BOC - 1990/033. Viernes 16 de Marzo de 1990 - 283

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.la Presidencia

283 - ANUNCIO de 20 de febrero de 1990, de la Dirección General de Justicia e Interior, relativo a notificación de expediente sancionador incoado a D. Pedro Lorenzo Hernández, en su calidad de arrendatario del Bar "Echate un pizco", en ignorado paradero, por infracción a la normativa sobre el juego.

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Se hace saber a D. Pedro Lorenzo Hernández, en calidad de arrendatario del Bar "Echate un pizco", que se halla en ignorado paradero, que se ha dictado Orden del Sr. Consejero de la Presidencia en el expediente sancionador nº 33/89, incoado por la Dirección General de Justicia e Interior, Consejería de la Presidencia, por la que se impone multa de un millón (1.000.000) de pesetas, al no haber respetado el plazo mínimo de permanencia de las máquinas recreativas del tipo "B", modelo Cirsa Mini Guay V.A., y Limón y Baby 100, con nº de serie respectivamente C-1047 y 1-0914, pertenecientes a la empresa operadora "Automáticos Canarios, S.A.", cuyos boletines de instalación tiene diligenciados y en vigor, instaladas en el Bar "Echate un pizco", antes "La Esquina", sito en la calle Calderín López Sosa, nº 14, Telde (Gran Canaria), lo que constituye infracción a lo establecido en el artículo 2 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el artº. 21.2.1.n) de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias.

Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.

Contra esta Orden que agota la vía administrativa podrá interponerse, ante esta Consejería, recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, o cualesquiera otro que estime procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de febrero de 1990.- El Director General de Justicia e Interior, Antonio Cruz Caballero.



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