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BOC Nº 066. Lunes 28 de Mayo de 1990 - 541

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Turismo y Transportes

541 - RESOLUCION de 7 de mayo de 1990, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería, resolviendo recurso de alzada interpuesto por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano.

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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la presente Orden, en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Francisco Ramón Domínguez Castellano la Orden de 31 de enero de 1990 (Libro nº 1º, folio 86, número 27), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 633/89 (expediente nº GC-89/01/134-0) interpuesto contra la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes, de fecha 5 de octubre de 1989.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Fuerteventura), la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de mayo de 1990.- El Secretario General Técnico, Francisco J. Alonso Valerón.

A N E X O

Orden por la que se resuelve el recurso de alzada promovido por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, contra la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes de fecha 5 de octubre de 1989.

Visto el presente recurso de alzada promovido por D. Francisco Domínguez Castellano, contra la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes, de fecha 5 de octubre de 1989, recaída en el expediente de referencia,

RESULTANDO

Primero: que el día 23 de enero de 1989, por la Guardia Civil de Tráfico, se formuló denuncia contra el vehículo GC-2410-F, del que es titular D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, por circular transportando 14 pasajeros desde Las Palmas de Gran Canaria a la Universidad Laboral (Lomo Blanco, Tafira), careciendo de tarjeta de transportes, así como documento oficial que le acredite poseerla.

Segundo: que el día 2 de marzo de 1989 se procedió a solicitar de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas informe relativo al vehículo denunciado, el cual fue emitido y remitido el 20 de marzo de 1989.

Tercero: que el día 28 de abril de 1989 se notificó al interesado la citada denuncia y la incoación del expediente sancionador nº GC-89/01/137-0.

Cuarto: que por el expedientado se presentó escrito de descargos alegando lo que se entendió conducente a la defensa de su derecho. En síntesis, que no son ciertos los hechos denunciados ya que el vehículo que realizaba el servicio era el GC-7166-F, que se había estropeado un neumático y mientras se reparaba el mismo, los niños esperaban en el otro vehículo que transportó al mecánico.

Quinto: que al formular alegaciones contrarias a la denuncia formulada, como medida para mejor proveer y a fin de continuar las actuaciones, se solicitó al agente-denunciante informe en relación con el pliego de descargos presentado, que fue emitido en el sentido de manifestar que el vehículo denunciado no se encontraba detenido recogiendo pasajeros de otro vehículo averiado; que el vehículo circulaba transportando alumnos a la Universidad Laboral, llamando su atención por el mal estado que tenía y por no portar los distintivos; que el vehículo carecía de Póliza de Seguro, así como de cualquier documento que acreditara su posesión, así como también la documentación del vehículo, por lo que se formularon los boletines de denuncia correspondientes.

Sexto: que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 91.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se procedió a dar trámite de Audiencia al Interesado a fin de que el mismo formulara alegaciones, trámite que no fue cumplimentado por aquél.

Séptimo: que por el Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes, con fecha 5 de octubre de 1989, se dictó Resolución que vino a sancionar a D. Francisco Ramón Domínguez Castellano con multa de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas, por infracción al artículo 59 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Mecánicos por Carretera (aprobado por Decreto de 9 de diciembre de 1949), a la Orden Ministerial de 16 de mayo de 1950 y a los artículos 90 y 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, en base al artículo 143 de la citada Ley, notificándose dicha Resolución mediante Resolución de la Dirección General de Transportes, de fecha 25 de octubre de 1989, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 153, de 20 de noviembre de 1989, al resultar infructuosa su notificación a través de carta certificada con acuse de recibo.

Octavo: que por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano se ha interpuesto recurso de alzada en súplica de que sea dejado sin efecto el expediente de referencia, alegando, en síntesis, que no son ciertos los hechos que se le imputan, pues el vehículo presta sus servicios en Puerto del Rosario y añade, además, que la sanción ha prescrito.

CONSIDERANDO

Primero: que el Consejero de Turismo y Transportes se competente para conocer y resolver el presente recurso, según lo previsto en el artº. 122, y concordantes, de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias, en el artículo 32.e) de la Ley Territorial 8/1986, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C.A.C. nº 139, de 19 de noviembre), y en el artº. 21.1 del Decreto 26/1984, de 27 de enero, por el que se distribuyen competencias en materia de turismo y de transportes (B.O.C.A.C. nº 6, de 10 de febrero), modificado por los Decretos 123/1985, de 19 de abril, y 23/1987, de 13 de marzo (B.O.C.A.C. nº 51, de 29 de abril, y B.O.C. nº 34, de 20 de marzo, respectivamente).

