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BOC Nº 107. Viernes 19 de Octubre de 1984 - 606

I. DISPOSICIONES GENERALES - Presidencia del Gobierno

606 - DECRETO 673/1984, de 11 de Octubre, de la Presidencia, por el que se modifica el Decreto 488/1984, de 15 de Mayo, de la Presidencia, por el que se aprobó el Reglamento de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

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El artículo 40 del Estatuto de Autonomía de Canarias establece que la Comunidad Autónoma, en el ejercicio de sus competencias, gozará de las potestades y privilegios propios de la Administración del Estado. Entre aquellos se comprenden evidentemente los que hacen referencia a las excepciones de las normas procesales de carácter general y, en particular, en lo relativo a representación y defensa en juicio y exención de tasas, cauciones o garantías.

El Reglamento de los Servicios Jurídicos, aprobado por Decreto 488/1984, de 15 de Mayo, asigna orgánicamente a los mismos las funciones de representación y defensa de la Administración de la Comunidad Autónoma en las controversias jurídicas en que pueda ser parte, tanto en vía administrativa como jurisdiccional en todas las instancias, grados y tribunales y atribuye su ejercicio a los letrados, declarándose expresamente la aplicación supletoria en el aspecto funcional del Reglamento del Cuerpo de Abogados del Estado.

Con tal planteamiento queda suficientemente clara la intención de la organización autonómica en orden a acogerse a los privilegios procesales del Estado. Sin embargo, la actual formulación de alguno de los preceptos del Reglamento y, en especial, de la disposición transitoria tercera, puede inducir a confusión a los jueces y tribunales que deben pronunciarse sobre los requisitos de procedibilidad en los litigios en que sea parte la Comunidad Autónoma. En atención a lo cual, el alcance de esta modificación es fundamentalmente clarificador y tendente a facilitar el trámite de admisión de las actuaciones contenciosas de la Administración de la Comunidad Autónoma en los términos reconocidos para la Administración del Estado.

En su virtud, en uso de las facultades que tengo atribuidas por el artículo 9, letra f y o, en relación con el 57 de la Ley Territorial l/1983, de 14 de Abril, y ejerciendo la autorización conferida en la disposición final primera del Decreto 316/1983, de 1 de Julio,

D I S P O N G O

Artículo único.- Por el presente Decreto quedan derogados el artículo 9 y la disposición transitoria tercera del Reglamento de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma, promulgado por Decreto de la Presidencia 488/1984, de 15 de Mayo, aprobándose la siguiente nueva redacción de los mismos:

«Artículo 9.1. Los Servicios Jurídicos, de conformidad con el procedimiento establecido en el capítulo tercero de este Reglamento, asumen la defensa de la Administración de la Comunidad Autónoma en los términos del artículo 2, a cuyo efecto deberá ponerse inmediatamente en su conocimiento cualquier actuación contenciosa en que aquélla sea o pueda ser parte.

2. A tenor de lo dispuesto en el artículo 40 del Estatuto de Autonomía de Canarias, la Comunidad Autónoma goza de las potestades y privilegios procesales propios de la Administración del Estado y, por consiguiente, comparece en juicio, a través de los Servicios Jurídicos, sin necesidad de valerse de procurador, utilizando exclusivamente papel de oficio y sin sujeción al pago de tasas judiciales, siendo competentes únicamente para conocer de sus litigios los juzgados de las capitales canarias en que exista Audiencia.

3. Los Servicios Jurídicos podrán asumir, a petición de los funcionarios de la Administración autonómica, la defensa de los mismos en cualesquiera pleitos en que se encuentren demandados como consecuencia de actos y omisiones propios del ejercicio de sus cargos efectuados con respeto a las disposiciones vigentes o en cumplimiento de orden de Autoridad competente.

4. Las funciones que se atribuyen a los Servicios Jurídicos en materia contencioso se extienden a todas las instancias, grados y tribunales.

Disposición Transitoria Tercera.- I. Corren a cargo de la Comunidad Autónoma, en tanto la normativa no permita otra cosa, las habilitaciones legales que sean precisas para que los letrados desempeñen sus funciones jurisdiccionales.

2. Se excluyen del apartado anterior los gastos fiscales de previsión o asistencia social derivados del régimen general del ejercicio de la abogacía, así como, en general, los que puedan ser deducidos o desgravados del impuesto sobre la renta de las personas físicas».

DISPOSICION FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de Octubre de 1984.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Jerónimo Saavedra Acevedo.

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