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BOC Nº 108. Miércoles 19 de Agosto de 1987 - 1100

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Política Territorial

1100 - ACUERDO de 15 de julio de 1987, de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, por el que se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra el acuerdo de aprobación definitiva de la modificación de las Normas Subsidiarias de Adeje (Tenerife).

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La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en scsión celebrada cl 15 de julio de 1987, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

"Vistos los recursos de reposición interpuestos por Urbanizadora El Berit, S.A., Kurt Konrad y Cía. S.A., D. Radamés Polegre Socas, San Eugenio, S.A., D' Carmen Zuleta de Reales y Carvajal, D. Joaquín Otero Goyanes, Comurúdad Agrícola Entrecanales y Larrarte, D. Santiago Puig Sarrat.uscll, Orisma Sociedad Limitada, Urbanizadora Tinerfeña, S.A. y D' M' de la Paz, D' Elvira y D' Rosario Verdugo Curbclo contra el acuerdo adoptado por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias el 22 de noviembre de 1986, por el que se aprobó definitivamente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Adeje (Tenerife); Resultando que la expresada Comisión, en la sesión indicada adoptó, entre otros, el acuerdo dc aprobar la modificación puntual de las Normas Subsidiarias del municipio de Adeje con las modificaciones que en el mismo se expresan y que aparecen publicadas en el n9 22 del Boletín Oficial de Canarias, correspondiente al día 20 de febrero de 1987;

Resultando que contra dicho acuerdo se interpusieron por las personas antes citadas recursos de reposición, en solicitud, entre otros aspectos, de anulación del acuerdo impugnado y aprobación definitiva del documento cuya denegación acordó la propia Comisión en la sesión celebrada el 31 de julio de 1986, en base a las siguientes razones: 11) Incumplimiento del artículo 132 del Reglamento de Planeamiento, en cuanto que no establece como forma de Resolución la aprobación condicionada dc los planes. 2') Improcedencia de la denegación acordada por la Comisión el 31 de julio de 1986. 31) Sustancialidad de las modificaciones introducidas que obligan a la suspensión de la aprobación definitiva, devolución del expediente al Ayuntamiento, práctica de una nueva información pública y remisión al órgano competente para la aprobación definitiva de los planes;

Resultando que,independientemente de lo solicitado con carácter general, por Dª Carmen Zuleta de Rcales y Carvajal y D. Joaquín Otcro Goyancs, se solicita se incorpore el denominado sector diez del documento técnico aprobado provisionalmente al suelo apto para urbanizar.

Resultando que por D. Santiago Puig Sarratuscll se solicita se anule la determinación decimocuarta contenida en el acuerdo recurrido, se le permita la agrupación de parcelas y viviendas en el sector uno y se le reconozca el derecho a indemnización por la declaración de espacio protegido al sector de La Caldera;

Resultando que Dª Mª de la Paz, Dª Elvira y D4 Rosario Verdugo Curbelo solicitan se anule la modificación octava del acuerdo impugnado; Resultando que Orisma Sociedad Limitada solicita que las parcelas 17 y 18 del Plan Parcial "Torviscas" se clasifiquen como suelo urbano;

Considerando que los anteriores recursos han sido interpuestos en tiempo y forma y corresponde resolverlos a la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente, conforme a lo prevenido en los artículos 25 y 29 del Decreto Territorial 16/1986, de 24 de enero;

Considerando que procede acordar la acumulación de los recursos interpuestos conforme a lo prevenido en el artículo 73 de la Ley de Procedimiento Administrativo;

Considerando que en lo que se refiere a la modificación de las Normas Subsidiarias elaborada por el Ayuntamiento de Adeje cuya aprobación fue denegada por acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de 31 de julio de 1986, efectivamente en éste se invoca, de forma errónea, el artículo 138 del Reglamento de Planeamiento, cuando lo cierto es que los preceptos a que realmente se refería el acuerdo son los artículos 161 y 151 del mismos Reglamento y ello en cuanto a los defectos formales existentes en el expediente;

