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Visto el presente recurso de reposición promovido por Don Antonio Manuel Ojeda Herrera, en nombre y representación de Unión de Transportes Insulares, S.A. (UTINSA), contra el Decreto 100/1987, de 21 de marzo.
Resultando que por Resolución del Ministerio dc Obras Públicas dc 5 de abril de 1974, al amparo del Decreto-Ley 9/1972, de 16 de noviembre de 1972, se adjudicó definitivamente el servicio público regular de transportes mecánicos de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre Las Palmas de Gran Canaria y centro de la isla a Unión de Transportes insulares,S.A. (UTINSA).
Resultando que la Consejería de Turismo y Transportes dictó Resolución con fecha 3 de septiembre de 1985 acordando el inicio del expediente de rescate de la concesión de referencia, fundando tal decisión en el deterioro progresivo en cl que había entrado la empresa debido a una gestión ineficaz, en el envejecimiento progresivo de la flota y en su endeudamiento alarmante y progresivo. Además, y de otro lado, se basó en evidentes razones de interés público, como la necesidad de asegurar la movilidad de los habitantes de la zona noroeste dc la isla de Gran Canaria con una adecuada prestación del transporte y restablecimiento de la seguridad laboral para los trabajadores.
Resultando que la Secretaría General Técnica del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones devolvió a la Consejería de Turismo y Transportes el expediente para que continuase la tramitación del rescate de acuerdo con la normativa aplicable, en fecha 3 de octubre de 1985.
Resultando que el Jurado Provincial de Expropiación dictó, el 15 de noviembre dc 1986, acuerdo fijando la indemnización del rescate en ciento noventa y ocho millones cuarenta y dos mil ochocientas treinta y nueve pesetas (198.042.839).
Resultando que por la Dirección General de Transportes de la Consejería de Turismo y Transportes se consideró aceptable, mediante informe de 21 de noviembre de 1986, la valoración realizada por el Jurado Provincial de Expropiación y se libraron las correspondientes certificaciones de reserva de crédito.
Resultando que el proyecto de Decreto de rescate de la referida concesión fue informado por la Comisión de Concesiones de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones el 19 de diciembre de 1986.
Resultando que concedida vista y audiencia a la empresa concesionaria el 22 de diciembre de 1986, ésta evacuó tal trámite mediante escrito presentado el 7 de enero de 1987 en el que señalada que había recurrido el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación y suplicaba se considerara la necesidad de determinar la indemnización por las instalaciones y mobiliarios afectos ,i la concesión, sin que se detallaran en el mismo los referidos elementos.
Resuelvo que el expediente fue remitido al Consejo de Estado para su dictamen y que la empresa concesionaria solicitó vista del expediente para evacuar el trámite de audiencia siéndole concedido el 4 de febrero de 1987.
Resultando qué UTINSA presentó escrito de alegaciones ante dicho alto rgano Consultivo, manifestando, a modo de síntesis, los siguientes argumentos: la incompetencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para acordar el rescate, la tramitación inacabada del expediente, la rapidez del expediente dc rescate, la inexistencia de razones de interés público e imputación a la Administración de la situación económica de la empresa. la cual a su juicio no era catastrófica.
Resultando, que el Consejo de Estado emitió su preceptivo dictamente el 21 de mayo de 1987.
Resultando que cl Gobierno dc Canarias dictó cl Decreto 100/1987, de 21 dc mayo, por el que se acuerda el rescate de la concesión del servicio público regular de transportes de viajeros V 3071: GC-1 1, de la que es titular UTINSA, siendo publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 68, de 29 de mayo de 1987 y notificado personalmente a la empresa concesionaria el 28 de julio de 1987.
Resultando (que Don Antonio Manuel Ojeda Herrera, en nombre y representación de UTINSA, en calidad de Presidente de su Consejo de Administración, presentó() el 1 1 de agosto de 1987, recurso de reposición contra el referido Decreto 100/1987 en súplica de que sea suspendida la la ejecución del mismo, alegando en síntesis:
Que antes de entrar en la fundamentación del rescate hay que abordar dos cuestiones previas, a saber: la que afecta a la competencia del Gobierno de Canarias para acordar el rescate y la de la imposibilidad de llevarlo a cabo por no haberse producido el justiprecio de todos los bienes objeto de la expropiación en que consiste el rescate concesional, determinantes de la nulidad del Decreto y del rescate mismo.
b) Que el interés público de movilidad de los habitantes del noroeste de la isla de Gran Canaria lo único que justifica es que el servicio de transportes sea público, pero no basta para justificar el rescate. Que al referirse el Decreto a líneas deficitarias está reconociendo la tesis de la empresa recurrente en cuanto que las líneas integrantes de la concesión son de débil tráfico, de forma que la situación económica de UTINSA no es imputable a la misma.
