Recibida en esta Audiencia de Cuentas la documentación del ejercicio económico de 1989 que expresamente se había solicitado a esa Corporación y una vez realizado un examen formal, referido a la situación del último día del ejercicio y únicamente en base a la información que de la misma se desprende, se observa lo siguiente:
A) En relación con el área de Tesorería.
1.- En el encabezamiento del acta de arqueo se hace constar que corresponde al 30 de diciembre de 1989. Con independencia de que el arqueo físico se realice el día hábil anterior o posterior al 31 de diciembre, se recomienda que se haga constar que el arqueo corresponde al último día del ejercicio económico (año natural). Sobre todo teniendo en cuenta que en las conciliaciones bancarias figura consignada ésta última fecha. 2.- En el apartado "Situación" figuran existencias en 6 cuentas bancarias, figurando englobadas en 2 de ellas (de CajaCanarias ambas) lo que en realidad son 9, siendo el motivo aparente de dicha agrupación la escasa cuantía de los saldos y la presumiblemente escasa utilización de la mayoría de ellas. Cabría indicar que cuanto mayor sea el número de cuentas bancarias mayor esfuerzo contable y de control se requiere para una gestión adecuada.
En relación con lo anterior, el artículo 175 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales dispone:
"La Tesorería de las Entidades Locales se regirá por lo dispuesto en el presente capítulo y, en cuanto les sean de aplicación, por las normas del título V de la Ley General Presupuestaria."
Por otro lado, el artículo 119 del Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, recomienda la cancelación de aquellas cuentas para las que se compruebe que no subsisten las razones que motivaron su apertura.
Asimismo, se recomienda la formalización de convenios de Tesorería con las entidades de crédito, que determinan el régimen de funcionamiento de las cuentas, el tipo de interés a que serán retribuidas, las comisiones que se han de pagar y las obligaciones de información que asumen las entidades, todo ello con el fin de conseguir una asignación óptima de los recursos y asegurar el buen funcionamiento de los servicios.
3.- Figura una existencia final en "Metálico" de VIAP por importe de 12.471.633 pesetas. Este importe ha de corresponder normalmente, entre otros conceptos, a las retenciones por IRPF del último trimestre, así como a las cuotas de la MUNPAL y, en su caso, a las de la Seguridad Social. Como dicho importe es alto, en relación con la cantidad que figura en el capítulo I del Estado de Gastos del Presupuesto Ordinario, convendría revisar si se han efectuado e ingresado adecuadamente las deducciones ya citadas, así como si se ha realizado el pago a las entidades acreedoras en los términos reglamentarios. Asimismo, y ante la posibilidad de que existan saldos o remanentes de inversión no utilizados, convendría una depuración de estas existencias dando cuenta al Pleno para fijar su destino. En caso de que dichos saldos provengan de subvenciones, debería solicitarse del Organismo concesionario autorización para incorporarlos al Presupuesto Ordinario.
4.- En la conciliación de existencia (Mod. TC/3) figura la cuenta nº 26 de CajaCanarias con un saldo acreedor de -1.419.012 pesetas. Se deben realizar las acciones adecuadas respecto a la gestión de la Tesorería, a fin de evitar los descubiertos en cuentas bancarias, sobre todo si tenemos en cuenta la suficiencia global de los saldos de las cuentas analizadas.
5.- En la conciliación bancaria de la cuenta nº 1183-0 de la Caja Rural Provincial figuran como "Cobros contabilizados banco y no Ayuntamiento" unos intereses por importe de 18.991 pesetas, en tanto que en la liquidación del presupuesto no aparece cantidad alguna como pendiente de cobro en el capítulo V (Ingresos Patrimoniales), lo que implica que dichos intereses no han sido contabilizados por el criterio de devengo sino en el momento en que, a través de las posibles conciliaciones periódicas, se detecta el abono de los mismos.
Se recomienda el respeto al principio del devengo, al objeto de no desvirtuar los resultados correspondientes a cada ejercicio.
