BOC - 1990/041. Miércoles 4 de Abril de 1990 - 372

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372 - RESOLUCION de 28 de marzo de 1990, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería resolviendo recurso de alzada interpuesto por D. Pedro Tovar Martín.

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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la presente Orden en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Pedro Tovar Martín la Orden de 31 de enero de 1990 (Libro nº 1, folio 85, número 7), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 631/89 (expediente nº GC-89/05/1191-O), interpuesto contra la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes, de fecha 31 de octubre de 1989.

Segundo.- Remitir al Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de marzo de 1990.- El Secretario General Técnico, Francisco J. Alonso Valerón.

A N E X O

Orden por la que se resuelve el recurso de alzada promovido por D. Pedro Tovar Martín contra la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes, de fecha 31 de octubre de 1989.

Visto el presente recurso de alzada promovido por D. Pedro Tovar Martín contra la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes, de fecha 31 de octubre de 1989, recaída en el expediente de referencia,

R E S U L T A N D O

Primero: que el día 23 de mayo de 1989, por la Guardia Civil de Tráfico se formuló denuncia contra el vehículo GC-6693-B, del que es titular D. Pedro Tovar Martín, por circular con 10 niños de edad escolar desde Tenoya a Barrios y proximidades, careciendo de autorización especial para transporte escolar.

Segundo: que mediante Resolución de la Dirección General de Transportes, de 19 de julio de 1989, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 104, de 2 de agosto de 1989, se notificó al interesado la citada denuncia y la incoación del expediente sancionador nº GC-89/05/1191-O, de acuerdo con lo establecido en el artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, al resultar infructuosa su notificación mediante carta certificada con acuse de recibo.

Tercero: que el expedientado no hizo uso del derecho que le asiste de manifestar cuanto hubiere entendido conducente a su defensa, presentando o proponiendo las pruebas que hubiese considerado oportunas.

Cuarto: que, con fecha 5 de septiembre de 1989, y de conformidad con el artículo 91.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se concedió trámite de audiencia al interesado, no siendo cumplimentado por éste. Quinto: que por el Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes, con fecha 31 de octubre de 1989, se dictó Resolución que vino a sancionar a D. Pedro Tovar Martín, con multa de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas, por infracción al artículo 39 del Reglamento de Ordenación de los Transportes por Carretera (aprobado por Decreto de 9 de diciembre de 1949), y al artº. 2.2 del Real Decreto 2.296/1983, de 15 de agosto, de acuerdo con los artículos 89 y 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, en base al artículo 143 de la citada Ley, notificándose dicha Resolución en fecha 7 de noviembre de 1989.

Sexto: que por D. Pedro Tovar Martín se ha interpuesto recurso de alzada en súplica de que sea anulada la sanción impuesta, alegando, en síntesis, que el transporte que hace el autobús denunciado se realiza dentro del casco urbano de Tenoya y que este servicio sólo atraviesa la carretera general de Las Palmas de Gran Canaria-Arucas; que en su día, cuando empezó el transporte escolar, solicitó la autorización de transporte escolar y que aún no le han contestado.

C O N S I D E R A N D O

Primero: que el Consejero de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso, según lo previsto en el artº. 122 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias, en el artículo 32.e) de la Ley Territorial 8/1986, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C.A.C. nº 139, de 19 de noviembre), y en el artº. 21.1 del Decreto 26/1984, de 27 de enero, por el que se distribuyen competencias en materia de turismo y de transportes (B.O.C.A.C. nº 6, de 10 de febrero), modificado por los Decretos 123/1985, de 19 de abril, y 23/1987, de 13 de marzo (B.O.C.A.C. nº 51, de 29 de abril, y B.O.C. nº 34, de 20 de marzo, respectivamente).

Segundo: que el presente recurso observa los requisitos de índole adjetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como capacidad, legitimación suficiente e interposición en plazo.

Tercero: que para la realización de servicio de transporte escolar es necesario estar en posesión de una autorización especial, conforme dispone el artículo 89 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, que establece que los transportes regulares de viajeros de uso especial (como lo es el transporte escolar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 de la norma citada) únicamente podrán prestarse cuando se cuente con la correspondiente autorización especial para los mismos otorgada por la Administración competente.

Cuarto: que el incumplimiento de dicha obligación constituye infracción muy grave, de conformidad con lo previsto en el artículo 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, y en base al artículo 143 de la citada Ley.

Quinto: que a pesar de que el día de la denuncia el recurrente había solicitado autorización de transporte escolar, la misma se encontraba incompleta al no haber aportado los contratos con los colegios, el reconocimiento técnico especial en vigor y el certificado del seguro de responsabilidad civil ilimitada del vehículo.

Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Canarias por suscitarse en el mismo cuestiones de derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores, no siendo preceptivo tal informe, de conformidad con lo previsto en el artº. 84.1.d) del Decreto 462/1985, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Consejería de la Presidencia.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

D I S P O N G O:

Desestimar en todos sus términos el recurso de alzada interpuesto por D. Pedro Tovar Martín y confirmar la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes, de fecha 31 de octubre de 1989, recaída en el expediente nº GC-89/05/1191-O, y que determinó la imposición de una sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas del Tribunal de Justicia de Canarias, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de enero de 1990.- El Consejero de Turismo y Transportes, Blas Rosales Henríquez.



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