Considerando que además de por cuestiones de forma, la denegación se produjo fundamentalmente por cuestiones de fondo, esto es, deficiencias insubsanables que no permitían no sólo su aprobación, sino ni tan siquiera su suspensión, ya que la clara vulneración de los artículos 93.2. y 93. 1.f) no podían permitir otra Resolución que la acordada, y ello porque la modificación que tramitó cl Ayuntamiento era de tal importancia que en modo alguno podía omitir el cumplimiento de los preceptos reseñados, importancia que se constata con los siguientes datos: a) El suelo apto para urbanizar pasaba de 573 Ha. a 1.857 Ha. y la densidad de 75.000 a 273.000 habitantes, esto es un aumento de población de 364%;

Considerando que, a mayor abundamiento, el Ayuntamiento, si bien interpuso recurso contra la denegación acordada por la Comisión mediante acuerdo de 23 de agosto de 1986, al propio tiempo, en la misma sesión acordó aprobar inicialmente y someter a información pública el documento técnico de modificación de las normas Subsidiaras elaboradas por D. Joaquín Jalvo, lo que supone un desistimiento del recurso, debiendo por tanto estimarse que el acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de 31 de julio de 1986 que denegó la aprobación definitiva de la primera modificación de las normas, ha adquirido firmeza;

Considerando que en cuanto a la modificación dc las Normas Subsidiarias aprobada definitivamente por la Comisión el 22 de noviembre de 1986 a que se contraen los recursos, si bien en su aprobación inicial el Ayuntamiento hace constar que tal aprobación llevaría condicionada la corrección por el redactor del documento de las precisiones y sugerencias formuladas por el técnico municipal, no es menos cierto que, a pesar de ello, fue aprobado y sometido a información pública tal y como había sido elaborado por el arquitecto redactor, de tal manera que si la intención de la Corporación municipal hubiese sido otra, tendría que haber procedido a la devolución del documento al arquitecto Sr. Jalvo para su rectificación, antes de elevarlo nuevamente al Pleno para su aprobación inicial;

Considerando que las alegaciones que se formulan en el sentido de que no se aprobó provisionalmente en forma expresa el documento aprobado inicialmente, hay que rechazarlas, ya que aunque la redacción del acuerdo plenario no es muy afortunada, este supuso la aprobación provisional del documento que incluye determinadas modificaciones en relación con la inicial;

Considerando, y con esto se entra en el análisis del acuerdo de la Comisión de 22 de noviembre de 1986, que las alegaciones formuladas de que el acuerdo aprobatorio de la Comisión no encaja en ninguno de los supuestos del artículo 132 del Reglamento de Planeamiento no pueden ser aceptadas por cuanto el artículo 56 de la Ley del Suelo permite la aprobación definitiva de los planes con modificaciones y también porque al establecer cl acuerdo impugnado que las modificaciones habrían de recogerse en un texto refundido que sería elevado al Consejero de Política Territorial para su toma de conocimiento, equivale a la suspensión de la aprobación, convirtiéndose así en una mera discusión semántica;

Considerando que en lo relativo a que el acuerdo recurrido es un acto de tutela que no puede sino analizar cuestiones de legalidad, la Jurisprudencia ha zanjado de forma definitiva esta cuestión al establecer que el acto de aprobación definitiva de los planes excede dc la categoría de acto de mera tutela, siendo verdaderamente sustantivo y ello por expreso deseo del legislador que se plasma en el artículo 41 de la Ley del Suelo, que establece que el órgano competente para la aprobación definitiva examinará el Plan, Programa o Proyecto en todos sus aspectos;