6.- En la conciliación de la cuenta nº 1183-0 de la Caja Rural Provincial se observa en "Cobros contabilizados banco y no Ayuntamiento" un importante desfase, en cuanto a contabilización, en las partidas conciliatorias siguientes:
FECHA AYTO. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE
30.04.1990 26.12.1989 PLUSVALIA 38.139 30.04.1990 30.12.1989 IMPTO. VEHI. 3.605 30.04.1990 30.12.1989 INTERESES 18.991
Razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a determinar el motivo de dicho retraso, con objeto de evitar que se produzcan en el futuro.
7.- En la conciliación de la cuenta nº 26 de CajaCanarias se observa en "Cobros contabilizados Ayuntamiento no banco" un importante desfase, en cuanto a contabilización, en la partida conciliatoria siguiente:
FECHA AYTO. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE
31.12.1989 01.07.1990 TRASP. DE CAJA 16.992
Razón por la que, al igual que en el punto anterior, resulta conveniente emprender acciones encaminadas a determinar el motivo del retraso.
8.- En la conciliación bancaria de la cuenta nº 69 de CajaCanarias figuran como "Cobros contabilizados banco y no Ayuntamiento" unos intereses por importe de 201 pesetas, en tanto que en la liquidación del Presupuesto no aparece cantidad alguna como pendiente de cobro en el capítulo V (Ingresos Patrimoniales), lo que implica que dichos intereses no han sido contabilizados por el principio del devengo. Por lo que se recomienda adoptar las medidas ya expuestas en el punto 5.
9.- Lo ya expuesto en los puntos 5 y 8 es plenamente aplicable al importe de 360 pesetas que figura contabilizado en la cuenta nº 50 de CajaCanarias dentro del apartado "Cobros contabilizados banco y no Ayuntamiento".
B) En relación con la cuenta del Presupuesto.
1.- El formato de la liquidación remitida no se adapta al modelo E de la Resolución de la Dirección General de Administración Local de 15 de enero de 1980, faltándole al mismo la "Situación económica". Se recomienda que se rectifique en la próxima liquidación.
2.- En el "Estado de Gastos", columna "Estado de Ejecución", las cantidades deberían figurar con signo negativo.
3.- Son muy elevadas las cantidades pendientes de cobro, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.
En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Ingresos, dicho pendiente de cobro representa un 82,3% de la previsión definitiva. Como este porcentaje ha de considerarse muy elevado, se recomienda, en base a lo dispuesto en el artículo 172.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, un análisis de la antigüedad de las Resultas, a fin de determinar el motivo que ha impedido el que no se hayan recaudado en su mayor parte durante 1989, así como si existen o no cantidades de difícil o imposible recaudación.
4.- Son asimismo muy elevadas las cantidades pendientes de pago, debido fundamentalmente a la baja capacidad recaudatoria de la Corporación que conduce a la existencia de importantes problemas de Tesorería y por tanto de financiación de las obligaciones liquidadas.
En este mismo sentido, por lo que hace referencia al capítulo de Resultas de Gastos dicho pendiente de pago asciende a un 65% de la previsión definitiva, razón por la que, al igual que en el punto 3, se recomienda un análisis de su antigüedad.
5.- El porcentaje de recurso que la Corporación destina a "Inversiones Reales" es alto en relación con su estructura presupuestaria, aunque se encuentra en su mayor parte pendiente de pago.
6.- El endeudamiento a 31 de diciembre de 1989, obtenido con los datos de la propia liquidación y si exclusión de las operaciones de Tesorería, está en un 12,57%.
7.- Se ha obtenido un nivel alto de liquidación presupuestaria, por lo que hace referencia a la liquidación de derechos y obligaciones. 8.- Con relación al volumen del Presupuesto, el superávit obtenido a 31 de diciembre es elevado, no obstante, teniendo en cuenta lo expuesto en el punto 3 del presente apartado, en caso de que se produjeran bajas, anulaciones o fallidos sobre el importe pendiente de cobro, podría éste reducirse de forma considerable o incluso cambiar de signo.
9.- La aprobación de la liquidación del Presupuesto se ha producido con bastante retraso en relación con el calendario establecido en el artículo 172 de la Ley 39/1988.
C) En relación con los ingresos obtenidos mediante la tributación local.
1.- Las cuentas por valores-recibo y valores-certificaciones de descubierto rendidas por el Consorcio de Tributos (en adelante Consorcio) al 31 de diciembre de 1989 no se adaptan al formato establecido por la Regla 188 de la Instrucción General de Recaudación y Contabilidad, aprobada por Decreto 2.260/1969.
