BOC - 1988/071. Lunes 6 de Junio de 1988 - 2101

I. DISPOSICIONES GENERALES - Consejería de Hacienda

2101 - DECRETO 87/1988, de 13 de mayo, de modificación de determinados artículos del Decreto 126/86, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Función Interventora.

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En el marco de la Ley 7/1984, de 1 1 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, reguladora de las competencias de la Intervención como centro de control interno y directivo de la contabilidad, configurada dentro del modelo definido por la Ley General Presupuestaria, es preciso adaptar el Reglamento de la Función Interventora, aprobado por Decreto del Gobierno de Canarias 12611986, de 30 de julio, a las innovaciones y avances establecidos en la Ley precitada, modificada por la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, todo ello dentro de las peculiaridades y autonomía de gestión económico-financiera, consagradas en la citada Ley 7/1984.

La experiencia derivada de la existencia y aplicación del Reglamento de la Función Interventora en su periodo de vigencia, que a no dudarlo hay que valorar positivamente, se verá enriquecida con las innovaciones que se introducen, estableciendo mecanismos de gestión que darán mayor fluidez y eficacia al gasto público, permitiendo acometer con rigor nuevos objetivos y funciones que favorezcan la óptima asignación de los recursos, la estabilización económica, una más justa distribución de la renta y un armónico desarrollo económico en el ámbito territorial, cada vez más dinámico de nuestra Comunidad Autónoma.

En su virtud, a propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y previa deliberación del Gobiemo de Canarias, en su reunión del día 13 de mayo de 1988,

D I S P 0 N G O: Artículo único.- Se modifican los artículos 12, 13, 14, 17, 34 y 47 del Decreto 126/1986, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Función Interventora, que pasan a tener la siguiente redacción:

"Artículo 12°. Queda reservada al Interventor General la fiscalización previa o crítica de los expedientes o documentos susceptibles dc producir derechos, obligaciones o gastos que se relacionan:

a) Los de cuantía indeterminada.

b) Los que hayan de ser aprobados por el Gobierno.

c) Los de cuantía igual o superior a cien millones de pesetas.

d) Aquéllos que preceptivamente deban ser informados por el Consejo de Estado o Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma.

e) Los que deriven o tengan el carácter de adicional o complementarios de otros que hubiera fiscalizado la Intervención General.

f) Las subvenciones superiores a diez millones de pesetas cuya concesión no haya sido efectuada por convocatoria pública.

g) Los motivados por reformados de obras en los que concurran las siguientes circunstancias:

l) Que implique, aislada o conjuntamente, modificaciones del contrato primitivo en cuantía que exceda del 20% del importe.

2) Que eleven el total de las obras una suma igual o superior a cien millones de pesetas, aún cuando inicialmente hubiera sido inferior a dicha cantidad, exceptuando de dicho conjunto la revisión de precios.

3) Que contengan propuesta de resolución del contrato.

h) Los de gestión de servicios públicos, cuyo presupuesto de gastos de primer establecimiento se prevea superior a diez millones de pesetas o su plazo de ejecución exceda de dos años y se proponga su adjudicación por contratación directa.

i) Los que expresamente evoque el Interventor General o se le sean elevados por el Interventor competente".

"Artículo 13°. Uno.- No quedarán sometidos a intervención previa:

a) Las dotaciones asignadas a los gastos de material no inventariable y suministros menores, así como los gastos normales y periódicos y demás del tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del cual derivan, o sus modificaciones.

b) Las subvenciones que, según el articulado de las Leyes de Presupuestos o las disposiciones en virtud de las cuales hayan de ser otorgadas, estén asignadas nominalmente a sus percepciones.

Dos.- El Consejo de Gobiemo podrá acordar, previo informe de la Intervención General y a propuesta del Consejero de Hacienda, que la intervención previa en cualquiera de los Centros Gestores del Gasto, dependencias u organismos, se limite a comprobar los extremos siguientes:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 37 de la Ley 7/1984, de 1 1 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.

c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, determine el Gobiemo a propuesta del Consejero de Hacienda, previo infonne de la Intervención General.

El Interventor General y los Interventores Delegados podrán formular las observaciones complementarias que estimen por convenientes, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes.