Considerando que en cuanto al motivo alegado por los recurrentes de que el acuerdo de aprobación definitiva introduce modificaciones sustanciales en el documento técnico aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento, tampoco puede aceptarse, ya que el acuerdo reseñado se refiere a cuestiones de concreción, complementación, desarrollo de la norma y ajustes de suelo clasificado en razón al desarrollo posible. En todo caso, ninguna de las modificaciones establecidas cambia la estructura del planeamiento ni supone un cambio sustancial en el modelo, criterios y soluciones del documento técnico aprobado provisionalmente, como a continuación se va a exponer en el análisis pormenorizado de todas y cada una de las modificaciones introducidas: Primera.- Esta modificación establece la necesidad de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 93. 1.h) del Reglamento de Planeamiento, lo que no supone alteración sustancial del documento provisionalmente aprobado. Segunda. Se introduce esta modificación como instrumento de desarrollo del planeamiento de rango superior encaminado a orientar la redacción de los futuros planes parciales, sin afectar a los actualmente en ejecución ni al suelo urbano. Su justificación no ofrece dudas, ya que es imprescindible la ordenación del litoral y máxime cuando se trata de sentar las bases de una ordenación encaminada a fomentar el desarrollo turístico en la que el litoral es su principal elemento de referencia. Tercera.- La inclusión como determinación de la exigencia de formulación de planes especiales de reforma interno constituye modificación sustancial y ello porque en nada se altera el documento técnico aprobado provisionalmente, ya que la Comisión establece la necesidad y conveniencia de aquellos planes especiales que habrán de aprobarse con sometimiento al proceso de elaboración de los actos administrativos de rango normativo, lo que garantiza la participación pública de las instituciones y de los ciudadanos. Cuarta.- Al establecer esta determinación la necesidad de que el sistema general de parque lineal se desarrolle mediante plan especial conforme a lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley del Suelo y 76 del Reglamento de Planeamiento, estamos ante una mera indicación relativa al desarrollo de las Normas con plenas garantías procedimentales. Quinta.- Viene a subsanar un error material de grafismo referente a los límites del parque lineal sin incidencia alguna sobre elementos fundamentales del documento aprobado provisionalmente. Sexta y Séptima.- Estas determinaciones establecen meras concreciones a los usos y tipologías edificatorias y ajustes de edificabilidad correspondientes a los sectores 1, 3 y 4, en coherencia con la filosofía general de la modificación de las Normas. Octava.- En ésta se un ajestableceuste en la delimitación del suelo clasificado atendiendo a las características del territorio, por cuanto una parte del sector 14 afectaba a un área de especial protección. Tal ajuste no produce prácticamente merma de las expectativas edificatorias. Novena.- En lo referente a este apartado hay que tener en cuenta que la presunta modificación sustancial referida a La Caldera del Rey afecta exclusivamente a un sector marginal y de menor entidad, cuya significación en el ámbito territorial afectado, en cuanto a la repercusión sobre la estructura urbanística resultante, es absolutamente irrelevante, y ello debe ponderares adecuadamente en relación con los intereses públicos implicados, al analizar las alegaciones referentes a una eventual anulación o reconsideración de la decisión adoptada por la C.U.M.A.C.ue, aparte de venir recomendado por el más elemental sentido común, el bloque de la legalidad urbanística, constituido a los efectos que aquí y ahora interesan, por los artículos 45 y 47 y concordantes de la Constitución, la Ley del Suelo y sus Reglamentos, exigen la justificación de todas las decisiones de planeamiento, ya que la potestad que se ejercita es esencialmente pública y, por tanto, la mera voluntad de la propiedad de incorporar una finca al proceso urbanizador no puede conducir, linealmente, sin más complemento argumental a una clasificación dc suelo absolutamente inadecuada, dada la naturaleza objetiva y singularísima de los valores naturales, patrimoniales, agrícolas y paiasjísticos que confluyen en el sector, y teniendo en cuenta la existencia de otros ámbitos del municipio más adecuados para servir de soporte a desarrollos urbanos y la no correspondencia de la ubicación propuesta con tendencia ciertas, objetivas y constables de desarrollo urbanístico. Que, en electo, en su origen se trata de un suelo rústico de alto valor agrícola y paisajístico colindante con una zona ya considerada como suelo de especial protección por las Normas Subsidiarias de 1982, que se vería irreversiblemente afectada por la eventual declaración del interior de La Caldera como sucio apto para urbanizar; debiendo destacarse que, al tratarse de una unidad geomorfológica inseparable, el interior de La Caldera debe entenderse necesariamente sujeto a las determinaciones locales sustantivas de ordenación contenidas en el artículo 73 de la Ley del Suelo, circunstancias que conllevan que, necesariamente, deba otorgarse similar tratamiento protectivo al interior de La Caldera y a las laderas exteriores dc ésta, so pena de proyectar una amenaza innecesaiia y superílua sobre los valores objeto de protección. Que en el momento en que el Ayuntamiento adopta el criterio de incorporar el suelo en cuestión a la clasificación dc suelo apto para urbanizar, había sido aprobado por el Consejo de Gobierno, en sesión de 9 de octubre dc 1986, y remitido al Parlamento, el Proyecto de Ley de Espacios Naturales de Canarias, en el que aparece incluida La Caldera del Rey en su totalidad como espacio natural a proteger. El Acuerdo del Consejo de Gobierno debe entenderse jurídicamente equivalente a la incoación de expediente a que