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Recibida en esta Audiencia de Cuentas la documentación del ejercicio económico de 1989 que expresamente se había solicitado, a excepción de la que se relaciona en cada uno de los apartados del presente informe, y una vez realizado su examen formal, referido a la situación del último día del ejercicio y únicamente en base a la información que de la misma se desprende, se observa lo siguiente:
A) En relación con la Cuenta del Presupuesto.
1.- En el Estado de Ingresos, columna "Estado de Ejecución", las cantidades consignadas en los capítulos II, III y IV deberían figurar con signo positivo, en tanto que los consignados en los capítulos 0 y I deberían hacerlo con signo negativo.
2.- En el Estado de Ingresos, columna "Pendiente de Cobro", línea "Impuestos directos", debe figurar consignada la cantidad de 1.107.067 pesetas.
3.- En el Estado de Ingresos, columna "Recaudación líquida", línea "Ingresos patrimoniales", aparece consignada la cantidad de 1.365.071 pesetas, cuando la que debe figurar es 1.356.071 pesetas.
4.- En el Estado de Ingresos, columna "Modificaciones", línea "Variación de Pasivos Financieros", aparece consignada la cantidad de 26.684.248 pesetas, cuando la que debe figurar es la de 28.684.248 pesetas.
5.- En el Estado de Ingresos, columna "Estado de Ejecución", línea "Total Ingresos", la cantidad consignada debe figurar con signo negativo.
6.- En la situación económica, columna "Estado de Ejecución", líneas "Total Ingresos" y "Total Gastos", las cantidades consignadas deben figurar con signo negativo.
7.- En la situación económica, línea "Diferencias", columnas "Recaudación líquida", "Pendiente de Cobro" y "Estado de Ejecución", no figuran cantidades algunas, cuando las que deben figurar son 5.550.618 pesetas, -34.724.485 pesetas y -4.222.013 pesetas, respectivamente.
Con respecto a estos puntos es obvio la necesidad de que los estados contables se remitan siempre sin errores aritméticos y de transcripción que puedan desvirtuar la información contenida en ellos, por lo que conviene emprender acciones dirigidas a evitarlos.
8.- La incorporación de las Resultas del ejercicio 1988 ha producido un déficit de 24.951.854 pesetas en la previsión inicial, que se ha trasladado a la previsión definitiva como consecuencia de la no adopción por la Corporación de las medidas que para resolver esta situación contempla el artículo 174 de la Ley 39/1988.
Como consecuencia de ello el Presupuesto del ejercicio 1989 se liquidó con un déficit de 29.173.867 pesetas, lo que debió ser salvado mediante la aprobación del Presupuesto de 1990 con un superávit mínimo por dicho importe, lo que no se ha producido en el caso de esa Corporación y que implica que el déficit se ha trasladado de un ejercicio a otro con los graves problemas de Tesorería que conlleva una situación de este tipo, además del grave incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 39/1988.
Por todo ello, se recomienda acometer las medidas oportunas a fin de resolver, a la mayor brevedad posible, este aspecto.
9.- En Resultas se han liquidado derechos por importe inferior en 10.363.415 pesetas a la previsión definitiva, lo que evidencia la existencia de bajas de derechos previamente reconocidos, lo cual implica necesariamente que la Corporación habrá tramitado los oportunos expedientes de baja.
10.- En Resultas se han liquidado obligaciones por importe inferior en 3.516.130 pesetas a la previsión definitiva, lo que evidencia la existencia de bajas de obligaciones previamente reconocidas, lo cual implica necesariamente que la Corporación habrá tramitado, al igual que en el punto anterior, los oportunos expedientes de baja.
En relación al punto anterior y a este mismo, deberá procurarse que, para evitar estos expedientes durante el ejercicio presupuestario al que se incorporan, previamente al cierre del ejercicio se efectúe una depuración de derechos y obligaciones que previsiblemente no sean realizables.
11.- Son muy elevadas las cantidades pendientes de cobro, en particular aquellas que en el Estado de Ingresos se refieren a los capítulos 0, II, III, IV, VII y VIII, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.