Que la Administración únicamente ha tratado dc justificar las razones que determinan la iniciación del expediente, sin importarle las actuaciones que después integran cl mismo.
Respecto a la situación económica dc UTINSA alega el recurrente que jamás ha sido objeto dc sanción alguna por supuestas deficiencias en la explotación del servicio, que por el contrario ha mantenido una continuidad, que en 1984 la Administración inició un expediente de caducidad y hubo de abandonarlo por no poder probar ningún incumplimiento contractual por parte de UTINSA, siendo pura ¡imaginación las supuestas deficiencias en la prestación del servicio acompañando un dossier acreditativo dc que a partir dc 1984 UTINSA ha conseguido liquidar las deudas contraídas con sus trabajadores, Hacienda y la Seguridad Social, y que la Consejería dc Turismo y Transportes encargó un estudio a un grupo dc expertos sobre la situación económica de UTINSA en el que se reconoce dc modo expreso la ausencia de culpa por parte de UTINSA, haciendo hincapié en la falta de rentabilidad de las líneas de la concesión por ser dc débil tráfico y que requerida la aportación de una adecuada subvención. se acompañan asimismo, los documentos relativos a unas injustificadas demoras e insuficiencias en la aprobación de incrementos tarifarios, descuentos obligados a familias numerosas, competencia desleal e intrusismo, "piratería" o proliferación de servicios paralelos por la ineficaz actuación de la Administración de Transportes al no poner coto a estas cuestiones, la falta de actualización de inmovilizado, debilidad del tráfico propio de la concesión, y todo ello unido a la diseminación de la población y orografía del terreno. Asimismo se pone de manifiesto que UTINSA solicitó subvenciones de las reguladas por la Orden de la Consejería de Turismo y Transportes de 1 1 de septiembre de 1985 (publicado el 27 del mismo mes y año en el B.O.C.A.C., siéndoles denegado y desestimado cl recurso interpuso contra su denegación. Que respecto al envejecimiento del parque de vehículos, argumento pretendidamente justificativo del rescate y que a su parecer tampoco tiene solidez, consta en el expediente y reconoce el Jurado Provincial de Expropiación que en los últimos años se ha incorporado a la concesión nuevos vehículos, acompañándose, además, la comunicación de la Consejería de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, en la que se reconoce que los vehículos afectos a la concesión han pasado la ¡inspección técnica de vehículos, estando aptos para circular por las vías públicas.
En definitiva, que el Gobierno de Canarias carece de competencia para acordar el rescate; cae el expediente no está finalizado por faltar la valoración de las instalaciones concesionarias y que la Administración no acredita causa alguna de interés público que legitime el rescate, demostrando por el contrario, "un acoso a UTINSA para privarla de la concesión y entregársela a un tercero al que graciosamente va a subvencionar con doscientos millones de pesetas (200.000.000) dc los contribuyentes".
Considerando que el Gobierno de Canarias es competente para conocer y resolver el presente recurso según lo previsto en el artículo 126.1 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo y acorde con lo establecido en la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias, que en su artículo 29.13 atribuye a esta Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de transporte por carretera, otorgándole en cl ejercicio dc la misma, la potestad legislativa y reglamentaria, así como la función ejecutiva; y si bien los Decretos dc Transferencias en materia de transportes por carreteras reserva al Consejo dc Ministros la facultad de acordar el rescate de las concesiones, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 4 dc octubre de 1985 pone de relieve que las competencias son indisponibles, rasgo éste que impide hacer prevalecer una presunta voluntad fruto del acuerdo formalizado por un Real Decreto dc Transferencias sobre el sentido objetivo de normas constitucionales y reglamentarias.
Considerando que la Ley g/1986, de 18 de noviembre, sobre Régimen Jurídico dc las Administraciones Públicas de Canarias, si bien atribuye a los Cabildos Insulares competencias en materia de transportes terrestres, en su artículo 48 establece que para el ejercicio efectivo dc las competencias transferidas es preciso que el Gobierno de Canarias dicte el oportuno Decreto de transferencias de funciones y traspaso dc servicios. hecho éste que no ha tenido lugar.