hace referencia el artículo 87.3 del Reglamento de Planeamiento, y, por tanto, el sector de referencia se encontraba sujeto a especial protección cautelar. Que, evidentemente, al otorgar al suelo una determinada clasificación deben considerarse las aptitudes de que es naturalmente susceptible el territorio, de tal suerte que la discrecionalidad de que a estos efectos goza el planificador aparece inevitablemente modulada por la realidad territorial preexistente; pero es que, además, la discrecionalidad no implica ausencia absoluta de motivación para la adopción de tan importante decisión de otorgar a un suelo en el que confluyen tales y tan evidentes valores naturales, patrimoniales y paisajísticos, sin analizar, motivar ni justificar las razones que la avalan supone un ejercicio inadecuado de la potestad de planeamiento que debe ser corregida inexcusablemente por pugnar con el ordenamiento jurídico considerado en su conjunto. Que, en definitiva, el acuerdo adoptado por la C.U.M.A.C. en lo referente al sector de La Caldera no supone modificación sustancial alguna, pues la única clasificación de suelo que es posible adoptar respecto de los terrenos en él incluidos es la de suelo no urbanizable especialmente protegido, al menos mientras no se alzara la protección cautelar asignada a La Caldera por el artículo 87.3 del Reglamento de Planeamiento, máxime atendido el carácter meramente coyuntural de la modificación puntual aprobada por la C.U.M.A.C. no es una intromisión en el ejercicio de la potestad del planeamiento municipal, sino mera consecuencia y resultado del control de localidad que compete a la Comisión. Que el eventual daño que la inadecuada clasificación otorgada supondría para un bien natural de tales características hubiera sido irreversible, superfluo y carente de toda justificación, puesto que no es necesario para el desarrollo previsible, ni existen tendencias objetivas de desarrollo que apunten hacia ese sector ni es imprescindible su concurso para definir o complementar la estructura urbanística, en la que ocupa un lugar absolutamente marginal. Por lo demás, la inclusión como espacio natural protegido no coarta de cara al futuro posibilidades ni expectativas; simples razones de oportunidad aconsejan que si tal desarrollo ha de producirse, ello se haga a través del Plan de Uso y Gestión y con plenas garantías de compatibilidad de lo que allí pueda hacerse con la conservación de los valores protegibles. Son todas estas circunstancias y la inexistencia de expectativa urbanística alguna, las que revelan la carencia dc sustancialidad de la decisión adoptada por la C.U.M.A.C. Que dado que la argumentación referente a la sustancialidad de esa supuesta modificación se dirige a provocar un nuevo periodo de información pública, habrá de analizarse si, de admitirse tal posibilidad, se derivaría de ella un resultado distinto; eventualidad que debe rechazarse por cuanto ni el Ayuntamiento ni la C.U.M.A.C. pueden adoptar una decisión distinta a la que, por todos los motivos que anteceden, debe quedar en todo subsistente, por su carácter de mero acto de control de la legalidad urbanística en cuanto a los criterios en que d@ sustentarse el ejercicio adecuado a derecho de la potestad de planeamiento al realizar la clasificación de suelo, y además, por cuanto que ya hoy, dicho espacio natural se encuentra incorporado al Catálogo de la Ley de Espacios Naturales de Canarias, vigente. Décima. Este apartado, a la vista del recurso interpuesto, debe ser reconsiderado en el sentido de retomar el sector diez del documento técnico aprobado provisionalmente a su clasificación de suelo apto para urbanizar, si bien no constituye un sector independiente por ser su superficie inferior a 30 hectáreas. Undécima.- Esta modificación obedeció a la necesidad de fijar unas superficies mínimas para los sectores a fin de lograr un desarrollo homogéneo del suelo apto para urbanizar. La dimensión mínima se establece además con el objeto de garantizar una adecuada realización del sistema de comunicaciones y espacios libres y de permitir las reservas dc las dotaciones del Reglamento de Planeamiento. Ello no supone alteración al modelo de ordenación aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento. En cl último párrafo de este apartado, se establecen condiciones de edificabilidad del mismo tipo de las que han venido estableciéndose en la totalidad de los planes parciales colindantes en desarrollo. Asimismo se lija el criterio de que un porcentaje de la edificabilidad asignada se destine a uso de hotel, lo que hay que entender como pormenorización de uso carente de sustancialidad. Duodécima.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley del Suelo, se excluyen de la delimitación de suelo urbano las áreas de los dos planes parciales, que, por no cumplir los requisitos de consolidación y urbanización, no pueden ser considerados como urbanos y por tanto pasan a clasificarse como suelo apto para urbanizar. Decimotercera.- Introduce determinaciones relativas a la depuración de aguas residuales. Tienen carácter complementario y afectan al contenido que deben tener los planes parciales sin cambiar el modelo ni la estructura establecidos por la modificación de las Normas Subsidiarias. Decimocuarta.- Este apartado debe modificarse en el sentido de establecer la obligatoriedad de formularse un plan especial que resuelva el abastecimiento de agua en los términos prevenidos en la Ley dc Aguas de la Comunidad Autónoma de Canarias. Decimoquinta y Decimosexta.- Ambos apartados constituyen meras aclaraciones a la normativa para evitar dudas e interpretaciones erróneas. Decimoséptima.- Al igual que la decimotercera, tiene carácter complementado y no sustancial por su nula incidencia en el modelo de ordenación propuesto por el Ayuntamiento. Decimoctava.- Esta determinación da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley del Suelo, en relación con el 132 del Reglamento de Planeamiento.

