Las dificultades administrativas que se plantean para un adecuado seguimiento de las obligaciones derivadas de la normativa establecida en la Ley 30/1972, de 22 de julio, de Régimen Económico Fiscal de Canarias, en cuanto a la tributación por cl Arbitrio de Lujo derivado de la importación de automóviles en el ámbito de la Comunidad Autónoma, exige el establecimiento de unas normas procedimentales que resuelvan las dilaciones presentes.
Efectivamente, el gran incremento del número de vehículos importados determina dificultades importantes en cuanto a la determinación de la fecha de devengo del Arbitrio 8 de la Ordenanza vigente, aprobada por Resolución del Ministerio de Hacienda de 27 de marzo de 198 I.
La Ordenanza a que se ha hecho referencia establece con carácter general en su artículo 12.3 que "en el caso de vehículos de tracción mecánica el pago se producirá en el momento de su matriculación salvo en lo establecido en los puntos 1 y 2 de este artículo".
Este apartado 2, en su interpretación actual, señala que por la Comunidad Autónoma se podrán conceder excepcionalmente, por la naturaleza de las mercancías y sus posibilidades de comercialización, aplazamientos de pago por plazo no superior a cuatro meses, quedando sujetos estos aplazamientos a las condiciones que se establezcan en su concesión.
El artículo 20, apartado D) del texto de la Ordenanza señala que, para segundas y posteriores adquisiciones de vehículos de tracción mecánica, los interesados deberán presentar a efectos del Arbitrio Insular sobre el Lujo declaraciones de transferencias en la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente, la cual quincenalmente las remitirá al Gobiemo de Canarias, Consejería de Hacienda, a los efectos oportunos.
Al establecer la Ordenanza que la concesión del derecho de pago aplazado deberá estar garantizada debidamente, mediante hipoteca, prenda, aval bancario y otra garantía suficiente, pudiéndose exigir incluso la constitución de la responsabilidad solidaria de las personas naturales y jurídicas que, previa autorización, despachen mercancías por cuenta de otras personas y dado el volumen tan importante de vehículos de importación se hace preciso un seguimiento muy detallado de las cantidades garantizadas que las matriculaciones realizadas en una sola semana podrían desbordar; en consecuencia, se establece lo siguiente:
Los importadores de vehículos, sujetos pasivos obligados según las disposiciones de la Ley 30/1972 al pago del Arbitrio Insular sobre el Lujo desde el momento de la entrada de los vehículos en el Archipiélago, a efectos del aplazamiento de pago previsto en el artículo 12 de la Ordenanza vigente, deberán garantizar las cantidades para las que excepcionalmente se solicite el aplazamiento, de tal forma que la cantidad aplazada no supere el saldo de las garantías presentadas en la Administración Tributaría Insular, que responda de otra!; obligaciones anteriores derivadas de idénticos hechos imponibles.
2. La concesión del aplazamiento de pago vendrá condicionada a la presentación, en las Administraciones Tributarías, el primer día laborable de cada semana, por los sujetos pasivos o sus representantes legalmente autorizados, la relación de vehículos matriculados en la semana anterior, incluyendo los datos y características precisos para su identificación, cálculo de la base imponible y tipo a aplicar, así como número de declaración a efectos de la comprobación de haberes satisfecho el Arbitrio de entrada de mercancías.
3. La no presentación de la relación señalada en el párrafo anterior o la no inclusión de algún o algunos vehículos se entenderá como causa suficiente para la denegación de la concesión de pago aplazado previsto como excepcional en la vigente Ordenanza.
4. Por la Dirección General de Tributos se establecerán las instrucciones precisas para dar cumplimiento de la presente Orden.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de mayo de 1989.
EL CONSEJERO DE HACIENDA, José M. González Hernández.
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