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El yacimiento arqueológico de «Tufia» fue declarado monumento histórico artístico por Decreto 1866/1973, de 5 de julio.
Desde esta fecha la situación de abandono por la que ha atravesado el yacimiento justifica la intervención de la Administración en el tema. Si bien en 1985 se procedió a su cierre mediante el empleo de alambrada metálica, la eficacia de tal medida se ha visto disminuida por la existencia de edificaciones privadas colindantes y de fácil acceso a la zona; todo lo cual ha llevado a la situación actual de deterioro notable del poblado aborigen de Tufía, legado de la cultura prebispánica de un alto interés arqueológico y en cuyo interior se conservan núcleos de viviendas de piedra, que hace aconsejable la adopción de medidas encaminadas a la conservación de este recinto.
Es por ello que esta Consejería de Cultura y Deportes se propone impulsar la realización de las obras necesarias para la adecuada conservación de dicho bien de interés cultural en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 36.3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, para lo cual se hace imprescindible el cerramiento del yacimiento de referencia, dando con ello cumplimiento al mandato que se impone a los poderes públicos en el articulo 39.1 de dicho texto legal de procurar por todos los medios la conservación y mejora de los bienes de interés cultural, y actuando dentro del ámbito de las competencias conferidas a esta Comunidad autónoma por el artículo 29.9 del Estatuto de Autonomía, transferidas en virtud del Real Decreto 3355/83 de 28 de diciembre y asignadas a este Departamento por el Decreto Territorial 66/1986, de 18 de abril.
En su consecuencia, vengo a disponer:
I°.- Incoar expediente de declaración de cerramiento del yacimiento arqueológico de «Tufía», en el término municipal de Telde, con base en el proyecto redactado por el arquitecto DON MANUEL ROCA SUAREZ.
2°.- Notifiquese esta Orden personalmente a los propietarios afectados, poniéndoseles de manifiesto las actuaciones practicadas y concediéndoseles un plazo de 10 días para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes, y publíquese asimismo en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias, para que sirva de notificación a otros posibles interesados.
Las Palmas de Gran Canaria a 22 de octubre de 1986.
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