Segundo: que el presente recurso observa los requisitos de índole adjetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como capacidad, legitimación suficiente e interposición en plazo.

Tercero: que conforme al artículo 145.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescriben a los tres meses de haberse cometido, si antes de transcurrido dicho plazo no se ha notificado al presunto responsable la incoación del expediente sancionador o, si habiéndose iniciado éste, sufrieran las actuaciones paralización por tiempo superior a dicho plazo, que se computará entre dos actuaciones o diligencias consecutivas que resulten legal o reglamentariamente necesarias para la resolución del expediente.

Cuarto: que no obstante lo anterior, establece el párrafo 2º de dicho precepto que el plazo de prescripción de las infracciones se interrumpirán, en todo caso, cuando hayan de practicarse actuaciones (que deberán figurar de forma expresa en el expediente) encaminadas a averiguar la identidad, domicilio del denunciado o cualquier otra circunstancia necesaria para comprobar y calificar la infracción, y en el presente expediente la denuncia de la Guardia Civil de Tráfico se formalizó el 23 de enero de 1989, habiéndose solicitado el 2 de marzo de 1989 informe a la Jefatura Provincial de Tráfico al objeto de conocer datos esenciales para la calificación de la infracción cometida, interrumpiéndose el plazo de la prescripción hasta que dicho informe fue evacuado (el 20 de marzo de 1989), empezando, nuevamente, a transcurrir el mismo hasta que se efectuó la notificación del Pliego de Cargos el 28 de abril de 1989. Por otro lado, el 19 de junio de 1989 fue solicitado informe al agente-denunciante, por lo que durante el tiempo de emisión del mismo estuvo interrumpido el plazo del cómputo de la prescripción, reanudándose al ser remitido el informe citado. Por último, el 5 de octubre de 1989 fue dictada la Resolución impugnada, intentándose su notificación a través de carta certificada con acuse de recibo, si bien, al resultar ésta infructuosa, se procedió a su notificación mediante Resolución de la Dirección General de Transportes de 25 de octubre de 1989, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 153, de fecha 20 de noviembre de 1989, de acuerdo con lo establecido en el artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Quinto: que la realización de actividades o servicios públicos de transportes sin estar en posesión de la preceptiva autorización administrativa (materializada en la tarjeta de transportes) constituye infracción administrativa al contravenir el artículo 59 del Reglamento de Ordenación de los Transportes por Carretera (aprobado por el Decreto de 9 de diciembre de 1949), en relación con lo preceptuado en la Orden Ministerial de 16 de mayo de 1950, en base a los artículos 47, 140.a) y 143.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (B.O.E. nº 182, de 31 de julio).

Sexto: que del informe de ratificación del agente-denunciante se desprende que el vehículo, al formularse la denuncia, se encontraba realizando el transporte de viajeros denunciado y no parado como manifiesta el expedientado, y que de las alegaciones vertidas por éste durante la instrucción del expediente se observa contradicción, pues en el pliego de descargos se afirma que el vehículo transportó al mecánico que iba a arreglar otro vehículo averiado y mientras esto ocurría los escolares subieron al vehículo denunciado que se encontraba detenido, mientras que en el recurso el interesado manifiesta que el vehículo de referencia presta su servicio en Fuerteventura.

Séptimo: que de lo actuado y probado en el expediente se comprueba, de forma categórica, que el sancionado incurrió en responsabilidad administrativa que se ha hecho efectiva a través de la Resolución impugnada, cuya modificación o revocación no resultan procedentes al haber sido dictada conforme a Derecho.

Octavo: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Canarias por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores, no siendo preceptivo tal informe de conformidad con lo previsto en el artº. 84.1.d) del Decreto 462/1985, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Consejería de la Presidencia.

Visto los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

D I S P O N G O:

Desestimar en todos sus términos el recurso de alzada interpuesto por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, y confirmar la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes, de fecha 5 de octubre de 1989, recaída en el expediente nº GC-89/01/137-0, y que determinó la imposición de una sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.

El Consejero de Turismo y Transportes, Blas Rosales Henríquez.

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