2.- En la cuenta rendida por el Consorcio, referida a la gestión recaudatoria en periodo voluntario de valores-recibo de 1988/89, los ingresos obtenidos representan un 63,9% respecto de los cargos efectuados. Se estima que es un porcentaje bajo.
Los ingresos realizados en periodo ejecutivo durante 1989, en concepto de valores-recibo y valores-certificaciones de descubierto, representa un 35% de los cargos líquidos efectuados.
3.- En las cuentas rendidas se observa que se ha producido un ingreso en voluntaria por contribución territorial rústica y otro por urbana correspondientes a 1987, cuando dichos valores deberían estar en su totalidad en vía ejecutiva.
A este respecto se recuerda lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento General de Recaudación (Decreto 3.154/1968), en lo que se refiere al plazo de ingreso en periodo voluntario de deudas por recibos.
4.- De las cuentas rendidas, y en referencia a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de valores-recibo, no se observa que se haya producido ningún ingreso en los conceptos:
- Licencia Fiscal 1986/87. - LFRTP 1987.
Por lo que debe procederse a un análisis de los mismos a fin de depurarlos y dar de baja aquellos que no sean cobrables.
5.- Se observa que durante 1989 se han producido cargos en vía ejecutiva por abastecimiento de aguas, recogida de basuras, Plusvalías y contribución urbana correspondientes a 1984/85/86 y 87, cuando dichos valores deberían encontrarse en dicha vía con anterioridad.
6.- No se ha remitido copia de las Resoluciones de la Alcaldía, ni las alegaciones del Recaudador correspondiente al expediente de perjuicio de valores de 1º, 2º y 3º grado por la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo, correspondiente a 1989, conforme determina el artículo 202 del Reglamento General de Recaudación.
7.- No se ha remitido la aprobación de las cuentas de Recaudación por el Pleno de la Corporación, en el ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de las Bases del Régimen Local.
D) En relación con otros aspectos de la gestión económico-financiera.
1.- La totalidad de las adjudicaciones se han realizado por contratación directa, por lo que se ha transformado en regla general lo que el Real Decreto-Legislativo 781/1986 considera una excepción, pues en su artículo 118 determina que cuando se trate de obras procederá con carácter general la subasta y en suministros el concurso.
2.- Se ha adjudicado la obra "Construcción Ayuntamiento de Arico, 1ª fase", como hemos indicado en el párrafo anterior, por contratación directa, hecho que resulta significativo pues el importe de la licitación excede del 5% de los ingresos ordinarios, teniendo como razón de ese dicho límite el establecer un tope en función de las características de la Corporación.
3.- Parece extraño el que únicamente se hayan formalizado expedientes de contratación por un importe de 36.783.984 pesetas, teniendo en cuenta que aquellos capítulos (II y VI) del Estado de Gastos cuya inversión da lugar, normalmente, a expedientes de contratación, suman un importe de 191.383.512 pesetas, con unas obligaciones liquidadas de 187.078.028 pesetas. De este hecho podemos deducir que hay gran cantidad de gastos que no se han formalizado mediante los oportunos expedientes, toda vez que de los de menos de 500.000 pesetas, deben sumar un importe reducido. A este respecto hay que recordar lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento General de Contratos del Estado, al prohibir expresamente la contratación verbal en la ejecución de obras y hacer personalmente responsable a las autoridades y funcionarios que contratan con los empresarios de los pagos derivados del negocio irregular y el 237 del mismo Reglamento al extender su aplicación al contrato de suministros.
Adjunto al presente informe se remite la liquidación del Presupuesto de esa Corporación correspondiente al ejercicio económico de 1989, así como los ratios más significativos obtenidos de la misma debidamente detallados para su mejor interpretación.
De conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 4/1989, de la Audiencia de Cuentas de Canarias (B.O.C. de 8.5.89), el presente informe deberá ser conocido por el Pleno de la Corporación. Del acuerdo que se adopte deberá remitirse, en el plazo más breve posible, certificación a esta Audiencia de Cuentas.
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos consiguientes.
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 1990.- El Presidente, Antonio Márquez Fernández.
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