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RESULTANDO que por el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se aprobó inicial y provisionalmente expediente de Modificación del Plan General de Las Palmas y Ordenanza de la Construcción para determinar emplazamiento de Salones de Juegos Recreativos y Bingos, sin que se produjera en el periodo de información escritos de alegación, siendo aprobado definitivamente por Orden Departamental de 24 de Marzo.
RESULTANDO que contra el acto aprobatorio se dedujeron recursos de reposición por D. Enrique Sánchez Doreste y por Insular de Bingos S.A.
RESULTANDO que se dio audiencia al Ayuntamiento de Las Palmas, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo, pronunciándose el Alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el mantenimiento del acuerdo recurrido, con la salvedad hecha de lo tocante a la extensión de la limitación de instalación a no menos de quinientos metros de centro docente a los Bingos, pues según opinión municipal realmente la restricción tal cual se propuso por el Ayuntamiento se ceñía a los llamados Salones de Juegos Recreativos.
Vistos los artículos de aplicación de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana y de la Ley de Procedimiento Administrativo.
CONSIDERANDO que es preciso analizar la afirmación contenida en los escritos de recursos según la cual la motivación que impulsó al Ayuntamiento a iniciar el expediente en el que se impedía, la instalación de Salones de Juegos Recreativos a menos de quinientos metros de Centros Docentes era la de la protección moral de la población infantil y juvenil, cuando según el juicio de los reclamantes, éste bien jurídico estaba ya suficientemente protegido por las normas de policía contenidas en el Real Decreto 1794/81 que al decir textual de uno de los recurrentes «se encargaba de proteger a los menores de edad prohibiendo expresamente el acceso de los mismos a los locales donde estuvieran instaladas máquinas de tipo «B» o recreativas con premio, aunque en los misrnos existieran máquinas de tipo «A» o meramente recreativas», debiéndose concluir que la expresión literal transcrita es al menos inexacta pues la normativa no prohibe el acceso de los menores a los locales recreativos donde coexistan máquinas de tipo A y B sino que se limita a preceptuar que «cuando en los salones recreativos se instalen máquinas de tipo «B» deberán situarse en lugar específico a ellas destinadas y separado del correspondiente a las de tipo «A», con carteles visibles en los que se haga constar la prohibición de su uso por menores de edad», concluyéndose obligadamente que entra dentro de la esfera de Autonomía Municipal el promover medidas suplementarias no ya desde la perspectiva de la policía de máquinas y recreativas sino como manifestación de su iniciativa de ordenación urbanística que se consagra en las ordenanzas del Plan General, sin que pueda esgrimirse que la iniciación del expediente es anterior a la entrada en vigor de la reglamentación estatal sobre Maquinas Recreativas y de Azar, y sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, sugiriéndose de ésta manera que se trata de una protección adicional que no hubiera sido promovida de existir en vigor las normas dictadas por la Administración del Estado, pues la aprobación provisional municipal, momento procedimental relevante a estos efectos, se produjo cuando ambos reglamentos estaban en plena vigencia, lo que viene a ratificar que se trata de cautelas concurrentes pero evidentemente dimanantes de potestades reglamentarias diversas y que atienden a causas jurídicas diferentes, aunque sus efectos se complementen.
CONSIDERANDO que tampoco es de recibo la argumentación que sería anticonstitucional el impedir la radicación de los Salones de Juegos Recreativos a menos de quinientos metros lineales de cualquier Centro Docente, pues al imponerse ésta limitación se está prohibiendo a juicio de los recurrentes una actividad legalmente admisible habida cuenta que, siempre según criterio plasmado en los recursos, no existe enclave alguno en la ciudad que cumpla tal determinación, pues éste último extremo no ha sido probado por los recurrentes a quienes incumbe la prueba de lo que alegan.
CONSIDERANDO que en el uso de los Salones donde solo existen máquinas tipo «B», respecto a los cuales se debe predicar que rige una prohibición absoluta de entrada a menores de 18 años por interpretación sistemática de las normas, tampoco puede decirse que la mera interdicción de acceso a menores de edad garantice un aislamiento tal que desaconseje cualquier medida de policía complementaria en cuanto a su influencia en el entorno, pues aún en este caso el propio reglamento de máquinas de azar y recreativas reconoce al Gobernador Civil la facultad de prohibición discrecional, aunque motivada necesariamente, de la instalación cuando se fundamente una incidencia negativa en el medio social, posibilidad ésta que evidencia la viabilidad de la introducción de precauciones añadidas por parte de la autoridad municipal fundadas en motivos urbanísticos.
CONSIDERANDO que la posibilidad reconocida por la normativa vigente de instalar máquinas de tipo «B» en bares y restaurantes que están abiertos al público en general no invalida los razonamientos contenidos en anteriores considerandos, pues precisamente el Reglamento puntualiza que no podrán instalarse en los locales públicos que exclusiva y preferentemente sean frecuentados por menores de edad, con lo que se da a entender que las autorizaciones están relativizadas por el respeto al bien jurídico prevalente que es la integridad moral de los menores.
CONSIDERANDO que es obvio que se incurrió en error material al hacer extensiva una limitación de radicación, que en el expediente municipal sólo afectaba a los Salones Recreativos, a las instalaciones de Bingo.
RESUELVO:
Estimar los recursos interpuestos en el sólo extremo que hace relación a la aplicación de la normativa de distancia mínima de quinientos metros a Centro Docente en la ubicación de Bingos, debiendo estimarse que tal limitación sólo es aplicable a los Salones recreativos, tal cual propugna el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas, desestimando por demás los recursos en sus restantes pretensiones por estimar, que excepción hecha del error material que ahora se subsana, la Orden Departamental recurrida se ajusta a Derecho.
Contra este acto solo cabe interponer recurso Contencioso - Administrativo ante la Sala de la Audiencia Territorial de Las Palmas en el plazo de dos meses.
Las Palmas de Gran Canaria, 4 de Octubre de 1984.
EL CONSEJERO, José Medina Jiménez.
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