Considerando que en cuanto se refiere a los recursos interpuestos por Doña Carmen Zuleta de Reales y Carvajal y Don Joaquín Otero Goyanes, procede, como ya se ha expuesto, estimar los recursos en base a las alegaciones formuladas por los recurrentes;

Considerando que el recurso interpuesto por la Comunidad Agrícola Entrecanales v 1 errante ha de ser desestimado, ya que su petición de que la modificación de las normas Subsidiarias se apruebe en los mismos términos de su aprobación - inicial, carece de ' satisfacción, aclarando, no obstante al recurrente, que el parámetro Vivienda hectárea tiene carácter mnemotécnico de medición de la edificabilidad bruta y de la densidad máxima de población, de tal manera que en lo referente a densidad de población, la unidad de Vivienda equivale á cuatro habitantes y referido a la edificabilidad bruta equivale a 130 m2, de los que cien deberán destinarse a uso residencial y 30 a usos complementarios;

Considerando que en cuanto al recurso interpuesto por Don Santiago Puig Sarratusell en el que solicita se suspenda la aprobación definitiva y se practique nueva información pública, se elimine la modificación número catorce del acuerdo recurrido, se permita la agrupación de viviendas en el sector uno y se indemnice la clasificación de suelo no urbanizable de protección otorgada para el sector dos, se estima debe aceptarse parcialmente en lo relativo al apartado catorce de la Resolución impugnada en los términos expresados en el considerando anterior, así como, también en lo referente a permitir la agrupación de viviendas en el sector uno, desestimándose el resto de las pretensiones por carecer de justificación;

