Visto el expediente incoado a instancias de Don Emilio Moreno González en solicitud de autorización para ocupar terrenos de dominio público en la margen izquierda del barranco de La Aldea, en el término municipal de San Nicolás de Tolentino (isla de Gran Canaria),. para fines agrícolas, mediante construcción de un muro de defensa.
Esta Consejería de Obras Públicas, en virtud de las competencias atribuidas por el Real Decreto 482/85 de 6 de marzo y habiéndose seguido los trámites procedimentales legalmente establecidos en la Ley y Reglamento de Obras Públicas, ha resucito autorizar a Don Emilio Moreno Gonzalez para ocupar terrenos de dominio público con fines agrícolas, en la margen izquierda del barranco de La Aldea, limitados por el límite definido en el deslinde de la zona, aprobado en 22 de enero de 1974, y las obras que se autoriza construir, en término municipal de San Nicolás de Tolentino (Las Palmas), con arreglo a las siguientes:
CONDICIONES 1°.- Las obras se ajustarán al Proyecto que sirvió de base al expediente, suscrito en Las Palmas, en julio de 1981, por el Ingeniero de Caminos, Don José Luis Díaz y Díaz, visado por la Delegación de Las Palmas del Colegio Oficial correspondiente en Madrid, y 28 de julio de 198 1, con la referencia 2029 , en cuanto no resulte modificado por el Provecto complementario del mismo autor, visado con la misma referencia 2029 de 15 de noviembre de 1981, cuyo presupuesto de ejécución material es de 7.145.831 pesetas, v en cuanto no resulten modificados por las presentes condiciones, Las modificaciones de detalle que se pretendan introducír podrán ser autorizadas u ordenadas por la Dirección General de Agua a través de sus servicios siempre que tiendan al perfeccionamiento de las obras y no alteren ías características esencíales de la autorización lo cual implicaría la tramitación de nuevo expediente.
2°.- Las obras se iniciarán en el plazo de tres meses y terminarán en el de dos años, contados ambos a partir de la publicación de la presente autorización en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
3°.- El replanteo de las obras deberá ser aprobado por la Dirección General de Agua a través de sus servicios. Sin esta aprobación no podrán comenzárse aquéllas, por lo que el concesionario avisará al Servicio cuando haya efectuado el indicado replanteo.
4°, - La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones:, tanto durante la construcción como durante la explotación de las mismas, quedarán a cargo de la Dirección General de Agua a través de sus servicios, siendo dqi cuenta del concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se originen, con sujeción a las disposiciones que le sean aplicables, y en especial al Decreto, número 140 de 4 de febrero de 1960, debiendo darse cuenta a dicho Organismo del principio de los trabajos.; Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se procederá a su reconocimiento por el Ingeniero Jefe o Ingeniero en quién delegue, levantándose acta en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, la superficie de terrenos de dominio público ocupados, expresada en metros cuadrados, y el cánon de ocupación de los mismos, sin que se pueda hacer uso de estas obras, ni proceder a la ocupación del dominio público, en tanto no sea aprobado el acta por la Dirección General de Agua a traves de sus servicios.
5°.- La dirección de las obras será llevada por un Ingeniero de Caminos, cuyo nombre, dirección y referencia colegial deberán comunicarse al Director General de Agua a través de sus servicios, antes de empezar las obras.
6°- Se concede esta autorización dejando a salvo el derecho de propiedad y sin peduicio de tercero, quedando obligado el concesionario a demoler o modificar por su parte las obras, cuardo la Administración lo ordeno por interés general. sin derecho a indemnización alguna.
7°.- Se concede autorización para la ocupación de jos terrenos de dominio público necesarios para las obras Y la de los situados en el trasdós del muro autorizado. En cuanto a las servidumbres legales podrán ser decretadas por la Autoridad competente, una vez publicada la autorización.
8°.- El concesionario será responsable de cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse a intereses públicos o privados, como consecuencia de las, obras autorizadas. quedando obligado a su indemnización.
9°.- El concesionario queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes o que se dicten en lo sucesivo, relativas a la Industria Nacional, Contrato de Trabajo, Seguridad Social y demás de carácter laboral, administrativo o fiscal.
10°.- Queda terminantemente prohibido el vertido de escombros en el cauce siendo responsable el concesionario de los daños y perjuicios que, como consecuencia de de los mismos pudieran originarse, y de su cuenta los trabajos que la Administración ordene para la limpieza de los escombros vertídos durante las obras.
Queda prohibido también el vertido de aguas residuales en el cauce público, salvo que sea autorizado en el expediente correspondiente, tramitado de acuerdo con las disposiciones vigentes.
11°.- El concesionario conservará las obras en perfecto estado Y mantendrá la capacidad de desagüe del barranco, limpiando sistemáticamente el tramo afectado por la ocupación que se autoriza, siendo responsable de los daños que pudieran producirse en caso contrario.
12°.- Esta concesión no faculta por sí sola para ejecutar obras en zona de servidumbres de carreteras o caminos, para lo cual el concesionario habrá de obtener, en su caso, las pertinentes autorizaciones de los Organismos de la Administración correspondiente.
13°- La autorización para ocupación se otroga para un máximo de 99 años y la Administracón se reserva la facultad de revocarla cuando lo considere conveniente por motivos de interés público, sin derecho a ninguna indemnización a favor del concesionario.
14°.- El consesionario no podrá dedicar terrenos ocupados a fines distintos del autorizado, que son los de implantación de cultivos agrícolas, debiendo tramitarse el expediente que corresponda si se desease modificar dicho uso o construir alguna edificación. Dichos terrenos no podrán ser cedidos, enajenados o permutados, ni registrados a favor del autorizado, el cual solo podrá ceder el uso que se autoriza, previa aprobación del expediente correspondiente por la Consejería de Obras Públicas y en todo caso mantendrá su carácter demanial.
15ª.- El concesionario habrá de satisfacer,en concepto de canon de ocupación de terreno de dominio público, de acuerdo con lo establecido por el Decreto n° 134 de 4 de febrero de 1960, l acantidad de 0.82 pesetas/m2., que se aplicará a toda la superficie ocupada en terrenos de dicho carácter, pudiendo ser revisado el cánon anualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4° de la citada disposición.
16°.- El título concesional deberá ser presentado ante el Organismo competente para satisfacer el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
17ª.- Caducará esta autorización por incumplimiento de cualquiera de estas condiciones y en los casos previstos en las disposiciones vigentes, o por considerarse conveniente por interés público, declarándose dicha caducidad según los trámites señalados en la Ley y Reglamento de Obras Públicas.
Este acto agota la vía administrativa. Contra el cabe interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día sigueinte al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial de las Palmas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 10 se diciembre de 1985.
EL CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS.
José Medina Jiménez.
© Gobierno de Canarias