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Al producirse las transferencias de funciones y servicios del Estado por Real Decreto 1626/1984 de 1° de Agosto sobre Vivienda, Arquitectura y Calidad de Edificación, como consecuencia del desarrollo pleno de las competencias contraídas en la Ley Orgánica 10/1982 de Estatuto de Autonomía de Canarias, se ha detectado la existencia de una considerable cantidad de edificios en el Territorio de la Comunidad Autónoma que, destinados a vivienda, carecen de los servicios de agua potable y energía eléctrica.
Una buena parte de dichos edificios corresponde a zonas periféricas de las grandes áreas urbanas, a la que genéricamente se denomina vivienda autoconstruída.
Durante el año 1984 la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio Medio Ambiente publicó diversas circulares por las que instaba a los ayuntamientos de cada isla a la confección de «inventarlos de edificación residencial» que por diversas razones no habían podido acceder a la obtención de la correspondiente Cédula de Habitabilidad.
Dado que el proceso de investigación supone una considerable dilación en el tiempo, se ha considerado necesario arbitrar, en el ámbito de las competencias atribuídas a las Consejerías de Industria, Agua y Energía y Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente un conjunto de medidas, que en colaboración con lar Corporaciones Locales permitieran dar una solución transitoria a este importante problema.
Tales medidas van encaminadas al propio tiempo a permitir la confección de un inventario lo más exacto posible de la edificación destinada a vivienda permanente que se encuentra en esta situación anómala.
Se ha considerado conveniente por razón de la propia excepcionalidad de las normas limitar la potencia eléctrica instalada, así como establecer un registro especial de abonados por parte de las Entidades suministradoras.
En consecuencia, vista la Ley Orgánica 10/1982 y demás Disposiciones concordantes, y a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, y previo informe favorable de la Consejería de Industria, Agua y Energía, previa deliberación del Gobierno de Canarias, en su sesión de 15 de Marzo de 1985,
D I S P O N G O
Artículo 1°.- Ambito de aplicación.
El presente Decreto será de aplicación a los edificios o en su caso habitáculos que destinados a vivienda permanente y habitual de sus moradores, sean aquellos titulares de la propiedad o poseedores legítimos de la misma, no hayan podido obtener la correspondiente Cédula de Habitabilidad, en los términos prevenidos en la vigente normativa de aplicación.
El carácter de vivienda permanente y habitual del titular será, en todo caso, certificado por los correspondientes Ayuntamientos, mediante su inclusión en inventarios detallados con expresión de los siguientes extremos:
1.- Emplazamiento preciso.
2.- Características generales de la edificación.
3.- Superficie total construida o habilitada en los supuestos de cuevas excavadas en el terreno natural.
4.- Número de habitaciones y superficie de las mismas.
5.- Servicios con los que cuenta la vivienda.
6.- Personas que componen la unidad familiar.
7.- Titular o poseedor de la vivienda.
Los inventarios a que hace referencia el párrafo anterior deberán ser remitidos a la Dirección General de Urbanismo, Arquitectura y Vivienda, de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, en el plazo máximo de doce meses a partir de la publicación del presente Decreto.
Artículo 2°.- Efectos.
Los titulares de las viviendas descritas en el artículo anterior y que hayan sido incluidas en el correspondiente inventario podrán solicitar la concesión de una autorización provisional de acometida de los servicios públicos de abastecimiento de agua y energía eléctrica domiciliaria para consumo de la vivienda.
La autorización consignada en el párrafo anterior tendrá una vigencia de tres años naturales contados a partir de la fecha de su otorgamiento y en todo caso dicho plazo sería improrrogable.
La obtención de la referida autorización provisional, facultará a las Entidades titulares de los servicios públicos de agua y energía eléctrica para realizar el correspondiente contrato de suministro con el titular de aquella en las siguientes condiciones:
A) Para el suministro de agua potable sin limitación alguna.
B) Para el suministro de energía eléctrica, podrán contratar una potencia instalada máxima de 2,2 Kw. por vivienda o habitáculo.
Artículo 3°.- Procedimiento.
La solicitud de la autorización provisional consignada en el artículo anterior se presentará ante la Dirección General de Urbanismo, Arquitectura Y Vivienda, la cual, comprobada la inclusión del titular en el correspondiente inventario municipal resolverá sobre la procedencia de su expedición.
Aprobada la concesión de la autorización provisional se notificará al interesado y a la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de Industria, Agua y Energía, la cual, procederá a la expedición del título correspondiente.
Las entidades titulares de los servicios públicos que contraten aquellos, en los términos prevenidos en el presente Decreto, vienen obligadas a constituir un registro especial de abonados.
Artículo 4°.- Régimen común.
La concesión de la autorización provisional a la que hace referencia el artículo 2° del presente Decreto, no excluye a su titular del cumplimiento de las normas específicas que regulan la prestación. de los servicios públicos de suministro de agua y energía, quedando las Entidades suministradoras obligadas a velar por dicho cumplimiento.
Artículo 5°.- Caducidad.
Transcurrido el plazo de tres años previsto en el artículo 2° del presente Decreto, la autorización provisional quedará caducada de forma automática.
Sin perjuicio de lo prevenido en el párrafo anterior las Entidades suministradoras vienen obligadas a suspender la prestación del servicio a requerimiento de las Direcciones Generales de Industria y Energía y Urbanismo, Arquitectura y Vivienda en el plazo máximo de siete días contados a partir de la notificación de aquél, el cual se producirá, en todo caso, en base a una resolución motivada.
Artículo 6°.- Normas de desarrollo.
La Dirección General de Industria y Energía y la de Urbanismo, Arquitectura y Vivienda dictarán en el ámbito de sus competencias las normas de desarrollo necesarias para la aplicación del presente Decreto.
DISPOSICION FINAL.- El presente Decreto entrará en vigor, el mismo día de la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
DISPOSICION TRANSITORIA
Las autorizaciones provisionales de suministro de agua y energía previstas en el presente Decreto, no eximen a los titulares de las edificaciones y habitáculos amparados en las mismas, de la obligación de obtener la correspondiente Cédula de Habitabilidad de acuerdo con las normas específicas que le sean de aplicación, dentro del plazo de vigencia previsto en el artículo 2°.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de Marzo de 1985.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Jerónimo Saavedra Acevedo.
EL CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, José Medina Jiménez.
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