobuses.
e) Abastecimiento de agua.
f) Puestos de feria.
g) Arrendamiento.
h) Aprovechamientos especiales.
20.- Del modelo ACC/6 se desprende la existencia de tributos cuya recaudación tiene asignada el recaudador municipal pero que no figuran en la cuenta por valores-certificaciones de descubierto rendida, tales como:
a) Licencia apertura establecimiento.
b) Recogida de basuras.
c) Apertura de calicatas y zanjas.
d) Entrada de vehículos.
e) Instalación de kioskos.
f) Prestación servicios de cementerio.
g) Licencias Urbanísticas.
h) Instalación de puertos.
21.- En la documentación remitida consta un Acuerdo del Pleno de la Corporación, de 2 de agosto de 1989, por el que se delega en el Consorcio de Tributos la facultad de aprobación de las cuentas de recaudación formuladas por el mismo. Este hecho supone el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.2.b) de la Ley 7/1985, que determina la indelegabilidad de las competencias del Pleno referidas a la aprobación de las cuentas de recaudación.
22.- Se observa que alguno de los tributos recaudados carece de ordenanza fiscal reguladora, como multas.
En este sentido es necesario recordar que los límites de la potestad de las Entidades locales para decidir la imposición de sus tributos propios, esto es, la aplicación de dichos tributos en su respectivo ámbito territorial, están fijados en el artículo 15 de la Ley 39/1988, precepto éste que parte de la distinción entre tributos locales de carácter potestativo, por un lado, y tributos locales de carácter obligatorio, por otro.
a) Respecto de los tributos de carácter potestativo o voluntario, la potestad de las Entidades locales para decidir su imposición es absoluta, de suerte tal que dichos tributos no podrán ser exigidos si previamente no ha sido acordada su imposición mediante la correspondiente ordenanza fiscal.
b) Respecto de los tributos de carácter obligatorio, la potestad de las Entidades locales para decidir su imposición es nula. En consecuencia, dichos tributos tienen que ser exigidos, necesariamente, sin precisar acuerdo alguno de imposición.
No obstante, las Entidades locales (municipios) sí tienen una cierta capacidad de decisión en el ámbito de los tributos (impuestos) de carácter obligatorio, capacidad ésta que se refiere a la posibilidad de fijar los elementos necesarios en orden a la manifestación de las respectivas cuotas tributarias.
23.- No se ha remitido el expediente de tramitación de las cuentas de recaudación, lo que supone un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, en lo referido a la necesidad de que los mismos sean aprobados por el Pleno de la Corporación.
F) En relación con los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles dependientes de la Corporación.
No consta que existan Organismos Autónomos ni Sociedades Mercantiles dependientes de la Corporación.
G) En relación con otros aspectos de la gestión económico-financiera. 1.- La totalidad de las adjudicaciones se ha realizado por contratación directa, por lo que se ha transformado en regla general lo que el Real Decreto-Legislativo 781/1986 considera una excepción, pues en su artículo 118 determina que cuando se trate de obras procederá, con carácter general, la subasta y en suministros, el concurso.
2.- Se han adjudicado las obras "Alumbrado acceso Tabaiba" y "Tablero, fase segunda", como hemos indicado en el párrafo anterior, por contratación directa, hecho que resulta significativo, pues el importe de la limitación excede un 5% de los ingresos ordinarios, teniendo como razón de ser dicho límite, el establecer un tope en función de las características de la Corporación.
3.- Parece extraño el que únicamente se hayan formalizado expedientes de adquisición de suministros por un importe de 8.358.664 pesetas, teniendo en cuenta que el capítulo II del Estado de Gastos cuya inversión da lugar, normalmente, a este tipo de expedientes de contratación, suma un importe de 100.882.055 pesetas, con unas obligaciones liquidadas de 88.690.217 pesetas. De este hecho podemos deducir que hay gran cantidad de gastos que no se han formalizado mediante los oportunos expedientes.
A este respecto, hay que recordar lo dispuesto en el artículo 125 de R.G.C.E., al prohibir expresamente la contratación verbal en la ejecución de obras y hacer personalmente responsables a las autoridades y funcionarios que contrataron con los empresarios de los pagos derivados del negocio irregular, así como los artículos 208 y 237 del mismo Reglamento al extender su aplicación a dos contratos de gestión de servicios públicos y suministros.
H) En relación con el Presupuesto General de 1990.
La aprobación inicial y definitiva del Presupuesto de 1990 se ha producido con retraso respecto al calendario establecido en el artículo 150 de la Ley 39/1988.
En este sentido, es necesario poner de manifiesto lo establecido en el apartado 2 del artículo antes citado, toda vez que el mismo determina que la aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que debe aplicarse. Debiendo entenderse, por tanto, como algo excepcional, y a utilizar con tal carácter, la prórroga automática contemplada en el apartado 6 del artículo ya precitado, toda vez que la existencia de un Presupuesto prorrogado conlleva importantes distorsiones en la vida municipal, tanto por el hecho de que la misma no afecta a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiadas con créditos u otros ingresos específicos o afectados, como por el de que únicamente pueda serlo por los créditos iniciales del Presupuesto anterior.
Adjunto al presente informe se remite la liquidación del Presupuesto de esa Corporación correspondiente al ejercicio económico de 1989, así como los ratios más significativos obtenidos de la misma, debidamente detallados para su mejor interpretación.
De conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 4/1989, de la Audiencia de Cuentas de Canarias (B.O.C. nº 64, de 8.5.89), el presente informe deberá ser conocido por el Pleno de la Corporación. Del acuerdo que se adopte deberá remitirse, en el plazo más breve posible, certificación a esta Audiencia de Cuentas.
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 1991.- El Presidente, Antonio Márquez Fernández.
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