Es este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Ingresos, dicho pendiente de cobro representa un 32% de los derechos liquidados. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda, en base a lo dispuesto en el artículo 172.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, un análisis de la antigüedad de las Resultas a fin de determinar el motivo que ha impedido el que no se hayan recaudado en su mayor parte durante 1989, así como si existen o no cantidades de difícil o imposible recaudación.
12.- Son elevadas las cantidades pendientes de pago, en particular aquellas que en el Estado de Gastos se refieren a los capítulos 0, II, VI y IX, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.
En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Gastos, dicho pendiente de pago representa un 31% de las obligaciones liquidadas. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda, al igual que en el punto anterior, un análisis de las Resultas.
13.- El porcentaje de recursos que la Corporación destina a "Inversiones Reales" es alto en relación con su estructura presupuestaria, aunque se encuentra en su mayor parte (50,42%) pendiente de pago, tal como expusimos en el punto anterior.
En relación con lo anterior, es de destacar como positivo el que la inversión/habitante supera en 4.276 pesetas a la presión fiscal, pues ello implica que cada vecino recibe vía inversiones un importe superior en dicha cuantía a los tributos que abona a la Corporación.
14.- El endeudamiento a 31.12.89, obtenido con datos de la propia liquidación y sin exclusión de las operaciones de Tesorería, está en un 82% lo que implica que los créditos que se destinan a cargas financieras son excesivos, motivo por el que debería procederse, a la mayor brevedad posible, a su reducción a fin de evitar que la carga sobre el Presupuesto se convierta en insoportable.
Como consecuencia de lo anterior la carga financiera/habitante está en 9.948 pesetas, lo que implica que cada vecino anualmente debe soportar una carga de dicho importe como consecuencia del endeudamiento municipal.
15.- Se ha obtenido un nivel muy alto de liquidación presupuestaria por lo que hace referencia a la liquidación de derechos y obligaciones, aunque unos y otros se encuentran en gran parte pendientes de cobro y pago, respectivamente.
16.- En el capítulo IX (variación de pasivos financieros) del Estado de Ingresos se observa que las cantidades que figuran consignadas en la liquidación por conceptos no han sido traspasadas a la misma por artículos, lo que provoca que la suma de estos últimos no coincida con el importe del capítulo.
En este sentido se recuerda la necesidad de evitar los errores de transcripción, a fin de evitar el que los estados financieros puedan dar lugar a confusión.
17.- Con relación al volumen del Presupuesto, el déficit obtenido a 31 de diciembre es elevado, no obstante, teniendo en cuenta lo expuesto en el punto 11, en caso de que se produjeran bajas, anulaciones o fallidos sobre el importe pendiente de cobro, podría éste incrementarse.
18.- La rendición de la Cuenta General se ha realizado con gran retraso respecto al calendario establecido en el artículo 193 de la Ley 39/1988. Habiendo incumplido un trámite esencial en su tramitación, cual es el de la exposición al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones; ello es debido a que el anuncio tiene fecha del 26 de septiembre, en tanto que la aprobación por el Pleno se produce tres días después, el 29 de septiembre.
B) En relación con la Cuenta de Administración del Patrimonio.
1.- No se ha remitido la siguiente documentación:
- La Cuenta de Administración del Patrimonio.
- El estado de la situación patrimonial.
- El expediente de tramitación de la cuenta.
A este respecto es necesario recordar que entre las cuentas que deben rendirse para conocimiento, examen y fiscalización de las Corporaciones locales, la Regla 74 de la Instrucción de Contabilidad, de 4 de agosto de 1952, incluye en segundo lugar la de Administración del Patrimonio, cuya formación constituye una tarea técnica que corresponde, dentro de las Entidades locales (artº. 189 de la Ley 39/1988), a la intervención de fondos, correspondiendo la rendición al Presidente de la Corporación por cuanto le compete el desarrollo y la gestión económica conforme al Presupuesto aprobado (artº. 24.f) del T.R.R.L.) y, por consiguiente, constituye el cuentadante del artículo 128.a) de la Ley General Presupuestaria.
Sobre la necesidad de rendición de la Cuenta de Administración del Patrimonio se manifiesta asimismo el artículo 43 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, al establecer que: "Las Cuentas de Administración del Patrimonio se formarán, rendirán y fiscalizarán del modo dispuesto en la legislación reguladora de las Haciendas locales."
