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El derecho de libre asociación que se recoge en el artículo 22 de la Constitución se hace compatible en el propio texto constitucional con la existencia de un registro administrativo donde han de inscribirse a efectos de publicidad las asociaciones que se constituyan. El régimen de tal registro, cuyo efecto público deriva de la norma fundamental de nuestro ordenamiento, debe ser respetuoso con el principio general de libertad de asociación en el marco de los límites constitucionales. En esta línea, la presente Orden, al amparo de la tónica de concentración orgánica impuesta por el Decreto 462/1985, de 14 de noviembre, regula el régimen del registro único para las asociaciones de finalidad general estableciendo principalmente el sistema de relaciones con los administrados de manera que, sin condicionamientos formalistas, se posibilite el ejercicio del derecho de asociación en los térmiros en que lo configura el ordenamiento.
En su virtud, en uso de las facultades que me atribuyen la disposición final tercera de Decreto 4621/1985, de 14 de noviembre,
D I S P O N G O Artículo 1.- 1. Se aplicará la presente Orden a las asociaciones, cualesquiera que sean sus fines, que desarrollen esencialmente su actividad en la Comunidad Autónoma de Canarias, y a las federaciones que las agrupen.
2. Las asociaciones religiosas, políticas, sindicales, empresariales y deportivas, cuyo reconocimiento legal para los efectos derivados de sus fines específicos está regulado por legislación especial, y las culturales podrán acogerse al régimen previsto en esta disposición en cuanto a los efectos generales relativos al ejercicio del derecho de asociación que se contemplan en la misma.
Artículo 2.- 1. En el ámbito de aplicación de esta Orden, el efecto previsto en el artículo 22, apartado 3, de la Constitución es exclusivo del Registro de Asociaciones de la Consejería de la Presidencia.
2. El Registro de Asociaciones, bajo la dependencia de la Dirección General de Administración Territorial, se estructura en las unidades registrales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, con competencia cada una de ellas en la provincia respectiva.
3. El Registro es público y las certificaciones expedidas por las correspondientes unidades registrales dan fe de su contenido.
Artículo 3°.- 1. Deberán inscribirse en el Registro de Asociaciones todos los actos que constituyan o alteren los elementos esenciales de la relación asociativa.
2. En particular, son actos inscribibles:
a) La declaración de voluntad expresada en el acta constitutiva de la asociación.
b) La determinación de los fines de la asociación.
c) La denominación de la asociación.
d) La regulación del régimen de organización interna, en cuanto a los órganos de gobierno y el estatuto de los socios.
e) La fijación del domicilio y del ámbito territorial de actuación.
f) La disolución de la asociación.
Artículo 4°.- 1. Todo acto objeto de inscripción deberá presentarse en el Registro en el plazo de diez días naturales, documentado fehacientemente en forma que quede constancia de los requisitos materiales y formales exigibles. en especial respecto a la capacidad y competencia de quienes lo suscriban y al cumplimiento de las reglas de organización del ente asociativo.
2. La documentación inscribible se presentará por triplicado ejemplar en el Registro correspondiente, donde se sellará y fechará una de las copias que será devuelta a los instantes.
Artículo 5°.- 1. El asiento de presentación que se practique de acuerdo con el artículo anterior caducará a los seis meses desde que se resuelva la suspensión de la inscripción en los términos del artículo 6°, apartado 1, letra a), sin que se haya procedido por los interesados a la subsanación de las deficiencias apreciadas.
2. La declaración de caducidad se practicará de oficio, concediendo previamente a los interesados un plazo no inferior a diez días ni superior a quince para que aleguen lo que estimen oportuno.
3. Si de las alegaciones se desprende la existencia de causa justificada en la demora se podrá mantener la vigencia del asiento de presentación por un plazo no superior a seis meses.
Artículo 6°.- 1. Recibida en la unidad registral correspondiente la documentación relativa a un acto inscribible, durante el plazo de un mes la Dirección general de Administración Territorial podrá adoptar las siguientes resoluciones:
. a) Suspensión de la inscripción por insuficiencia del acto adoptado o de la documentación aportada.
b) Denegación motivada de la inscripción por exceso de los límites establecidos en la Constitución para el derecho de asociación.
2. En los catos de la letra a) del apartado anterior, la suspensión operará hasta que se subsanen las deficiencias o se complete la documentación.
3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado 1 de este artículo sin resolución expresa deberá procederse a la inscripción del acto de que se trate en el Registro, no obstante lo cual permanecerá la obligación administrativa de poner en conocimiento de la autoridad judicial los supuestos incursos en los tipos recogidos en los apartados 2 y 5 del artículo 22 de la Constitución.
Artículo 7°.- Contra las resoluciones de la general de Administración Territorial en materia de asociaciones cabra recurso de alzáda ante el Consejero de la Presidencia en los términos previstos en la regulación del procedimiento administrativo común.
DISPOSICION ADICIONAL.- En el caso de asociaciones cuya inscripción corresponda al Registro nacional radicado en el Ministerio del Interior, la unidad registral en que se haya presentado la documentación la remitirá a aquel Registro y advertirá al interesado del destino dado asu petición.
DISPOSICION FINAL. Primera.- I. Los Departamentos en que estén establecidos registros de asociaciones, con excepción de las reseñadas en el artículo 1, apartado 2, remitirán a la Consejería de la Presidencia la relación certificada de los correspondientes asientos de inscripción y la documentación que acredite los extremos contenidos en el artículo 3.
2. La inscripción en estos casos se practicará de oficio en libro separado.
Segunda.- La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, 14 de mayo de 1986.
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