Considerando que el recurso interpuesto por Doña María de la Paz, Doña Elvira y Doña Rosario Verdugo Curbclo, debe ser desestimado ya que el ajuste de clasificación de suelo efectuado, obedece a razones objetivas derivadas de la falta de idoneidad de una parte del suelo clasificado para el desarrollo urbano, dada su proximidad a un barranco protegido. La merma real efectuada afecta aproximadamente al diez porciento del total del aprovechamiento edificatorio previsto en el documento técnico aprobado provisionalmente, lo que no puede ser considerado como modificación sustancial que justifique dejar sin efecto la modificación contenida en el epígrafe octavo del acuerdo recurrido;

Considerando que, por último, en lo relativo a los recursos interpuestos por Orisma Sociedad Limitada y Urbanizadora Tinerfeña, S.A., han de estimarse parcialmente, incorporando al suelo urbano las parcelas 17 y 18 del Plan Parcial "Torviscas", condicionando su edificación a la previa presentación y aprobación de un estudio de impacto ambiental;

Visto el expediente administrativo, la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y Reglamentos que la desarrollan y demás normas de general y particular aplicación, la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canaiias acuerda:

Primero.- Desestimar los recursos de reposición interpuestos por las personas físicas y jurídicas ya relacionadas, contra el acuerdo adoptado por esta Comisión en la sesión celebrada el pasado 22 de noviembre por el que se aprobó definitivamente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias del municipio de Adeje, Tenerife, en lo que se refiere a que el acuerdo impugnado sea anulado y en su lugar se dicte nueva Resolución por la que se suspenda su aprobación definitiva, se devuelva al Ayuntamiento, se practique nueva información pública y se eleve al órgano decisorio para su aprobación, si procede, y ello en base a los fundamentos ya expuestos;

Segundo.- Desestimar también los recursos en lo referente a que se anule el acuerdo adoptado por esta Comisión el 31 de julio de 1986 por el que se denegó la modificación puntual de las Normas elaboradas por el Ayuntamiento por las razones expuestas en los considerandos anteriores;

Tercero.- Estimar los recursos intctpucstos por Doña Carmen Zuleta de Reales y Carvajal y Don Joaquín Otero Goyanes y en consecuencia retornar el denominado sector diez del documento técnico aprobado provisionalmente a la clasificación de suelo apto para urbanizar en los mismos ténninos y condiciones establecidos en el documento aprobado por la Corporación con carácter provisional, debiendo, a electos de delimitación de sectores, incorporarse al sector cinco del texto refundido, incorporando, además de su superficie, la vía limítrofe, que, partiendo del núcleo de Miravcrde, desciende ortogonalmente hasta el parque lineal y vía central de rambla;

Cuarto.- Estimar parcialmente el recurso interpuesto por Don Santiago Puig Sarratusell, en el sentido de permitir la agrupación de parcelas en cl sector uno en un máximo de diez viviendas y en el de modificar el epígrafe decimocuarto del acuerdo recurrido que queda de la siguiente forma: "La modificación de las Normas Subsidiarias, en su ámbito, incluirá como determinación la obligatoriedad de formularse un plan especial que resuelva el abastecimiento de agua en los términos provenidos en la Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma dc Canarias";

Quinto.- Desestimar el recurso interpuesto por Doña María de la Paz, Doña Elvira y Doña Rosario Verdugo Curbclo por las razones anteriormente expuestas.

Sexto.- Estimar parcialmente los recursos interpuestos por Orisma Sociedad Limitada y Urbanizadora Tinerfcña, S.A. y consecuentemente incorporar al suelo clasificado como urbano las parcelas 17 y 18 del Plan Parcial "Torviscas", condicionando, no obstante, su edificación a la previa presentación y aprobación de un estudio de impacto ambiental con el siguiente contenido mínimo: a) Forma de implantación de la edificación y evaluación de los movimientos de tierra a efectuar; b) Estudio de alturas, sistema de acceso a cualesquiera otros elementos que puedan limitar el campo visual, romper o desfigurar la armonía del paisaje o la perspectiva propia del mismo".

Contra el anterior acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de la Audiencia Provincial en el plazo de dos meses contados a partir de la notificación de éste.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de julio de 1987.- El Secretario de la Comisión, Juan Luis Medina Femández-Accytuno.

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