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Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, en solicitud de aumento de tarifas de agua de abastecimiento a poblaciones.
R E S U L T A N D O
Que el expediente fue sometido a informe de la Comisión Territorial de Precios de Las Palmas, que lo emitió en su sesión ordinaria celebrada el día 16 de julio de 1990, en el sentido de dictaminar favorablemente las siguientes tarifas de agua de abastecimiento, que suministra el Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida a dicho término municipal:
BLOQUES DE CONSUMO (Facturación bimestral)
Mínimo de 5 m3. 650 ptas. De 5,01 a 30 m3. 160 ptas./m3. De 30,01 a 50 m3. 210 ptas./m3. Más de 50 m3. 280 ptas./m3. Por obras. 300 ptas./m3.
C O N S I D E R A N D O
Que el expediente ha sido tramitado con sujeción al procedimiento establecido en el Real Decreto 2.695/1977, de 28 de octubre, en relación con el Real decreto 2.226/1977, de 27 de julio, y la Orden de 30 de septiembre del mismo año.
Vistos la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; el Real Decreto 3.173/1983, de 19 de noviembre, el Decreto del Gobierno de Canarias 120/1987, de 7 de agosto, y demás disposiciones concordantes de general y especial aplicación.
A C U E R D O:
Autorizar al Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida las tarifas de agua de abastecimiento que suministra a dicho término municipal, las cuales quedarán establecidas en las cuantías anteriormente expresadas, a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, siendo su aplicación de forma escalonada.
Contra la presente disposición cabrá interponer recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, ante el propio órgano que la dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo y en el artículo 52 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de julio de 1990.
EL CONSEJERO DE ECONOMIA Y COMERCIO, PRESIDENTE DE LA COMISION TERRITORIAL DE PRECIOS, Luis Hernández Pérez.
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