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BOC Nº 117. Lunes 12 de Noviembre de 1984 - 666

OTRAS DISPOSICIONES - Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y medio Ambiente

666 - ORDEN de 31 de Octubre de 1984 por la que se resuelven recursos de alzada deducidos por Don Luis Mejías Ruiz, Don Francisco Suárez Suárez, Don Demetrio Suárez Díaz y Don Domingo Díaz Cordero, contra acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Las Palmas de fecha 20 de Octubre de 1983.

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RESULTANDO que el Ayuntamiento de Gáldar aprobó provisionalmente las Normas Subsidiarias del Término Municipal el día 26 de Febrero de 1983, y las elevó a la Comisión Provincial de Urbanismo, que en sesión de 5 de Mayo de 1983 acordó suspender la aprobación definitiva hasta tanto fueran subsanados por la Corporación municipal varios reparos de diversa índole y fueran nuevamente remitidas las normas a la propia Comisión para su aprobación definitiva.

RESULTANDO que la Corporación Municipal en Pleno, con fecha cuatro de Agosto de 1983, adoptó el acuerdo de renunciar a la tramitación de las Normas Subsidiarias municipales, al amparo del artículo 98 de la Ley de Procedimiento Administrativo y que con fecha 20 de Octubre de 1983 la Comisión Provincial de Urbanismo aceptó la renuncia, si bien fonnuló varias advertencias al respecto, singularmente la imposibilidad de acordar nueva suspensión de licencias en el plazo de quince años.

RESULTANDO que,contra el acuerdo precipitado de la Comisión Provincial de Urbanismo de Las Palmas, se dedujeron cuatro recursos de alzada, el primero de los cuales tenía como primer firmante a D. Luis MEJIAS RUIZ, siendo los otros formulados por D. Francisco SUAREZ SUAREZ, D. Demetrio SANCHEZ DIAZ y D. Domingo DIAZ CORDERO, en todos los cuales se solicitaba se dejara sin valor ni efecto el acuerdo impugnado, y se procediera a requerir al Ayuntamiento de Gáldar para que subsanara los defectos a que se refería el anterior acuerdo de la Comisión Provincial de fecha 5 de Mayo de 1983.

RESULTANDO que los recursos anteriores se han interpuesto en forma y tiempo hábil y que los recurrentes ejercitan acción pública.

Vistos los preceptos de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, de la Ley de Procedimiento, los Decretos 2843/79 y 1445/84, y el Reglamento Especial de Distribución de competencias en materia de urbanismo entre órganos del Gobiemo de Canarias.

CONSIDERANDO que la verdadera naturaleza jurídica del acto de la Comisión Provincial de Urbanismo de fecha 5 de Mayo de 1983 al amparo de lo dicho en el artículo 132 del Reglamento de Planeamiento supone cabalmente una desaprobación mientras no se obviaran los defecctos detectados, de lo que se deduce la inexistencia de una aprobación definitiva, que implicara tal postura un acto declaratorio de derechos para los particulares, pues como la Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sentado, la fase verdaderamente creadora de derechos y obligaciones es la aprobación definitiva.

CONSIDERANDO que el hecho de que hayan transcurrido en exceso los plazos de silencio administrativo no supone obstáculo a que ahora se realice un pronunciamiento expreso sobre el contenido de los recursos.

CONSIDERANDO que sobre las Nonnas Subsidiarias había recaído aprobación provisional por parte de la Corporación Municipal, aprobación esta de la que no dimanan derechos subjetivos perfectos, pues como ha sentado reiteradamente la Jurisprudencia los acuerdos municipales, respecto a planes cuya aprobación definitiva no compete a los Ayuntamientos, tienen un mero carácter provisional y carecen, por tanto, de los requisitos ineludibles de impugnabilidad, pues en tal caso estamos ante un acto de nuevo trámite aunque sea cualificado y esencial y en todo caso supeditado en su eficacia a que efectivamente recaiga con posterioridad aprobación definitiva por el órgano de la Administración tutelante, por lo que la actuación municipal una vez recaída la aprobación provisional, se cifra en la propuesta de aprobación, siendo incompetente para la decisión resolutiva del expediente, pues es evidente que el acto de elevación a la consideración del órgano central o autonómico, en este caso la Comisión Provincial de Urbanismo produce una verdadera traslación de competencia, que convierte a la Administración Local, a partir de ese momento, en un interesado más del procedimiento.

CONSIDERANDO que sentado la competencia de la Comisión Provincial de Urbanismo para la resolución definitiva del expediente y reconocido que el procedimiento de la aprobación de planes es una actuación de una función pública, resulta evidente que la atención jurídica debe centrarse en la aceptación de la renuncia municipal a la tramitación de las Normas más que en esta misma «cualquiera que sea la naturaleza que a esta se reconozca», esto es, debe analizarse, si, aún no existiendo un acto declaratorio de derechos, resultado de aprobación definitiva, la Comisión Provincial de Urbanismo, habiendo suspendido la aprobación al detectar diversos defectos que han de subsanarse, puede revocar, que no revisar, este pronunciamiento provisional y darse por satis fecha con el incumplimiento del requerimiento que en el mismo se contenía, dando así por concluído el procedimiento, debiendo concluirse con el rechazo de tal posibilidad, pues aún siendo cierto que existe el obstáculo de que se trate de un acto deciarativo de derechos no lo es menos que la Comisión Provincial está sujeta por un elemental principio de respetos a los actos propios, que no se puede enervar por la aceptación de una pretendida renuncia, concepto este imposible de aplicar a la actuación de potestades urbanísticas públicas que por su propia naturaleza se contraponen a los derechos subjetivos, susceptibles, estos sí, de renuncia por su titular.

Por todo lo cual RESUELVO

Estimar, aunque por motivos diferentes a los aducidos, los recursos de alzada deducidos por D. Luis MEJIAS RUIZ, D. Francisco SUAREZ SUAREZ, D. Demetrio SUAREZ DIAZ y D. Domingo DIAZ CORDERO contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Las Palmas de fecha 30 de Octubre de 1983, por ser contrario a Derecho, debiendo tenerse -por válido el acuerdo anterior de 5 de Mayo, por el que se dispuso la suspensión de la aprobación definitiva de las Normas hasta tanto fueran subsanadas por la Corporación Municipal y fuera remitido el expediente nuevamente para la consideración de la Comisión Provincial de Urbanisrno.

Contra el presente acto que agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo de reposición ante mi autoridad en el plazo de un mes, pudiendo igualmente deducirse directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial.

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de Octubre de 1984.

EL CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, José Medina Jiménez.

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