Considerando que a tenor de lo dispuesto en el artículo, ,'.2 del Decreto 26/1984, de 27 de enero, por el que se distribuyen competencias en materia de turismo y transportes terrestres, corresponde al Gobierno de Canarias "aprobar el rescate anticipado de concesiones de servicios regulares de transportes de viajeros por carretera".
Considerando que al amparo del Decreto-Ley 9/1972, de 16 dc noviembre, de la Jefatura de Estado, sobre ordenación de los transportes interurbanos de viajeros en Gran Canaria se prepararon dos proyectos de servicios públicos regulares de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera en la isla de Gran Canaria, a la vez que se estableció la constitución de dos sociedades para ser adjudicatarias de las concesiones de dicho servicio según los proyectos elaborados, siendo inicialmente dichas sociedades AICASA y CUPTRALI, hoy SALCAI y UTINSA, respectivamente.
Considerando asimismo, que conforme al artículo tercero del mismo Decreto Ley, se determina el régimen jurídico de las dos empresas que van a prestar el servicio de transporte interurbano en Gran Canaria; a saber, las entidades a constituir serían:
a) Una Sociedad Anónima Laboral promovida por quienes eran trabajadores del colectivo AICASA y sus filiales, la cual ha de reunir los requisitos exigidos para que sus asociados se beneficien de las ayudas del Fondo Nacional dc Protección al Trabajo.
b) Una Sociedad Anónima ordinaria a promover por quienes eran socios o trabajadores las entidades denominadas "Cooperativa de productos de transportes ligeros por carretera de Las Palmas" o dc la "Cooperativa Unión de Productores de Transportes Ligeros de Gran Canaria" (CUPTRALI) o dc la "Cooperativa de Transportes Ligeros del Norte de Gran Canaiia".
Considerando que conforme al artículo cuarto del citado Decreto-Ley, y una vez formalizados las correspondientes escrituras públicas de constitución de Sociedad y probado dicho extremo ante el Ministerio de Obras Públicas, este Ministerio le da a la Sociedad Anónima Laboral la posibilidad de ser ésta la que elija uno de los dos proyectos preparados, que dividan la prestación del servicio público interurbano de Gran Canaria en dos sectores: (sector sur y sector norte centro de la isla), y que una vez que aceptara el Pliego de Condiciones del proyecto elegido, le sería adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas la correspondiente concesión.
Considerando que, dado que la sociedad Anónima Laboral escogió la prestación del servicio interurbano del sector sur de la isla, fue sometido a la aceptación de la Sociedad Anónima Ordinaria, promovida por el colectivo de las cooperativas, el Pliego de Condiciones del proyecto restante, esto es, del sector norte-centro de la isla de Gran Canaria.
Considerando que conforme al artículo quinto en relación con el artículo octavo del citado Decreto-Ley de 1972, se prevé la racionalización de las autorizaciones de servicios discrecionales de transportes por carretera, por motivos de interés público, con anulación de las tarjetas de transportes VD y VT que operaban en Gran Canaria consumando sus titulares la plena propiedad de los vehículos pero sin que puedan continuar prestando con los mismos servicios públicos de transporte; así, los trabajadores y socios de la Sociedad Anónima, los cuales venían hasta ese momento prestando servicios dc transporte discrecional o de transporte ligero, perdieron las autorizaciones de transportes dc que eran titulares.
Considerando que como consecuencia de todas estas circunstancias que se reúnen en el momento de su constitución y puesta en funcionamiento, durante los primeros años de la prestación del servicio de transporte interurbano del sector norte centro de la isla de Gran Canaria, UTINSA fue manteniéndose por las aportaciones de sus socios, sin que en su contabilidad existiera capítulo alguno destinado a la amortización de los bienes de la empresa, haciendose insostenible esta situación cuando como consecuencia del paso del tiempo comenzaron a surgir las averías en los vehículos que componen la flota, y a aumentar las reivindicaciones laborales, concurriendo asimismo otras circunstancias que incidían en una elevación de los costes de la empresa.
Considerando que ante esta situación la empresa UTINSILE solicita de la Administración que le autorice a elevar las tarifas que hasta ese momento resultan bajas para poder cubrir los costes, consiguiendo únicamente cl que 1.t Administración de entonces autorizara la elevación de tarifas tipos reguladas anualmente y aplicables a todas las empresas de servicios regulares, pero sin que en ningún caso aprobara el establecimiento dc una tarifa individual solicitada reiteradamente por UTINSA que permitiera a ésta equilibrar los costes con sus ingresos y evitar el empobrecimiento continuo que venía padeciendo la empresa.