El sometimiento al régimen de contabilidad pública lleva consigo la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza. Así se expresa el artículo 182 de la Ley 39/1988.
Esta obligación genérica se concreta en el artículo 189 cuando dice que:
"Las Entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán y elaborarán los estados y cuentas anuales ......, los cuales comprenderán todas las operaciones .... patrimoniales ... llevadas a cabo durante el ejercicio."
Para finalizar, es necesario manifestar la importancia de la aprobación de la misma por el Pleno de la Corporación, pues constituye el ejercicio de la atribución más importante que la Ley encomienda al Pleno, al disponer que le corresponde: "El control y fiscalización de los Organos de Gobierno" (artículos 22.2.a) y 33.2.e) de la L.B.R.L. y 50.2 y 70.2 del R.O.F.).
Por tanto se recomienda que se regularice la situación lo más pronto posible.
2.- En el modelo TC/11 (Operaciones de crédito concertadas por la Corporación) se detecta que esa Corporación desconoce aspectos esenciales de las operaciones concertadas, tales como lo adeudado al principio y final del ejercicio, así como el vencimiento final, lo que imposibilita la adecuada presupuestación de los capítulos III (intereses) y IX (variación de pasivos financieros) del Estado de Gastos, toda vez que los importes a consignar son desconocidos, produciéndose por tanto una presupuestación irreal, con el añadido de que se desconoce completamente la carga financiera futura.
En este sentido es necesario emprender las acciones adecuadas a fin de resolver dicho aspecto.
C) En relación con las cuentas de Tesorería.
1.- La documentación remitida no está debidamente compulsada con su original, lo que le otorga un valor limitado.
2.- En el apartado "Situación", columna "Valores", aparece consignada la cantidad de 10.396.942 pesetas, cuando en realidad debería figurar en la columna "Metálico", línea "Caja de la Corporación". 3.- La existencia final en caja asciende a 10.396.942 pesetas, lo que representa:
3.1. Un 111,6% de la existencia final en metálico del Ayuntamiento.
Como quiera que la administración de los fondos públicos responde mejor a los principios de seguridad y fácil control interno si son depositados y gestionados mediante entidades bancarias, se estima que se debe reducir la existencia de metálico en caja.
Al mismo tiempo, se debe efectuar el correspondiente ingreso en entidades bancarias, si ello es posible, el mismo día en que el importe efectivo sobrepase un límite razonable ya que, en principio, en caja no debe haber más efectivo que el necesario para atender pequeños pagos.
A estos efectos, se recomienda que el Alcalde, previo informe del Interventor y del Depositario, fije la cantidad máxima de fondos en metálico que puede haber en caja, así como el importe máximo de cada pago en efectivo.
3.2. El 100% del metálico de VIAP se encuentra en la Caja de la Corporación.
Se ha de evitar a toda costa el que con cargo a dicho importe se hagan pagos que queden pendientes de su formalización definitiva, por lo que se manifiesta la necesidad de que si sucede esto se regularice la situación lo más pronto posible y, en todo caso, el que para efectuar pagos se atienda al procedimiento establecido, que implica ordenación del gasto, contraído y expedición del oportuno mandamiento de pago. La existencia del hecho de referencia implica que no se han respetado las cantidades limitativas aprobadas para los distintos conceptos del Presupuesto de Gastos y que figuran cantidades ficticias en el acta de arqueo.
4.- Figuran cuatro cuentas bancarias con saldo acreedor. Se deben realizar las acciones adecuadas respecto a la gestión de Tesorería a fin de evitar los descubiertos en cuentas bancarias, sobre todo si tenemos en cuenta la suficiencia global de los saldos de Tesorería analizados.
5.- Los saldos bancarios han de justificarse, o bien con una certificación de saldo a 31 de diciembre, expedido por persona autorizada de la entidad bancaria, o bien con el extracto bancario de la cuenta, del que resultan indudables la titularidad del Ayuntamiento y el saldo a la fecha indicada.
6.- En la conciliación individualizada de la cuenta nº 038 de CajaCanarias no figura la firma del Tesorero. 7.- En la conciliación individualizada de la cuenta nº 038 de CajaCanarias, la partida conciliatoria incluida no ofrece una interpretación inequívoca de su significado, ya que no se especifica la fecha de contabilización por el Ayuntamiento y por el Banco. Tampoco se especifica el concepto a que corresponde.