Tres.- Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación respecto de las obligaciones o gastos de cuantía indeterminada y aquellos otros que deban ser aprobados por el Gobierno."

"Artículo 14°. Uno.- La Función Interventora podrá ejercerse aplicando técnicas de muestreo o comprobaciones periódicas a los actos, documentos y expedientes objeto de control.

Para ello el Interventor General determinará los actos sujetos a muestreo así como los procedimientos para garantizar la fiabilidad y objetividad del mismo.

Dos.- Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el apartado dos del artículo anterior serán objeto de otra plena con posterioridad, dentro del mes siguiente al semestre natural en que aquéllos se hayan producido, practicada sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización mediante la aplicación de técnica de muestreo o auditoría, a fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado de cumplimiento en la gestión de los créditos así como la eficacia en la gestión del gasto.

Las fiscalizaciones realizadas con posterioridad, bien por los Interventores Delegados o por Técnicos cualificados que expresamente se designen, deberán ser objeto de informe escrito en el que se hagan constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de las mismas. Estos informes se remitirán al Jefe del Departamento que corresponda, para que formule en su caso, y en el plazo de quince días, las alegaciones que considere oportunas, elevándolos posteriormente a la Intervención General.

La Intervención General de la Comunidad Autónoma dará cuenta al Consejero de Hacienda para su traslado al Gobiemo y a los centros directivos que resulten afectados de los resultados más importantes de la fiscalización realizada con posterioridad y, en su caso, propondrá las actuaciones que resulten aconsejables para asegurar la correcta asignación y administración de los recursos públicos conforme a las disposiciones aplicables a cada caso."

"Artículo 17°. Si el destinatario del reparo u órgano o autoridad que lo ha de subsanar, no estuviese de acuerdo con el informe de la Intervención, expresará por escrito su discrepancia. el expediente, en caso de que el reparo hubiese sido formulado por un Interventor Delegado o Insular, será sometido al Interventor General, el cual, en un plazo de quince días, confirmará o no el reparo.

En caso de que no sea confirmado, el expediente continuará su tramitación normal, y si el reparo es confirmado, se comunicará al titular del Departamento de quien dependa la autoridad y órgano que no esté conforme con aquél, el cual lo podrá elevar a la decisión final del Gobierno por medio del Consejero de Hacienda. En el caso que el reparo fuese formulado por el Interventor General, la discrepancia se notificará directamente al Consejero correspondiente, quién subsistiendo la discrepancia, lo podrá elevar al Gobiemo en la forma antes citada."

"Artículo 34'. La intervención de la,,, propuestas de liquidación de los ingresos será efectuada por el Interventor del órgano que las liquide. Aquélla podrá ser sustituida por la inherente a la toma de razón en contabilidad, estableciéndose en tal caso las actuaciones comprobatorias posteriores que determine la Intervención General de la Comunidad Autónoma."

"Artículo 47°. En la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos Administrativos sometidos al régimen de control previo, cuando el Interventor que efectúa la fiscalización, previa o crítica, o la de carácter limitado prevista en el artículo 13 Dos de este Reglamento, observe en su expediente o propuesta de gasto que, a pesar de cumplir todos los requisitos legales y formales, la propuesta en caso de llevarse a cabo, puede ser manifiestamente perjudicial para los intereses de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias, por desviarse de los programas aprobados o representar un coste claramente excesivo en función de los objetivos que se pretende conseguir, lo pondrá de manifiesto mediante informe razonado, informe que no será vinculante, pero que será trasladado al Consejero de quien dependa el proponente y al Consejero de Hacienda para que si lo estiman necesario puedan adoptarlas medidas oportunas para evitar los perjuicios detectados. Cuando este informe lo efectúe un Interventor Delegado el traslado a los Consejeros respectivos se hará a través del Interventor General".

DISPOSICIONES FINALES Primera.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Segunda.- Se autoriza a la Consejería de Hacienda a dictar cuantas disposiciones fueran precisas para el desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente Decreto.

Tercera.- Quedan derogadas todas aquellas disposiciones del mismo o inferior rango, en cuanto se opongan a lo previsto en este Decreto.

Dado en Arrecife de Lanzarote, a 13 de mayo de 1988. EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Fernando Femández Mailín.

EL CONSEJERO DE HACIENDA, José Miguel González Hernández.



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