Considerando que aunque desde el año 1978 se dictaron por la Administración, disposiciones encaminadas a subvencionar a líneas de débil tráfico y a pesar de que UTINSA presta su servicio de transportes entre núcleos poblacionales diseminados, cuyo trazado es muy variable lo que conlleva una gran disminución de la velocidad comercial, y un incremento del personal laboral, unido a un desplazamiento de la población hacia la zona sur de la isla y el incremento de los vehículos de los particulares, circunstancia que hacen de ella una empresa deficitaria, ante las reiteradas solicitudes de subvenciones que como línea de débil tráfico presentó, la Administración nunca arbitró medios para ayudar v. 1 JTINSA, denegando dichas subvenciones.
Considerando que conjuntamente por la Administración y por UTINSA se acometió un estudio para determinar la situación real en que se encontraba la mencionada empresa, llegándose a la conclusión de que la situación era estructuralmente deficitaria, comenzando la Administración a cuestionarse la necesidad de proceder al rescate de la concesión del servicio interurbano de viajeros del sector norte centro de la isla de Gran Canaria.
Considerando que planteado el expediente de rescate de la concesión en base a los presupuestos de insolvencia y de crisis en que se encuentra la empresa, el Consejo de Estado dictaminó favorablemente el rescate informando que debería fijarse la valoración del justiprecio para la Fijación de la indemnización que corresponda a la empresa concesionaria, como consecuencia del referido rescate.
Considerando que la situación de quiebra padecida por UTINSA no es imputable a la empresa, la cual se ha visto sometida a lo largo del tiempo a numerosos agravios comparativos respecto de otras empresas del o sector, a las que por parte de la Administración se les ha venido prestando ayudas, que le han sido negadas a aquélla y con las que se podría haber solventado dicha situación deficitaria. UTINSA ha padecido a lo largo dc su existencia una austera política salarial en el pago de las retribuciones a la plantilla y asimismo nunca procedió a reparto de beneficios.
Considerando que el anterior Gobierno entendió conveniente el rescate de UTINSA, abordando la insularización del transporte público interurbano en la isla de Gran Canaria, el cual sería prestado bien por otra empresa de transporte regular, bien mediante la creación de una empresa pública.
Considerando que el Gobiemo actual pretende un transporte interurbano regular de viajeros de ámbito insular, sin que ello entraña necesariamente su asunción por una sola empresa, ni la gestión pública facilitando al usuario de esta forma, nuevos modos de desplazamiento entre todos los puntos de la isla que permita una mayor utilización del transporte público en mejores condiciones de comodidad, eficacia, flexibilidad y precio.
Considerando que existen razones de interés público determinantes para el mantenimiento de la empresa UTINSA en la prestación del servicio público regular de transpone de viajeros de la zona norte-centro de Gran Canaria al no existir otra entidad, pública o privada, que debidamente dotada de recursos técnicos y humanos, asumiera la prestación del mismo, lo que suponía un vacío en la realización del transporte que afectaría de forma directa a los habitantes de esa zona de la isla que se sentian marginados respecto de los demás residentes de Gran Canaria, a los trabajadores que componen la plantilla de UTINSA que podrían ver peligrar su puesto de trabajo, e incluso, a la propia empresa concesionaria que habiendo iniciado las oportunas acciones legales respecto a la obtención de determinados subvenciones, a la fijación del justiprecio por el rescate y contra éste mismo han sido resueltas en unos casos favorablemente a las pretensiones de UTINSA y en otros se encuentran pendientes de resolución, sufriría unos daños económicos de difícil evaluación.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación.
A propuesta del Consejero de Turismo y Transportes y previa deliberación del Gobierno en sesión celebrada cl día 12 de abril de 1988,
D 1 S P 0 N G O: Estimar el recurso promovido por Don Juan Manuel Ojcda Hcrrera en nombre y representación de UTINSA, como Presidente del Consejo de Administración de Unión de Transportes Insulares, S.A. (UTINSA) y revocar el Decreto 100/1987, de 21 de mayo, por el que se acuerda el rescate de la concesión del servicio público regular de transporte de viajeros V 3071: GC 1 1, de la que es titular UTINSA.
Contra el presente Decreto que agota la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a partir de su notificación, o en su caso, publicación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala delo Contencioso Administrativo de la Audiencia correspondiente.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de abril de 1988. EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Fernando Fernández Martín.
EL CONSEJERO DE TURISMO Y TRANSPORTES, Blas Rosales Henríquez.
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