Es obvio la importancia de las conciliaciones bancarias en la contabilidad de un Ayuntamiento y la necesidad de un extremo rigor en su preparación y confección, por lo que se recomienda la realización de acciones adecuadas para mejorar este aspecto.
8.- En el certificado expedido por el Tesorero se hace constar que las existencias en caja a 31 de diciembre ascienden a 5.550.618 pesetas, en tanto que del acta de arqueo se desprende que dichas existencias ascienden realmente a 9.310.834 pesetas, obedeciendo dicha diferencia al "Metálico" de VIAP no incluida en el certificado.
En relación con lo anterior es necesario hacer constar que tampoco han sido objeto de certificación las existencias de "Valores" de VIAP.
9.- La cuenta de Tesorería del 1er trimestre ha sido aprobada por el Alcalde, en claro incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la L.B.R.L., que encomienda el ejercicio de dicha facultad al Pleno de la Corporación. Remitiéndonos, en cuanto a la importancia de este hecho, a lo ya expuesto en el apartado B-1. No constando la aprobación de los correspondientes al 2º, 3º y 4º trimestre.
En este mismo sentido es necesario poner de manifiesto que la rendición de estas cuentas se ha producido con un gran retraso en relación al calendario establecido por la Regla 84 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales de 4 de agosto de 1952, pues la misma establece que:
"Los Depositarios rendirán, en los quince primeros días de cada trimestre cuenta de caudales correspondientes al anterior, a lo que servirán de base las relaciones de cargo y dato, sin unir los mandamientos." Siendo la consecuencia inmediata de dicho retraso, el que el sentido de la propia rendición quede casi invalidado.
Se recomienda que, con relación a este aspecto, se tomen las medidas oportunas a fin de evitar su repetición en el futuro.
D) En relación con la cuenta de VIAP.
No se ha remitido la documentación solicitada. A este respecto es necesario recordar que la Regla 84.2 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales establece que los Depositarios deben rendir en el mes de enero siguiente a cada ejercicio, la cuenta anual de VIAP. Correspondiendo la aprobación de la misma al Pleno de la Corporación (artículo 22.2.e) de la L.B.R.L.), siendo esta la atribución más importante que la Ley encomienda al Pleno, al que corresponde el control y fiscalización de los Organos de Gobierno.
Por tanto, se recomienda que se regularice la situación lo más pronto posible.
E) En relación con las cuentas de recaudación.
1.- Las cuentas por valores-recibos y valores-certificaciones de descubierto rendidas por el Consorcio de Tributos (en adelante, Consorcio) al 31.12.89 no se adapta al formato establecido por la Regla 188 de la Instrucción General de Recaudación y Contabilidad, aprobada por Decreto 2.260/1969.
2.- No se han remitido los estados a que hace referencia la Regla 189 de la I.G.R.C., pues la misma establece que cada cuenta estará compuesta del número de estados que sean necesarios para que cada uno de ellos refleje solamente el movimiento de valores de un mismo ejercicio económico del contraído de débitos.
3.- En la cuenta rendida por el Consorcio, referida a la gestión recaudatoria en periodo voluntario de valores-recibos de 1988/89, los ingresos obtenidos representan un 80,65% respecto de las cargas efectuadas. Se estima que es un buen porcentaje.
4.- Los ingresos realizados en periodo ejecutivo durante 1989, en concepto de valores-recibos y valores-certificaciones de descubierto, son muy bajos ya que representan un 13% de los valores pendientes de la cuenta anterior.
5.- En la cuenta rendida se observa que se han producido cargos e ingresos en voluntaria por "Abastecimiento de aguas" y "Recogida de basuras" en 1988 cuando dichos valores debían ser contraídos en 1989.
6.- De la cuenta rendida, y en referencia a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de valores-recibos y valores-certificaciones de descubierto de 1989, no se observa que se haya producido ingreso alguno en los conceptos:
- Solares 1985/86/87. - Solares sin vallar 1985/86/87. - Recogida basuras 1986.
- Contribución Territorial Urbana 1984/85.
- Contribución Territorial Rústica 1986/87.
- Licencia Fiscal 1986/87.
- L.F.R.T.P. 1988.
- Patente B-C 1987/88.
Por lo que debe procederse a un análisis de los mismos a fin de depurarlos y dar de baja aquellos que sean de difícil o imposible recaudación.
7.- En el expediente de tramitación de la cuenta rendida no consta:
- La fecha de rendición por el Consorcio.
- La Memoria del recaudador aneja a la misma.
- Informe propuesta de la Comisión Liquidadora.
- Informe de la Tesorería en el que se haga constar la apertura de expedientes de declaración de perjuicio de valores.
- Informe de la Intervención.
- Aprobación por el Pleno de la Corporación.
Se recomienda acometer las medidas oportunas a fin de resolver este aspecto.
F) En relación con los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles dependientes de la Corporación.
1.- No consta que existan Organismos Autónomos ni Sociedades Mercantiles dependientes de la Corporación.
G) En relación con otros aspectos de la gestión económico-financiera.
1.- En la relación de ordenanzas fiscales (Mod. ACC/8) se ha hecho constar las aprobadas el 13.11.89, cuando en la petición se especificaba las que estuviesen en vigor a partir del 1.1.89.
2.- Se hace constar el contrato "C.O.I.N.S.A.", como de gestión de servicio público, siendo ésto del todo incorrecto, toda vez que el artículo 196 del Reglamento General de Contratos del Estado determina que son contratos de dicho tipo aquellos mediante el cual la Corporación encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio, lo que no sucede en el presente caso. Más bien parece que se trate de un suministro o en todo caso de una asistencia de los regulados en el Decreto 1.005/1974 (B.O.E. nº 97).
3.- Parece extraño el que únicamente se hayan formalizado expedientes de contratación por importe de 600.000 pesetas, teniendo en cuenta que, aquellos capítulos (II y VI) del Estado de Gastos cuya inversión da lugar, normalmente, a expedientes de contratación, suman un importe de 108.130.716 pesetas, con unas obligaciones liquidadas de 84.253.714 pesetas, De este hecho podemos deducir que hay gran cantidad de gastos que no se han formalizado mediante los oportunos expedientes.
A este respecto hay que recordar lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento General de Contratos del Estado, el prohibir expresamente la contratación verbal en la ejecución de obras y hacer personalmente responsables a las autoridades y funcionarios que contratan con los empresarios de los pagos derivados del negocio irregular, así como los artículos 208 y 237 del mismo Reglamento al extender su aplicación a los contratos de gestión de servicios públicos y suministros.
H) En relación con el Presupuesto General de 1990.
1.- Como ya expresamos en el apartado A-8 el Presupuesto del ejercicio 1990 debió ser aprobado con superávit, caso que no ha sucedido en claro incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley 89/1988.
2.- La aprobación inicial y definitiva del Presupuesto se ha producido con gran retraso respecto al calendario establecido en el artículo 150 de la Ley 39/1988.
En este sentido es necesario recordar lo dispuesto en el apartado 2 del artículo antes citado, toda vez que el mismo determina que la aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio a que debe aplicarse. Debió entenderse, por tanto, como algo excepcional y a utilizar con tal carácter la prórroga automática contemplada en el apartado 6 del artículo ya precitado, toda vez que la existencia de un Presupuesto prorrogado conlleva importantes distorsiones en la vida municipal tanto por el hecho de que la misma no afecta a los créditos para servicios o programas que deban concluir con el ejercicio anterior o que están financiados con crédito otros ingresos específicos o afectados, como por el de que únicamente pueda serlo por los créditos iniciales del Presupuesto existente.
Adjunto al presente informe se remite la liquidación del Presupuesto de esa Corporación correspondiente al ejercicio económico de 1989, así como los ratios más significativos obtenidos de la misma debidamente detallados para su mejor interpretación.
De conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 4/1989, de la Audiencia de Cuentas de Canarias (B.O.C. nº 64, de 8.5.89), el presente informe deberá ser conocido por el Pleno de la Corporación. Del acuerdo que se adopte deberá remitirse, en el plazo más breve posible, certificación a esta Audiencia de Cuentas.
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.
Santa Cruz de Tenerife, a 21 de diciembre de 1990.- El Presidente, Antonio Márquez Fernández.
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